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Persisten muertes por sobredosis entre hispanos pese a leyes y ayudas millonarias

Foto: EFE/Octavio Guzmán


Denver (CO), Tanto la despenalización de ciertas drogas como la imposición de leyes más estrictas y la inversión de decenas de millones de dólares en programas de apoyo social han fracasado en su intento por reducir de forma sostenida las muertes por sobredosis entre los hispanos en Estados Unidos.

Pese a contar con una inversión de 25 millones de dólares, una ley aprobada en 2022 en Colorado para criminalizar la posesión de fentanilo no mostró efectos positivos ni negativos medibles en la reducción de sobredosis entre hispanos, según una investigación publicada este viernes.

Entre 2015 y 2023 en Colorado se triplicó el número de muertes por sobredosis entre hispanos en ese estado, subraya el reporte de la Universidad de Colorado y el Instituto de Investigaciones de Salud de Colorado.

De acuerdo con cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), la tasa de fallecimientos por sobredosis de sustancias controladas entre personas hispanas ha aumentado de manera constante desde 2015, reflejando un impacto desproporcionado en comparación con otros grupos étnicos.

En 2023, la tasa ajustada por edad de muertes por sobredosis entre hispanos alcanzó los 22,8 por cada 100.000 habitantes, por debajo de la registrada entre afroamericanos no hispanos (48,9) y blancos no hispanos (33,1), pero manteniendo una tendencia creciente.

El estudio en Colorado añade que las tasas de mortalidad entre la población hispana fueron entre 1,5 y 2 veces más altas que entre los blancos no hispanos.

«No me sorprendió que las sobredosis no disminuyeran, incluso se mantuvieron o aumentaron en ciertos sectores», afirmó Cole Jurecka, coautor del estudio, al subrayar que «aumentar las sanciones penales no mejora los resultados en materia de salud».

Tampoco la despenalización ha dado los resultados esperados. En Oregón, una medida aprobada en 2021 para eliminar arrestos por posesión de pequeñas cantidades de drogas fue parcialmente abolida en septiembre de 2023 tras la inversión de 300 millones de dólares, y quedó sin efecto en marzo de este año.

Datos de la gobernación detallan que no se lograron reducir las adicciones, las sobredosis ni el número de personas sin hogar, incluso con un presupuesto de más de 300 millones de dólares.

En Texas, donde se mantienen estrictas leyes de penalización y existe cooperación con los CDC desde 2023, las muertes por sobredosis crecieron un 75 % en los últimos cinco años, afectando principalmente a blancos y negros, aunque también aumentaron entre hispanos, según informó esta semana el Departamento de Servicios de Salud de ese estado.

En el estado de Washington, las políticas de despenalización derivaron en una reducción de arrestos y en una estabilización, aunque no disminución, de muertes por sobredosis, según un análisis de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York, que advierte que el impacto de estas medidas depende de su implementación y del sistema de apoyo que las acompañe.

Según los CDC, Washington y Oregón, junto con Alaska y Nevada, figuran entre los cuatro estados que registraron aumentos en las muertes por sobredosis entre 2023 y 2024, mientras que 17 estados reportaron reducciones significativas, como Carolina del Norte, con un descenso del 24 %, y el resto presentó cifras estables.

Para Jurecka, la clave está en «expandir el acceso a tratamientos» sin vincularlo al endurecimiento de sanciones.

Vanessa Caracoza abraza su identidad latina mientras sigue avanzando en sus conquistas

Vanessa Caracoza
Vanessa habla con soltura español e inglés. (Foto: Leticia Roa Nixon)

Vanessa Caracoza es una notable servidora pública en la ciudad de Filadelfia, a sus 32 años es la subdirectora ejecutiva de la Oficina de Comisionados de la Ciudad desde abril de 2021. En este cargo, Vanessa lidera la planeación estratégica, el establecimiento de diez oficinas satelitales para las elecciones del condado de Filadelfia, así como la expansión de otros lugares para enviar la boleta electoral por correo. Su liderazgo ha sido instrumental en expandir el acceso al proceso democrático y apoyar la participación electoral equitativa.

