In Pennsylvania, utility customers have the opportunity to choose their electricity or natural gas supplier, which may save them money. Regardless of who you choose to supply your energy, PECO will continue to serve as your energy delivery company and will respond to outages, manage billing, and assist you with any questions they may have.
If you are enrolled with a competitive electric generation or natural gas supplier, the rate charged by the supplier could be higher or lower than the rate charged by PECO. You should review contract terms and conditions and contact your supplier to discuss pricing options.
PECO’s Price to Compare (PTC) is the current rate for PECO customers – so if you are evaluating offers from competitive energy suppliers, it’s a good idea to review the rate they are offering you against PECO’s PTC. These prices change quarterly and more information about current and future rates can be accessed through the electricity and natural gas PTC pages.
Things to Consider
It’s important to know how to choose a supplier that best fits your household. Many offer fixed-rate offerings and lower prices; however, those rates can change if your contract with that supplier ends.
That is why it’s important to know your contract, investigate suppliers thoroughly, and ask the following questions:
Will the supplier charge a fixed or variable rate?
Is there an escalation clause in the contract?
How long is the contract term?
Are there any early termination or cancellation fees?
Based on PECO’s current PTC, how much will you save over the term of the contract?
If you have questions about the end of your contract you should contact your current supplier, which is listed on your PECO bill and, if there is a problem, then contact the Pennsylvania Public Utility Commission’s (PUC) Bureau of Consumer Services at 1-800-692-7380. More information on understanding a contract with a competitive natural gas or electric generation supplier can be found on the PUC’s websites at www.pagasswitch.com or www.papowerswitch.com.
What is a Supply Rate?
The supply rate is the portion of the bill that accounts for the actual natural gas or electricity that is used. Supply can be purchased through a competitive energy supplier or from PECO. When purchased from PECO, these costs are passed along to you at exactly the cost that PECO pays, without a profit mark-up.
To learn more about your bill, energy assistance programs, and more, visit peco.com/BillSupport
If you are looking to switch to a third-party supplier, we encourage you to evaluate rates, contract terms, and potential fees. For more information on suppliers, PECO’s current PTC, and a helpful video, visit our website at peco.com/choice.
Gálvez lamenta que EE. UU, que ha sido por siglos el país que ha abierto las puertas a millones de inmigrantes, se encuentre hoy en esta situación de persecución indiscriminada contra el inmigrante.
En entrevista con Alex Galvez, prestigioso abogado especialista en temas de inmigración, insistió en lo importante que es para la población inmigrante que esté lo mejor informada posible sobre las consecuencias de las decisiones del Gobierno, al querer cumplir con la promesa de realizar la “madre de todas las deportaciones”, y en especial, las políticas migratorias sobre “deportación expedita”.
La Administración Trump, está deteniendo indocumentados con antecedentes penales, pero también a muchos que no tienen ningún récord criminal; y lo que es más preocupante, a personas que ya tienen un permiso de residencia permanente o, inclusive, de naturalización, y que hoy también hacen parte de los que están en la mira.
Aunque el objetivo sería deportar a todos los indocumentados como lo han repetido desde lo más altos rangos del Gobierno, Galvez subraya algunas cifras sobre la importancia del trabajo de todos los inmigrantes en la economía del país.
Tan solo los inmigrantes indocumentados pagaron 96.7 mil millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales en el año 2022.
La mayor parte de esa cantidad, 59.4 mil millones de dólares, se pagó al Gobierno federal, mientras que los 37.3 mil millones restantes se destinaron a los gobiernos estatales y locales.
Según estas cifras, reportadas por el ITEP, los inmigrantes indocumentados pagaron un promedio de 8,889 dólares por persona en impuestos federales y estatales ese año.
En otras palabras, por cada millón de inmigrantes indocumentados que residen en el país, los servicios públicos reciben 8.9 mil millones de dólares adicionales en ingresos fiscales.
Ande la pregunta de si es cierto que el IRS piensa divulgar todos los datos que tiene en los ITINs sobre el estatus legal de los contribuyentes, Galvez ha aclarado que lo que el Departamento de Impuestos ha hecho es un acuerdo con el Gobierno, según el cual, el IRS dará la información sobre los datos de los poseedores de un ITIN cuando tengan ordenes de deportación, y de quienes tengan antecedentes penales; aclaró que es una medida que ha existido desde siempre y no es nueva.
En la misma línea, recordó que el Servicio de Inmigración también tiene derecho a pedir información de los Departamentos de “Motor Vehicle”; especialmente en estados donde se expiden permisos de conducción a personas sin estatus migratorio legal.
También recomienda ser muy cuidadosos con las compañías de teléfono, ya que estas suelen vender los listados y la información de todos los que han comprado líneas telefónicas; y el Gobierno puede comprar y tener acceso a estas listas, por lo cual, una medida de cautela recomendada es no poner las líneas telefónicas bajo el propio nombre, lo cual hace a la persona rastreable a través del GPS del aparato, si no preferiblemente bajo el de un amigo o familiar con estatus legal regular.
Ante la revocación del TPS (Tratado de Protección Temporal) para los venezolanos, haitianos, cubanos y nicaragüenses, la eliminación del “parole” humanitario y otras políticas disuasivas, inclusive frente a la inmigración legal, es necesario también mantenerse al día, a pesar de una vorágine constante de nueva información.
Recomienda que si alguien tuvo un caso bien fundamentado durante la obtención de su TPS, que trate de “saltar” pronto hacia la obtención de un estatus menos temporal; aunque aconsejó no hacerlo si el caso es “débil”; porque aumenta mucho la probabilidad de que sea negado, y de que entre en el túnel de la deportación expedita.
