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Presidente salvadoreño Bukele propone a Maduro canje de prisioneros por deportados venezolanos

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, saluda al despedirse tras una reunión en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump, el lunes 14 de abril de 2025, en Washington. (Foto: AP/Manuel Balce Ceneta)

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, propuso el domingo un canje de prisioneros con Venezuela, sugiriendo que intercambiaría a los venezolanos deportados de Estados Unidos que su gobierno mantiene encarcelados por quienes denominó “presos políticos” en Venezuela.

En una publicación en la red social X, antes Twitter, Bukele enumeró a varios familiares de figuras de la oposición de alto nivel en Venezuela, periodistas y activistas detenidos durante la represión electoral del gobierno el año pasado.

“La única razón por la que están encarcelados es por haberse opuesto a usted y a sus fraudes electorales”, escribió Bukele, refiriéndose al presidente venezolano Nicolás Maduro. “Sin embargo, quiero proponerle un acuerdo humanitario que contemple la repatriación del 100 % de los 252 venezolanos que fueron deportados, a cambio de la liberación y entrega de un número idéntico (252) de los miles de presos políticos que usted mantiene».

El presidente salvadoreño explicó que la cancillería enviará a Venezuela la correspondencia formal para concretar el acuerdo humanitario.

En respuesta, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, afirmó el domingo que la declaración de Bukele “demuestra que estos ciudadanos están secuestrados a disposición unilateral de un sujeto al margen de la ley que pública y comunicacionalmente le expresa al planeta que él, de forma tiránica, decide quién puede gozar o no de vida y libertad en El Salvador”.

“El tratamiento que están recibiendo los venezolanos en Estados Unidos y El Salvador, constituye una grave violación del derecho internacional de los derechos humanos y constituye un crimen de lesa humanidad que imita las repugnantes prácticas nazis de mitad de siglo XX”, destacó Saab, un cercano aliado del presidente Nicolás Maduro.

Añadió que se dispone a enviar comunicaciones al fiscal general de El Salvador y a la Corte Suprema de ese país interpelándolos sobre las detenciones, entre ellas si han tenido acceso a un abogado. Además, exigió al gobierno de Bukele que proporcione “la lista completa con las identificaciones de todos los secuestrados y su estatus judicial”.

El gobierno salvadoreño mantiene en una cárcel de máxima seguridad al grupo de venezolanos, entre ellos presuntos criminales de la pandilla Tren de Aragua y a migrantes irregulares deportados por Estados Unidos desde el 15 de marzo. Human Rights Watch acusó recientemente a Estados Unidos y El Salvador de la desaparición y detención arbitraria de venezolanos deportados y denunció que las autoridades salvadoreñas y estadounidenses no han dado información a los familiares del paradero de los deportados.

A cambio de repatriar a los 252 venezolanos, Bukele pide a Maduro que libere a “Rafael Tudares, yerno de Edmundo González; el periodista Roland Carreño; la abogada y activista Rocío San Miguel; la señora Corina Parisca de Machado, madre de (la líder opositora) María Corina Machado, a quien amedrentan a diario y le sabotean el acceso a servicios básicos como la luz y el agua; así como los cuatro dirigentes políticos asilados en la embajada de Argentina y otros venezolanos presos políticos”.

Bukele plantea que el acuerdo también incluiría “los casi 50 ciudadanos detenidos de otras nacionalidades: estadounidense, alemana, dominicana, argentina, boliviana, israelí, chilena, colombiana, ecuatoriana, española, francesa, guyanesa, neerlandesa, iraní, italiana, libanesa, mexicana, peruana, puertorriqueña, ucraniana, uruguaya, portuguesa y checa”.

Esto ocurre mientras El Salvador se encuentra bajo un intenso escrutinio internacional por aceptar a venezolanos deportados por la administración de Donald Trump, que los acusó de ser presuntos pandilleros con escasas pruebas. Los deportados se encuentran recluidos en una megaprisión conocida como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), construida por el gobierno de Bukele durante su ofensiva contra las pandillas del país.