Vanessa Caracoza es una funcionaria pública dedicada a la comunidad. (Foto: Cortesía/Vanessa Caracoza)

Su trabajo se expande más allá de las elecciones, por ejemplo, en la salud pública, donde ha encabezado iniciativas para abordar disparidades en el acceso a vacunas y otros recursos de salud comunitarios. Ella ayudó a alcanzar el umbral del 75% de la vacunación contra el COVID-19 durante la época critica de la pandemia.

Vanessa también es presidenta del capítulo Filadelfia de «Association of Latino Professionals for America» (por su acrónimo en inglés, ALPFA).

En su término de dos años (2024-2026), lidera a esta organización en su compromiso para promover las carreras y el impacto de los profesionales latinos en varias áreas.  Su visión estratégica, experiencia y pasión por la diversidad, así como inclusión y representación, se alinean de manera continua con la misión de la asociación, para crear oportunidades y promover liderazgo en la comunidad latina.

La dedicada profesionista fue la oradora principal de «Latinas in Business», evento con motivo del Mes Internacional de la Mujer el 30 de marzo, con otras renombradas latinas Lynette Perez, interventora y contadora pública certificada; Jennifer Rafeh, fundadora de «Executive Multiservices» y «South Philly Home Care» y Goselle Poveda, propietaria de «Café Tinto».

Estos son algunos recuerdos de sus visitas a México, en Guanajuato y en Galeana, Michoacán. (Foto: Cortesía/Vanessa Caracoza)
 

SUS RAÍCES MEXICANAS

Vanessa es hija de padres mexicanos migrantes, oriundos del estado de Michoacán, de la localidad de La Galeana. En la actualidad ellos viven cerca de la frontera de Tamaulipas y Estados Unidos. Debido a los constantes viajes de sus padres a la Unión Americana, ella nació en Las Vegas, Nevada en agosto de 1992. A los pocos meses de nacida, sus padres la llevaron a Michoacán donde estudió su prescolar, aunque era muy pequeñita, Vanessa se siente apegada a su cultura y raíces mexicanas.

La joven líder obtuvo su licenciatura en filosofía en la Universidad Estatal de Arizona. Poco tiempo después de su graduación, trabajo en campañas políticas, incluida la de la Oficina del alcalde de Boston, para el Avance de los Inmigrantes.

Comparte que su activismo la llevó a San Antonio, Pittsburgh y Massachusetts, entre otros lugares. Recuerda que comenzó a registrar votantes para la senadora Wendy Davis en su contienda electoral para la gubernatura de Texas.

Vanessa Caracoza una notable servidora pública junto a Jenny Rafeh, Martin Alfaro, Lynnette Pérez Pizarro, Giselle Poveda. (Foto: Cortesía/Vanessa Caracoza)

Su conciencia social se formó durante sus estudios universitarios, cuando frecuentaba University of Texas Rio Grande Valley.

Estos son algunos recuerdos de sus visitas a México, en Guanajuato y en Galeana, Michoacán. (Foto: Cortesía/Vanessa Caracoza)
 

Esa concientización de las personas que viven en los márgenes de la sociedad está al frente de todo lo que hace.

En su opinión, «como comunidad tenemos poder político y nuestra participación cívica no solo debe ser durante las elecciones presidenciales, cada cuatro años, sino en todos los procesos electorales cada seis meses en Filadelfia, las próximas elecciones para jueces y Fiscal de Distrito son el 20 de mayo», puntualizó.

Inmigrantes en libertad condicional, un nuevo objetivo para las deportaciones en EE.UU

Imagen de archivo de migrantes que esperan para subir a un avión para un vuelo de deportación. EFE/ Bienvenido Velasco

Al plan de deportaciones masivas del presidente estadounidense, Donald Trump, se suma ahora una nueva modalidad con una mayor colaboración del sistema penitenciario estatal para localizar y detener a inmigrantes que se encuentran en libertad condicional, incluso por delitos menores.

Abogados de inmigración en Utah han denunciado el aumento de esta práctica del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en ese estado desde diciembre pasado, cuando oficiales estatales de supervisión de libertad condicional comenzaron a arrestar directamente a inmigrantes en el momento en que se presentaban a sus citas programadas, incluso por delitos menores.

«La práctica es deshonesta», declaró el abogado Adam Crayk al periódico Salt Lake Tribune, al denunciar que los oficiales «piden a los inmigrantes que se reporten, y luego ICE los detiene».