Galvez hace énfasis en su advertencia de no caer en las “trampas” que considera que están utilizando ante la desesperación de que ya se les acabaron los delincuentes por deportar, como por ejemplo auto deportarse y avisar al gobierno en la APP que ofrecen para ello, o registrarse si es mayor de 14 años, si no cuenta ya con un caso abierto en migración.
También considera que lo que les sucedió a los venezolanos y salvadoreños, que terminaron en una cárcel para “terroristas” en El Salvador podría ocurrirles, por ejemplo, a los mexicanos, ya que también varios grupos del crimen organizado ahora son considerados terroristas.
El abogado cree que ya se está viviendo una crisis constitucional por el desacato a la orden de un juez que trataba de evitar las deportaciones a la cárcel de El Salvador.
Y es que, aunque la Constitución no solo protege al ciudadano y al residente, sino también al inmigrante, y al indocumentado, lo que ha venido sucediendo va en contra de lo que se debería respetar, es decir su presunción de inocencia, y no debería ser sujeto de deportación por el mero hecho de ser un indocumentado de cierta nacionalidad, con algunos tatuajes, para condenarlo como miembro de una pandilla.
Galvez puntualizó que las leyes son para proteger al más vulnerable; por lo cual, no importa si fueran solo 5 inocentes entre doscientos deportados. “Los derechos de cada uno de esos cinco son preciosos e inviolables”.
Galvez concluyó recordando el riesgo que existe de que Estados Unidos, que ha sido “la democracia más exitosa en la historia del mundo”, realmente se encuentre en peligro de derrumbarse ante los intentos de la presente Administración de pasar por encima de los otros dos poderes para imponer decisiones autocráticas, que pueden subvertir el orden legal y desatar una crisis institucional de proporciones mayúsculas.
El presidente Donald Trump sonríe durante un evento para anunciar la imposición de nuevos aranceles en la Rosaleda de la Casa Blanca, el miércoles 2 de abril de 2025, en Washington. A la derecha se encuentra el secretario de Comercio, Howard Lutnick. (Foto: AP/Evan Vucci)
Aranceles de Trump han puesto a los mercados en jaque y están propiciando alianzas impensables para defenderse.
Los aranceles que del presidente Trump han desatado una guerra comercial internacional y han provocado terremoto en los mercados.
Europa se encuentra evaluando su respuesta ante lo que consideran el ataque de un aliado, mientras que Asia, siendo el continente más golpeado, reacciona con el anuncio de una alianza impensable entre China, Corea del Sur y Japón, para combatir unidos el latigazo de EE. UU.
México celebró el jueves haber quedado afuera de la más reciente ronda de aranceles globales aplicados por Estados Unidos pero no es ajeno a los efectos y la incertidumbre que ha generado la decisión en la economía mundial.
Si bien los aranceles fueron parte de su estrategia económica en su anterior Gobierno, ahora economistas enfatizan que en esta ocasión podría haber mayores consecuencias para las empresas y economías de todo el mundo, y para los bolsillos de los más vulnerables, ya que podrían experimentar una caída de ingresos de hasta el 5,5 %, según un estudio de un centro de investigación de la Universidad de Yale, sin embargo creen que el impacto de los aranceles será mayor en los hogares con ingresos medios y altos que en los de bajos ingresos, ya que aquellos estadounidenses con mayores recursos también gastan más. Los hogares pertenecientes al 10 % más rico perderían alrededor de 9.500 dólares anuales por hogar, mientras que los de ingresos medios verían una reducción de aproximadamente 3.800 dólares al año.
Desde el 20 de enero cuando Trump retomó el poder, anunciaba el “el día de la liberación” y la cronología caótica para la imposición de los nuevos aranceles, culminó el 2 de abril; actuando sin el Congreso al amparo de la Ley de Poderes de Emergencia Internacional de 1977. El mandatario declaro una emergencia económica nacional con el fin de lanzar los amplios impuestos a las importaciones.
Trump anunció sus aranceles «recíprocos», (ya que no se ha comprobado que así lo sean confundiéndolos con los déficit comerciales pues EE. UU. es el máximo consumidor del mundo por su fuerte economía) declarando un impuesto base del 10% sobre las importaciones de184 países y territorios, así como tasas de aranceles más altas para docenas de naciones que tienen superávits comerciales con EE. UU.
La medida equivale a un aumento histórico de impuestos que podría llevar el orden global a un punto de ruptura. Inicia lo que podría ser una transición dolorosa para muchos estadounidenses, ya que se espera que los elementos esenciales de la clase media, como la vivienda, los automóviles y la ropa, se vuelvan más costosos, a la vez que se interrumpen las alianzas construidas para asegurar la paz y la estabilidad económica.
Trump dijo que estaba actuando para traer cientos de miles de millones de dólares en nuevos ingresos al Gobierno y restaurar la equidad en el comercio global.
La presidenta de México Claudia Sheinbaum, habla este jueves durante una rueda de prensa en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán
Canadá y México no enfrentarían tasas más altas de las que ya les cobra Trump por lo que, asegura, es un esfuerzo por poner fin a la inmigración ilegal y al contrabando de drogas. Por el momento, los bienes que cumplen con el pacto comercial T-MEC quedarían exentos de esos aranceles.
Sin embargo, las importaciones de ambos países, los dos mayores socios comerciales de EE. UU., sí seguirán sujetas a un arancel del 25 %, además de otro arancel del 25 % para el acero y el aluminio, lo que elevará el precio de esos materiales al 50 %.
