MARC LEVY
HARRISBURG, Pensilvania, EE.UU. (AP) — Seis meses después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera a los estados que no regularan la inteligencia artificial, cada vez son más los que hacen precisamente eso.
El Congreso se ha estancado a la hora de elaborar una regulación federal sobre inteligencia artificial, mientras los estados avanzan y analizan cómo interactúan los chatbots con los niños, cómo utilizan los empleadores los sistemas de IA y qué deben hacer los desarrolladores para intentar evitar una catástrofe causada por la IA.
Los legisladores estatales se han apartado de intentos anteriores, más amplios, de regular la IA, que fueron vetados o descarrilados de otro modo por gobernadores que consideraron las medidas demasiado gravosas para el desarrollo de la industria, como los esfuerzos por exigir a los desarrolladores responsabilidades por sesgos en los sistemas de IA.
Pero están regresando con legislación más específica y que, a menudo, indaga en los aspectos de la vida en los que los estadounidenses interactúan con la IA sin saberlo.
Poder presidencial frente a poder estatal
La medida de Trump para frenar las acciones de los estados sobre la IA recibió críticas de miembros de ambos partidos políticos y de grupos de libertades civiles y de derechos del consumidor, que temían que prohibir la regulación estatal equivaldría a un regalo para los gigantes de la IA, que gozan de poca o ninguna supervisión.
Trump ha convertido la IA en una prioridad máxima en materia de seguridad nacional y económica, y sostuvo que permitir que los estados enturbien el terreno regulatorio de una industria que está gastando billones de dólares y que impulsa la economía es demasiado arriesgado en la carrera con China por la supremacía en IA.
Trump emitió un decreto presidencial que instaba a la secretaria de Justicia a crear un grupo de trabajo para impugnar leyes estatales que fueran más que “mínimamente gravosas”, y ordenó al Departamento de Comercio elaborar una lista de regulaciones problemáticas. También amenazó con restringir la financiación de un programa de despliegue de banda ancha y de otros programas de subvención a los estados con leyes sobre IA.
La Casa Blanca indicó que no perseguiría leyes estatales que buscan prevenir el fraude y proteger a los consumidores y a los niños.
Mientras tanto, el gobierno de Trump difundió un “marco de política nacional” en el que instó al Congreso a invalidar por anticipado las leyes estatales sobre IA que no se ajusten a su visión regulatoria y a aprobar legislación para proteger a los niños, los derechos de propiedad intelectual y la libertad de expresión. En días recientes, un nuevo borrador de una propuesta bipartidista en la Cámara de Representantes recibió críticas demoledoras de demócratas y republicanos destacados.
La Casa Blanca no ha dado indicios de que haya cumplido su amenaza de hacer valer el decreto del presidente llevando a los tribunales una ley estatal sobre IA o reteniendo fondos. En un comunicado, afirmó que el gobierno de Trump está “deseoso de trabajar con colaboradores” para promulgar su marco de políticas.
Los estados parecen poco limitados por Trump
La orden de Trump no pareció disuadir a los estados de intentar regular cómo se utiliza la IA. Este año se han presentado más proyectos de ley que el anterior, incluidos algunos impulsados por republicanos, señaló Justine Gluck, directora de políticas del Future of Privacy Forum, una organización sin fines de lucro que aboga por la privacidad de los datos en la tecnología y cuyos miembros provienen de la industria, el ámbito académico y grupos cívicos.
En Illinois, una legislación que está en el escritorio del gobernador demócrata JB Pritzker se apoyó en elementos de leyes aprobadas el año pasado en California y Nueva York que exigen a los desarrolladores de grandes modelos avanzados de IA crear protocolos para evitar que sus sistemas provoquen una catástrofe, como un ataque con armas biológicas, un apagón o un hackeo a gran escala.
Illinois añadió el requisito de que los desarrolladores de IA deben contratar a un auditor independiente para revisar si están cumpliendo sus propias políticas. Los analistas lo ven como un paso hacia exigir a los desarrolladores de IA una mayor rendición de cuentas por sus productos.