Por su parte, los abogados Chris Keen y Orlando Luna afirmaron que esta situación ha minado la confianza tanto de los inmigrantes como de sus defensores legales en el sistema judicial.

Sin consejo legal adecuado

Frente a este panorama, los juristas se muestran reticentes a aconsejar a sus clientes que asistan a sus citas de supervisión, aunque insisten en que deben cumplir con la ley. «Es una decisión que ahora dejamos en manos del propio inmigrante», puntualizó Crayk.

En respuesta, Glen Mills, portavoz del Departamento Correccional de Utah, aseguró en un comunicado que esa entidad ha compartido «durante al menos 10 años» los nombres de las personas bajo supervisión con ICE y negó que haya cambios recientes en esa política.

«No estamos implementando nada nuevo y no tenemos planes de cambiar eso», subrayó Mills.

Por su parte, ICE defendió las detenciones en un comunicado, señalando que los inmigrantes en libertad condicional «son criminales convictos» y, aunque hayan cumplido sus condenas a nivel estatal, siguen siendo considerados «deportables» por la ley federal. Además, afirmó que estas acciones contribuyen a «reducir la reincidencia delictiva».

Por ejemplo, en Idaho, hasta este año, solo la Comisión de Perdones y Libertad Condicional podía decidir si un inmigrante era transferido a ICE. Actualmente, esa facultad ha pasado a los supervisores de libertad condicional, según denunciaron los abogados.

En Oklahoma, en febrero pasado se puso en marcha la ‘Operación Guardián’, con la que se busca transferir a las cárceles migratorias a unos 525 reclusos sin estatus migratorio legal, la mayoría bajo libertad condicional.

Según el Departamento de Seguridad Pública de Oklahoma, el mantenimiento de estos individuos en prisión cuesta unos 36.000 dólares diarios.

En contraste, estados como Colorado y California mantienen leyes que limitan la colaboración directa entre autoridades penitenciarias y ICE. En Colorado, solo la Junta Estatal de Libertad Condicional puede autorizar transferencias a ICE, y solo si existe una petición formal de esa agencia.

En California, las leyes exigen que se notifique a ICE solo en los casos en que se presume una posible deportación, lo que aún permite la liberación anual de hasta 40.000 inmigrantes, según cifras oficiales.

En Nueva York, no obstante, aunque el estado no coopera oficialmente con ICE, el Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria (DOCCS) sí lo hace. El Proyecto de Defensa de Inmigrantes (IDP) denunció que esto facilita la deportación de inmigrantes detenidos en cárceles estatales.

 Una posible opción sería ofrecer citas privadas de supervisión para inmigrantes en libertad condicional, aunque ello supondría un costo adicional para ellos y podría generar barreras idiomáticas, según explicó Luna.

No se distribuyó millonaria ayuda federal a pescadores de Puerto Rico, según auditoría

Fotografía de archivo en conde se observa a unos pescadores conversando sobre un dique en el puerto de Humaco (Puerto Rico). EFE/Thais LLorca

Una auditoría federal, solicitada por la congresista Nydia M. Velázquez, confirmó este viernes que nunca fue distribuido un millón de dólares en ayuda destinada a apoyar a los pescadores de Puerto Rico tras la pandemia de la covid-19.

Cada pescador elegible pudo haber recibido entre 2.419 y 15.000 dólares por sus pérdidas, según el comunicado de la auditoría, que denuncia la mala gestión de los recursos.

«Es increíblemente frustrante ver cómo se desperdiciaron fondos que podrían haber marcado una gran diferencia», dijo la congresista Velázquez.

«Los pescadores puertorriqueños han pasado años esperando ayuda, solo para ver esos recursos mal gestionados. Esto demuestra cómo decisiones administrativas poco transparentes y unilaterales en el manejo de fondos de recuperación perjudica directamente a las comunidades que más los necesitan», denunció.

La auditoría, publicada por la Oficina del Inspector General del Departamento de Comercio de EE. UU., muestra que el Departamento de Agricultura de Puerto Rico no distribuyó una gran parte de un paquete de ayuda federal de 3,9 millones de dólares.

