El gobernador de Florida Ron DeSantis en Tallahassee, Florida, el 5 de marzo del 2025. (Foto: AP/Rebecca Blackwell)
Funcionarios municipales de Fort Myers, Florida, acordaron por unanimidad aprobar un memorando el viernes que les permite a las autoridades locales recibir capacitación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y ayudar con las deportaciones, decisión que revierte una polémica votación esta semana que llevó a funcionarios estatales a efectuar amenazas de paro.
La reunión especial de tres horas comenzó con dos horas de enérgicos comentarios públicos, en los que la mayoría de los oradores se oponían al memorando al mencionar que les preocupa mucho que se incrementen las detenciones con móviles racistas.
El funcionario que presidía los comentarios públicos también interrumpió continuamente a los oradores que hablaban sobre la votación del Concejo, o les agradeció a sus miembros que no estuvieron de acuerdo el lunes con el memorando, diciendo que era irrelevante para la reunión del viernes.
Posteriormente, algunos miembros del Concejo hicieron preguntas al subjefe de policía de Fort Myers, Victor Medico, y al abogado de la ciudad, Grant Alley, a quien la concejala Darla Bonk criticó por dejar a los miembros con muchas preguntas sin respuesta antes de la presentación del viernes.
«Debo expresar mi grave preocupación de que hubo una significativa omisión del deber por parte de mi abogado de la ciudad», señaló Bonk, quien en un principio votó en contra del acuerdo esta semana. «Nosotros, como miembros del concejo, fuimos puestos en la posición de votar sobre un asunto que no estaba dentro de nuestra autoridad legal o jurisdicción, como también nos recordó un representante estatal cuando comenzó esta reunión. Las acciones nos sometieron a nosotros, servidores públicos, a un riesgo grave, personal y profesional innecesario».
El cambio de postura de los funcionarios de la ciudad ocurre un día después de que el gobernador Ron DeSantis les advirtiera que el no aprobar un acuerdo de inmigración podría tener graves consecuencias, incluida la suspensión del cargo. Previamente esta semana, el fiscal general estatal, James Uthmeier, anunció una investigación a los miembros del Concejo que votaron en contra del acuerdo, diciendo que la ciudad estaba implementando una política ilegal de santuario.
La concejala Diana Giraldo manifestó en la reunión que le preocupaba el hecho de que el memorando asignara funciones autorizadas a los policías, diciendo que ello podría aumentar las detenciones basadas en cuestiones de raza. Estas funciones, según el memorando, incluyen el poder de arrestar a cualquier inmigrante que no tenga estatus legal sin necesidad de contar con una orden judicial, y el poder interrogar a cualquier persona que se crea que es inmigrante.
Giraldo indicó que la Ciudad ya ha estado trabajando con agentes federales de inmigración durante años, una razón por la que se opuso a cualquier afirmación de que Fort Myers sea una ciudad santuario.
Cuando se le preguntó, Alley respondió que no estaba «muy claro» si el Concejo violó la ley, y que él normalmente sugeriría preguntarle al fiscal general estatal. En este caso, dicho fiscal intervino y, cuando se le preguntó, aconsejó a los miembros del Concejo que apoyaran este acuerdo.
«El fiscal general estatal no es un tribunal, pero es la máxima autoridad en la aplicación de la ley, y emiten opiniones, y esto no fue en forma de una opinión. Esto fue en forma de un cumplimiento inmediato de las leyes de inmigración del estado», señaló Alley.
En su carta, Uthmeier mencionó leyes aprobadas por los legisladores de Florida este año en una sesión especial, las cuales incluyen disposiciones que dicen que las entidades policiales estatales y locales y las entidades supervisoras deben hacer «su mayor esfuerzo para apoyar la aplicación de la ley federal de inmigración».
El sello del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU en una foto tomada durante una visita de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la estación Kodiak de la Guardia Costera, en Alaska, el lunes 17 de marzo de 2025 in Kodiak, Alaska. (AP Foto/Alex Brandon)
El Gobierno Trump despidió este viernes a casi toda la rama de derechos civiles del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), desmantelando prácticamente dichos servicios y los relacionados con inmigración de esta oficina gubernamental en EE.UU., según divulgaron varios medios estadounidenses.
Más de cien empleados fueron informados este viernes de que cuentan con 60 días de licencia (o baja) para encontrar otro empleo en la Administración o serán despedidos en mayo, según fuentes de The New York Times.
Esta rama del DHS incluye la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles, la Oficina del Defensor del Pueblo para la Detención de Inmigrantes y la Oficina del Defensor del Pueblo para Servicios de Ciudadanía e Inmigración, que se encarga de supervisar las políticas de inmigración legal de la Administración.
Estas tres agencias de vigilancia interna, que contaban con aproximadamente 300 empleados, se encargaban de investigar quejas y abogaban por los derechos de los inmigrantes, gestionando sus condiciones en caso de detención, el cuidado de menores migrantes y las demoras en la tramitación de solicitudes de residencia permanente y ciudadanía.
El DHS aseguró que estas tres oficinas «en lugar de apoyar las iniciativas de aplicación de la ley, a menudo funcionan como adversarios internos que ralentizan las operaciones».
