El Gobierno del presidente Donald Trump propuso otorgar a los funcionarios de inmigración la facultad de denegar la residencia permanente a solicitantes que consideren pueden ser una carga pública, con lo que revive una de sus políticas migratorias más controvertidas de su anterior administración.
La propuesta presentada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, en inglés), una agencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), derogaría la regla de 2022 sobre la carga pública, que permite a las autoridades de inmigración negar la entrada a EE.UU. o la concesión de la conocida tarjeta verde (‘green card’) a un extranjero que considere supondrá una carga económica para el país.
Trump amplió la regulación en 2019 para vetar a los inmigrantes que hubieran solicitado asistencia social para alimentación, vivienda, o cuidado de la salud, como el programa Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP), lo que dejó a muchos indocumentados sin posibilidad de optar por la residencia permanente y ocasionó que muchas familias dejaran de recibir ayudas para sus hijos estadounidenses.
La Administración del expresidente Joe Biden (2021-2025) revirtió los cambios hechos por el republicano y relajó la veda, pero nuevamente el Gobierno Trump ha presentado cambios alegando que los beneficios gubernamentales “no deben incentivar” la inmigración.
“Las (actuales) disposiciones restringen la capacidad de los funcionarios del DHS para realizar determinaciones de inadmisibilidad por carga pública que sean coherentes con la política nacional expresa del Congreso”, dice el texto presentado que se publicará formalmente en el Registro Federal este miércoles.
La nueva propuesta no reactivaría la regla presentada por Trump en su primer gobierno, lo que en la práctica otorgaría mayor poder a los oficiales de USCIS para denegar la residencia permanente a solicitantes de escasos recursos.
Tampoco especifica los programas que el gobierno considerará como carga pública, aunque señala que se emitirán directrices adicionales más adelante.
La medida ya desató críticas de defensores de los inmigrantes, como Adriana Cadena, directora de Protecting Immigrant Families Coalition, quien la calificó como “peligrosa” y advirtió que pone en riesgo la salud y el bienestar económico de millones en el país.
“Al generar caos y confusión, disuade a los inmigrantes con estatus legal y a los ciudadanos estadounidenses de buscar la atención médica y la ayuda que necesitan y a las que tienen derecho según la ley federal”, dijo la activista en un comunicado
Cadena advirtió que el impacto de la nueva regla podría ser aún mayor que la primera propuesta implementada por el gobierno republicano.
Por su parte, Renee M. Willis, presidenta de la Coalición Nacional de Vivienda para Personas de Bajos Ingresos, instó al Congreso, dominado por los republicanos, a rechazar la propuesta de regla de carga pública, dados los problemas y desafíos legales que han enfrentado regulaciones antiinmigrantes similares en los últimos años.
La medida se suma a una reciente restricción impuesta por la Casa Blanca para denegar a visas de inmigrante a extranjeros con enfermedades crónicas, como cáncer y obesidad, bajo la premisa de que dichas personas podrían depender posteriormente de la salud pública.
Un análisis de Kaiser Family Foundation (KFF, en inglés) estimó que los cambios de 2019 a la política de carga pública podrían haber llevado a una disminución de la cobertura de entre 2 millones y 4,7 millones de inscritos en Medicaid o CHIP, entre ellos algunos estadounidenses hijos de indocumentados.
En una encuesta de KFF de 2023, la mayoría de los adultos inmigrantes dijeron que «no estaban seguros» sobre las reglas de carga pública.
Asimismo, uno de cada cuatro (27 %) de los adultos inmigrantes, probablemente indocumentados, dijo que había evitado solicitar asistencia debido a temores relacionados con la inmigración, esto a pesar de que el Gobierno Biden había relajado las exigencias.