Pero el 20% que se cobra a las importaciones de China por su papel en la producción de fentanilo se sumaría en gran medida al 34% que anunció Trump. Los productos específicos que Trump está grabando, como los automóviles, quedarían exentos de los aranceles del miércoles, al igual que artículos como los medicamentos farmacéuticos, los cuales tiene previsto gravar en una fecha posterior.
La tasa del 10% se cobrará desde el sábado, cuando esta un llamado a protestas masivas en contra de las políticas de Trump y Musk, y las tasas más altas se cobrarían a partir del 9 de abril.
La representante demócrata Suzan DelBene dijo que los aranceles son “parte del caos y la disfunción” que se está generando en el gobierno de Trump. Enfatizó que Trump no debería tener la autoridad exclusiva para aumentar los impuestos como pretende sin la aprobación de los legisladores, y señaló que, hasta ahora, los republicanos han sido “ciegamente leales”.
El Senado aprobó el miércoles una resolución que frustraría la capacidad Trump para imponer aranceles a Canadá, dándole un raro revés a las políticas MAGA; aprobada por votación de 51-48, pondría fin a la declaración de emergencia de Trump sobre el fentanilo que sustenta los aranceles a Canadá.
Paul, el senador independiente Angus King de Maine y cinco demócratas liderados por el senador Tim Kaine de Virginia son copatrocinadores de la resolución de una sola frase que pone fin a la declaración de emergencia.
Temprano el miércoles, Trump había presionado a los cuatro republicanos que votaron a favor de la resolución: Lisa Murkowski, de Alaska; Susan Collins, de Maine; Mitch McConnell, de Kentucky, y Rand Paul, de Kentucky.
En una publicación en redes sociales poco antes de la 1 de la mañana, Trump dijo que “esperemos que (los cuatro senadores) se suban al carro republicano, para variar, y luchen contra el empuje salvaje y flagrante de los demócratas para no penalizar a Canadá por la venta de grandes cantidades de fentanilo en nuestro país”.
Para justificar los aranceles, Trump ha argumentado que Canadá no está tomando las medidas suficientes para detener el ingreso de drogas ilegales por la frontera norte. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza incautó 19,5 kilogramos (43 libras) de fentanilo en la frontera norte durante el año fiscal 2024, y desde enero, las autoridades han incautado menos de un kilo (1,5 libras), según datos federales. Mientras tanto, en la frontera sur, las autoridades incautaron más de 9.500 kilogramos (21.000 libras) el año pasado.
Los demócratas argumentaron que Trump está utilizando los aranceles para pagar recortes de impuestos que beneficiarían a los ricos, pero que encarecerán el día a día, la construcción de viviendas, y causarán alteraciones en diversas industrias y aumentarán los precios de productos básicos importados.
Los resultados electorales en Wisconsin y Florida que dieron señales de alerta a los republicanos sobre la popularidad de la agenda de Trump.
(Foto: EFE/ALLISON DINNER)
Cada dólar recaudado en ingresos por aranceles sale directamente de los bolsillos de los consumidores estadounidenses.
Los líderes de Pensilvania están reaccionando, y muchos economistas advierten que la medida podría significar que los consumidores de Pensilvania pagaran más por muchas necesidades básicas. Varios legisladores de Pensilvania, desde el gobernador hasta miembros del Congreso, reaccionaron a la noticia de los aranceles.
El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, durante una visita a una cervecería de Lehigh Valley, el gobernador criticó duramente los nuevos aranceles, calificándolos de un nuevo impuesto para residentes y empresas.
«Los nuevos aranceles federales que entran en vigor hoy son un impuesto para nuestras empresas y consumidores que aumentará los costos para todos; incluso encarecerán la cerveza», declaró Shapiro.
La oficina de Shapiro señaló que los aranceles del 25 % de la administración Trump sobre el acero y el aluminio ya están aumentando los costos para las pequeñas empresas, obligándolas a absorber los mayores costos de producción o a trasladarlos a los consumidores.
El congresista demócrata Brendan Boyle, representante del 2.º Distrito, criticó los aranceles a través de X, calificándolos como «el mayor aumento de impuestos en la historia de Estados Unidos».
El republicano Guy Reschenthaler, un ferviente partidario de Trump que representa al 14.º Distrito de Pensilvania, declaró a través de X: «Apoyo plenamente los esfuerzos cruciales del presidente Trump para corregir este error generacional, traer empleos manufactureros a casa y revitalizar a las familias trabajadoras estadounidenses».
En concreto, los hogares con un ingreso disponible promedio de alrededor de $43,000, uno de los más bajos del país, verían una reducción de su ingreso disponible del 2.3 % con los nuevos aranceles y del 4 % si se incluyen todos los aranceles de 2025, según el estudio de Yale.
La investigación sugiere que los aranceles podrían tener un impacto devastador en muchas personas en los tramos de ingresos más bajos. En Pensilvania, el ingreso familiar promedio de $76,081, según los últimos datos del censo disponibles, es inferior al del resto del país ($78,538). El ingreso per cápita es de $43,104, con un 12 % de los residentes en situación de pobreza.
«Los nuevos aranceles federales que entran en vigor hoy son un impuesto para nuestras empresas y consumidores que aumentará los costos para todos; incluso encarecerán la cerveza», declaró Shapiro. El obernador de Pensilvania, Josh Shapiro. (Foto: Archivo)
Los estadounidenses más ricos —aquellos con $500,000 o más de ingresos disponibles— verían una disminución en su ingreso disponible del 0.9 % con los nuevos aranceles y del 1.6 % en general, según el estudio.
Los investigadores de Yale indicaron que los precios de la ropa podrían aumentar un 8% como resultado de los aranceles del miércoles y un 17 % con respecto a todos los aranceles estadounidenses.
