¿Qué opciones tienen los beneficiarios del parole humanitario tras su eliminación?

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25/03/2025

La eliminación del parole humanitario por parte de la administración de Trump ha generado inquietud entre quienes se beneficiaban del programa, ya que muchos se encuentran en situación de incertidumbre sobre su estatus migratorio en Estados Unidos. Sin embargo, existen diversas alternativas que podrían ser exploradas.

1. Visa T: Destinada a las víctimas de trata de personas. Esta visa permite que los beneficiarios obtengan un estatus legal en el país y puedan regularizar su situación. Es esencial cumplir con sus requisitos específicos, como haber sido víctima de trata y cooperar con las autoridades en la investigación del crimen.

2. Ajuste de estatus a través de TPS y visas basadas en empleo (EB): Las personas beneficiarias del parole humanitario que también están cubiertas por el Estatus de Protección Temporal (TPS) tienen la posibilidad de ajustar su estatus si han solicitado una visa en alguna de las categorías basadas en empleo, siempre que cuenten con una fecha de prioridad actual. Si la fecha de prioridad ha llegado, podrían optar por un ajuste de estatus sin necesidad de salir de Estados Unidos, independientemente de la categoría específica de la visa EB.

3. Visa U: Es otra alternativa para aquellos que han sido víctimas de ciertos delitos ocurridos en Estados Unidos, como abuso doméstico, violencia sexual, entre otros. Este tipo tiene como objetivo proteger a las víctimas al permitirles permanecer legalmente en el país y cooperar con las autoridades en la investigación de los crímenes.

4. Asilo: La solicitud de asilo es una opción para aquellos que temen regresar a su país de origen, debido a persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado u opiniones políticas. Si la solicitud de asilo es aprobada, se les concederá la residencia permanente en Estados Unidos. Es crucial demostrar un miedo bien fundamentado de persecución para calificar.

5. Ley de Ajuste Cubano: Los cubanos que ingresaron legalmente a Estados Unidos podrían ser elegibles para beneficiarse de la Ley de Ajuste Cubano, la cual les otorga la posibilidad de solicitar la residencia permanente después de un año. Esta ley sigue vigente para los ciudadanos cubanos y puede ser una vía para regularizar su estatus migratorio.

6. Petición familiar: Si el beneficiario del Parole Humanitario tiene familiares cercanos en Estados Unidos, que son ciudadanos o residentes legales, podría ser elegible para que un miembro de la familia inicie una petición en su favor. Para ello, es necesario que exista la elegibilidad y que el proceso cumpla con los requisitos establecidos por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

A pesar de la eliminación del parole humanitario, los beneficiarios tienen varias rutas legales disponibles para regularizar su estatus migratorio. Es recomendable que los afectados busquen asesoría legal especializada para determinar cuál es la mejor opción en su caso específico.

* Héctor Benítez Cañas es abogado de inmigración en Miami. Su firma Benme Legal se dedica a la práctica exclusiva de la Ley de Inmigración. https://www.benmelegal.org/

Trump downplays embarrassing security leak on Yemen strike

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EFE

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25/03/2025

The United States President Donald Trump dismissed on Wednesday concerns over a security lapse in which a journalist was mistakenly added to a private chat discussing US military plans for an attack on Houthi rebels in Yemen.

Trump defended his National Security Advisor, Mike Waltz, who created the Signal group chat, calling him a “very good man” and insisting he would remain in his position despite criticism.

“It was a mistake, the only one in two months I’ve been back in the White House,” Trump told reporters. “But the important thing is that nothing happened, and the airstrikes were a success.”

The journalist, Jeffrey Goldberg, editor-in-chief of The Atlantic, detailed in an article how he inadvertently gained access to four days of internal government discussions leading up to the weekend strikes.

The attack reportedly killed 53 people and injured 98, according to Houthi sources.

Administration’s stance on Europe exposed

Beyond the security implications, the leaked conversations also revealed the administration’s deep skepticism toward European allies.

Vice President JD Vance expressed his frustration over the US “rescuing” Europe yet again, while Secretary of Defense Pete Hegseth agreed, calling European reliance on the US for securing trade routes in the Gulf Aden “PATHETIC.”

The remarks, now public, are likely to strain transatlantic relations at a time when European nations have sought greater US involvement in securing global trade routes disrupted by Houthi attacks.

White House defends use of Signal App

Trump claimed no classified information was shared in the chat and downplayed calls for security protocol changes.

“I don’t know anything about Signal, I wasn’t involved in this, but I’ve been told that a lot of groups use it,” he said.

Waltz and other top officials, including Director of National Intelligence Tulsi Gabbard and CIA Director John Ratcliffe, also defended the use of Signal.