Los fondos se otorgaron a través de dos acuerdos cooperativos con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés), financiados por la Ley CARES y la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2021.

El informe reveló que el Departamento no distribuyó 2,9 millones en pagos directos, incluso después de que NOAA concediera múltiples extensiones de plazo. También intentó utilizar 1,5 millones de los fondos no utilizados para comprar equipos, una solicitud que NOAA rechazó por no alinearse con el propósito del programa.

Posteriormente, el Departamento reclamó cerca de 400.000 dólares en gastos administrativos, lo que equivale a un promedio de 682 dólares por cada uno de los 586 cheques que lograron entregarse.

El millón de dólares restante será devuelto al Tesoro de Estados Unidos.

Velázquez hizo un llamado a mantener la supervisión sobre el uso de los fondos federales de recuperación en la isla: «Con solo el 27 % de los 41.000 millones asignados para la recuperación de Puerto Rico utilizados hasta ahora, cada dólar debe ser supervisado y cada agencia debe rendir cuentas», aseveró.

El pasado 20 de marzo y tras años de espera, los pescadores comenzaron a recibir pagos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para compensar los daños causados por el huracán María, con ayudas que ascienden a 7,6 millones de dólares.

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, explicó que alrededor de 550 pescadores recibirán cheques de entre 7.000 y 15.000 dólares.

La Federación de Pescadores y Defensores del Mar de Puerto Rico (FEPDEMAR) calificó ese día de «importante y alegre», pero denunció la mala gestión del DRNA y la injusticia sufrida durante años.

«Está prohibido olvidar que el DRNA utilizó parte del dinero que debió compensar nuestras pérdidas para comprar equipo como motoras acuáticas», criticó Miguel Ortiz Serrano, presidente de FEPDEMAR.

Luzardo poncha a 8 y Filis frenan el inicio perfecto de Dodgers, al superarlos 3-2

Jesús Luzardo, de los Filis de Filadelfia, lanza en el duelo ante los Dodgers de Los Ángeles, el viernes 4 de abril de 2025 (AP Foto/Matt Rourke)

FILADELFIA (AP) — Jesús Luzardo continuó su sensacional debut con los Filis el viernes, al permitir sólo dos hits y ponchar a ocho bateadores durante siete entradas en blanco, para que Filadelfia superara 3-2 a los Dodgers de Los Ángeles, quienes vieron cortado su inicio perfecto de campaña.

Los Dodgers, campeones de la Serie Mundial, ganaron sus primeros ocho juegos y estaban a sólo dos victorias de igualar el mejor inicio en la historia de la franquicia, establecido por Brooklyn en 1955.

Tommy Edman conectó un jonrón de dos carreras en la novena entrada sin outs contra el relevista Jordan Romano, para apretar la pizarra 3-2. Romano escapó con un doble play de ponche y out en intento de robo para terminar el juego.

Luzardo ponchó a 11 bateadores de los Nacionales de Washington en su primera aparición de la temporada regular en nueve meses y medio. El peruano-venezolano estuvo fuera la temporada pasada por una lesión de espalda.

Los Marlins de Miami canjearon al lanzador zurdo en el receso previo a la campaña para enviarlo a los Filis, campeones de la División Este de la Liga Nacional, por un par de prospectos.

Con los Filis arriba por 1-0 en la séptima entrada, Luzardo (2-0) se encontró con su único aprieto del juego cuando tenía dos corredores en base con dos outs. El lanzador, cuya recta rebasó las 95 mph, logró que el boricua Kiké Hernández se ponchara con un slider, lo que desató la ovación por parte de una multitud que llenó de nuevo el Citizens Bank Park.

Yoshinobu Yamamoto (1-1), abridor japonés de los Dodgers, recetó cinco ponches y permitió una carrera sucia en seis entradas. Esa carrera se derivó de su propio error.

Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 4-2. El puertorriqueño Kiké Hernández de 3-0. El venezolano Miguel Rojas de 3-1. El cubano Andy Pagés de 2-0.