Los precios de los alimentos también se ven afectados desproporcionadamente por los aranceles y aumentarían otro 1,6 %, lo que equivale aproximadamente a la inflación de los últimos 12 meses en los precios de los comestibles, según los investigadores. Se espera que los precios de los comestibles suban un 2,8 % en general a partir de todas las medidas arancelarias de 2025, y que los productos frescos suban un 4 % en general.
Empleada en oficina Benephilly dando servicio. (Foto: Cortesia/Ciudad de Filaldelfia)
The moratorium that protects residents from water service cutoffs ended on March 31, and at the same time, the Philadelphia Water Department (PWD) issued a formal notice of these proposed changes.
This is due to the fact that in February of this year, the same department sent advance notice of the proposed changes to its rates and general charges, which are expected to take effect on September 1, 2025, and September 1, 2026.
For the past several years, residents have had to endure rate changes, and it seems that increases are imminent. Historically, predominantly Black and Latino ZIP codes such as 19140, where Hunting Park is located, have been disproportionately affected by service cutoffs.
Ready or not, water service bills in Philadelphia are likely to increase in the coming months with a tiered rate starting in 2025, and potentially again in 2026 if approved during a hearing scheduled for June.
Many people are wondering ¿ How Philadelphia determines water rates?. All this information is available for public inspection at: www.phila.gov/water/rateboard. Before implementing the new rates, the Philadelphia Water, Sewer, and Stormwater Rate Board will review the Department’s request and schedule public participation and technical hearings to determine whether the proposed new rates are fair and reasonable.
Still, to offer some reassurance during this potentially overwhelming and unsettling process, the BenePhilly program provides personalized support. We spoke with Carmen Fonseca, a counselor at BenePhilly Esperanza. «We are here to support the community and assist with utility services, including electricity, water, and gas. Additionally, we help with all the programs that people may need related to utilities. These programs depend on the household’s income, the number of people living in the home, and we assist with qualifying them, so they feel secure and, above all, taken care of.»
This program is free and available to apply for public benefits. The fastest and most efficient way to help our community is with a single call or visit, where individuals can receive assistance with all the services they need to resolve and address immediately.
The Philadelphia Water Department (PWD), the municipal agency that provides water in Philadelphia, has the authority to cut off water service to residents when they cannot or do not want to pay their water bills.
Anyone affected by the proposed rates can participate in the proceedings by registering with the Board of Directors before April 7, 2025, at WaterRateBoard@phila.gov.
You can contact the City of Philadelphia at 215-685-6300 or by email at wrbheldesk@phila.gov to avoid a shutoff or restore your water service. You can also visit the Esperanza office in person at 4261 N 5th St, Philadelphia, 19140 or call directly at 215-324-0746 ext. 249.
Source: City of Philadelphia – BenePhilly (Esperanza office)
Empleada en oficina Benephilly dando servicio. (Foto: Cortesia/Ciudad de Filaldelfia)
La moratoria que protege a los residentes de cortes de agua finalizó el 31 de marzo y a la misma vez el Departamento de Agua de Filadelfia (PWD) presentó un Aviso formal de estos cambios propuestos.
Esto se debe a que en el mes de febrero de este año el mismo departamento envió un Aviso anticipado de los cambios propuestos por el Departamento a sus tarifas y cargos generales, que se propone que entren en vigor el 1 de septiembre de 2025 y el 1 de septiembre de 2026.
Por los pasados años los residentes han tenido que cargar con el cambio de tarifas y parece ser que los aumentos van a ser inminentes. Este es el caso históricamente, los códigos postales predominantemente negros y latinos como 19140, donde se encuentra Hunting Park, han sido los más afectados de manera desproporcionada por los cortes.
Preparados o no, probablemente las facturas por el servicio de agua en Filadelfia podrían tener un aumento en los próximos meses con una tarifa escalonada este 2025 y para el 2026 si así lo deciden en una audiencia que se llevará a cabo en junio.
Muchos se preguntan cómo determina Filadelfia las tarifas de agua toda esta información está disponible para inspección pública en: www.phila.gov/water/rateboard. Antes de implementar las nuevas tarifas, la Junta de Tarifas de Agua, Alcantarillado y Aguas Pluviales de Filadelfia (Junta de Tarifas) revisará la solicitud del Departamento y programará audiencias de participación pública y audiencias técnicas para determinar si las nuevas tarifas propuestas son justas y razonables.
Aun así, para ofrecer a nuestra gente un poco de tranquilidad en este proceso que puede ser abrumador y desolador el programa de BenePhilly ofrece apoyo personalizado por eso conversamos con Carmen Fonseca consejera de Benephilly Esperanza “Aqui estamos para apoyar a la comunidad y ayudarlos con los servicios de utilidades entre ellos luz, agua y gas. Además, con todos los programas que necesitan servicios públicos. Los programas dependen de los ingresos de las personas, cuantas personas viven en el hogar y ayudamos con las cualificaciones para que se sientan seguros, pero sobre todo atendidos.
Este programa es gratuito y está disponible para solicitar beneficios públicos. La manera más rápida y eficiente para ayudar a nuestra comunidad es con una sola llamada o visita la persona recibe ayuda para todos los servicios que necesite resolver y atender de inmediato.
El Departamento de Agua de Filadelfia (PWD, por sus siglas en inglés), la agencia municipal que proporciona agua en Filadelfia tiene la autoridad para cortar el agua de los residentes cuando no pueden o no quieren pagar sus facturas de agua.