Speaking before the Senate Intelligence Committee, Ratcliffe acknowledged he participated in the chat under the initials “JR” but insisted that using Signal complied with CIA security protocols.

However, Democratic Senator Mark Warner, the committee’s vice chair, called the incident “negligent, reckless, and careless,” arguing that it endangered the country’s safety. He has called for a full investigation into how the security lapse occurred.

‘Ybor City’, una obra bilingüe que teje la revolución de migrantes indocumentados en EE. UU.

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EFE

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25/03/2025

Los Ángeles (EE. UU.).- ‘Ybor City’, una obra teatral interpretada en el ‘spanglish’ identitario de la comunidad latina en EE. UU., bebe de la experiencia personal de la escritora Mariana Da Silva para retratar una historia de protesta y empoderamiento de una comunidad de inmigrantes indocumentados en su camino por alcanzar el sueño americano.

«En la obra hablamos del problema con personas que sufrieron mucho racismo y prejuicio, que no podían hablar español, y de cómo ya después no les enseñaron español a sus hijos» porque su familia no quería que pasaran por lo mismo que ellos «y se perdió el español en algunas familias», explica Da Silva en una entrevista con EFE.

Protesta, migración y poder: la identidad latina se forja en EE. UU.

La directora méxico-brasileña se traslada a principios del siglo XX al barrio de Ybor City, en la ciudad de Tampa (Florida), para relatar la lucha de una vibrante comunidad latinoamericana que emigra a EE. UU. dispuesta a trabajar en las famosas fábricas de producción de cigarros.

Justo en el epicentro de este barrio industrial se va gestando un sistema de lecturas para educar a los trabajadores que provocó un aumento de las tensiones con el estallido de protestas y huelgas para mejorar sus condiciones.

Tras una muerte inesperada, Nena, una de las empleadas de la fábrica, emerge como la primera mujer lectora y lidera un movimiento revolucionario.

Disponible en la compañía de teatro The Actors’ Gang de Los Ángeles hasta el 5 de abril, el proyecto aborda un tema personal para Da Silva: la inmigración, que junto con la construcción de las sociedades y las expectativas que generan conforman el eje central de la obra.

Además, constituye un alegato sobre «lo difícil que es ser una mujer aquí y ser una mujer latina», agrega la directora.

Mujer, latina y la voz del arte

Hija de una familia que migró a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, Da Silva vivió en sus propias carnes el miedo a ser una inmigrante indocumentada a los 21 años, cuando descubrió que sus papeles para permanecer legalmente en el país habían caducado sin saberlo.

Aquello le impactó «un montón», admite, por lo que comenzó a documentarse para conocer el funcionamiento de un sistema que afecta mucho más de lo que se cuenta en televisión o en las redes sociales.

«Una mujer joven sin papeles como yo nunca podía llamar a la policía si me pasaba algo y eso me hacía mucho más débil a las personas que estaban a mi alrededor porque sabían que yo no tenía ese poder», agrega.

Cuando arregló sus papeles, decidió que no iba a ocultar su historia, ya que Estados Unidos «hace que los inmigrantes se escondan y que tengan miedo» y, si este comportamiento se perpetúa, «empieza a ser parte de quién somos», asevera.

Por ello todo lo que Da Silva escribe para transmitir en escena presenta una narrativa bilingüe y expone un tema de migración.

«Siento que es algo que hay que hablar, es la experiencia de muchos latinoamericanos y es importante que sepan que la idea de migración que todos tienen es una pequeña parte», sostiene.

Para la escritora, el arte debe servir de plataforma para visibilizar, entre otros asuntos, «la manera en la que este país (EE. UU.) ha fallado a muchos inmigrantes que vienen».

Trump firma amplia orden ejecutiva para reformar elecciones en EE. UU.; exige ciudadanía para votar

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Associated Press

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25/03/2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , firmó el martes una orden ejecutiva para reformar el sistema electoral estadounidense, incluyendo exigir prueba documental de ciudadanía para registrarse para votar en elecciones federales y que todas las boletas sean recibidas a más tardar el día de las elecciones.

La orden afirma que Estados Unidos ha fallado «en hacer cumplir protecciones electorales básicas y necesarias» y llama a los estados a trabajar con agencias federales para compartir listas de votantes y combatir delitos electorales. Amenaza con retirar fondos federales de los estados donde los funcionarios electorales no cumplan.

La medida, que probablemente enfrentará impugnaciones de organizaciones de derechos electorales, es congruente con la larga historia de Trump de criticar los procesos electorales. A menudo afirma que las elecciones están siendo manipuladas, incluso antes de que se conozcan los resultados, y ha librado batallas contra ciertos métodos de votación desde que perdió las elecciones de 2020 ante el demócrata Joe Biden y lo atribuyó falsamente a un fraude generalizado.