La controversia no ha hecho más que continuar tras revelarse que un salvadoreño, Kilmar Abrego García, se encontraba entre los deportados, y han estallado batallas judiciales por su regreso.

Las críticas continuaron el domingo, cuando el arzobispo de El Salvador, José Luis Escobar Alas, instó a Bukele a no permitir que el país centroamericana se convierta en una gran prisión internacional.

A pesar de la controversia, Bukele sostuvo el domingo que todas las personas que ha mantenido en prisión eran parte de una operación contra pandillas, como el Tren de Aragua, en Estados Unidos.

El acuerdo para deportar venezolanos a El Salvador se alcanzó durante una reunión del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y el presidente Bukele, en febrero.

El mandatario ofreció recibir a los migrantes que Estados Unidos quisiera deportar, independientemente de su nacionalidad, pero pidió a la administración Trump que también envíe a los cabecillas y sicarios de la Mara Salvatrucha que son requeridos en El Salvador.

Manifestantes contra el Gobierno de Trump se reúnen en NY, Washington y otras ciudades de EE. UU.

Manifestantes se congregan en el Capitolio estatal, en Harrisburg, Pensilvania, durante una protesta contra el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, el sábado 19 de abril de 2025. (Zach Gleiter/The Patriot-News via AP)

Numerosas organizaciones han convocado marchas o eventos a lo largo del fin de semana de Pascua, pero este sábado destacaba la del llamado «Movimiento 50501», que abogaba por «50 protestas en 50 estados y un movimiento», y evocaba la energía de la manifestación multitudinaria del pasado 5 abril.

Opositores al Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salieron a las calles de comunidades grandes y pequeñas en todo el país el sábado, denunciando lo que consideran amenazas a los ideales democráticos de la nación.

Los eventos dispares variaron desde una marcha por el centro de Manhattan y una manifestación frente a la Casa Blanca hasta una protesta en un evento de conmemoración en Massachusetts que marcaba el inicio de la Guerra Revolucionaria Americana hace 250 años. En San Francisco, los manifestantes formaron un cartel humano que decía «Impeach & Remove» (“Juicio político y destitución” ) en las arenas de Ocean Beach con vista al océano Pacífico.

Thomas Bassford fue uno de los que se unieron a los manifestantes en la recreación de las Batallas de Lexington y Concord fuera de Boston. «El disparo que se escuchó en todo el mundo» el 19 de abril de 1775 anunció el inicio de la guerra de independencia de la nación de Reino Unido.

El albañil jubilado de 80 años de Maine dijo que creía que los estadounidenses hoy están siendo atacados por su propio Gobierno y necesitan levantarse contra él.

«Este es un momento muy peligroso en Estados Unidos para la libertad», expresó Bassford, mientras asistía al evento con su pareja, hija y dos nietos. «Quería que los chicos aprendieran sobre los orígenes de este país y que a veces tenemos que luchar por la libertad».

En otros lugares, se planearon protestas fuera de los concesionarios de automóviles Tesla contra el asesor multimillonario de Trump, Elon Musk, y su papel en la reducción del Gobierno federal. Otros organizaron más eventos de servicio comunitario, como colectas de alimentos, talleres educativos y voluntariado en refugios locales.

Varias personas se congregan para protestar contra las políticas del presidente estadounidense Donald Trump, el sábado 19 de abril de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Joseph Frederick)

Las protestas se producen dos semanas después de protestas similares a nivel nacional contra el Gobierno de Trump que llevaron a miles a salir a las calles de todo el país.

Los organizadores dicen que están protestando por lo que llaman violaciones de los derechos civiles y constitucionales de Trump, incluidos los esfuerzos para deportar a numerosos inmigrantes y reducir el gobierno federal despidiendo a miles de trabajadores gubernamentales y cerrando efectivamente agencias enteras.

Algunos de los eventos se inspiraron en el espíritu de la Guerra Revolucionaria Americana, llamando a «no a los reyes» y a la resistencia a la tiranía.