«Estas oficinas han obstaculizado la aplicación de la ley migratoria al añadir trabas burocráticas y socavar la misión del DHS», declaró la portavoz del departamento, Tricia McLaughlin, en un comunicado recogido por medios.
«El DHS mantiene su compromiso con la protección de los derechos civiles, pero debe optimizar la supervisión para eliminar los obstáculos a su aplicación. Estas reducciones garantizan que el dinero de los contribuyentes apoye la misión principal del departamento: la seguridad fronteriza y el control migratorio», incidió.
Estas medidas son el último intento de Trump para eliminar las divisiones en materia de derechos civiles y los mecanismos de supervisión y vigilancia interna de las agencias gubernamentales estadounidenses.
El senador de Arizona Mark Kelly conversa con una mujer este viernes, durante una asamblea publica organizada por la Oficina del Senador Kelly, en Tucson (Arizona). EFE/ María León/ MÁXIMA CALIDAD DISPONIBLE
Tucson (AZ)- Votantes expresaron el viernes su repudio por los despidos masivos, el desmantelamiento del Departamento de Educación y los posibles recortes al programa de cuidado médico impulsados por el presidente de EE.UU., Donald Trump, durante una asamblea pública en Tucson (Arizona).
Estas reuniones con la comunidad convocadas por congresistas de ambos partidos a lo largo del país, en esta ocasión por el senador demócrata Mark Kelly, están evidenciando la indignación de varios sectores contra Trump y Elon Musk, su encargado de reducir el aparato gubernamental.
Michael Brown, un republicano que trabaja en el Departamento de Servicios Postales de los Estados Unidos (USPS), dijo a EFE durante la reunión comunitaria que votó por Trump, pero que nunca se imaginó la magnitud del caos que iba a provocar en sus primeros días de gobierno.
«Nos prometió mejorar la economía, que bajaran los precios y nada de eso está pasando, al contrario temo que las cosas serán mucho peor», dijo el empleado federal.
Brown teme ser parte de la larga lista de recortes de puestos de trabajo federales debido a que USPS también se encuentra en la mira de Musk.
«Sí me arrepiento de votar por Trump», enfatizó.
El juego con la salud
«Es alarmante lo que está pasando, el presidente Trump debe de entender que está jugando con las vidas de muchas personas, especialmente aquellos que son incapacitados como yo», dijo a EFE Rita Pérez.
Entre lágrimas algunas de los asistentes relataron al senador Kelly cómo sus vidas se verían duramente afectadas si el Gobierno Trump hace recortes masivos al programa de cuidado médico Medicaid para personas de escasos recursos.
Kelly acusó a Trump y al Partido Republicano de mostrar intenciones de recortar Medicaid para otorgar extensiones fiscales a los ricos y las grandes corporaciones.
«El Comité de Energía y Comercio debe de hacer recortes de 880.000 millones de dólares y estamos seguros que tienen en la mira al Medicaid», dijo Kelly a los presentes, que abucheaban cada vez que el senador nombraba a Trump o a Musk.
Los asistentes dijeron que el impacto de los recortes sería devastador especialmente para personas y familias de bajos recursos que dependen de este programa para recibir cuidado médico.
Madres de familia con hijos de necesidades especiales contaron sus historias y cómo serán impactados en caso de que sus hijos dejen de recibir terapias y asistencia social.
Algunos de estos programas están bajo Medicaid y otros dependen del Departamento de Educación, el cual está siendo desmantelado por la Administración Trump a partir de esta semana.
El enojo de los votantes no solo es contra Trump, Musk y los republicanos, sino también en contra los demócratas porque «no hacen lo suficiente» para frenar las acciones de Trump.
«Estamos haciendo nuestro trabajo, estamos luchando muy duro en ello», respondió Kelly al ser cuestionado por EFE sobre esta queja.
El senador aseguró a los presentes que en la «unión está la fuerza» y les dijo que lo mejor que pueden hacer es contactar a sus representantes y expresar su oposición a estos recortes.
Lloran los arrepentidos
Kelly criticó duramente a otros congresistas y senadores republicanos que no han querido o han cancelado asambleas públicas ante el temor de enfrentar el disgusto de los votantes.
«A Trump no le importa la gente, le importa solo los millonarios», dijo a EFE el veterano de guerra Henry Trejo.
Indicó que lo único que actualmente le «da mucho gusto» es que votantes hispanos que ayudaron a elegir a Trump ahora están «llorando» porque se han quedado sin empleo o podrían perder sus beneficios.
«Lloran diciendo que ellos votaron por Trump, pero no por esto», subrayó.
En su opinión los demócratas también deben de ponerse «más duros», hacer más asambleas públicas para que la gente sepa que aún pueden hacerse cambios.
Una mujer participa durante una marcha oficialista en defensa de los migrantes venezolanos este martes, en Caracas (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo el viernes que revocará las protecciones legales para cientos de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, lo que abre la posibilidad de que sean deportados en aproximadamente un mes.