La patrocinadora del proyecto, la senadora estatal demócrata Mary Edly-Allen, desestimó la amenaza de Trump.
“No sé si han conocido Illinois, pero somos bastante independientes”, dijo Edly-Allen a The Associated Press.
El proyecto de ley obtuvo un apoyo casi unánime, lo que señala la disposición de miembros del partido de Trump a cooperar con los demócratas para llenar el vacío regulatorio sobre IA que ha dejado el gobierno federal.
Se espera que este tipo de legislación se extienda a otros estados.
Regular los chatbots, especialmente para los niños
Un número creciente de estados está imponiendo restricciones sobre cómo los chatbots de IA pueden interactuar con las personas, especialmente con los niños. Una mezcla de estados gobernados por republicanos y por demócratas ha aprobado este año leyes de ese tipo, incluidos Colorado, Connecticut, Idaho, Iowa, Nebraska y Oregon.
En muchos casos, los estados quieren que las empresas informen a las personas cuando están interactuando con IA en lugar de con un humano. Muchos quieren que se limite la forma en que los chatbots interactúan con menores, que los padres tengan control sobre el acceso de sus hijos y que los datos proporcionados a los chatbots se mantengan privados.
En semanas recientes, Connecticut promulgó disposiciones para chatbots de compañía que sostienen una relación continua con un humano. Según estas, los chatbots no deben poder interactuar con alguien menor de 18 años, a menos que estén programados para no fomentar conductas autodestructivas y proporcionen a los padres herramientas para gestionar el uso que hace el menor.
Transparencia en la IA y la toma de decisiones
Colorado exigió en mayo que las empresas que implementan sistemas de IA en áreas importantes como empleo, educación, vivienda o banca informen a las personas cuando se utiliza para influir en una decisión sobre ellas.
Fue un intento de regular lo que, según investigadores, es el sesgo inherente en los sistemas de IA que revisan los datos de un consumidor y emiten decisiones de gran impacto, como quién es contratado, quién obtiene un préstamo hipotecario o quién recibe atención médica. Pero debilitó una ley de 2024 destinada a prevenir la tendencia de la IA a discriminar, en medio de presiones del gobernador demócrata, Jared Polis.
En Connecticut, los legisladores exigieron que los empleadores que empleen sistemas de IA relacionados con el empleo informen a los empleados o solicitantes de trabajo que están interactuando con IA.
Mientras tanto, Connecticut, Washington y Utah exigieron que los desarrolladores de IA incorporen datos en el contenido digital que permitan a los usuarios determinar si el contenido —como fotos o video— ha sido creado o alterado por IA.
Este año podrían aprobarse más leyes.
En California, los legisladores impulsan la “Ley de No a los Jefes Robot de 2026” para prohibir que los empleadores dependan únicamente de la IA para despedir o sancionar a los trabajadores, y una ampliación de cómo el estado regula los chatbots de IA, incluida la prohibición de que las respuestas de chatbots dirigidas a niños se utilicen con fines publicitarios.
Algunos estados gobernados por republicanos se han contenido
En Florida, la Cámara estatal se negó a impulsar lo que el gobernador republicano Ron DeSantis describió su legislación de “Carta de Derechos” de la IA. Incluía disposiciones para dar a los padres control sobre el acceso de sus hijos a chatbots de compañía y para exigir que las empresas que usan chatbots informen a los consumidores cuando están interactuando con IA en lugar de con un humano.
El presidente de la Cámara de Representantes de Florida, Daniel Perez, afirmó que Trump había dejado claro que el gobierno federal debería estar a cargo de la regulación de la IA. DeSantis criticó esa idea, al señalar que el gobierno federal no está actuando.
En Utah, el avance se estancó en una legislación modelada a partir de leyes de Nueva York y California después de que la Casa Blanca enviara a los legisladores allí un documento de una sola frase para advertir que se oponía “categóricamente” al proyecto de ley.