Trump se ha centrado particularmente en la votación por correo, argumentando sin evidencia que no es segura e invita al fraude, incluso cuando ha cambiado su posición sobre el tema dada la popularidad del voto por correo entre los votantes, incluidos los republicanos. Aunque el fraude ocurre, es raro, limitado en alcance y se procesa judicialmente.

El requisito de prueba documental de ciudadanía de la orden señala que el presidente no está esperando a que los republicanos del Congreso aprueben su tan anticipada Ley de Protección de la Elegibilidad del Votante Estadounidense, o Ley SAVE, que ha buscado hacer lo mismo.

Los republicanos han defendido esa medida señalando que es necesaria para restaurar la confianza del público en las elecciones. El voto por parte no ciudadanos ya es ilegal y puede resultar en cargos por delitos graves y la deportación.

Los grupos que defienden los derechos de voto han expresado su preocupación de que el requisito podría despojar de su derecho a votar a algunas personas. Se estima que el 9% de los ciudadanos estadounidenses en edad de votar, o 21,3 millones de personas, no cuentan con una prueba de ciudadanía disponible, según un informe de 2023 del Brennan Center for Justice y otros grupos.

También hay preocupaciones de que las mujeres casadas que han cambiado sus apellidos tendrán problemas al intentar registrarse porque sus actas de nacimiento listan sus apellidos de soltera. Tales inconvenientes ocurrieron en recientes elecciones municipales en Nueva Hampshire, que tiene una nueva ley estatal que exige una prueba de ciudadanía para registrarse para votar.

La orden también estipula que los votos deben ser “emitidos y recibidos” antes del día de las elecciones y establece que la financiación federal debe ser condicional al cumplimiento estatal. Actualmente, 18 estados y Puerto Rico aceptan boletas enviadas por correo recibidas después del día de las elecciones siempre que estén selladas con un matasellos en o antes de esa fecha, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.

La orden ejecutiva de Trump probablemente enfrentará impugnaciones, dado que la Constitución otorga la autoridad sobre las elecciones a los estados. Si bien el Congreso tiene el poder de regular la votación —y lo ha hecho para aprobar leyes como la Ley de Derechos de Voto—, la Constitución deja claro que los estados tienen la autoridad principal para establecer los “tiempos, lugares y modos” de las elecciones.

La secretaria de gobierno demócrata de Colorado, Jena Griswold, señaló que la orden era “ilegal” y una utilización del gobierno federal como arma, y dijo que Trump está “tratando de dificultar que los votantes se defiendan en las urnas”.

El Poder Ejecutivo tiene cierta autoridad sobre las elecciones, comentó Justin Levitt, experto en derecho constitucional y exasesor principal de políticas de la Casa Blanca durante el gobierno del expresidente Joe Biden. Dijo que algunas agencias federales brindan apoyo electoral, incluida la Comisión de Asistencia Electoral, que distribuye fondos federales a los estados y dirige un programa de certificación voluntaria para sistemas de votación. La Agencia de Ciberseguridad e Infraestructura ayuda a los funcionarios electorales a proteger sus sistemas.

El expresidente Biden emitió una orden ejecutiva en 2021 en la que instruyó a las agencias federales a tomar medidas para aumentar el registro de votantes, lo que generó quejas por parte de los republicanos debido a que lo consideraron una intromisión federal. Desde entonces, Trump ha revocado esa orden.

Varios legisladores republicanos y funcionarios electorales celebraron la medida de Trump, incluido Brad Raffensperger, el secretario de gobierno de Georgia. El sistema de conteo de votos basado en códigos de barras del estado no cumple con los estándares que Trump exigió en la orden y necesitaría cambiar para no poner en peligro la financiación federal de la entidad.

“Gracias, presidente Trump, por esta orden ejecutiva que asegura que sólo los ciudadanos estadounidenses decidan las elecciones estadounidenses”, dijo Raffensperger. “Este es un gran primer paso para la reforma de la integridad electoral a nivel nacional”.

El representante Bryan Steil de Wisconsin, presidente de la comisión de la Cámara de Representantes que supervisa las elecciones, señaló que la orden es una “acción bienvenida para asegurar nuestras elecciones y prevenir la influencia extranjera”.

Trump hizo referencia al fraude electoral al firmar la orden el martes, diciendo: “Esto le pondrá fin, con suerte”. Agregó que se tomarían más acciones electorales en las próximas semanas.

Three School District of Philadelphia Schools Ranked in Niche’s Top Twenty of Public Schools in Pennsylvania

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PR/CP

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25/03/2025

PHILADELPHIA,PA – The School District of Philadelphia continues to demonstrate academic achievement and student success, and every year nationwide surveys affirm the District’s reputation. Niche is a resource for families exploring educational options, offering comprehensive profiles and rankings of schools across the country. In Niche’s 2025 rankings of the Best Public Middle and High Schools in Pennsylvania, three District schools, Science Leadership Academy, Central High School, and Julia R. Masterman Laboratory and Demonstration School, were ranked among the top 20 in the state, underscoring the district’s academic strides and the success of its students and educators.