Cualquier persona afectada por las tarifas propuestas puede participar en el procedimiento registrándose en la Junta Directiva antes del 7 de abril de 2025 en WaterRateBoard@phila.gov
Puedes comunicarte con la Ciudad de Filadelfia al 215- 685- 6300 o por correo electrónico a wrbheldesk@phila.gov para evitar corte o restablecer su servicio de agua. También puedes visitar en persona la oficina de Esperanza 4261 N 5th St, Filadelfia, 19140 o llamando directamente al 215 324-0746 ext. 249
Fuente: Ciudad de Filadelfia– BenePhilly (oficina Esperanza)
LIHEAP es un programa financiado por el Gobierno federal y administrado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que ayuda a los residentes de Pensilvania calificados a pagar las facturas de calefacción de su hogar durante los meses de invierno. La asistencia está disponible tanto para inquilinos como para propietarios de viviendas. El período de solicitud de LIHEAP para subvenciones en efectivo y de crisis está abierto desde el 4 de noviembre de 2024 y se ha extendido hasta el 18 abril de 2025.
Los ingresos están disponibles en forma de dinero en efectivo o subvenciones de crisis que se distribuyen directamente a la compañía de servicios públicos de un hogar o al proveedor de combustible para calefacción del hogar. Las personas o los hogares no tienen que devolver la asistencia. La subvención en efectivo mínima de LIHEAP es de $200 y la subvención en efectivo máxima es de $1,000. Las personas y los hogares pueden recibir una subvención en efectivo por temporada de LIHEAP a diferencia de otros estados donde este programa está disponible todo el año.
En cuanto al Programa LIHEAP, la concejala por el Distro 7 de Filadelfia, Quetcy Lozada le envia un mensaje a nuestra comunidad ahora que se ha extendido la fecha limite hasta el 18 de abril . “La extensión del plazo para presentar la solicitud al programa LIHEAP es excelente para mis constituyentes y los residentes de Filadelfia en general. Este programa es uno de los mejores recursos que el gobierno de la Ciudad ofrece para ahorrar dinero en los costos de calefacción del hogar. Incluso se puede aplicar de manera retroactiva a las facturas que se pagaron este invierno”.
Además Lozada mencionó los programas relacionados con el agua y servicios públicos que ofrecen para los constituyentes. “Mi oficina ha conectado a docenas de constituyentes con LIHEAP y, en el pasado, he organizado campañas específicamente para asegurarme de que los miembros de la comunidad tengan acceso a este importante programa. Continuaremos difundiendo la noticia sobre la extensión del plazo y estamos listos para ayudar a cualquier miembro de la comunidad interesado en postularse.”
Las personas deben saber que se habla español y la concejala Lozada recalcó: «Mi personal bilingüe está disponible para ayudar a los constituyentes tanto en inglés como en español. Una de mis principales prioridades es asegurarme de que cada constituyente pueda recibir los servicios sin barreras”. Los vecinos pueden visitar su oficina del Distrito en 4821-A Frankford Ave o la oficina en el Ayuntamiento en la habitación 484. Estamos abiertos de 9:00 a.m. a 5:30 p.m. de lunes a jueves.
Por otro lado es importante aclarar que las personas o los hogares no tienen que devolver la asistencia. La subvención en efectivó mínima de LIHEAP es de $200 y la subvención en efectivo máxima es de $1,000. Las personas y los hogares pueden recibir una subvención en efectivo por temporada. Esto a diferencia de otros estados donde este programa está disponible todo el año.
Los residentes de Pensilvania pueden solicitar LIHEAP y otros programas de asistencia pública como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) en línea en www.dhs.pa.gov/compass o por teléfono al 1-866-550-4355. Los residentes de Pensilvania no necesitan conocer su propia elegibilidad para presentar una solicitud.
También la consejera de Benephilly en la oficina de Esperanza Carmen Fonseca compartió la importancia del programa. “Este programa ayuda a las personas que sufren algunas crisis con sus servicios de la luz y el gas”. Esta es una subvención única que ayuda con los anuncios de facturas vencidas y cortes del servicio por eso deben saber que la fecha limite esta a la vuelta de la esquina.
Las personas interesadas en recibir más información pueden visitar las oficinas de Esperanza de lunes a viernes de 9:00 am a 5:00 p.m en las oficinas de Esperanza ubicadas en la 4261 N 5th, Filadelfia, PA 19140. o comunicarse directamente al 215 324-0746 ext. 249.
LIHEAP is a program funded by the federal government and administered by the Department of Homeland Security (DHS) that helps qualified residents of Pennsylvania pay their home heating bills during the winter months. Assistance is available to both tenants and homeowners. The LIHEAP application period for cash grants and crisis grants opened on November 4, 2024, and has been extended until April 18, 2025.
The funds are available in the form of cash or crisis grants that are directly distributed to a household’s utility company or home heating fuel provider. Individuals or households do not need to repay the assistance. The minimum LIHEAP cash grant is $200, and the maximum cash grant is $1,000. Individuals and households can receive one cash grant per LIHEAP season, unlike other states where this program is available year-round.
Regarding the LIHEAP Program, Councilwoman Quetcy Lozada sends a message to our community now that the deadline has been extended to April 18. «The extension of the LIHEAP application deadline is excellent for my constituents and Philadelphia residents in general. This program is one of the best resources the city government offers to save money on home heating costs. It can even be applied retroactively to bills paid this winter.»
Additionally, Lozada mentioned related water and utility programs available to constituents. «My office has connected dozens of constituents with LIHEAP, and in the past, I have organized campaigns specifically to ensure that community members have access to this important program. We will continue spreading the word about the deadline extension and are ready to assist any community member interested in applying.»