La orden se aplica a unas 532.000 personas de los cuatro países que llegaron a Estados Unidos desde octubre de 2022. Llegaron con patrocinadores financieros y se les otorgaron permisos de dos años para vivir y trabajar en Estados Unidos. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, manifestó que perderán su estatus legal el 24 de abril, o 30 días después de la publicación del aviso en el Registro Federal.
La nueva política afecta a personas que ya están en Estados Unidos y que llegaron con permisos condicionales humanitarios. La medida se anunció tras una decisión anterior del gobierno del presidente Donald Trump de poner fin a lo que llamó el «abuso generalizado» del permiso condicional humanitario, una herramienta legal que los presidentes han utilizado por mucho tiempo para permitir que personas de países en guerra o con inestabilidad política ingresen y vivan temporalmente en Estados Unidos.
Durante su campaña, Trump prometió deportar a millones de personas que están ilegalmente en Estados Unidos, y como presidente también ha estado terminando con las vías legales para que los inmigrantes vengan a Estados Unidos y se queden.
El Departamento de Seguridad Nacional señaló que las personas que cuentan con un permiso humanitario, pero carecen de una base jurídica para permanecer en Estados Unidos “deben irse” antes de que expire su permiso.
“El permiso humanitario es inherentemente temporal, y el permiso por sí solo no es una base subyacente para la obtención de cualquier estatus de inmigración”, de acuerdo con el departamento.
Antes de la nueva orden, los beneficiarios del programa podían permanecer en Estados Unidos hasta que expirara su permiso humanitario, aunque el gobierno federal había dejado de procesar sus solicitudes de asilo, visas y otras peticiones que podrían permitirles quedarse más tiempo.
La decisión del gobierno ya ha sido impugnada en los tribunales federales.
Un grupo de ciudadanos estadounidenses e inmigrantes demandó al gobierno de Trump por terminar con el permiso condicional humanitario y quiere que se reinstauren los programas para las cuatro nacionalidades.
Abogados y activistas criticaron la decisión del gobierno.
La medida del viernes “va a causar un caos innecesario y angustia a familias y comunidades de todo el país”, afirmó Karen Tumlin, fundadora y directora de Justice Action Center, una de las organizaciones que presentaron la demanda a finales de febrero. Señaló que se trataba de una acción “imprudente, cruel y contraproducente”.
El gobierno del expresidente Joe Biden permitió que hasta 30.000 personas al mes de los cuatro países vinieran a Estados Unidos por dos años con posibilidad de trabajar. Convenció a México de aceptar el mismo número de migrantes de esos países porque Estados Unidos podía deportar a pocos, si es que a alguno, a sus hogares.
Cuba generalmente aceptaba alrededor de un vuelo de deportación al mes, mientras que Venezuela y Nicaragua no aceptaron ninguno. Los tres son adversarios de Estados Unidos.
Haití aceptó muchos vuelos de deportación, especialmente después de un aumento de migrantes del país caribeño en la pequeña ciudad fronteriza de Del Rio, Texas, en 2021. Pero Haití ha estado en constante agitación, obstaculizando los esfuerzos de Estados Unidos.
Desde finales de 2022, más de medio millón de personas han llegado a Estados Unidos amparados en dicha política, también conocida como CHNV. Fue parte del enfoque del gobierno de Biden para alentar a las personas a venir a través de nuevos canales legales mientras se rechazaba a aquellos que cruzaban la frontera ilegalmente.
Dos hermanos de José Ibarra, convicto a cadena perpetua por la muerte de una universitaria en Georgia, fueron sentenciados a prisión federal por poseer una tarjeta de residencia permanente, conocida como “tarjeta verde”, falsa, informó el Departamento de Justicia.
Diego José Ibarra, alias “Gocho”, de 29 años, fue sentenciado a 48 meses de prisión (una pena superior a la establecida por las directrices federales), tras declararse culpable de dos cargos de posesión de documento fraudulento.
El venezolano fue puesto en la mira de las autoridades durante la investigación del asesinado de Laken Riley, asesinada el 22 de febrero de 2024 en el campus de la Universidad de Georgia en Athens, (Georgia).
El inmigrante fue cuestionado por la policía porque sus rasgos físicos coincidían con los del sospechoso de asesinar a la universitaria y que después se determinó que era su hermano José.
Ibarra entregó al agente una tarjeta de residente permanente de EE. UU. falsificada como identificación por lo que fue detenido. El inmigrante había entrado por la frontera sur en abril de 2023 y se había quitado el monitor del tobillo con el que lo vigilaban las autoridades migratorias.
El hermano menor de los Ibarra, Argenis Ibarra, alias “Meny”, de 25 años y también fue detenido y sentenciado a tiempo cumplido tras declararse culpable de un cargo de posesión de documento fraudulento el 10 de diciembre de 2024.
La justicia estadounidense también sentenció a Rosbeli Flores-Bello, alias “La Gorda”, de 29 años y originaria de Venezuela, a tiempo cumplido tras declararse culpable de un cargo de posesión de documento fraudulento el 11 de diciembre de 2024.
Diego Ibarra quedará bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para su deportación después de cumplir su condena en una prisión federal, detalló la Justicia estadounidense.
Argenis Ibarra y Flores-Bello serán puestos bajo custodia del ICE inmediatamente.