George Bryant, residente de Boston, quien estuvo entre los que protestaban en Concord, Massachusetts, dijo que le preocupaba que Trump estuviera creando un «estado policial» en Estados Unidos mientras sostenía un cartel que decía: «¡El régimen fascista de Trump debe irse ahora!».

«Está desafiando a los tribunales. Está secuestrando estudiantes. Está eviscerando los controles y equilibrios», comentó Bryant. «Esto es fascismo».

En Washington, Bob Fasick dijo que asistió a la manifestación cerca de la Casa Blanca por su preocupación sobre las amenazas a los derechos de debido proceso protegidos constitucionalmente, así como a la Seguridad Social y otros programas de red de seguridad federal.

El Gobierno de Trump, entre otras cosas, ha avanzado para cerrar oficinas de campo de la Administración del Seguro Social, recortar fondos para programas de salud gubernamentales y reducir protecciones para personas transgénero.

«No puedo quedarme quieto sabiendo que si no hago nada y todos no hacen algo para cambiar esto, el mundo que colectivamente estamos dejando para los niños pequeños, para nuestros vecinos, simplemente no es uno en el que quisiera vivir», dijo el empleado federal jubilado de 76 años de Springfield, Virginia.

Varias personas sostienen letreros durante una protesta contra el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, el sábado 19 de abril de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

En Columbia, Carolina del Sur, varias cientos de personas protestaron en el capitolio estatal. Sostenían carteles que decían «Lucha Ferozmente, Harvard, Lucha» y «Salva SSA», en referencia a la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés).

Y en Manhattan, los manifestantes se reunieron contra las continuas deportaciones de inmigrantes mientras marchaban desde la Biblioteca Pública de Nueva York hacia el norte, hacia Central Park, pasando por la Torre Trump.

«Sin miedo, sin odio, sin ICE en nuestro estado», coreaban al ritmo constante de tambores, mencionando las siglas en inglés del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.

Marshall Green, quien estuvo entre los manifestantes, dijo que le preocupaba especialmente que Trump haya invocado la Ley de Enemigos Extranjeros en tiempos de guerra de 1798 al afirmar que el país está en guerra con bandas venezolanas vinculadas al gobierno de la nación sudamericana.

«El Congreso debería intervenir y decir que no, no estamos en guerra. No puedes usar eso», dijo el hombre de 61 años de Morristown, Nueva Jersey. «No puedes deportar personas sin debido proceso, y todos en este país tienen derecho al debido proceso sin importar qué».

Mientras tanto, Melinda Charles, de Connecticut, dijo que le preocupaba la «extralimitación ejecutiva» de Trump, citando enfrentamientos con los tribunales federales, la Universidad de Harvard y otras universidades de élite.

«Se supone que debemos tener tres ramas de gobierno iguales y tener la rama ejecutiva volviéndose tan fuerte», comentó. «Quiero decir, es simplemente increíble».

Otras protestas de asistencia considerable han tenido lugar en la capital estadounidense y en ciudades como Miami, Ohio, Detroit, Phoenix o Portland, de acuerdo con las redes sociales del grupo.

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EFE/EPA/JUSTIN LANE

Los Phillies resisten tras seis carreras de Miami en el noveno y vencen a los Marlins 11-diez

J.T. Realmuto de los Filis de Filadelfia batea un doble en la segunda entrada ante los Marlins de Miami en el encuentro de la MLB del sábado 19 de abril del 2025. (AP Foto/Laurence Kesterson)

FILADELFIA (AP) — Trea Turner tuvo cuatro hits, Bryson Stott y el dominicano Johan Rojas tuvieron tres cada uno y los Filis de Filadelfia sobrevivieron a una novena entrada de seis carreras de Miami para vencer 11-10 el sábado a los Marlins.

Filadelfia anotó siete carreras entre la tercera y la cuarta entrada para abrir el juego y superó a los Marlins 18-15 en la serie para ganar su cuarto de cinco encuentros.