Deben regresar a EE. UU. al hombre que fue deportado por error a prisión de El Salvador, dice jueza

Esta fotografía muestra a Kilmar Abrego Garcia, que por error fue deportado por el gobierno estadounidense a una prisión salvadoreña. Foto sin fecha. (Foto: AP/Murray Osorio/PLLC)

MICHAEL KUNZELMAN y BEN FINLEY Associated Press

GREENBELT, Maryland, EE.UU. (AP) — Una jueza federal ordenó el viernes al gobierno del presidente Donald Trump que organice el regreso de un hombre de Maryland a Estados Unidos después de que fuera deportado por error a una notoria prisión en El Salvador, mientras que un abogado gubernamental no pudo explicar lo sucedido.

El fallo rechazó la afirmación de la Casa Blanca de que carece del poder para recuperar a Kilmar Ábrego García, un ciudadano salvadoreño, porque ya no se encuentra en Estados Unidos. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha corregido errores de deportación en años anteriores, según el abogado de Ábrego García y expertos jurídicos.

El gobierno presentó una apelación inmediatamente después del fallo, mientras que funcionarios del gobierno de Trump repitieron alegatos de que Ábrego García es un peligroso miembro de una pandilla y que los tribunales de Estados Unidos no tienen control sobre el asunto.

“No estamos al tanto de que la jueza tenga jurisdicción o autoridad sobre el país de El Salvador”, señaló en un comunicado la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, tras el fallo de la jueza federal de distrito Paula Xinis.

El ICE expulsó a Ábrego García, de 29 años, el mes pasado a pesar de un fallo de un juez de inmigración en 2019 que lo protegía de la deportación a El Salvador, donde enfrentaba una probable persecución por parte de pandillas locales.

“El expediente refleja que Ábrego García fue detenido en Maryland sin fundamento legal… y sin mayor proceso ni justificación jurídica fue enviado a El Salvador”, escribió Xinis en su orden.

Antes de emitir el fallo, Xinis señaló que la deportación fue “un acto ilegal”, y presionó a Erez Reuveni, abogado del Departamento de Justicia, para que dé respuestas, muchas de las cuales no tenía.

Reuveni admitió ante Xinis que Ábrego García no debería haber sido expulsado de Estados Unidos ni debería haber sido enviado a El Salvador. No pudo decirle a la jueza bajo qué autoridad fue arrestado en Maryland.

“También estoy frustrado porque no tengo respuestas para muchas de estas preguntas”, reconoció.

La jueza también cuestionó por qué Ábrego García fue enviado a la prisión en El Salvador, en la que según observadores abundan las violaciones a los derechos humanos.

”¿Por qué está allí, de todos los lugares?”, preguntó Xinis, quien fue nominada por el presidente Barack Obama.

“No lo sé”, respondió Reuveni. “Esa información no me ha sido proporcionada”.

Reuveni había pedido a la jueza más tiempo —24 horas— para que el gobierno pudiera posiblemente negociar el regreso de Ábrego García.

“Muchos tuits. Muchas conferencias de prensa de la Casa Blanca. Pero no se han tomado medidas reales con el gobierno de El Salvador para corregir las cosas”, manifestó.

Sandoval-Moshenberg indicó que, en esencia, la respuesta del gobierno a su error fue decir: “No hemos intentado nada, y ya no tenemos opciones”.

“Esto no es algo que esté fuera del poder del gobierno”, agregó, e hizo notar que rutinariamente Estados Unidos extradita a líderes de pandillas, traficantes de drogas y otras personas encarceladas de otros países.

En escritos jurídicos, Sandoval-Moshenberg le pidió al tribunal que retirara a Ábrego García de la “prisión de tortura” y “lo devolviera a la custodia de Estados Unidos”.

La Casa Blanca ha dicho que Ábrego García es miembro de la pandilla MS-13, e insistió en esa afirmación después de la audiencia del viernes. Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), declaró que Washington tiene “informes de inteligencia de que está involucrado en el tráfico de personas”.

McLaughlin no comentó si el gobierno cumpliría con la orden de la jueza ni cuándo y dónde podría ser devuelto Ábrego García a territorio estadounidense. Pero dijo que estaría “encarcelado y fuera de las calles de Estados Unidos”.

“Los miembros de la pandilla MS-13 asesinan, violan y mutilan por deporte”, declaró. “Es vergonzoso que los medios de comunicación convencionales elijan hacer lo que estas pandillas crueles les dicen que hagan mientras ignoran a sus víctimas”.

