CIUDAD DE MÉXICO— México quiere combatir la gentrificación y también la xenofobia que se vio en una protesta reciente contra el turismo masivo en la capital, pero muchos coinciden en que hacen falta más medidas para atajar el problema de fondo: la falta de regulación inmobiliaria y de viviendas, que cada vez son más caras.
La manifestación del pasado 4 de julio en Ciudad de México relanzó el debate sobre el tema porque, aunque se desarrolló mayormente de forma pacífica, se tornó violenta cuando un pequeño grupo rompió ventanales, saqueó algunos negocios y les gritó a turistas: “gringos, dejen de robarnos la casa”, entre otras frases. En una pinta incluso se leía, en inglés: “Kill a gringo” (mata a un gringo).
“No puede ser que por una demanda, por más legítima que sea, que es la gentrificación, la demanda sea ‘fuera cualquier nacionalidad de nuestro país’”, dijo el lunes la presidenta Claudia Sheinbaum. “México es un país abierto al mundo y no es discriminatorio; entonces no pueden justificarse las actitudes xenofóbicas”.
La mandataria también aseguró que su gobierno colaborará con las autoridades locales para buscar los mecanismos de regulación necesarios que eviten el encarecimiento y la especulación inmobiliaria.
La gentrificación de algunas zonas de la capital comenzó antes de la pandemia de COVID-19, pero la tensión y el incremento de precios se hizo notar con la llegada de “nómadas digitales” estadounidenses que empezaron a trasladarse a Ciudad de México en 2020, muchos de ellos para escapar del confinamiento en Estados Unidos o para aprovechar los alquileres bajos de la ciudad.
La propia Sheinbaum, cuando era alcaldesa de la capital, firmó un un acuerdo en 2022 con la plataforma Airbnb y la UNESCO para impulsar el turismo y atraer a esos “nómadas digitales”, a pesar de que ya entonces preocupaba el impacto que podría tener en los alquileres.
En los últimos años, los precios de las viviendas en renta se han disparado, y las personas locales comenzaron a verse cada vez más desplazadas de sus barrios, particularmente en vecindarios como Condesa y Roma, zonas arboladas e históricas llenas de cafeterías y restaurantes, en las que predominan los departamentos en alquiler para extranjeros que avivaron tensiones vecinales.
El Frente Anti-Gentrificacion CDMX, uno de los que convocaron a la manifestación del viernes, dejó claro en un comunicado tras la protesta que la gentrificación es una cuestión de desigualdad, no de migración, y del trato privilegiado que dan las autoridades y las empresas a quienes tienen mayor poder adquisitivo, no sólo extranjeros, sino gente rica, con lo que podría considerarse una nueva forma de colonialismo.
Y aunque dijo estar en contra de toda violencia contra las personas, se mostró a favor de acciones como romper vidrios o pintar muros para llamar la atención de la sociedad.
La protesta de México ocurrió tras una oleada de manifestaciones similares en Europa contra el turismo de masas, y en un momento en que el gobierno del presidente Donald Trump efectúa redadas migratorias en comunidades latinas en Estados Unidos, al grado que que su Departamento de Seguridad Nacional publicó un irónico mensaje el domingo en sus redes sociales, en el que anima a los migrantes a que se autodeporten.
“Si estás en los Estados Unidos ilegalmente y deseas unirte en la próxima protesta en Ciudad de México, usa la aplicación CBP Home para facilitar tu salida”, decía, refiriéndose a una aplicación del gobierno estadounidense —ya cancelada— que servía para conseguir una cita ante las autoridades migratorias estadounidenses.
Faltan normas y viviendas
Más allá de la preocupación por la deriva xenófoba que pueden conllevar estas protestas, y que algunos académicos no descartan que haya aumentado en reacción a las políticas del vecino del norte, Antonio Azuela, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), considera que el problema de fondo es mucho mayor.
Por un lado, la falta de regulación del mercado inmobiliario y de ofertas como Airbnb, porque “se está institucionalizando la adquisición de vivienda como una forma de inversión”, y si se utilizan para recibir visitantes y turistas se reducen las opciones para quienes viven en la capital.
Además, dijo, es complicado hacer vivienda social en una ciudad cuya única opción es crecer verticalmente, porque para eso hay que expropiar, destruir y reemplazar construcciones, un tema políticamente muy delicado, que debería hacerse con base en estudios de fondo previos y en un debate que incluya desde vecinos hasta empresarios inmobiliarios.
El gobierno de la capital llegó a estimar en 2021 que el no tener acceso a una vivienda expulsaba cada año de la ciudad a 23.000 familias, indicó Azuela.
La actual alcaldesa, Clara Brugada, antigua colaboradora de Sheinbaum, indicó el viernes en un comunicado que la capital está impulsando políticas para que los jóvenes puedan acceder a viviendas a costos asequibles como nunca se había hecho antes, pero según Azuela todavía no se ven resultados.
Legisladores locales han calculado que en la ciudad hay unos 2,7 millones de casas y apartamentos, pero se requieren 800.000 más. Sin embargo, a menudo los proyectos de vivienda asequible que han surgido han quedado relegados a la periferia, explicó Luis Salinas, investigador de la UNAM que lleva años estudiando la gentrificación en la capital.
En su opinión, las medidas adoptadas han sido insuficientes, no se han puesto en marcha controles al mercado, y eso lo han aprovechado actores como Airbnb.
Según Inside Airbnb —un colectivo que da seguimiento al impacto que tiene esa empresa a través de datos—, actualmente más de 26.000 propiedades están registradas en Airbnb en Ciudad de México, frente a 36.000 en Nueva York o 19.000 de Barcelona, una de varias ciudades españolas donde también ha habido protestas, lo que llevó a que ese país tomara ciertas medidas.
Airbnb destaca su contribución al desarrollo de Ciudad de México, y afirma que el año pasado el gasto de sus huéspedes ayudó a sostener 46.000 empleos en la capital e impulsó más de mil millones de dólares de “impacto económico”.
Salinas considera que las autoridades le están dando prioridad a una política de vivienda real y pone un ejemplo. El año pasado, el gobierno de Ciudad de México aprobó la ley de control de alquileres más ambiciosa desde la década de 1940, en un esfuerzo por controlar los precios, y también estableció límites de 180 noches al año a los alquileres a corto plazo, pero su implementación se ha puesto en pausa hasta después de la Copa Mundial de la FIFA de 2026.