El juez federal Tilman E. Self, III, dictó las sentencias el 19 de marzo en Athens, informó el Departamento de Justicia.
José Ibarra fue condenado por el asesinato de Riley el 20 de noviembre de 2024 en el Tribunal Superior del Condado de Athens-Clarke y cumple cadena perpetua.
El asesinato de la universitaria impulsó varias leyes que llevan el nombre de la víctima y lidian con la inmigración indocumentada.
Filadelfia, PA.- En las instalaciones del Consulado de México en Filadelfia, se llevó a cabo una conferencia de prensa para anunciar el vuelo directo Filadelfia-Ciudad de México, que será operado por la alianza Aeroméxico-Delta, a partir del 05 de junio de 2025 con una frecuencia diaria.
Durante la conferencia, el Cónsul de México en Filadelfia, Carlos G. Obrador Garrido Cuesta, celebró el lanzamiento este vuelo y subrayó que contribuirá a reforzar el comercio, turismo e intercambio académico entre México y Pensilvania.
El Cónsul Obrador destacó que, desde el punto de vista económico, tener una mayor conexión aérea es esencial y que el vuelo en parte es resultado de la presencia mexicana en la región y del amplio intercambio comercial sostenido con Pensilvania “el cual supera los 12 mil millones de dólares anuales, posicionando a México como su tercer socio comercial y el segundo mercado de exportación del estado”.
El Cónsul Carlos Obrador también mencionó que el vuelo contribuirá a que eventos deportivos y turísticos en ambas ciudades sean un atractivo al alcance de más personas. De manera particular, señaló que la Ciudad de México y Filadelfia serán sedes de la Copa Mundial FIFA 2026, lo que facilitará la conexión entre ambas regiones durante este evento de gran trascendencia.
Por su parte, José Zapata, Vicepresidente de Ventas para Estados Unidos, Canadá y América Latina. de Aeroméxico dijo que: “El año pasado, la alianza Aeroméxico-Delta celebró un logro importante en nuestra asociación. Juntos lanzamos 28 nuevas rutas en el mercado transfronterizo EE.UU.-México. En 2025, continuamos expandiendo nuestra red de conectividad, ofreciendo aún más destinos para que nuestros clientes viajen sin problemas entre ambos países. Filadelfia, el mercado más grande no atendido en los EE. UU. desde Ciudad de México, se une a la red de Aeroméxico después del exitoso lanzamiento de varias rutas en el noreste de EE. UU. en 2024. Estamos encantados de ofrecer a nuestros clientes en la región de Filadelfia el servicio aéreo más conveniente y directo a México, a bordo de nuestra flota B737 MAX».
Este nuevo vuelo se suma a la ampliación de opciones aéreas del Aeropuerto Internacional de Filadelfia. Al respecto, Kate Sullivan, Directora Comercial de dicho aeropuerto expresó: ¡No podemos esperar al lanzamiento de este nuevo servicio sin escalas a Ciudad de México y estamos encantados de dar la bienvenida a Aeroméxico a Filadelfia! Agradecemos profundamente al Consulado de México en Filadelfia y a otros miembros de nuestra comunidad que contribuyeron a la creación del caso de negocios que permitió que este vuelo llegara aquí. Los lazos entre nuestras dos regiones son muy sólidos. Además de mejorar la conexión de la comunidad mexicana en Filadelfia con México, estamos emocionados de ofrecer a los visitantes la oportunidad de conocer el arte, la arquitectura, la cultura y la exquisita gastronomía que Ciudad de México tiene para ofrecer.”
También estuvieron presentes Kyra Harris, Representante Adjunta de la Ciudad de Filadelfia; Alba Martínez, Directora de Comercio de Filadelfia; y Katherine Skopp, Directora General de Operaciones Internacionales del Departamento de Comunidad y Desarrollo Económico de Pensilvania, quienes celebraron la existencia de esta nueva ruta y consideraron que es una oportunidad para incrementar los lazos entre ambas ciudades.
Como parte de los oradores invitados también figuraron Jeniffer Rodríguez, presidenta y CEO de la Cámara Hispana de Comercio de Filadelfia, y Tom Levy, Director de Asuntos Externos del World Trade Center de Filadelfia. Igualmente se contó con la presencia de representantes del Philadelphia Convention and Visitors Bureau, World Affairs Council, Philadelphia Visitor Center y miembros del cuerpo consular en Filadelfia.
A large-scale print media installation by José Ortiz-Pagán, a Puerto Rican artist who uses art for social change and community empowerment, opens in the McNeil Building (3718 Locust Walk) at the University of Pennsylvania on Friday, March 21, 2025.
The exhibit is titled “De Tierra a Estrellas/ From Soil to Stars.”
This large installation, suspended over the McNeil’s building open atrium and composed of various mediums, including woodcuts, textiles, and technologies, traverses time bridging ancient talismanic sources and methodologies with a modern rendering of a talismanic calendar.
“The calendar serves as a testament to the struggles, victories, and strategies in the pursuit of well-being, particularly within the context of migration and cultural transformation,” according to the exhibit’s description written by the artista, Ortiz-Pagán.
