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Agentes de inmigración exigen información de inquilinos a propietarios, generando dudas y confusión

Agentes estadounidenses de inmigración esperan para detener a una persona, el 27 de enero de 2025, en Silver Spring, Maryland. (Foto: AP/Alex Brandon/Archivo)

Las autoridades de inmigración están exigiendo que los propietarios entreguen contratos de arrendamiento, solicitudes de alquiler, direcciones de reenvío, tarjetas de identificación y otra información sobre sus inquilinos, una señal de que el gobierno de Trump ha dirigido su atención hacia ellos para que ayuden en su campaña de deportaciones masivas.

Eric Teusink, un abogado inmobiliario del área de Atlanta, dijo que varios clientes suyos recibieron recientemente cartas solicitando documentación completa sobre sus inquilinos. Una solicitud de alquiler puede incluir historial laboral, estado civil y relaciones familiares.

El «requerimiento de información» de dos páginas, que Teusink compartió exclusivamente con The Associated Press, también solicita datos sobre otras personas que viven con el arrendatario. Una de ellas, fechada el 1 de mayo, está firmada por un agente de la unidad antifraude de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. Sin embargo, no está firmada por un juez.

No está claro cuántos requerimientos se han emitido, pero los documentos podrían señalar un nuevo frente en los esfuerzos del gobierno para localizar a personas que están en el país sin permiso de residencia, muchas de las cuales debieron proporcionar a las autoridades sus direcciones en Estados Unidos como condición para ingresar inicialmente al país sin visa. El presidente, Donald Trump, terminó en gran medida con el permiso temporal para las personas a las que se permitió la entrada durante el gobierno de su predecesor, Joe Biden.

Los expertos cuestionan que los propietarios deban obedecer

Algunos expertos legales y administradores de propiedades dicen que las demandas plantean serias preguntas legales porque no están firmadas por un juez y que, si los propietarios las acatan, podrían arriesgarse a violar la Ley de Vivienda Justa, que prohíbe la discriminación por raza, color u origen nacional.

Los críticos también dicen que es probable que los propietarios se sientan intimidados para cumplir con algo que no ha ordenado un juez, mientras que la persona cuya información se está solicitando puede no enterarse nunca de que sus registros privados están en manos de las autoridades de inmigración.

«El peligro aquí es el exceso de cumplimiento», dijo Stacy Seicshnaydre, profesora de derecho de la Universidad de Tulane que estudia la ley de vivienda. «Sólo porque un propietario reciba un requerimiento, no significa que sea una solicitud legítima».

Los agentes de ICE han utilizado desde hace mucho citaciones firmadas por un supervisor de la agencia para intentar ingresar a los hogares. Los grupos de defensa han montado campañas de «Conozca sus derechos» instando a las personas a negarles la entrada si no están firmadas por un juez.

El requerimiento revisado por la AP es de la dirección de detección de fraude y seguridad nacional de USCIS, que, al igual que ICE, forma parte del Departamento de Seguridad Nacional. Aunque no está firmada por un juez, amenaza con que un juez podría declarar a un propietario en desacato al tribunal por no obedecer.

Tricia McLaughlin, portavoz de Seguridad Nacional, defendió el envío de requerimientos a los propietarios, sin confirmar si se están emitiendo.

«No vamos a comentar sobre las tácticas de las fuerzas del orden en torno a investigaciones en curso», dijo McLaughlin. «Sin embargo, es falso decir que los requerimientos del ICE pueden ignorarse sin más. El ICE está autorizado para obtener registros o testimonios a través de autoridades específicas de requerimiento administrativo. El incumplimiento de un requerimiento administrativo emitido por el ICE puede resultar en serias sanciones legales. Los medios deben dejar de difundir estas mentiras».

Estas solicitudes son nuevas para muchos propietarios

Teusink dijo que muchos de sus clientes supervisan propiedades multifamiliares y están acostumbrados a recibir citaciones por otras razones, como solicitudes para entregar grabaciones de vigilancia o dar acceso a la policía local a una propiedad como parte de una investigación. Sin embargo, señaló, esas solicitudes están firmadas por un juez.

Teusink dijo que sus clientes estaban confundidos por los últimos requerimientos. Después de consultar con abogados de inmigración, concluyó que el cumplimiento es opcional. A menos que estén firmadas por un juez, las cartas son básicamente sólo un funcionario haciendo una solicitud.