“The School District of Philadelphia is producing exceptional students who are college and career-ready at some of the finest institutions here in the fastest improving, large urban school district.” said Superintendent Tony B. Watlington, Sr, Ed.D.. “ Our five year strategic plan, Accelerate Philly is our north star in accelerating student achievement and has led to significant increases in math and reading test scores, student attendance, and graduation rates, and a notable decrease in our student dropout rate.”

Science Leadership Academy, a high school known for its inquiry-driven, project-based curriculum, placed 19th in the state. Niche’s data highlighted the school’s supportive environment, its emphasis on collaboration, and its focus on fostering independent student growth, making it an ideal choice for learners seeking a forward-thinking educational experience.

Central High School, one of the country’s most historic high schools, claimed the sixth spot in the state rankings. This four-year university preparatory magnet school earned its high ranking through a combination of factors, including its diverse student body, extensive extracurricular opportunities, and strong teacher engagement. Central’s success is a testament to the dedication of its educators and the positive impact of its inclusive, well-rounded academic programs.

However, it was Julia R. Masterman Laboratory and Demonstration School that claimed the top position, ranking first among all public high schools and middle schools in Pennsylvania. Masterman stands out for its rigorous, accelerated curriculum designed for academically gifted students. With a focus on college preparation, Masterman provides an enriched educational experience that helps students reach their full potential, setting the stage for their academic success in higher education.

Several other Philadelphia schools ranked favorably within the top 100 high schools in the state, including the Academy at Palumbo (#51), George Washington Carver High School of Engineering and Science (#65), The Girard Academic Music Program (#81), and The Arts Academy at Benjamin Rush (#89).

Niche’s rankings are grounded in a robust combination of public data sources, including the U.S. Department of Education, the U.S. Census Bureau, and the FBI, alongside millions of firsthand reviews from students, parents, and community members. By using advanced statistical models and removing outdated metrics like SAT/ACT scores, Niche provides a more holistic view of school quality, reflecting today’s evolving educational priorities.

The School District of Philadelphia has seen encouraging improvements across several key indicators. The district recently welcomed 1,841 additional students, the first time enrollment has increased in a decade, signaling renewed trust in public education. Attendance rates have improved, and graduation rates have risen by 6.3 percentage points, showing the effectiveness of new instructional strategies and school supports. Additionally, high school dropout numbers have declined by 1,400 students, a testament to the district’s growing emphasis on student retention and academic engagement.

The School District of Philadelphia continues to invest in academic excellence and equitable learning offering families the transparency and data they need to make informed choices. The district’s success stories reflect a broader commitment to uplifting students citywide and ensuring all learners have access to a high-quality public education.

Organizaciones de latinos denuncian ante el Congreso los «ataques» de Trump a su comunidad

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EFE

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25/03/2025

El congresista por Illinois, el demócrata Jesús 'Chuy' García (c), habla durante una rueda de prensa este martes, frente a la sede del Congreso estadounidense en Washington (Estados Unidos). (Foto: EFE/Lenin Nolly)

Representantes de organizaciones de latinos en Estados Unidos, como de la ONG Hispanic Federation y del Instituto del Progreso Latino (IL), denunciaron este martes frente al Congreso estadounidense los «ataques» que la Administración de Donald Trump está llevando a cabo contra su comunidad.

«Hoy enviamos un mensaje claro: no nos quedaremos al margen mientras Washington toma decisiones que afectarán significativamente a nuestro futuro. El compromiso con nuestras comunidades debe ser coherente», dijo el consejero delegado de Hispanic Federation (HF), Frankie Miranda, en una rueda de prensa.

La acción se enmarca en el Encuentro Nacional, un evento que agrupa durante esta semana en la capital estadounidense a unas 130 entidades de latinos para promover políticas que impulsen el progreso de las comunidades latinas.

Junto a Miranda y el resto de representantes de las organizaciones estuvieron los congresistas latinos demócratas Jesús “Chuy” García y Maxwell Frost.

«Trump prometió hacer la vida más asequible a la gente, pero lo cierto es que ahora sólo los multimillonarios se están beneficiando de su programa, no la gente trabajadora», dijo García.

Por su parte, Frost afirmó: «Quieren hacernos pensar que la razón por la que no podemos pagar el alquiler, que un trabajo no es suficiente para vivir y por la que nuestros hijos mueren a causa de la violencia armada en las calles es por culpa de los inmigrantes o de las personas trans, pero no es la verdad. Es mentira».