Los abogados de Ábrego García han argumentado que no hay evidencia de que él perteneciera a la MS-13. La acusación se basa en la afirmación de un informante confidencial en 2019 de que Ábrego García era miembro de una sección de la pandilla en Nueva York, donde nunca ha vivido.

Ábrego García tenía permiso del DHS para trabajar legalmente en Estados Unidos, señaló su abogado. Era aprendiz de hojalatero e intentaba obtener su licencia para ejercer ese oficio.

Huyó de El Salvador aproximadamente en 2011 porque él y su familia enfrentaban amenazas de pandillas locales. En 2019, un juez de inmigración de Estados Unidos le otorgó protección contra la deportación a El Salvador. Fue liberado y el ICE no apeló la decisión ni intentó deportarlo a otro país.

Más tarde, Ábrego García se casó con Jennifer Vásquez Sura, una ciudadana estadounidense. Ambos son padres de un hijo, y también de los dos hijos de ella de una relación anterior.

Vásquez Sura, quien no ha hablado con su esposo desde su deportación, instó a sus simpatizantes a seguir luchando por él “y por todos los Kilmar allá afuera cuyas historias aún esperan ser escuchadas”.

“A todas las esposas, madres, hijos que también enfrentan esta cruel separación, estoy con ustedes en este vínculo de dolor”, declaró durante la manifestación en un centro comunitario. “Es un trayecto que nadie debería tener que sufrir, una pesadilla que parece interminable”.

Acusan a agentes fronterizos de EE. UU. de aceptar sobornos para dejar entrar a personas sin documentos

ARCHIVO - Vehículos esperan en filas para cruzar la frontera hacia Estados Unidos en el puerto de entrada de San Ysidro, el martes 18 de marzo de 2025, en Tijuana, México. (AP Foto/Gregory Bull, Archivo)

SAN DIEGO (AP) — Dos inspectores fronterizos de Estados Unidos en el sur de California han sido acusados de aceptar miles de dólares en sobornos para permitir que personas ingresen al país a través del puerto de entrada más concurrido de la nación sin mostrar documentos, afirmaron los fiscales.

Los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), Farlis Almonte y Ricardo Rodriguez, estaban asignados a las cabinas de inspección de inmigración en el puerto de entrada de San Ysidro. Fueron acusados después de que los investigadores encontraran evidencia telefónica que mostraba que habían intercambiado mensajes con traficantes de personas en México y descubrieran depósitos de efectivo inexplicables en sus cuentas bancarias, según una denuncia penal desprecintada el jueves.

Un video de una cámara de vigilancia mostró al menos un caso en el que un vehículo con un conductor y un pasajero se detuvo en un punto de control, pero sólo se documentó la entrada del conductor al país, dijeron los fiscales.

Los fiscales afirmaron que los agentes permitieron el ingreso de decenas de vehículos que transportaban personas sin documentos. Dijeron que ambos hombres recibieron miles de dólares por cada vehículo que dejaban pasar.

De momento no se pudo contactar al abogado de Almonte. El Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, el sindicato que representa a los agentes de la agencia, no respondió de inmediato a un correo electrónico solicitando comentarios.

El abogado de Rodriguez, Michael Hawkins, dijo que el caso aún estaba en las «etapas iniciales» y que su cliente tiene la presunción de inocencia.

«Esperamos poder resolver la situación actual», señaló Hawkins en un correo electrónico en el que describió a Rodriguez como trabajador y leal.

La investigación sobre Almonte y Rodriguez comenzó después de que tres traficantes de migrantes que fueron arrestados el año pasado informaran a los investigadores federales que habían estado trabajando con inspectores fronterizos de Estados Unidos, dijeron los fiscales federales.

Mientras Almonte estaba bajo custodia, los investigadores supuestamente incautaron casi 70.000 dólares en efectivo que creen que su pareja sentimental intentaba trasladar a Tijuana. Los fiscales escribieron en un documento judicial que Almonte podría enfrentar cargos adicionales por lavado de dinero y obstrucción de la justicia, informó el periódico The San Diego Union Tribune.

«Todo agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza que ayude o se haga de la vista gorda ante los traficantes que traen inmigrantes indocumentados a Estados Unidos está traicionando su juramento y poniendo en peligro nuestra seguridad nacional», afirmó el fiscal federal interino Andrew Haden al periódico en un comunicado.