Ortiz-Pagán was inspired by dialogue and printmaking activities with a group of high school students from Centro de Cultura, Arte, Trabajo y Educación (CCATE), a Norristown-based non-profit dedicated to participatory, community-centered education in art, photography, ceramics, academics, and other fields.
During the students’ participation in 2024 High School Summer Latinx Leadership Institute sponsored by CCATE and the Center for Latin American and Latinx Studies (CLALS) at Penn, the artist engaged students in various activities, from card role-playing to meditative walks, designed to explore root causes of harmful social challenges and imagine ways to organize to against them.
Ortiz-Pagán writes that the installation “reflects on the ways in which human movement reshapes lives, using astronomy and astrology as frameworks for marking actions realities beyond physical borders.” He continues, “At its core, the piece examines moments of historic arrivals and considers how present challenges can be navigated while laying the groundwork for new strategies of existence and belonging.”
According to Johnny Irizarry, a Philadelphia-based artist and community leader and lecturer at Penn’s Center for Latin American and Latinx Studies (CLALS), “Jose’s artistic voice challenges us to hear the voices of the rarely heard.” Irizarry adds, “This installation speaks to working collaboratively in a time much needed.”
Cathy Bartch, the Associate Director of CLALS says, “Aesthetically, the art piece is magnificent, compelling all passersby to stop and reflect on its striking presence and powerful images -including symbols, such as la barca, related to migration.”
Bartch has also been one of the coordinators of the High School Latinx Leadership Institute at Penn, where she witnessed interactions between the youth and the artist. She says, “José’s experiential, student-centered pedagogy is liberating and transformative for students at a critical time in their adolescence. In just one day, after a few hours of dialogue, walks in nature, and reflection, the students produced spectacular prints of their own design, piecing them together into a beautiful whole.”
José Ortiz-Pagan has been in residency at the Center for Latin American and Latinx Studies at the University of Pennsylvania since June 2024. The residency is funded by the Sachs Program for Arts Innovation through a grant received by Johnny Irizarry to invite Ortiz-Pagán to Penn.
La orden del presidente Donald Trump de desmantelar el Departamento de Educación de Estados Unidos tiene implicaciones complejas. El mandatario republicano ha argumentado que la oficina federal no ha mejorado los resultados estudiantiles y es innecesaria en un país donde los estados y distritos locales controlan principalmente la educación, desde la financiación hasta la contratación y los programas de estudio.
Durante décadas, los activistas de derecha han pedido la eliminación de la agencia, que fue creada por el Congreso en 1979. Mientras Trump reforma el Gobierno Federal, ha criticado al departamento, calificándolo como derrochador y responsable de difundir ideas “woke”, como los programas para apoyar la diversidad, la equidad y la inclusión, y las protecciones para estudiantes transgénero.
El departamento ha sido en gran medida responsable de la supervisión, la aplicación de leyes contra la discriminación y la distribución de fondos de ayuda para escuelas con estudiantes de bajos ingresos y con discapacidades. La financiación federal representa una porción relativamente pequeña de los presupuestos de las escuelas públicas, aproximadamente el 14%.
¿Qué significa la orden de Trump para los niños y maestros estadounidenses?
A corto plazo, es probable que los estudiantes, maestros y padres no vean mucho impacto. A largo plazo, es más difícil de predecir.
Ello depende de la forma en que la secretaria de Educación, Linda McMahon, distribuya las funciones obligatorias del departamento a otras partes del gobierno, incluidos los estados.
La principal pregunta es cómo los estados distribuirán el dinero federal que el departamento envía para ayudar a educar a estudiantes pobres, con discapacidades o que aún están aprendiendo inglés y necesitan apoyo adicional. Los sistemas escolares con bases de impuestos a la propiedad débiles, incluidos aquellos en áreas rurales, dependen de ese dinero para pagar a los maestros, alquilar autobuses y comprar tecnología para las aulas.
Estados como Mississippi y Alaska dependen de este dinero para financiar más del 20% de los costos de los distritos escolares. Quienes se oponen a la medida temen que, sin supervisión federal, los líderes estatales puedan gastar el dinero en lo que deseen, incluidos vales para asistir a escuelas privadas.
¿Qué pasa con los préstamos estudiantiles? ¿Deberían los aspirantes universitarios seguir llenando la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA, por sus siglas en inglés)?
Los recortes del gobierno de Trump al Departamento de Educación han provocado el despido de cientos de miembros del personal y la eliminación de contratos dedicados a mantener el sitio web de la FAFSA y a ayudar a los usuarios a comprender el complicado formulario. Pero McMahon ha dicho que los programas federales se mantendrán.
El viernes, Trump dijo que la Administración de Pequeñas Empresas se haría cargo de la cartera de préstamos estudiantiles federales de 1,6 billones de dólares. Los conservadores, incluida la exsecretaria de Educación de Trump, Betsy DeVos, han hablado de establecer un banco cuasiprivado para administrar los préstamos.
Los usuarios deben esperar algunos contratiempos. El sitio web StudentAid.gov estuvo fuera de servicio durante varias horas la semana pasada mientras el personal restante del departamento intentaba solucionar una interrupción.