Ambos quisieron mostrar su negativa a algunas de las medidas que el mandatario está llevando a cabo en las nueve semanas que lleva en el poder como revocar el estatus legal a “unas 530.000 personas” procedentes de países como Haití, Nicaragua o Venezuela, así como las deportaciones.

El consejero delegado lamentó que, aunque la mayoría de los estadounidenses votaron en las pasadas elecciones centrados en “la economía”, las políticas de este ejecutivo están perjudicándola.

“Estamos en la cúspide de una recesión económica y los funcionarios electos están ignorando el mandato real que los votantes les dieron por la prosperidad financiera”, indicó al respecto.

Con todo, Miranda señaló que los trabajadores latinos son una parte “esencial” de la economía del país.

«Sin los empresarios, los profesionales y los trabajadores esenciales latinos, la economía de EE.UU. estaría de una forma inimaginable. Conocemos las contribuciones en nuestra economía», agregó.

Corte de apelaciones permite a gobierno de Trump suspender aprobación de nuevos refugiados

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Associated Press

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25/03/2025

Corte-de-apelaciones-permite-a-gobierno-de-Trump-suspender-aprobación-de-nuevos-refugiados — El presidente Donald Trump habla en el Desayuno Nacional de Oración en el Capitolio en Washington, el 6 de febrero de 2025. (Foto: AP/Evan Vucci/Archivo)

Un tribunal de apelaciones permitió el martes al gobierno de Trump detener la aprobación de nuevos refugiados para ingresar a Estados Unidos, pero debe permitir la entrada de personas que fueron aceptadas condicionalmente antes de que el presidente suspendiera el sistema de admisión de refugiados del país, según dictaminó el tribunal de apelaciones.

La orden limitó un fallo de un juez federal en Seattle que determinó que el programa debería reiniciarse.

El panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito de Estados Unidos dijo que el presidente tiene el poder de restringir la entrada de personas al país, señalando un fallo de la Corte Suprema de 2018 que respaldó la prohibición de viaje del presidente Donald Trump desde varios países mayoritariamente musulmanes durante su primer mandato.

Los refugiados que fueron aprobados de manera condicional por el gobierno antes de la orden de Trump que detuvo el programa de refugiados aún deben poder reasentarse, determinaron los jueces.

El panel falló sobre una apelación de emergencia de un fallo del juez federal de distrito, Jamal Whitehead, quien determinó que la autoridad del presidente para suspender las admisiones de refugiados no es ilimitada y que Trump no puede anular la ley aprobada por el Congreso que establece el programa.

Whitehead señaló informes de refugiados varados en lugares peligrosos, familias separadas de parientes en Estados Unidos y personas que vendieron todas sus posesiones para viajar a los Estados Unidos, viaje que luego fue cancelado.

Melissa Keaney, abogada del Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados, aplaudió las partes de la orden que el tribunal de apelaciones dejó intactas.

“Damos la bienvenida a este alivio continuo para decenas de miles de refugiados que ahora tendrán la oportunidad de reiniciar sus vidas en Estados Unidos”, dijo.

Whitehead, quien fue nominado por el presidente demócrata Joe Biden, también emitió una segunda orden el martes bloqueando la cancelación de contratos de reasentamiento de refugiados.

La orden de Trump decía que el programa de refugiados —una forma de migración legal a Estados Unidos para personas desplazadas por guerra, desastre natural o persecución— sería suspendido porque las ciudades y comunidades habían sido gravadas por “niveles récord de migración” y no tenían la capacidad de “absorber grandes cantidades de migrantes, y en particular, refugiados”. Según el gobierno, 600.000 personas de todo el mundo están siendo tramitadas para entrar en Estados Unidos como refugiados.

El Departamento de Justicia argumentó que la orden estaba totalmente dentro de la autoridad de Trump.

A pesar de que los dos principales partidos políticos apoyan desde hace tiempo la aceptación de refugiados debidamente investigados, el programa se ha politizado en los últimos años. Trump también lo interrumpió de forma temporal durante su primer mandato, y después redujo drásticamente el número de refugiados que podían entrar en Estados Unidos cada año.

Los demandantes afirmaron que el Presidente no había demostrado de qué modo la entrada de estos refugiados perjudicaría a Estados Unidos.

Entre ellos se encuentran el Proyecto Internacional de Asistencia a los Refugiados, en nombre del Servicio Mundial de Iglesias, la agencia judía de reasentamiento de refugiados HIAS, los Servicios Comunitarios Luteranos del Noroeste, y refugiados individuales y miembros de sus familias. Dijeron que su capacidad para proporcionar servicios críticos a los refugiados, incluidos los que ya están en Estados Unidos, se ha visto gravemente inhibida por la orden de Trump.