The constituents should know that Spanish is spoken, and Councilwoman Lozada emphasized, «My bilingual staff is available to assist constituents in both English and Spanish. One of my top priorities is to ensure that every constituent can access services without barriers.» Constituents can visit her District office at 4821-A Frankford Ave or the City Hall office in Room 484. We are open from 9:00 a.m. to 5:30 p.m., Monday through Thursday.
The minimum LIHEAP cash grant is $200, and the maximum cash grant is $1,000. Individuals and households can receive one cash grant per season, unlike other states where this program is available year-round. It is important to clarify that individuals or households do not need to repay the assistance.
Pennsylvania residents can apply for LIHEAP and other public assistance programs such as the Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) online at www.dhs.pa.gov/compass or by phone at 1-866-550-4355. Pennsylvania residents do not need to know their eligibility to apply.
Councilwoman Carmen Fonseca from Benephilly Esperanza office added, “This program helps people who are facing crises with their utility services.” This is a one-time grant that helps with overdue bills and service shutoffs, so they need to know that the deadline is fast approaching.
Those interested in more information can visit Esperanza’s offices Monday through Friday from 9:00 a.m. to 5:00 p.m. at 4261 N 5th Street, Philadelphia, PA 19140, or contact them directly at 215-324-0746 ext. 249.
La migración de profesionistas extranjeros a países como Estados Unidos es un fenómeno que ha generado un intenso debate público. A menudo, se les acusa de «robar» empleos a los ciudadanos locales, pero una mirada más profunda desde el materialismo dialéctico (que cuestiona si el mundo está desarrollándose cualitativamente, así como de una forma conectada. O, simplemente, si lo hacemos de forma estática y sin cambios cualitativos) revela que esta narrativa es simplista y oculta las complejidades estructurales del sistema económico global.
Esta reflexión busca analizar la migración de profesionistas desde una perspectiva materialista, utilizando datos y ejemplos concretos para entender cómo las dinámicas económicas y sociales condicionan este fenómeno.
El materialismo dialéctico nos invita a entender los fenómenos sociales como el resultado de contradicciones inherentes al sistema económico. En el caso de la migración de profesionistas, estas contradicciones se manifiestan en la tensión entre la necesidad de mano de obra calificada en países desarrollados y la fuga de talento en países en vías de desarrollo.
¿Qué tienen en común un ingeniero de software indio, un médico filipino y un investigador mexicano?
Todos son migrantes que no huyen de la pobreza ni de la violencia, pero cuya migración está llena de desafíos. Esta es la «otra migración»: la de los expatriados que buscan oportunidades en un país que, paradójicamente, los necesita, pero a veces los rechaza.
Desde una perspectiva materialista, la migración de profesionistas puede entenderse como una consecuencia de la división internacional del trabajo. Los países desarrollados, como Estados Unidos, han externalizado gran parte de su producción industrial a países con mano de obra más barata, mientras que concentran en su territorio las actividades de mayor valor agregado, como la investigación y el desarrollo tecnológico. Esto crea una demanda de trabajadores altamente calificados que, en muchos casos, no puede ser satisfecha localmente.
Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), en 2023 se emitieron más de 140,000 visas basadas en empleo, principalmente porque no hay suficientes trabajadores locales capacitados para ciertos puestos. Esto plantea preguntas incómodas: ¿acaso hay mayor competitividad académica en el extranjero? ¿O los sueldos ofrecidos para dichos puestos son tan bajos que solo un extranjero podría aceptar ese salario?
El materialismo dialéctico también nos permite analizar cómo la migración de profesionistas reproduce las desigualdades globales. Mientras que los países desarrollados se benefician del talento extranjero, los países en desarrollo pierden a sus mentes más brillantes, lo que perpetúa su dependencia económica. Este fenómeno, conocido como «fuga de cerebros», es una manifestación de la explotación capitalista a escala global.
Por ejemplo, un médico filipino que migra a Estados Unidos puede ganar un salario significativamente mayor que en su país de origen, pero su migración también implica una pérdida para el sistema de salud filipino, que invirtió en su formación. Esta dinámica no solo beneficia a los países receptores, sino que también refuerza las desigualdades entre naciones.
En Estados Unidos, la migración de profesionistas coexiste con la migración de trabajadores no calificados, quienes realizan labores en sectores como la construcción, la limpieza, el mantenimiento y el transporte. Según el informe de empleo más reciente de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), hasta febrero de 2025, el 71,54% de los trabajadores estadounidenses (de todos los empleados no agrícolas) trabajaban en industrias privadas proveedoras de servicios. Estos sectores dependen en gran medida de la mano de obra migrante, ya que muchos ciudadanos estadounidenses no están dispuestos a tomar estos empleos debido a los bajos salarios y las duras condiciones laborales.
Esta dualidad en el mercado laboral refleja otra contradicción del sistema capitalista: la necesidad de mano de obra barata para mantener la rentabilidad de ciertos sectores, mientras que, al mismo tiempo, se requiere mano de obra altamente calificada para impulsar la innovación y el crecimiento económico.
La narrativa de que los migrantes «roban» empleos ha dominado el discurso público durante años, pero los datos cuentan una historia diferente. La migración de profesionistas no es un fenómeno aislado, sino el resultado de las dinámicas económicas globales. En lugar de culpar a los migrantes, es necesario cuestionar las estructuras que generan estas desigualdades.
Por ejemplo, ¿por qué un país con universidades de élite como Estados Unidos necesita «importar» talento? La respuesta puede encontrarse en las limitaciones del sistema educativo y laboral local.
A pesar de contar con instituciones educativas de primer nivel, muchos estadounidenses enfrentan barreras para acceder a empleos bien remunerados en sectores de alta especialización. Esto se debe, en parte, a la falta de inversión en educación técnica y científica, así como a la precarización del mercado laboral.