¿Seguirán las escuelas públicas alimentando a los niños?
Los programas de comidas escolares son financiados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), por lo que no se ven afectados por la medida de Trump para eliminar el Departamento de Educación. Sin embargo, el USDA ha recortado una medida de 1.000 millones de dólares, que data de la era de la pandemia de coronavirus y que ayudó a las escuelas y bancos de alimentos a comprar comestibles frescos de granjas locales.
¿Qué tan pronto podría desaparecer el Departamento de Educación?
Los estados y otras organizaciones prometen presentar demandas para detener el desmantelamiento del departamento, lo que podría ralentizar las cosas.
Eliminar el departamento por completo requeriría un acto del Congreso. Los republicanos del Congreso planean una legislación para eliminar la agencia, pero enfrentan una fuerte oposición de los demócratas.
Mientras tanto, Trump todavía tiene planes para el departamento. Aun mientras ordenaba su cierre, el mandatario pidió al departamento que identifique y castigue a las escuelas que tienen programas de diversidad, equidad e inclusión.
Parker calificó su plan de recorte de impuestos como «histórico y sin precedentes», diciendo que quería reducir drásticamente el impuesto a las empresas en un esfuerzo por impulsar la economía local.
El 13 de marzo en el segundo discurso sobre el presupuesto del Concejo Municipal de Filadelfia Parker presentó su propuesta de $6.7 mil millones para el presupuesto de la Ciudad que entra en vigor el 1 de julio.
«Sé que hay incertidumbre en el aire en este momento», dijo Parker «La gente no sabe qué esperar de su gobierno, y la incertidumbre puede generar miedo. Quiero que la gente de Filadelfia y nuestros empleados de la ciudad me escuchen: Su ciudad está aquí para mantenerlos seguros y salvaguardar sus derechos básicos».
La funcionaria evitó decir el nombre de Trump y no se detuvo en el tema, centrándose en cambio en sus propuestas de emitir 800 millones de dólares en bonos para financiar su iniciativa de construcción de viviendas.
La Administración negociará con el Concejo sobre las enmiendas a la propuesta. Deben llegar a un acuerdo antes de finales de junio, cuando termina el año fiscal en curso.
La concejal Rue Landau, una de las legisladoras más progresistas se pronunció en un comunicado. “¿Cómo va la Ciudad a equilibrar los recortes de ingresos propuestos en este momento mientras enfrentamos recortes de fondos federales pendientes que conducirán a una pérdida de servicios?».
Trump ha amenazado con recortar fondos a las llamadas ciudades santuario, que son jurisdicciones locales, incluida Filadelfia, pero el presupuesto de Parker crearía una reserva de 95 millones de dólares para ayudar a compensar posibles recortes, lo que reconoció más tarde como una «gota en el océano» en comparación con la ayuda federal general a Filadelfia.
Parker está haciendo de su iniciativa de campaña modificada para construir o preservar 30,000 viviendas una prioridad para su segundo año en el cargo. La alcaldesa aún no ha dado a conocer detalles sobre qué políticas y programas estarán involucrados en su plan, y dijo que articulará su agenda de vivienda el 24 de marzo.
Pero Parker expuso cómo planea pagarlo: pidiendo prestados 800 millones de dólares, para apoyar la iniciativa Philadelphia Housing Opportunities Made Easy, o H.O.M.E, una estrategia multifacética basada en expandir la oferta de viviendas asequibles y a precio de mercado de la ciudad.
Bajo la iniciativa, a la que Parker se ha referido como «Misión 30,000», la administración contará las casas y los alquileres, independientemente del precio o de cómo se financien. Pueden ser unidades de vivienda construidas por promotores inmobiliarios privados, unidades subsidiadas operadas por la Autoridad de Vivienda de Filadelfia, viviendas reparadas con la ayuda de fondos estatales o municipales o las llamadas viviendas asequibles «naturales».
La Administración se centraría en gran medida en ayudar a los residentes que ganan entre el 30% y el 60% del ingreso medio del área, o AMI. Eso se traduce en $34,410 y $68,820 para una familia de cuatro, según datos estatales.
Parker quiere eliminar el impuesto de impacto de la construcción de la ciudad, que impone un gravamen del 1% a ciertos proyectos de construcción residencial. Dijo que eliminar el polémico impuesto ayudaría a «incentivar la construcción de nuevas viviendas».
«He dicho durante mucho tiempo que este plan, la preservación de viviendas y la construcción de nuevas, será uno de nuestros ‘momentos Maynard’, refiriéndose al difunto alcalde de Atlanta, Maynard Jackson, quien creó oportunidades económicas reales, tangibles y continuas para los habitantes de Atlanta», dijo Parker.
Sobre otros impuestos propone un calendario de 15 años para sus recortes. Pero durante las negociaciones presupuestarias de esta primavera, la Administración y el Concejo solo pueden controlar lo que sucede en el año fiscal que comienza el 1 de julio.
A largo plazo, Parker espera que la ciudad elimine el gravamen sobre los ingresos brutos y reduzca el impuesto sobre la renta neta a la mitad. La ciudad podrá hacer eso, dijo, una vez que pueda aprovechar más de $400 millones en ahorros anuales después de que el fondo de pensiones esté completamente financiado, lo que se proyecta que sucederá alrededor de 2032.