Dane Myers conectó un jonrón de tres carreras y Liam Hicks añadió un cuadrangular de dos carreras, ambos contra Jordan Romano como parte de una novena entrada de seis carreras para los Marlins. Romano, en medio de una difícil primera temporada en Filadelfia, fue abucheado fuertemente mientras salía del montículo.

José Alvarado consiguió el último out en la novena para su quinto salvamento.

Los Filis, campeones del Este de la Liga Nacional, golpearon a un cuerpo de lanzadores de los Marlins que carecía de verdadera profundidad tan temprano en la temporada. Cal Quantrill (1-2) permitió siete carreras en tres 1/3 entradas y Patrick Monteverde, en su debut en las Grandes Ligas, permitió cuatro carreras en tres 2/3 entradas.

Los Filis han ganado 11 series consecutivas en casa.

Por los Marlins, los dominicanos Jesús Sánchez de 4-1 con una anotada, Otto López de 2-0.

Por los Filis, el dominicano Johan Rojas de 5-3 con tres anotadas y una empujada.

Se unen republicanos y demócratas, para alertar sobre abuso de poder de Trump como venganza de críticos

EFE/EPA/WILL OLIVER / POOL

Un grupo de exfuncionarios de Estados Unidos, republicanos y demócratas, alertó este sábado en una carta abierta sobre el «abuso del poder» del presidente Donald Trump para «vengarse» de sus críticos después de que este retirara las credenciales de seguridad de dos exfuncionarios.

La carta incluye unas 200 firmas, entre ellas la de Ty Cobb, abogado especial de Trump en su primer mandato, y otros exfuncionarios de Gobiernos republicanos especializados en seguridad nacional, que aluden a dos memorandos ejecutivos de Trump de principios de abril «dirigidos» a personas específicas.

Los memorandos castigaban a Chris Kebs, exlíder de la Agencia de Ciberseguridad, por rechazar que las elecciones de 2020 fueran «robadas», y a Miles Taylor, exjefe de personal del Departamento de Seguridad Nacional, por «diseminar de falsedades» en un libro bajo seudónimo crítico con Trump.

«Estas acciones ejecutivas representan una peligrosa escalada en el abuso del poder presidencial: manipular las agencias federales para ejecutar venganzas personalizadas», dicen los firmantes, que consideran que Trump ataca la libertad de expresión de esos exfuncionarios y le instan a revocar las medidas.

«Comportamientos de este tipo se esperan más de un miembro déspota de la realeza que del líder electo de una república constitucional», agregan.

Trump, mientras, anunció ayer en su red social Truth Social que pronto emitirá nuevas «regulaciones» para empleados gubernamentales de carrera, para que, «en el caso de rechazar promocionar los intereses de política del presidente o tengan comportamientos corruptos» sean fácilmente despedidos.

Según el presidente, esas regulaciones, que desarrollan una orden ejecutiva previa, permitirán al Gobierno «funcionar como una empresa», pero los expertos advierten que puede desproteger a miles de funcionarios bajo la guisa de unos «intereses de política» que no están claros.

A 250 años de la Independencia de EE. UU., una nación dividida lucha por su legado

Actores durante una recreación de la Batalla de Lexington y el comienzo de la Revolución estadounidense durante el 250mo aniversario, el sábado 19 de abril de 2025, en Lexington, Massachusetts. (AP Foto/Charles Krupa)

HILLEL ITALIE y MICHAEL CASEY

LEXINGTON, Massachusetts, EE.UU. (AP) — Miles de personas llegaron a Lexington, Massachusetts, antes del amanecer del sábado para presenciar una recreación de cómo comenzó la revolución estadounidense hace 250 años, con el estallido de disparos y una estela de giro colonial.

Mientras celebraba el aniversario de las Batallas de Lexington y Concord, el país reflexionará sobre su guerra de independencia y se preguntará dónde se encuentra su legado hoy en día. Después del amanecer en el Lexington Battle Green, milicianos, con mosquetes en mano, se enfrentaron a un contingente mucho más grande de soldados británicos. La batalla terminó con ocho estadounidenses muertos y 10 heridos; los muertos quedaron esparcidos en el terreno mientras los británicos se marchaban.