La migración de profesionistas no es solo un tema de visas y empleos; es un reflejo de las desigualdades globales y locales. Mientras algunos países pierden a sus mentes más brillantes, otros las reciben con los brazos abiertos. La pregunta no es si los migrantes «roban» empleos, sino qué estamos haciendo como sociedad para asegurar que el talento, sin importar su origen, sea una fuerza de progreso para todos.
Desde una perspectiva materialista, es evidente que la migración de profesionistas es un síntoma de las contradicciones del sistema capitalista. Para abordar este fenómeno de manera justa y equitativa, es necesario transformar las estructuras económicas y sociales que lo generan. Solo así podremos construir un mundo en el que el talento no sea una mercancía, sino un recurso compartido para el bien común.
Tamara Contreras, una de las expertas invitadas, haciendo uso de la palabra. (Foto: Cortesía/CCATE)
Norristown, PA- El Centro de Cultura, Arte, Trabajo y Educación (por su acrónimo CCATE) llevó a cabo su tercera asamblea comunitaria desde que dio inicio la nueva Administración del presidente Trump, y en esta ocasión con el tema salud emocional. La reunión se celebró el 27 de marzo en sus instalaciones en el condado de Montgomery, Pensilvania.
Esta serie de asambleas donde han participado cientos de personas, tiene como objetivo reunir a diversos niveles de funcionarios, y expertos en distintos temas específicos, con el fin de ofrecer recursos y soluciones a la comunidad inmigrante latina.
El representante estatal Gregory Scott afirmó que la salud emocional es tan importante como la física y, lo ideal es que las personas que requieren estos servicios los reciban en su idioma materno. “Hemos estado trabajando con el Distrito Escolar, la Policía y CCATE en estos tiempos de crisis debido a las políticas antiinmigrantes”, precisó.
Obed Nogueda, a la izq. y el representante estatal Gregory Scott, a la der. (Foto: Cortesía /CCATE)
Obed Nogueda destacado miembro de la comunidad y especialista en salud mental, ha visto con frecuencia la respuesta de las comunidades latinas. “Muchos amigos se han mudado de casa para evitar cualquier riesgo (de deportación)”.
Por su parte, la Oficina de la congresista estatal Cappelletti, ha notado la preocupación de los residentes a ir a sus oficinas, y de ir a recoger a los niños a la escuela. Esta funcionará afirmó que su oficina es un espacio seguro y que la Policía de Norristown no comparte información de tema migratorio, precisando que no se solicita el estatus migratorio para hacer un reporte a la policía ni tampoco se comparte esa información con las autoridades federales.
Ana Santoyo puntualizó que hay mucho estrés mental no solo entre los latinos sino también en todos los inmigrantes. La directora de salud local Christina Miller, precisó que han bajado las citas para las vacunas y que su oficina no pide ni guarda información de estatus migratorio y tiene el compromiso de ayudar a la comunidad para sentirse segura.
Tamara Contreras, quien trabaja en el Consulado de México de Filadelfia, informó que han aumentado las citas de padres mexicanos para registrar a sus hijos nacidos en Estados Unidos y darles la nacionalidad mexicana. Dijo haber notado también que hay miedo de las mujeres migrantes de salir a las calles, y en ocasiones padecen violencia doméstica, acrecentándose al quedarse en casa con su agresor. “Muchas organizaciones comunitarias piden talleres para conocer los derechos que existen para los migrantes”.
Jummy Kirby en la extrema izquierda es consejera de salud mental integral. (Foto: Cortesía/CCATE)
Por su parte, Jumney Kirby señaló que los niños tienen miedo, muestran sentimientos de inseguridad y en ocasiones se niegan a comer, “están absorbiendo estrés y miedos en sus cuerpos”, explicó la experta.
El administrador de Norristown Leonard Lightner especificó que, aunque no hay una clínica pública en Norristown, trabajan con el condado y otros departamentos, e invitó a los asistentes a acudir al ayuntamiento donde hay varias personas que hablan español.
Funcionarios públicos y expertos respondieron preguntas. (Foto: Cortesía/CCATE)
En esta asamblea se organizaron mesas de trabajo con los participantes de la comunidad, cada una bajo la dirección de un experto que asistió a la reunión.
Entre los temas que se abordaron, estuvieron la dificultad por la falta de seguro social para tener acceso a los servicios médicos públicos, el estigma de la salud mental en la comunidad latina asociado con la “locura” y el costo de los procesos largos de tratamiento.
Los expertos invitados fueron Tamara Contreras y Gonzaga Rodríguez, de la ventanilla de salud y coordinadora de Asuntos Comunitarios del Consulado de México, Ana Santoyo, administradora de salud conductual de Phoenixville Free Clinic, el psicoterapeuta Obed Nogueda y la consultora de salud mental integral, Jummy Kirby.
Entre los funcionarios públicos presentes, estuvieron Christina Miller, directora de salud pública del condado Montgomery, Leonard Lightner, Administrador de Norristown, senadora estatal del distrito 17, Amanda Cappelletti, Greg Scott representante estatal de Norristown, Conshohocken y Plymouth Meeting y Dave Corrigan, director de participación comunitaria de la oficina de la congresista Madeleine Dean.
Las autoridades compartieron los números telefónicos para solicitar servicios urgentes: 855-634-4673 y 988, e invitaron a estar al pendiente de las redes de CCATE para saber sobre próximas reuniones.
La alcaldesa aspira a proporcionar 30 mil soluciones de vivienda asequible bajo el programa “H.O.M.E.” (Foto: PHA/Archivo)
«Más allá de la seguridad pública, no hay problema más urgente para Filadelfia que el acceso a la vivienda», dijo recientemente la alcaldesa Cherelle Parker.