Venezolanos deportados por EE. UU. terminan en prisión salvadoreña. ¿Cuál es su estatus legal?

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Associated Press

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25/03/2025

El gobierno estadounidense utilizó una ley de guerra del siglo XVIII para deportar a más de 200 inmigrantes venezolanos a principios de este mes a El Salvador, donde fueron transferidos inmediatamente a la prisión de máxima seguridad para pandillas del país.

Mientras un juez federal en Washington intenta determinar si el gobierno de Estados Unidos desafió su orden de devolver a los migrantes mientras estaban en el aire e insiste en que deben tener la oportunidad de impugnar sus designaciones como presuntos miembros de una notoria pandilla, no ha habido noticias del presidente o del poder judicial de El Salvador sobre cuál es el estatus legal de los prisioneros en ese país.

Eso podría cambiar pronto. El lunes, abogados contratados por el gobierno venezolano tomaron acciones legales en nombre de los prisioneros venezolanos buscando su liberación de la prisión, que la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, tiene programado visitar el miércoles.

Estados Unidos dice que los venezolanos deportados el 15 de marzo eran miembros de la pandilla Tren de Aragua, una organización criminal que el presidente Donald Trump declaró una fuerza invasora, pero no ha proporcionado evidencia de ello. La Ley de Enemigos Extranjeros permite que los no ciudadanos sean deportados sin la oportunidad de comparecer ante un juez de inmigración o federal.

El Salvador no ha tenido relaciones diplomáticas con Venezuela desde 2019, por lo que los venezolanos encarcelados allí tampoco tienen apoyo consular de su gobierno.

Incluso los ciudadanos salvadoreños han estado viviendo bajo un estado de emergencia que ha suspendido derechos fundamentales desde 2022 y el poder judicial del país no se considera independiente. Todo lo cual plantea preguntas sobre el futuro legal de los prisioneros en El Salvador.

¿Qué ha dicho El Salvador sobre el estatus de los prisioneros?

Muy poco.

El presidente Nayib Bukele anunció al día siguiente de la llegada de los presos que Estados Unidos había enviado lo que él llamó 238 miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua a El Salvador y fueron enviados inmediatamente a su prisión de máxima seguridad para pandillas. El gobierno de Estados Unidos pagaría una tarifa anual por su encarcelamiento, escribió Bukele en una publicación en X.

La Fiscalía General de El Salvador y el Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y la Libertad de Expresión no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre el estatus legal de los prisioneros venezolanos.

¿Qué dicen las leyes de El Salvador sobre el estatus de los prisioneros?

El abogado David Morales, director legal de la organización no gubernamental Cristosal, expresó que no había base legal para el encarcelamiento de los venezolanos en El Salvador. Añadió que no conocía ninguna ley salvadoreña o tratado internacional que respaldara su encarcelamiento.

“Son detenciones ilegales porque no están sometidos a la jurisdicción de un juez salvadoreño, ni han sido procesados, ni condenados en El Salvador. Por lo tanto, están en una situación de una detención ilegal o una restricción arbitraria de su libertad”, indicó.

¿Qué están haciendo los abogados?

Abogados contratados por el gobierno venezolano presentaron una acción legal el lunes en El Salvador con el objetivo de liberar a los 238 venezolanos.

Jaime Ortega, quien dice representar a 30 de los venezolanos encarcelados, señaló que su firma presentó la petición de hábeas corpus ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Explicó que, por extensión, solicitaron que se aplicara a todos los venezolanos detenidos en El Salvador.

Antes de que se presentara, el abogado constitucional Enrique Anaya había sugerido que las organizaciones de derechos humanos y las familias de los presos debían presentar peticiones de hábeas corpus, esencialmente obligando al gobierno a demostrar que la detención de alguien estaba justificada, “como un mecanismo tanto de denuncia como de presión”.

Aun así, Anaya dijo que la falta de independencia judicial en El Salvador hacía poco probable el éxito. El partido de Bukele removió a los jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema en 2021 y los reemplazó con jueces vistos como más favorables a la administración.

“¿Quién va a definir la libertad de estas personas, los jueces estadounidenses, los jueces salvadoreños?”, preguntó Anaya. Las peticiones de hábeas corpus podrían al menos “demostrar la ilegitimidad de este vacío».

¿Qué tan difícil es para los salvadoreños salir de las prisiones allí?

El Salvador ha vivido bajo un estado de emergencia desde marzo de 2022, cuando el Congreso otorgó a Bukele poderes extraordinarios para combatir a las poderosas pandillas callejeras del país.

Desde entonces, unas 84.000 personas han sido arrestadas, acusadas de vínculos con pandillas. El estado de emergencia ha permitido a las autoridades actuar sin protecciones básicas como el acceso a un abogado o informar a los detenidos por qué están siendo arrestados. Pueden ser retenidos durante 15 días sin ver a un juez.