Los regulares se dirigirían a Concord, pero no antes de que un jinete, el doctor Samuel Prescott, cabalgara hacia el Puente del Norte y advirtiera a las comunidades en el camino que los británicos venían. Un jinete solitario recreó ese viaje el sábado, seguido de un desfile por la ciudad y una ceremonia en el puente.

El día ofrece una oportunidad para reflexionar sobre este momento fundamental en la historia, pero también para considerar qué significa esta lucha hoy.

«Es verdaderamente trascendental», dijo Richard Howell, quien interpretó al Hombre Minutero de Lexington Samuel Tidd en la batalla.

«Este es uno de los terrenos más sagrados del país, si no del mundo, por lo que representa», expresó. «Representar lo que sucedió ese día, cómo un pequeño pueblo como Lexington fue un vórtice de tanto».

Entre los que observaban la recreación de Lexington estaba Brandon Mace, un teniente coronel de la Reserva del Ejército cuyo ancestro Moses Stone estaba en la milicia de Lexington.

Dijo que ver la recreación fue «un poco emotivo».

«Él tomó la decisión al igual que yo la tomé y mi hermano la tomó, y mi hijo también está en el ejército», comentó Mace. «… No sabía que hoy lo estaríamos celebrando. No sabía que estaba participando en el nacimiento de la nación. Solo sabía que sus amigos y familiares estaban en peligro».

Los historiadores pueden decirnos con confianza que cientos de tropas británicas marcharon desde Boston en la madrugada del 19 de abril de 1775 y se reunieron a unos 23 kilómetros (14 millas ) al noroeste, en el campo de la ciudad de Lexington.

Los testigos recordaron que algunos oficiales británicos gritaron: «¡Tiren sus armas, villanos, rebeldes!» y que se escuchó un disparo en medio del caos, seguido de «fuego disperso» de los británicos. La batalla se volvió tan feroz que el área apestaba a pólvora quemada. Al final del día, la lucha se había trasladado a unos 11 kilómetros (7 millas) al oeste, a Concord, y unos 250 británicos y 95 colonos resultaron muertos o heridos.

Pero nadie sabe quién disparó primero, o por qué. Y la revuelta en sí fue inicialmente menos una revolución que una demanda de mejores condiciones.

Woody Holton, profesor de historia temprana de Estados Unidos en la Universidad de Carolina del Sur, dijo que la mayoría de los académicos están de acuerdo en que los rebeldes de abril de 1775 no buscaban dejar el imperio, sino reparar su relación con el rey Jorge III y volver a los días antes de la Ley del Timbre, la Ley del Té y otras disputas de la década anterior.

«Los colonos sólo querían retroceder el reloj a 1763», afirmó.

Stacy Schiff, historiadora ganadora del Premio Pulitzer cuyos libros incluyen biografías de Benjamin Franklin y Samuel Adams, dijo que Lexington y Concord «galvanizaron la opinión precisamente como los hombres de Massachusetts esperaban que lo hiciera, aunque todavía sería un largo camino hacia un voto por la independencia, que Adams sentía debería haberse declarado el 20 de abril de 1775».

Pero en ese momento, agregó Schiff, «no parecía posible que un país madre y su colonia realmente hubieran llegado a las armas».

Los rebeldes ya creían que su causa era más grande que un desacuerdo entre súbditos y gobernantes. Mucho antes de los puntos de inflexión de 1776, antes de la Declaración de Independencia o la jactancia de Thomas Paine de que «tenemos en nuestro poder comenzar el mundo de nuevo», se veían a sí mismos en un drama para la historia.

Las llamadas Resoluciones de Suffolk de 1774, redactadas por líderes cívicos del condado de Suffolk, Massachusetts, rezaban por una vida «libre de poder, sin trabas con cadenas», una lucha que determinaría el «destino de este nuevo mundo y de millones no nacidos».