El costo de la vivienda es una de las principales preocupaciones de los residentes de Filadelfia, y de los latinos residentes en Estados Unidos.
La escasez de viviendas asequibles hace que los precios de las viviendas más baratas se eleven, que el número de viviendas asequibles disponibles sea cada vez menor y que las que haya sean más caras.
Sin embargo, aunque el precio de la vivienda (alquilada o comprada) es elevado, la financiación de vivienda asequible parece estar estancada a nivel federal. El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) recortó en febrero subvenciones por un importe aproximado de $30 millones.
«Los recortes a la financiación y al personal de las agencias federales que administran los programas de vivienda… reducirían drásticamente las opciones de vivienda asequible… los recortes en HUD, USDA y el Tesoro perjudicarían directamente a millones de familias de bajos ingresos», declaró la Asociación Nacional de Prestamistas de Vivienda Asequible en un comunicado.
Esta ley crearía 3 millones de viviendas nuevas, reduciría los costos de vivienda para inquilinos y propietarios, y ayudaría a las comunidades a construir más infraestructura, parques, carreteras y escuelas. Proporcionaría en un período de 10 años, más de 500,000 millones de dólares (que saldrían del aumento del Impuesto de Sucesiones) para construir más viviendas e incentivar a los gobiernos locales a eliminar trámites burocráticos que aumentan costos (eliminando restricciones de zonificación), restringiendo a las empresas de capital privado para comprar viviendas, entre otros.
Parece que hay consenso bipartidista en cuanto a la necesidad de mejorar la asequibilidad de la vivienda (un proyecto de ley de 2023 proponiendo la reforma de los programas de vivienda rural fue copatrocinado por cuatro senadores demócratas y cuatro republicanos y otro aprobado por el Senado en 2024 aumentaba la protección de los compradores de vivienda en los informes de crédito), sin embargo el proyecto de ley introducido por Warren no convence a todos.
Mientras tanto, gobiernos estatales y locales intentan paliar en sus demarcaciones el problema de vivienda mediante programas como Housing Opportunities Made Easy (H.O.M.E.) presentado hace unos días por la alcaldesa Parker.
HOME, «la mayor inversión individual en vivienda en la historia de Filadelfia», en palabras de Parker, es un plan que pretende crear y preservar 30,000 viviendas (13,500 nuevas y 16,500 preservadas). Para ello la alcaldesa pretende realizar una inversión de 2 mil millones de dólares, que además incluirá el embellecimiento de las calles de la ciudad y la creación de un nuevo programa hipotecario que permita a los compradores de vivienda dar un anticipo del 3% sin tener que pagar seguro hipotecario privado o PMI.
Este plan de vivienda será revisado por el Ayuntamiento junto con el gran plan presupuestario durante los próximos meses.
En el caso de Delaware, el pasado febrero, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. (HUD) canceló la subvención (aprox. $900,000) que recibía la Sociedad de Asistencia Legal Comunitaria de Delaware para hacer cumplir la ley de vivienda justa en el estado, por orden de DOGE.
En consecuencia, el gobernador Meyer se ha enfocado en los presupuestos para 2026 presentados el 27 de marzo en inversiones en aulas, vivienda asequible y atención médica para todos los habitantes de Delaware, por un total de más de $6.58 mil millones.
En materia de vivienda, se optimizarán los vales y aumentará la financiación del Programa Estatal de Asistencia para el Alquiler (SRAP), se incentivará la construcción de viviendas asequibles, ampliará la financiación de los programas de la DSHA que ofrecen préstamos a bajo interés y asistencia para el pago inicial, se construirá un sistema de respuesta coordinada para reducir la falta de vivienda y erradicar la indigencia infantil en Delaware y se financiará los Distritos de Desarrollo del Centro (DDD) en todo Delaware para promover el desarrollo sostenible de usos múltiples.
En términos económicos se traducirá en $19 millones para el Fondo para el Desarrollo de Viviendas, $5.5 millones para el desarrollo de distritos del centro, $6 millones para programas estatales de asistencia para el alquiler, $3 millones para el Programa de Vivienda para Trabajadores y $2 millones para el programa “Barrios Fuertes”.
El plan del gobernador Meyer incluye nuevas propuestas de ingresos, como aumentos de impuestos a los cigarrillos y otros productos de tabaco, además de la actualización de los tramos impositivos (quienes tengan ingresos imponibles de $134,667 o menos, no verán aumento en el impuesto sobre la renta personal).
Este «reajuste presupuestario» que describe nuevas prioridades de gasto y medidas para generar ingresos, ha sido cuestionado por algunos de los miembros republicanos de la Cámara tanto por el fondo (Meyer ha optado por realizar modificaciones significativas al presupuesto originalmente redactado por su predecesor, el gobernador Carney y dudan de su sostenibilidad a largo plazo) como por la forma (no se ha presentado como es la práctica habitual un borrador en enero, que se debata y consensué hasta el mes de junio).
Ahora los legisladores se preparan para revisar el presupuesto propuesto en las próximas semanas, en las que se espera que se intensifique el debate sobre cómo equilibrar las necesidades fiscales del estado con la salud a largo plazo de sus reservas financieras.
Mientras estas medidas esperan su debate y aprobación, las ciudades más deseables se están volviendo asequibles sólo para personas con recursos. La mayoría, con medios más modestos se ven obligados a desplazarse a sus trabajos, actividades, etc. realizando viajes más largos, lo que crea más tráfico, más tensión ambiental y una mayor división social.