«Parecía que estaban en una expedición de pesca», dijo Teusink.

La abogada inmobiliaria de Boston Jordana Roubicek Greenman dijo que un cliente propietario suyo recibió un vago mensaje de voz de un funcionario de ICE el mes pasado solicitando información sobre un inquilino. Otros abogados locales le dijeron que sus clientes habían recibido mensajes similares. Ella le dijo a su cliente que no devolviera la llamada.

Anthony Luna, director general de Coastline Equity, una empresa de gestión de propiedades comerciales y multifamiliares que supervisa alrededor de 1.000 unidades en el área de Los Ángeles, dijo que los administradores de propiedades comenzaron a contactarlo hace unas semanas por preocupaciones de inquilinos que escucharon rumores sobre los requerimientos del ICE. La mayoría no planea acatarlas si las reciben.

«Si están persiguiendo a criminales, ¿por qué no están revisando documentos judiciales?» dijo Luna. «¿Por qué necesitan archivos de proveedores de vivienda?».

Los requerimientos del ICE precedieron al primer mandato de Trump en el cargo, aunque aumentaron de forma significativa durante su gobierno, según Lindsay Nash, profesora de derecho en la Facultad de Derecho Cardozo de la Universidad Yeshiva en Nueva York, quien ha pasado años documentándolas. Sin embargo, los propietarios rara vez las recibían. Los destinatarios más habituales eran la policía estatal y local.

El ICE puede hacer cumplir las solicitudes, pero primero tendría que presentar una demanda en una corte federal y que un juez apruebe su ejecución, un paso que permitiría al destinatario de la solicitud oponerse, dijo Nash. Ella dijo que los destinatarios a menudo obedecen sin informar a la persona cuyos registros se están divulgando.

«Mucha gente ve estos requerimientos, piensa que parecen oficiales, piensa que parte del lenguaje en ellas suena amenazante, y por lo tanto responden, incluso cuando, por lo que puedo decir, parece que algunas de estas citaciones han sido demasiado amplias», dijo.

Venezuelans in Philadelphia celebrate their Independence by honoring distinguished communicators

Honorees and guests at the Venezuela Independence celebration. (Photo: Impacto/Staff)

In celebration of Venezuela’s Independence Day, the organizations Casa de Venezuela and Gente de Venezuela Philly held a heartfelt event on July 11 to honor Venezuelan journalists and communicators who strengthen the identity, representation, and voice of the migrant community in the region.

The ceremony, which included the raising of the Venezuelan flag in front of Philadelphia City Hall, featured special recognitions for prominent media figures for their dedication to journalism and community service.

Honored journalists Isabel Sánchez (Telemundo 62), Geisha Torres, and Argenis Figueroa (Univision 65). (Photo: Impacto/Staff)

Among those honored were Isabel Sánchez (Telemundo 62), Geisha Torres and Argenis Figueroa (Univision 65), as well as José Urdaneta. All were recognized for their journalistic work, their role as communicators, and their connection with the community. Urdaneta, who also served as the event’s host, expressed his gratitude and admitted he was surprised by the recognition.

The honored journalists also shared messages of pride and appreciation. A visibly emotional Isabel Sánchez said, “I am deeply honored by this recognition. Venezuelans are hard workers, and the good among us outnumber the bad.”

 Independence Day event participants. (Photo: Impacto/Staff)

Geisha Torres, a reporter with Univision 65, reflected on the current climate. “Right now, Venezuelans have been negatively targeted by the administration of President Donald Trump. I just want to say that those of us who came to this country came to work hard and chase our dreams.

Argenis Figueroa, also from Univision 65, added, “I feel privileged to have my community work recognized, but without the help of the people, nothing can be accomplished.”

 Harianned Chaurel, Communications Director of Gente de Venezuela Philly. (Photo: Impacto/Staff)

Harianned Chaurel, communications director for Gente de Venezuela Philly, emphasized that the idea for the event came from a desire “to show who we Venezuelans are and to express our gratitude for the opportunity this city has given us.”

Marcos Bolívar, President of Casa de Venezuela. (Photo: Impacto/Staff)

Finally, Casa de Venezuela president Marcos Bolívar celebrated the enduring spirit of independence and freedom that unites Venezuelans, even far from home: “Those of us who are away from home are still free.”