Para el próximo año, su propuesta pide que la tasa del impuesto sobre los salarios se reduzca del 3.75% al 3.74% para los residentes y del 3.44% al 3.43% para las personas que viven fuera de Filadelfia, pero viajan diariamente a la ciudad.
Este año, Parker también propone eliminar el impuesto del 1% de la ciudad sobre la construcción y aumentar el impuesto de transferencia de bienes raíces del 3.278% al 3.578% del precio de venta o el valor tasado de una propiedad. Ella enmarcó ambas mudanzas como parte de su nueva iniciativa de vivienda.
Parker propuso duplicar el gasto para apoyar la lucha contra el crimen en toda la ciudad y los esfuerzos de su Administración para poner fin a los mercados de drogas al aire libre, enmarcando su solicitud como una continuación de sus prioridades del primer año.
Uno de los gastos más grandes es casi $300 millones en nuevos fondos propuestos durante los próximos cinco años para continuar la construcción y las operaciones en Riverview Wellness Village. La nueva vivienda de rehabilitación administrada por la Ciudad para personas que se recuperan de la adicción a las drogas. La casa de recuperación es un pilar clave de su plan para abordar la crisis de opioides en Kensington.
El alcalde también propuso destinar $67 millones para construir y operar un nuevo laboratorio forense de la policía y anunció la ubicación públicamente por primera vez el jueves. La nueva instalación estará ubicada en University City, en el 4101 de Market Street, en un floreciente corredor de ciencias de la vida.
Funcionarios han dicho durante mucho tiempo que reemplazar el actual laboratorio de criminalística de la ciudad, que es de tamaño insuficiente y anticuado, permitirá a las fuerzas del orden resolver delitos más rápido y construir casos más sólidos.
Parker también dijo que su Administración planea expandir el llamado programa de «día extendido y año extendido» al agregar 15 escuelas más: 10 de distrito tradicional y cinco chárter.
En la campaña electoral de 2023, Parker, una exprofesora, hizo de la «escolarización durante todo el año» una de sus propuestas políticas distintivas. Para el año escolar actual, ella y el superintendente Tony P. Watlington lanzaron un programa piloto para 25 escuelas del distrito y chárter para proporcionar cuidado antes y después, permanecer abiertas durante las vacaciones de invierno y primavera, y ofrecer programas de verano de seis semanas.
El aumento salarial de los maestros es una prioridad a largo plazo para la alcaldesa, quien sin dar detalles prometió millones para aumentos salariales de los maestros que se realizarán en 2030. Reportes revelan un aumento de fondos de $250 millones para las escuelas de la ciudad.
El distrito escolar está negociando un nuevo contrato con la Federación de Maestros de Filadelfia. «A pesar de lo orgullosos que estamos de nuestros esfuerzos para mejorar la calidad de nuestro sistema educativo durante el primer año de la Administración de Parker, sabemos cuánto trabajo más queda por hacer», dijo Parker.
El presupuesto del distrito escolar es de $4.6 mil millones. De esa cantidad, $2 mil millones provienen de la ciudad, $2.4 mil millones del estado y casi $180 millones del gobierno federal. El presupuesto propuesto por el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, para 2025-26 incluye un aumento de 200 millones de dólares para las escuelas de Filadelfia, pero ese aumento está sujeto a negociaciones por parte de los legisladores estatales.
La mayor parte de la ayuda federal del distrito proviene del programa Título I, que se enfoca en estudiantes de bajos ingresos, y a través de la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés). El gradual desmantelamiento del Departamento de Educación se sumaría a los despidos que golpearon particularmente duro a la Oficina de Derechos Civiles; pues todo el personal de la sucursal de la oficina en Filadelfia fue despedido.
Anteriormente el concejal y presidente del Comité de Educación, Isiah Thomas, presentó una resolución «que se opone a cualquier intento de desmantelar el Departamento de Educación de EE. UU. o recortar los fondos federales para los programas de escuelas públicas que apoyan a los estudiantes de bajos ingresos y a los estudiantes con discapacidades». El Consejo adoptó la resolución a través de una votación oral. Thomas también señaló que el Concejo Municipal podría buscar aumentar la participación de los ingresos del impuesto a la propiedad que reciben las escuelas por encima de la propuesta del alcalde.
Esta historia es parte de Every Voice, Every Vote, un proyecto colaborativo administrado por The Lenfest Institute for Journalism. La Fundación William Penn brinda apoyo principal para Cada Voz, Cada Voto en 2024 y 2025 con fondos adicionales del Instituto Lenfest para el Periodismo, Comcast NBC Universal, la Fundación John S. y James L. Knight, la Fundación de la Familia Henry L. Kimelman, Judy y Peter Leone, la Fundación Arctos, la Fundación Wyncote, la Fundación 25th Century, la Fundación Dolfinger-McMahon y la Asociación de Salud de Filadelfia. Para obtener más información sobre el proyecto y ver una lista completa de patrocinadores, visite www.everyvoice-everyvote.org. El contenido editorial se crea independientemente de los donantes del proyecto.