En los últimos dos años, cinco agentes de la CBP asignados al área de San Diego han enfrentado cargos similares de corrupción.

El año pasado, el antiguo inspector fronterizo, Leonard Darnell George, fue sentenciado a 23 años en prisión por aceptar sobornos para permitir que personas y vehículos cargados de drogas ingresaran al país a través del cruce fronterizo de San Ysidro. Otros dos exagentes fronterizos en los puertos de entrada de Otay Mesa y Tecate fueron acusados el año pasado de cargos similares. Se tiene previsto que su juicio se lleve a cabo en los próximos meses.

Estos no son tiempos normales, no los son

tiempos
(Foto: Ilustrativa/Pexels)

Cory Booker, senador demócrata por el estado de New Jersey comenzó un discurso el lunes 31 de marzo a las 7 p.m., y lo concluyó el martes 1 de abril a las 8:05, completando así 25 horas y 5 minutos de pie frente al atril del Senado.

El objetivo de su larga intervención no era hacer un “filibuster”; es decir, bloquear con un discurso muy largo la aprobación de una ley con la que no están de acuerdo; sino más bien, establecer un récord de oposición simbólica a las políticas y las iniciativas del Gobierno de Donald Trump.

Booker leyó cartas que había recibido de sus constituyentes donde se quejaban de haber sido afectados por algunas de las políticas de la actual Administración.

El demócrata, quien aseguró que por sus venas corre sangre de esclavos y también de esclavistas, se refirió varias veces a su mentor, el activista por los derechos civiles John Lewis, y trató de establecer paralelos y contrastes entre la larga lucha por los derechos civiles de las minorías y los intentos del actual gobierno por ignorar algunos de esos derechos.

Varios senadores demócratas tuvieron expresiones de aprobación para Booker y su discurso, aclarando que sus elogios no eran necesariamente por el contenido de sus palabras, sino por la importancia del hecho simbólico, de permanecer 25 horas sin alimento y sin permisos para ir al baño, esencialmente reprochando y contradiciendo las ideas y la visión con la cual la nueva Administración trata de cambiarle el perfil a la sociedad norteamericana.

No es posible saber cuál pueda ser el impacto real de la hazaña del senador Booker, pero su gesto sí debe inspirar a muchos para hacer actos simbólicos de protesta de todo tipo, siempre y cuando se mantenga el llamado a la no violencia y a la resistencia pacífica, que ayuden a defender las conquistas que tantos luchadores pudieron alcanzar.

Se espera que el movimiento nacional contra el presidente Trump, “Hands Off!» ¡Manos Fuera!, que se llevará a cabo el próximo sábado 5 de abril, sea la mayor protesta de un solo día desde que asumió el cargo. Un sector diverso de estadounidenses afectados por cambios políticos, económicos, sociales y legales se están movilizando.

Hasta el pasado miércoles por la tarde, se habían programado más de 1100 manifestaciones, eventos de visibilidad y reuniones en los 50 estados.

Los organizadores informaron haber recibido casi 250 000 confirmaciones de asistencia hasta el 29 de marzo.

Los manifestantes protestan contra varias políticas de la Administración Trump, incluyendo su gestión de las prestaciones del Seguro Social, los despidos en la plantilla federal, los ataques a las protecciones del consumidor, las políticas antiinmigrantes y los ataques a las personas transgénero.

Las protestas, que también se realizan en Filadelfia se dirigen contra la participación de Elon Musk en el gobierno federal a través de DOGE, tras haber enfrentado una ola de manifestaciones en concesionarios de Tesla en todo el mundo a través del movimiento #TeslaTakedown.

Las manifestaciones de «¡Manos Fuera!» tendrán lugar en capitales estatales, edificios federales, oficinas del Congreso y centros urbanos.

El movimiento organizó una capacitación virtual sobre seguridad y desescalada el grabada para la posteridad, donde se brindó información general sobre las protestas y la Administración Trump.

Además de esta manifestación de resistencia, consumidores también han estado protestando contra las corporaciones con boicots.