The day concluded with traditional music, typical Venezuelan food, messages of unity, and a call to keep building community rooted in pride and hope.

Venezolanos en Filadelfia celebran su independencia reconociendo a comunicadores destacados

Foto del grupo de participantes actividad Dia de la Independencia (Foto: Impacto/Staff)

En el marco de la conmemoración del Día de la Independencia de Venezuela, las organizaciones Casa de Venezuela y Gente de Venezuela Philly celebraron el pasado 11 de julio un emotivo acto para rendir homenaje a periodistas y comunicadores venezolanos que fortalecen la identidad, la representación y la voz de la comunidad migrante en la región.

Durante la ceremonia, que incluyó el izamiento de la bandera venezolana frente al Ayuntamiento de Filadelfia, se entregaron reconocimientos a destacadas figuras de los medios de comunicación por su compromiso con la información y el servicio comunitario.

Periodistas homenajeados Isabel Sánchez (Telemundo 62), Geisha Torres y Argenis Figueroa (Univisión 65). (Foto: Impacto/Staff)

Entre los homenajeados estuvieron Isabel Sánchez (Telemundo 62), Geisha Torres y Argenis Figueroa (Univisión 65), así como José Urdaneta, todos reconocidos por su labor periodística, su trabajo como comunicadores, y su conexión con la comunidad. Urdaneta, quien también fue el presentador del evento, agradeció el reconocimiento, aunque confesó que no se lo esperaba.

Homenajeados e invitados al evento Independencia de Venezuela. (Foto: Impacto/Staff)

 Los periodistas homenajeados también se expresaron con gratitud y orgullo. Isabel Sánchez, visiblemente emocionada, comentó: “Me siento profundamente honrada por este homenaje. Los venezolanos somos trabajadores, y los buenos somos más”.

Geisha Torres, reportera de Univisión 65, reflexionó sobre el contexto actual. “Los venezolanos en estos momentos somos un target negativo por parte de la administración del presidente Donald Trump. Solo quiero decir que los que vinimos a este país, vinimos a trabajar fuerte y a cumplir sueños”.

Por su parte, Argenis Figueroa, también de Univisión 65, afirmó: “Me siento privilegiado de que reconozcan mi trabajo comunitario, pero sin la ayuda de la gente, no se puede lograr nada”.

Harianned Chaurel, directora de comunicaciones de Gente de Venezuela Philly. (Foto: Impacto/Staff)

La directora de comunicaciones de Gente de Venezuela Philly, Harianned Chaureldestacó que la iniciativa del evento surgió “para demostrar quiénes somos los venezolanos y agradecer la oportunidad que nos brinda esta ciudad”.

Marcos Bolívar, presidente de Casa de Venezuela. (Foto: Impacto/Staff)

Finalmente, el presidente de Casa de Venezuela, Marcos Bolívar, celebró el espíritu de independencia y libertad que une a los venezolanos, incluso lejos de su país natal: “Los que estamos fuera de casa, también somos libres”.

La jornada concluyó con música tradicional, comida típica, mensajes de unidad y un llamado a continuar construyendo comunidad desde el orgullo y la esperanza.

Turismo y mercancía en vía de acceso a ‘Alligator Alcatraz’ levantan polémica en Florida

(Foto: EFE/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

El turismo y la mercancía relacionada con el nuevo de centro de detención migratoria ‘Alligator Alcatraz’ (Alcatraz caimán) levanta polémica en Florida, donde la entrada al sitio, en la zona natural de los Everglades, se ha convertido en un punto para tomarse fotografías.

Turistas se fotografiaban desde este fin de semana bajo el letrero de ‘Alligator Alcatraz’ que colocó el Gobierno de Florida hace dos semanas para marcar la apertura del centro de detención en un aeropuerto abandonado al oeste de Miami rodeado de caimanes, pitones, panteras y pantanos.

Entre quienes han compartido su imagen bajo el letrero está el congresista estatal Adam Botana, republicano que representa a la ciudad de Bonita Springs, tras visitar el lugar el fin de semana.

(Foto: EFE/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

«Recorrí ‘Alligator Alcatraz’ como un legislador estatal, grandiosas condiciones, limpio, fresco y la comida se ve genial, sin mencionar la gran atención médica», escribió Botana el sábado en sus redes sociales.