Los homicidios han disminuido drásticamente en El Salvador y la mejora en la seguridad ha impulsado la popularidad de Bukele.

Pero mientras Bukele ha dicho que unos 8.000 de los arrestados han sido liberados por falta de pruebas, muchos más no han encontrado una salida.

El año pasado, la Fundación para el Debido Proceso publicó un informe que mostraba que la Sala Constitucional de la Corte Suprema había rechazado «sistemáticamente» más de 6.000 peticiones de hábeas corpus presentadas por familias de personas arrestadas bajo el estado de emergencia.

Presentan hábeas corpus en El Salvador para pedir excarcelación de venezolanos deportados por EE. UU.

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Associated Press

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25/03/2025

En esta fotografía proporcionada por la oficina de prensa de la presidencia de El Salvador, guardias penitenciarios trasladan a presuntos pandilleros venezolanos, deportados de Estados Unidos, al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) el domingo 16 de marzo de 2025, en Tecoluca, El Salvador. (Foto: AP/Oficina de prensa de la presidencia de El Salvador)

Un grupo de abogados contratados por el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó un hábeas corpus en El Salvador para exigir la liberación de 238 venezolanos deportados por Estados Unidos que guardan prisión en una cárcel de máxima seguridad del país.

Uno de los abogados dijo que la petición fue presentada en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y que representan a 30 de los 238 ciudadanos venezolanos que fueron deportados por Estados Unidos hace poco más de una semana e internados en el Centro para el Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una cárcel de máxima seguridad de El Salvador.

Estados Unidos alegó que los deportados eran miembros de la banda de crimen trasnacional Tren de Aragua, designada como organización terrorista extranjera por el gobierno de Donald Trump a finales de febrero junto a varios cárteles.

Los abogados que presentaron el hábeas corpus aseguran que no tienen vínculos con organizaciones criminales y que fueron detenidos en Estados Unidos como migrantes por no tener documentación.

La petición de hábeas corpus tiene por objeto supervisar el derecho a la libertad física y la integridad física, psíquica y moral de las personas detenidas; es un proceso que busca verificar si la detención está justificada y bajo el marco legal.

“Representamos en este momento a 30 ciudadanos venezolanos que nos han otorgado poder para actuar, pero por efecto extensivo, nosotros estamos pidiendo el hábeas corpus para el resto de los ciudadanos venezolanos que se encuentran detenidos en nuestro país”, dijo a los periodistas el abogado Jaime Ortega, del bufete de abogados Grupo Ortega.

Otro de los representantes jurídicos, Salvador Ríos, explicó que fueron contratados por el gobierno del presidente Nicolás Maduro y por el Comité de Familiares de Inmigrantes venezolano para presentar la demanda que, afirma, beneficia al total de 238 deportados que el gobierno de los Estados Unidos envió a El Salvador.

“Conforme a todos los documentos que traemos apostillados se considera que las personas que dignamente representamos son ciudadanos migrantes, dentro de ellos, hasta un cantante. Son personas que han migrado de su país Venezuela, no tienen ningún antecedente criminal”, afirmó el abogado Ortega.

Aseguró que los venezolanos trasladados a la cárcel de máxima seguridad salvadoreña no pertenecen a la banda criminal del Tren de Aragua, que fueron detenidos en Estados Unidos por su condición migratoria irregular y que no poseen antecedentes penales.

El domingo 16 de marzo, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, informó que llegaron al país los primeros 238 presuntos miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua y que, de inmediato, fueron trasladados a una cárcel de máxima seguridad.

El país centroamericano y el gobierno de Trump alcanzaron el mes pasado un acuerdo para albergar a migrantes detenidos en Estados Unidos. El ejecutivo estadounidense sostuvo que El Salvador podría incluso recibir a ciudadanos estadounidenses, aunque Estados Unidos no puede deportar a sus nacionales a otro país.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y Bukele discutieron los detalles del acuerdo que contempla un costo de aproximadamente 20.000 dólares para albergar a cada prisionero durante el año. Un documento del Departamento de Estado también sugiere que podría reservar 15 millones de dólares para enviar a El Salvador para custodiar a miembros adicionales de la pandilla.

El acuerdo con Estados Unidos incluyó la entregó de 23 miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) buscados por la justicia salvadoreña, incluyendo a dos cabecillas. Uno de ellos fue señalado como «miembro de la estructura más alta de la organización criminal”.

El presidente Trump afirmó el viernes que los venezolanos deportados y encarcelados en El Salvador fueron sometidos a un proceso “muy riguroso” para verificar que forman parte del grupo criminal Tren de Aragua.