El Senador Booker recalcó: “John Lewis, muchos héroes antes que nosotros dirían que este es el momento para actuar y hablar. Este es el momento para que nos metamos en algunos ‘buenos problemas’, para que nos metamos en los problemas que son necesarios. No puedo permitir que este organismo continúe con sus operaciones sin denunciar que las amenazas al pueblo estadounidense y a la democracia estadounidense son graves y [requieren atención] urgente. Todos debemos hacer más”. La Historia juzgará.

Shapiro Administration secures $74,000 in unpaid wages for Pennsylvania Home Care Workers

Pensilvania
Governor Josh Shapiro speaks during a news conference regarding the shooting at UPMC Memorial Hospital in York, Pa. on Saturday, Feb. 22, 2025. (Photo: AP/Matt Rourke)

HARRISBURG, PA – The Pennsylvania Department of Labor & Industry (L&I) announced today that its Bureau of Labor Law Compliance has secured judgments totaling $74,249.66 against Rick Long and his company, Warm Hearts Home Care Agency Inc., following an investigation that found that 24 workers were denied full wages.

The Bureau received numerous complaints from employees alleging they had not been compensated for hours worked. Following the investigation, civil proceedings were initiated against Long and his company for repeated noncompliance with state wage laws. Home healthcare workers provide critical in-home support to older adults and Pennsylvanians with disabilities, allowing these individuals to remain in their homes while getting the vital services they need. 

«Every Pennsylvania worker deserves to be fairly paid for their labor—period,» said L&I Secretary Nancy A. Walker. «We will not tolerate wage theft or repeated disregard for Pennsylvania’s labor laws. The Department remains committed to holding violators accountable and ensuring workers in the home healthcare industry receive every dollar they earned.»

The judgments awarded by Northumberland County Magisterial District Judge Rachel Wiest Benner include unpaid wages, additional penalties equal to 25% of wages owed, and court costs. Individual judgments range from approximately $1,700 to $4,800.

Employees who believe they are victims of wage theft or other labor law violations are encouraged to file a complaint with L&I’s Bureau of Labor Law Compliance.

More information on Pennsylvania’s wage and labor laws can be found at www.dli.pa.gov.

Philly Gives recaudó $200,000 para 9 organizaciones locales

Philly Gives
Pedro Ramos entregando fondos a la organización Aclamo. (Foto: Cortesía)

El primer año de recaudación de fondos para la campaña «Philly Gives» ha sido un éxito. La campaña pública recaudó 200.000 dólares para nueve organizaciones locales seleccionadas por su ejemplo, buen servicio y por ofrecer ayudas especializadas a personas necesitadas.

Pedro Ramos entregó cheque a el programa (DVCCC) Domestic Violence Center of Chester County. (Foto: Cortesía/Philly Gives)
Pedro Ramos entregó cheque a Tyrell Brown Director Ejecutivo de Galael. (Foto: Cortesía/Philly Gives)

 “Philly Gives” fue creado por la Fundación Filadelfia, en asociación con el Instituto Lenfest de Periodismo y con el apoyo de una subvención de la Fundación William Penn, hizo el anuncio de la entrega de fondos a nueve (9) organizaciones beneficiadas por esta nueva iniciativa, que atienden la diversidad de necesidades más urgentes de la región.

Pedro Ramos entrega cheque a VietLead. (Foto: Cortesía/Philly Gives)
Pedro Ramos entregó cheque a Why Not Prosper. (Foto: Cortesía/Philly Gives)

El propósito de Philly Gives es amplificar las voces de estas organizaciones de importancia crítica a través de la cobertura en medios destacados de la región y ese es parte del propósito tener apoyo de los medios para brindar y demostrar el esfuerzo que se ha hecho hasta el momento con estas organizaciones 

Pedro Ramos entregó el cheque a la fundación Yeah Philly en representación Martin Alfaro.
(Foto: Cortesía/Philly Gives)
Pedro Ramos entregó cheque a representante de (YMWIC ) Young Men & Women in Charge Foundation. (Foto: Cortesía/Philly Gives)

En la actividad realizada en las instalaciones de Philadelphia Foundation, compartieron líderes comunitarios y ejecutivos de medios de comunicación, creando alianzas para comenzar con su nuevo proyecto de recaudación fondos.  Al finalizar la entrega de fondos, se invitó a donar través la página de http://PhillyGives.org