A esto se suma la mercancía que vende el Partido Republicano en su tienda virtual ‘Florida GOP’, que incluye camisetas, gorras y enfriadores de bebidas con la leyenda ‘Alligator Alcatraz’ e imágenes de cocodrilos.

«El presidente (Donald) Trump está llenando ‘Alligator Alcatraz’ con ilegales criminales y la edición limitada de la camiseta ‘Alligator Alcatraz’ se está vendiendo por completo. Consigue la tuya antes de que se acaben», publicó el Comité Nacional Republicano del Congreso (NRCC) en X este fin de semana.

Organizaciones defensoras de migrantes y demócratas han cuestionado que los republicanos promuevan el sitio, al que llaman un «campo de internamiento» y un «espectáculo político» tras su apertura hace dos semanas después de una visita de Trump.

Los legisladores demócratas denunciaron que hay cerca de 750 migrantes en jaulas, con más de 30 personas hacinadas en cada una, sin acceso a condiciones de higiene y con temperaturas de 83 grados Fahrenheit (casi 30 centígrados) tras recorrer el lugar por primera vez hace días.

(Foto: EFE/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

«Cuando recorrí el centro de detención en los Everglades este fin de semana, las personas estaban cantando ‘libertad’. Los floridanos deberían estar avergonzados de que el dinero de nuestros impuestos se esté usando para este espectáculo», expresó Maxwell Alejandro Frost, representante federal de Orlando, este lunes.

El Partido Demócrata exigió ahora publicar todos los contratos relacionados con la construcción de ‘Alligator Alcatraz’, con un costo estimado en 450 millones de dólares, al acusar al gobernador de Florida, Ron DeSantis, de otorgar contratos a sus donantes políticos para levantar el centro.

Pero el Gobierno de Donald Trump y el de Florida han defendido el lugar, con una capacidad proyectada en hasta 5.000 migrantes, para colaborar con las deportaciones masivas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Demandan al Gobierno Trump por pausar la financiación de programas extraescolares

(Foto: EFE/KEN CEDENO/Archivo)

Veinticuatro estados demócratas y el Distrito de Columbia demandaron este lunes al Gobierno Trump por congelar «abruptamente» miles de millones de dólares en subvenciones educativas al considerar que pone en peligro programas extraescolares, así como otras clases especializadas.

Encabezada por California, la querella legal argumenta que la Administración Trump ha violado la Constitución y varias leyes federales al suspender 6.000 millones de dólares en fondos asignados a los programas extraescolares, que incluyen clases de inglés para inmigrantes, entre otros.

El gobierno ordenó la retención de recursos que el Departamento de Educación (DOE, en inglés) suele poner a disposición de los estados hacia el 1 de julio para que las agencias educativas estatales y locales puedan planificar sus presupuestos para el próximo año académico.

Los estados demandantes alegan que han cumplido con las condiciones de financiación establecidas por la ley y cuentan con planes estatales que el mismo DOE ya había aprobado.

Además, la querella presentada en un tribunal de Rhode Island argumenta que han recibido estos fondos, sin incidentes, durante décadas, incluso el año pasado.

Sin embargo, este año, el 30 de junio, las agencias estatales de todo el país recibieron una notificación anunciando que no se distribuirían estos recursos.

«Sin ton ni son, la Administración Trump congeló abruptamente miles de millones de dólares en fondos para la educación apenas unas semanas antes del inicio del año escolar», dijo el fiscal de California, Rob Bonta, en un comunicado.

Advirtió que la medida de la Casa Blanca «amenaza» la existencia de programas que ofrecen «oportunidades cruciales» de aprendizaje extraescolar y de verano, que enseñan inglés a los estudiantes y que proporcionan tecnología educativa en las aulas.

California es uno de los estados más afectados con la retención de más de 900 millones de dólares en fondos.

El presidente Donald Trump «parece dispuesto a arriesgar el éxito académico de una generación para impulsar su propia agenda política desacertada. Pero, como ocurre con tantas otras de sus acciones, esta congelación de fondos es manifiestamente ilegal, y confiamos en que el tribunal estará de acuerdo», subrayó Bonta.