Una iniciativa busca que Trump conceda la independencia a Puerto Rico con orden ejecutiva

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EFE

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25/03/2025

Puerto Rico — Fotografía personal cedida donde aparece el abogado Rolando Emanuelli. (Foto: EFE/Rolando Emanuelli)

San Juan.– Un grupo de abogados puertorriqueños ha preparado y enviado a la Casa Blanca una orden ejecutiva que establece cómo se pueden transferir los poderes y dar la independencia a Puerto Rico, dejando sin efecto el Tratado de París de 1898.

Este memorando está redactado, según dijo en entrevista a EFE el autor del mismo, el abogado Rolando Emanuelli, «con el lenguaje del colonizador», Estados Unidos, que invadió Puerto Rico en 1898, cuando la isla era una colonia española, y mantiene a día de hoy su dominio sobre la misma.

El licenciado, de 62 años, apuntó que lo más innovador es que hasta ahora todas las propuestas de independencia iban destinadas para ser aprobadas en el Congreso, sin embargo «el presidente también puede dejar sin efecto tratados y podría conceder la soberanía de Puerto Rico».

«El presidente (Donald Trump) firma la orden y proclama que Puerto Rico es una entidad soberana, independiente. Reconoce nuestra soberanía bajo el poder que tiene de reconocer a las otras soberanías», explicó.

Tras debatir la idea con el escritor Javier Hernández y el abogado Carlos Rivera, Emanuelli redactó el texto de siete páginas y hace un mes envió a EE. UU. 33 misivas, revisadas por 16 personas, entre ellas el líder del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau.

Emanuelli, Hernández y Rivera ya se reunieron con los senadores Mike Lee y John McClintock; con el líder republicano del Senado, Jhone Thune; y tienen pendiente mantener una conversación con Mike Jonhson, presidente de la Cámara de Representantes.

Transferencia de poderes

Emanuelli escribió el memorando después de enterarse de que un grupo de puertorriqueños de la diáspora en EE.UU. propuso a través de un documento la independencia en el Congreso ante la incertidumbre de qué pasará con la isla si Trump recorta fondos federales.

«Si Trump recorta los fondos, aquí se anticipa que haya una crisis humanitaria porque el sistema de salud, el sistema de asistencia nutricional, la educación, todo depende de los fondos», lamentó.

El actual estatus político de Puerto Rico como Estado Libre Asociado, establecido en 1952, da a la isla cierto grado de autonomía y un Gobierno y Parlamento locales, pero deja bajo el control de EE. UU. áreas como defensa, fronteras y relaciones diplomáticas.

Entre los pasos para la transferencia de poderes, el documento detalla que EE. UU. daría 36.000 millones anuales por 20 años para la reconstrucción y el desarrollo económico de Puerto Rico y que esto supondría un ahorro de 617.000 millones de dólares si se tienen en cuenta los desembolsos proyectados actualmente.

Emanuelli explicó que, en primer lugar Trump, nombraría «un administrador que va a ser la cabeza de una comisión de transición», durante la cual se cancelaría la deuda de Puerto Rico, se disolvería la Junta de Supervisión Fiscal y se establecería el trámite para lidiar con la ciudadanía.

Sobre la ciudadanía, aclaró que al primero de enero de 2027 los nacidos en Puerto Rico ya no son ciudadanos americanos de nacimiento, pero pueden «ser naturalizados como ocurre con cualquier hijo de un ciudadano americano que nace en cualquier parte del mundo».

Libre comercio con EE. UU. y nueva Constitución

Emanuelli detalló que durante esa transición se crearía un tratado de libre comercio con Washington, debido a las «estrechas relaciones económicas» existentes, se mantendrían los derechos adquiridos como el Seguro Social, y se establecería un acuerdo de libre tránsito, ya que seis millones de puertorriqueños viven en EE. UU.

El administrador de la comisión «va a organizar no solamente la transferencia, sino la convención constituyente para que se redacte una Constitución», indicó el letrado.

Para Emanuelli, los poderes soberanos le darían a Puerto Rico «la capacidad de establecer rutas marítimas y de logística internacional sin ningún tipo de cortapisa del Gobierno federal».

«La idea es tener una transición lo más cómoda, inexpugnable y razonable posible para que Puerto Rico pueda ejercer sus funciones como entidad internacional y entrar en las relaciones comerciales con los diferentes países», sentenció.

Esta iniciativa es contraria a lo que busca el Gobierno de Puerto Rico, liderado por Jenniffer González, que defiende la ‘estadidad’ (anexión a EE. UU.).

La última consulta no vinculante sobre el estatus político de la isla, realizada en noviembre pasado, reflejó una preferencia por la ‘estadidad’ (56,82 %) pero con un fuerte repunte de las opciones de soberanía en libre asociación e independencia.

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