El viernes 21 de marzo se celebra esta efeméride decretada por las Naciones Unidas hace 60 años; el “Día Internacional por la Eliminación del Racismo”; una fecha destinada a recordar, por una parte, las 69 personas que perdieron la vida a manos de la policía de Sudáfrica durante una marcha pacífica contra el apartheid en la ciudad de Sharpeville, el 21 de marzo de 1960; y por la otra, buscar que se mantenga viva la bandera de la lucha contra todo tipo de segregación, discriminación y persecución.
Por la misma época de los hechos en Sudáfrica, en EE. UU. estaba tomando cada vez más fuerza el movimiento por los Derechos Civiles. Cuatro años antes se había producido el boicot a los buses en Montgomery; en el mismo año, 1960, se dieron las “sentadas” en Greensboro y en Nashville, en 1963 se dio la histórica marcha de Martin Luther King a Washington, y finalmente, en 1964, se expidió la Ley de Derechos Civiles, que firmó Lindon Johnson.
Esta conmemoración evoca los principios de la Carta de la ONU, “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y tienen la capacidad de contribuir de manera constructiva al desarrollo y bienestar de la sociedad”; y más adelante enfatiza que “todas las doctrinas de superioridad racial son científicamente falsas, moralmente condenables y socialmente injustas y peligrosas, y deben rechazarse”.
Hoy en Estados Unidos parece estarse librando una batalla que involucra a todos, porque los drásticos cambios en la agenda del nuevo Gobierno, afectan principalmente a las minorías racializadas, a los más vulnerables, a los que más necesitan la asistencia del Estado, y de manera especial a los latinos, a los migrantes hispanos que están bajo ataque por individuos y grupos movidos por el odio; claro ejemplo son todos los casos de personas que se han hecho pasar por miembros del ICE con el objetivo de amedrentar y crear un ambiente de miedo entre la comunidad migrante, como los acontecidos en West Chester y Kennett Square.
Jocelynn Rojo Carranza, una niña de 11 años que se suicidó el 8 de febrero, pocas semanas después de que iniciara esta administración; sus padres supieron después de su muerte que la menor había sido acosada en su escuela por el estatus migratorio de su familia.
Las familias con estatus migratorio mixto están sufriendo la cristalización de las promesas de campaña sobre deportaciones masivas, donde no importa si tienen antecedentes penales o no, porque ya los consideran “criminales” por estar sin un estatus migratorio regular, pero también hay ciudadanos estadounidenses que han sido detenidos, entre ellos se han registrado varios casos de puertorriqueños, lo que refuerza el temor por una persecución con el perfil racial.
Las conquistas logradas en las pasadas décadas se encuentran de nuevo en la primera línea de fuego; debido a los brotes de xenofobia y de prejuicios alimentados por la desinformación.
En los suburbios de Filadelfia han continuado las manifestaciones antisemitas, en el condado de Montgomery, después de que un residente se permitió exhibir en su jardín una bandera con el símbolo nazi de la esvástica, dos adolescentes vandalizaron el patio interno de una escuela pintando símbolos nazis, en lo que ha sido descrito por las autoridades como un claro discurso de odio.
En un estudio publicado en 2021 por S. Cañizales y J. Vallejo argumentan que, aunque en Estados Unidos, ha existido desde siempre una racialización de los hispanos como la que sufren los negros. El discurso anti-migratorio y despreciativo, en particular contra mexicanos y ahora contra el resto de los latinoamericanos, fueron claves para energizar a la base electoral que llevó al presidente Trump a la Casa Blanca por segunda vez.
Trump invocó el viernes una la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 utilizada en tiempos de guerra para deportar a cientos de venezolanos, un juez bloqueó la aplicación de la ley cuando dos aviones iban rumbo a Centroamérica el sábado con los migrantes y ordenó el regreso de esos vuelos sin conseguirlo.
Estas acciones rozan lo que ya unos consideran una crisis constitucional provocada por la deportación de migrantes sin antecedentes penales, acusados de ser miembros del Tren de Aragua, a la mega cárcel del El Salvador, cuya única culpa, como se ha venido registrando en diversos reportes, es tener tatuajes y haberse entregado en la frontera donde se les dejó en libertad condicional bajo parole.
Ante la inminente crisis constitucional a causa de que el Poder Ejecutivo está desafiando al Poder Judicial, ya que el juez Boasberg podría declarar en desacato al Gobierno o a funcionarios si siguen sin entregar la información solicitada; surge la interrogativa si detrás en específico de las políticas migratorias impulsadas por el movimiento MAGA, está el racismo institucionalizado; ya que quieren seguir usando esa Ley para ejecutar la llamada “madre de todas las deportaciones”.
Hoy se renueva la defensa de aquellos que sufren más directamente y en carne propia los dañinos efectos del racismo y la exclusión, más cuando se sobrepasa la propia ley, de parte de quienes deberían de resguardarla.
Tras el fallecimiento de Jocelynn Rojo, una niña de 11 años víctima de acoso escolar, sus amigos enfrentan una nueva restricción: la prohibición de hablar sobre ella en la escuela.