El fiscal californiano encabeza la coalición de demandantes junto con los fiscales generales de Colorado, Massachusetts y Rhode Island.

También se unieron a la demanda los estados de Arizona, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Vermont, Washington, Wisconsin, Kentucky y Pensilvania.

Outrage over federal agents’ storming of the Puerto Rican Museum in Chicago

Nilda I. Ruiz, Presidente y CEO.

The National Puerto Rican Agenda (NPRA) strongly condemned the unauthorized and unannounced intrusion of agents from the Department of Homeland Security (DHS) at the National Museum of Puerto Rican Arts and Culture (NMPRAC) in Chicago, Illinois. The incident occurred on July 8, when between 15 and 20 federal vehicles arrived at the cultural institution without presenting court orders, legal documentation, or any form of identification.

According to witnesses, museum staff questioned the agents, who refused to show credentials or explain the reasons for their presence. Instead, the officers proceeded to move through the building, stating a supposed interest in “assessing entry and exit points” in case future events included undocumented individuals. Staff also reported being harassed by the agents during what they considered an unwarranted search, which constitutes a violation of the Fourth Amendment of the U.S. Constitution.

The NPRA described the action as a direct affront to the values of dignity, equity, and respect for civil liberties. NMPRAC is a space dedicated to preserving and uplifting Puerto Rican cultural heritage, and turning it into a surveillance target is, in the organization’s view, both unacceptable and dangerous.

In response, the NPRA demanded that no individual or government agency use public gatherings of Puerto Rican or Latino communities as a pretext for harassment. The group also called for a full investigation into the conduct of the agents involved and the organization of a public assembly with the community to ensure accountability.

One of the issues the NPRA proposed for that community meeting is the economic impact these actions have on institutions like NMPRAC, which now must allocate additional resources to legal counsel, security, and legal representation to protect spaces that were once considered safe.

Despite the tension caused by the intrusion, several media outlets reported that the two-day event held at the museum continued without further incidents.

The NPRA urged elected officials, civil rights organizations, and community leaders to stand in support of NMPRAC and all institutions that serve as beacons of cultural identity and inclusion. The organization’s president, Nilda Iris Ruiz, reaffirmed her solidarity with the museum and its staff, warning that they will not remain silent in the face of civil rights violations and intimidation attempts.

The National Puerto Rican Agenda is a non-partisan alliance made up of Puerto Rican organizations in the United States, elected and appointed officials, community leaders, and volunteer citizens, with the mission of strengthening collective capacity to promote positive change for the Puerto Rican community.

NPRA manifiesta su indignación por irrupción de agentes federales en el Museo Nacional de Arte y Cultura Puertorriqueña en Chicago

(Foto: Suministrada)

La Agenda Nacional Puertorriqueña (NPRA, por sus siglas en inglés) a través de un comunicado, condenó enérgicamente la incursión no autorizada y sin previo aviso de agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el Museo Nacional de Arte y Cultura Puertorriqueña (NMPRAC) en Chicago, Illinois.

El incidente ocurrió el pasado 8 de julio, cuando entre 15 y 20 vehículos federales arribaron al recinto cultural sin presentar órdenes judiciales, documentación legal o identificación alguna.

De acuerdo con testigos, el personal del museo cuestionó a los agentes, quienes se negaron a mostrar credenciales o a explicar los motivos de su presencia. Por el contrario, los oficiales continuaron recorriendo las instalaciones mientras declaraban un presunto interés en «evaluar los puntos de entrada y salida» en caso de que en futuros eventos participaran personas indocumentadas. Además, el personal reportó haber sido hostigado por los agentes, en lo que consideraron una búsqueda sin orden judicial, lo que representa una violación a la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

La NPRA calificó la acción como una afrenta directa a los valores de dignidad, equidad y respeto por las libertades civiles.

“El NMPRAC es un espacio dedicado a preservar y exaltar el patrimonio cultural puertorriqueño, por lo que convertirlo en un supuesto objetivo de vigilancia es, a juicio de la organización, inaceptable y peligroso”, precisaron.

Ante estos hechos, la NPRA exigió que ningún individuo o entidad gubernamental utilice reuniones públicas de comunidades puertorriqueñas o latinas como pretexto para hostigar a la población latina. Asimismo, solicitó una investigación completa sobre la conducta de los agentes involucrados y la realización de una asamblea pública con la comunidad para rendir cuentas.

Uno de los puntos que la NPRA propuso incluir en dicho encuentro comunitario es el impacto económico que estos actos generan en instituciones como el NMPRAC, que ahora deben destinar recursos adicionales a asesoría legal, seguridad y representación jurídica para proteger sus espacios, antes considerados seguros.

A pesar de la tensión generada por la irrupción, diversos medios reportaron que el evento de dos días celebrado en el museo transcurrió sin incidentes adicionales.

La NPRA hizo un llamado a funcionarios electos, organizaciones de derechos civiles y líderes comunitarios a respaldar al NMPRAC y a todas las instituciones que representan un faro de identidad cultural e inclusión.

La presidenta de la organización, Nilda Iris Ruiz, reafirmó su solidaridad con el museo y su personal, advirtiendo que no permanecerán en silencio ante la erosión de derechos civiles y los intentos de intimidación.

La Agenda Nacional Puertorriqueña es una alianza no partidista compuesta por organizaciones puertorriqueñas en Estados Unidos, funcionarios electos y designados, líderes comunitarios y ciudadanos voluntarios, cuyo propósito es fortalecer la capacidad colectiva para promover cambios positivos en favor de la comunidad puertorriqueña.

Inicia recolección de basura en Filadelfia tras huelga

Camión comienza recolección de basura (Foto: Impacto/Staff)

El servicio de recolección de basura y reciclaje en Filadelfia se reanudó este lunes 14 de julio, devolviendo algo de normalidad a los vecindarios más afectados por la acumulación de desechos. Desde tempranas horas, camiones de basura circulaban por las calles.

Los centros temporales de acopio ya fueron cerrados o limpiados, y las autoridades pidieron a los residentes no seguir dejando basura en esos lugares.

Los seis centros permanentes de Sanitation Convenience (ubicados en el Norte, Noroeste, Port Richmond, Suroeste, Strawberry Mansion y Oeste) retomaron su horario habitual: de lunes a sábado, de 8 a.m. a 6 p.m.

Basura ubicada al frente de una casa en espera de limpieza (Foto: Impacto/Staff)

¿Qué opina la comunidad?

Vecindarios como Spring Garden y Fairmount ya notan la diferencia: calles más limpias y menos olores. “Ya era hora. No se aguantaba el mal olor, sobre todo con este calor”, comentó Iris Méndez, residente del área de Fairmount.

“No se pueden desesperar. Aunque el servicio comenzó hoy, deben estar pendientes del día que les corresponde”, dijo una residente de la calle 5, donde la recolección está programada para el miércoles. Aún así, muchos ya han sacado la basura de manera ordenada.

“Una locura, basura por todos lados y muchos animales alrededor. Espero que se recoja la basura pronto para que no haya tantas ratas cerca”, expresó Liliana Torres.

Bolsas de basura organizadas y residentes en espera por camión de basura (Foto: Impacto/Staff)

La ratificación final del acuerdo entre la ciudad y los trabajadores se llevará a cabo entre el 14 y el 21 de julio. Si los miembros lo rechazan, las negociaciones podrían reabrirse.

Liliana Torres residente confía que limpien pronto las áreas para evitar los animales y el mal olor (Foto: Impacto/Staff)

 Mientras tanto, las calles comienzan a recuperar el orden. La colaboración de todos es clave para mantener limpio el vecindario.

Para más información sobre el proceso en los próximos días, visite www.phila.gov

Governor Shapiro challenges Trump administration’s

Pensilvania
Governor Josh Shapiro’s. (Photo: File)

The Trump Administration abruptly froze $230 million in Congressionally-appropriated federal funding for the Pennsylvania Department of Education.

Cuts threaten critical initiatives to help Pennsylvania students learn, including teacher recruitment, the purchasing of critical technology supplies to support students, and connecting students to in-demand industries.

Harrisburg, PA – Today, Governor Josh Shapiro joined a multistate lawsuit with 25 other states and the District of Columbia challenging the Trump Administration’s decision to unlawfully withhold $230 million in funding owed to Pennsylvania schools. The funding covers vital programs for Pennsylvania students and teachers like before and after school programming, teacher training and professional development, adult and family literacy programs and education for children from farming families across the Commonwealth.

Governor Shapiro has been working aggressively to protect Pennsylvania taxpayers and ensure the federal government honors its obligations. In February, the Governor filed a lawsuit challenging the Trump Administration’s unconstitutional freeze of federal funding, in April Governor Shapiro joined a multistate lawsuit to protect public health in Pennsylvania after the Trump Administration abruptly and arbitrarily canceled more than half a billion dollars in public health grants, and one week later the Governor sued the Trump Administration for their unlawful decision to revoke hundreds of millions of dollars it had promised to 116 Pennsylvania School Districts. As a result of the Governor taking legal action each time, over $2 billion in federal funding owed to Pennsylvanians has been restored.

Today, Governor Shapiro is once again taking action to ensure the federal government upholds its commitments to Pennsylvania, as the law requires.

“Every Pennsylvania child deserves the freedom to chart their own course and the opportunity to succeed,” said Governor Shapiro. “Once again, the Trump Administration is trying to take away dollars that were committed to Pennsylvania — this time from our schools. Today, I’m suing to force the Trump Administration to deliver the money our students and schools were promised and are owed — critical funds that school districts rely on to meet their budgets, train high-quality teachers, provide afterschool programs for kids, and so much more. Because if anyone tries to hurt students here in Pennsylvania, they’ll have to go through me.”

On Monday, June 30, 2025, with no advance notice or warning, the U.S. Department of Education (USDE) abruptly and arbitrarily reversed the normal course of this grant funding and notified the Pennsylvania Department of Education (PDE) that USDE would delay delivering about $230 million in federal funds owed to Pennsylvania schools that support critical education programs throughout the Commonwealth. These are funds that are typically available for states to begin accessing on July 1 of each year, in order to permit state and local educational agencies to plan their budgets for the academic year ahead. On June 30th — one day before states can normally begin accessing these funds — Secretary McMahon and USDE suddenly froze this critical funding.

Many of the projects funded by these dollars support vital programs for Pennsylvania schools, impacting key teacher training programs as well as programs that make school more accessible to children with special learning needs. By abruptly withholding the $230 million it had promised to Pennsylvania schools, USDE has left Pennsylvania taxpayers on the hook.

Breakdown of frozen federal funding

$11 million under Title I-C which uses these funds to address the unique educational needs of children who move frequently due to family members’ agricultural work. The program aims to ensure these students, who often face disruptions to their education, have access to quality educational services and can meet the same academic standards as their peers. Agriculture is a critical industry in Pennsylvania, and the Shapiro Administration has made it a priority to support farmers. Governor Shapiro recognizes Pennsylvania’s agriculture industry is key to the Commonwealth’s economic development and has prioritized investments in agriculture – a key driver in the economy, supporting over 600,000 jobs and contributing $132 billion a year. This funding freeze jeopardizes these critical roles and services.

$70 million under Title II-A, Supporting Effective Instruction – in Pennsylvania. Title II-A funds provide financial assistance to recruit new teachers, improve the skills of teachers and the quality of instruction in core school subjects in elementary and secondary schools. These funds are used by schools to: increase student achievement; improve the quality of teachers, principals, and other school leaders; and increase the number of teachers, principals, and other school leaders who are critical in improving student academic achievement in schools. In the absence of Title II-A funds, these positions and services are at risk of elimination.

$20 million under Title III-A, English Language Acquisition, Language Enhancement, and Academic Achievement. Title III-A funds are used to deliver language instruction educational programs to students. These programs are designed to improve the education of limited English proficient children by helping them learn English and meet challenging state academic content and student academic achievement standards.

$55 million under Title IV-A, Student Support and Academic Enrichment Grants (SSAE). Title IV-A provides the funding for the Pennsylvania Department of Education to implement, support, and oversee the SSAE grant program. In Pennsylvania, these programs support opportunities for academic enrichment, improve school conditions for student learning, and improve access to technology. In the absence of Title IV-A funds, these positions and services are at risk of elimination.


$54 million under Title IV-B, 21st Century Community Learning Centers. These funds provide critical before and after school programming that helps set students up for success. Title IV-B funds are used to support programs such as service learning; drug and violence prevention programs; counseling programs; technology education programs; financial literacy programs; environmental literacy programs; mathematics, science, career and technical programs; internship or apprenticeship programs; and other ties to an in-demand industry sector or occupation for high school students that are designed to reinforce and complement the regular academic program of participating students.
 

$18.6 million of Adult Education and Family Literacy Act Grant (AEFLA) funds. Programs funded through AEFLA are used to assist adults who are parents or family members of students to obtain the education and skills that are necessary to becoming full partners in the educational development of their children and that lead to sustainable improvements in economic opportunities for their family; assist adults in attaining a secondary school diploma and in the transition to postsecondary education and training, including through career pathways.   


$2 million of Integrated English Literacy and Civic Education Grants (IELCE) funds to provide programs that provide English literacy and civics education services in combination with education and training activities. Some of these services include English language instruction and the rights and responsibilities of citizenship and civic participation. These programs also place adults in employment in in-demand industries and occupations that lead to economic self-sufficiency.

These unlawful cuts will weaken Pennsylvania’s school infrastructure, where our children learn and grow. Governor Shapiro is taking action to reverse this abrupt and unlawful action and ensure Pennsylvania is legally protected so that Commonwealth agencies can continue their work to improve Pennsylvanians’ lives.

The lawsuit is co-led by California, Colorado, Massachusetts, Rhode Island, Arizona, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Kentucky, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Oregon, Vermont, Washington, Wisconsin, and Washington, D.C.

“PICC” organiza campaña para pedir al Gobierno de Pensilvania que cese colaboración con ICE

PICC
Spiral Q ha participado en marchas por la justicia a inmigrantes. (Foto: Leticia Roa Nixon)

Jasmine Rivera, directora ejecutiva de “Pennsylvania Immigration & Citizenship  Coalition” (PICC), está liderando una campaña para pedirle al gobernador Josh Shapiro que cese la colaboración del estado con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, por su acrónimo en inglés ICE.

“Hay varias maneras en las que él puede tomar acción ejecutiva y exhortamos a que use todo su poder para terminar con el acceso de ICE a las bases de datos, que termine la colaboración entre el Departamento del Sistema Correccional del Estado e ICE, que fortalezca la política de los policías estatales, para que una detención de tráfico de un inmigrante indocumentado no pase a manos del Servicio de Inmigración y proteja la información de programas de beneficio público de las indagaciones de ICE. Necesitamos que nuestro gobernador defienda los derechos de los inmigrantes”, precisó esta líder en declaraciones para los lectores de Impacto.

Una de las 87 mariposas monarcas que pintaron los voluntarios. (Foto: Leticia Roa Nixon)

Esta reconocida activista mexicoamericana precisó que hay dos bases de datos estatales a las cuales el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas tiene actualmente acceso. También pueden conseguir información del Departamento de Transporte, por sus siglas en inglés PennDot, que incluyen su estatus migratorio, y su domicilio, poniéndolas así en riesgo.

Mensaje al gobernador Shapiro en una de las mantas. (Foto: Leticia Roa Nixon)

El sábado 12 de julio, en colaboración con Spiral Q, Jasmine organizó un día de pintura comunitaria tanto de 18 banderas como de 87 mariposas monarcas que serán utilizadas en las campañas de PICC en un futuro cercano “para que el gobernador Shapiro tome acciones administrativas de inmediato porque las cosas pueden empeorar ahora que el Congreso aprobó 170 billones de dólares para la aplicación de la ley de inmigración y en las fronteras”, concluyó diciendo.

En el centro, Jasmine Rivera junto a activistas. (Foto: Leticia Roa Nixon)

La mariposa monarca se ha convertido en un símbolo de la inmigración debido a la similitud de las rutas migratorias de las personas que llegan a los Estados Unidos procedentes de México.

Entre los mensajes en mantas están “los inmigrantes son bienvenidos aquí, enriquecen nuestras comunidades y hacen que Pensilvania sea más fuerte”.

El fotógrafo José Mazariegos participó en la actividad. (Foto: Leticia Roa Nixon)

Jasmine ha colaborado numerosas veces con Spiral Q desde hace muchos años en campañas para mantener las escuelas públicas abiertas y el cierre del centro de detención del condado Berks, entre otras.

Spiral Q es una organización sin fines de lucro, con casi 20 años de existencia, que utiliza la creación de arte con la organización cultural para apoyar a los activistas comunitarios y abogar por la justicia social.