La revolución fue una historia continua de sorpresa e improvisación. El historiador militar Rick Atkinson, cuyo libro «El Destino del Día» es el segundo de una trilogía planificada sobre la guerra, llamó a Lexington y Concord «una clara victoria para el equipo local», aunque solo porque los británicos no esperaban tal resistencia apasionada de la milicia de la colonia.

Los británicos, siempre subestimando a aquellos a quienes el rey Jorge consideraba una «multitud engañada e infeliz», serían rechazados nuevamente cuando los rebeldes rápidamente enmarcaron y transmitieron una narrativa culpando a las fuerzas reales.

«Una vez que se dispararon tiros en Lexington, Samuel Adams y Joseph Warren hicieron todo lo posible para recopilar declaraciones de testigos y circularlas rápidamente; era esencial que las colonias, y el mundo, entendieran quién había disparado primero», dijo Schiff. «Adams estaba convencido de que el enfrentamiento de Lexington sería ‘famoso en la historia de este país’. Se esforzó por dejar claro quiénes habían sido los agresores».

Ninguno de los dos lados imaginó una guerra que durara ocho años, ni tenía confianza en qué tipo de país nacería de ella. Los fundadores se unieron en su búsqueda de autogobierno, pero diferían en cómo gobernar realmente, y si el autogobierno podría siquiera durar.

Los estadounidenses nunca han dejado de debatir el equilibrio de poderes, las reglas de la concesión de derechos o cuán ampliamente aplicar la exhortación: «Todos los hombres son creados iguales».

Ese debate estuvo muy presente el sábado, aunque principalmente en los márgenes y con manifestantes anti-Trump superados en número por turistas ondeando banderas, locales y aficionados a la historia. Muchos manifestantes llevaban carteles inspirados en la revolución, incluyendo «Resiste como si fuera 1775», y uno incluso trajo una marioneta con un Trump que tenía el rostro color naranja.

«Es un lugar y una fecha muy apropiados para dejar claro que, como estadounidenses, queremos tomar una posición contra lo que creemos que es una autocracia en ciernes», dijo Glenn Stark, un profesor de física retirado que sostenía un cartel de «No a los Reyes» y observaba la ceremonia en el Puente del Norte.

La gobernadora demócrata de Massachusetts, Maura Healey, quien habló en la ceremonia del Puente del Norte, también utilizó el evento para recordar a la multitud que vitoreaba que muchos de los ideales por los que se luchó durante la Guerra Revolucionaria están nuevamente en riesgo.

«Vemos cosas que serían familiares para nuestros predecesores revolucionarios: el silenciamiento de críticos, la desaparición de personas de nuestras calles, demandas de lealtad incuestionable», dijo. «El debido proceso es un derecho fundamental. Si puede ser descartado para uno, puede perderse para todos».

Corte Suprema de EE.UU. bloquea, por ahora, nuevas deportaciones bajo ley de guerra del siglo XVIII

Migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos llegan al aeropuerto internacional Simón Bolívar, en Maiquetia, Venezuela, el 30 de marzo de 2025. (AP Fhoto/Cristian Hernández)

La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó el sábado, por ahora, la deportación de cualquier venezolano detenido en el norte de Texas bajo una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII.

En una breve orden, el alto tribunal ordenó al gobierno de Donald Trump que no expulse a los venezolanos retenidos en el Centro de Detención Bluebonnet «hasta nueva orden de esta corte».

Los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito disintieron.

La corte actuó en respuesta a un recurso de emergencia interpuesto por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) que argumentaba que las autoridades migratorias parecían estar tomando medidas para reanudar las deportaciones en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.

La Corte Suprema había dicho en abril que las deportaciones podrían continuar solo si quienes estaban a punto de ser expulsados tenían la oportunidad de defender su caso ante un tribunal y se les concedía «un tiempo razonable» para impugnar sus deportaciones pendientes.

“Estamos profundamente aliviados de que la Corte haya bloqueado temporalmente las deportaciones. Estas personas corrían un peligro inminente de pasar el resto de sus vidas en una brutal prisión salvadoreña sin haber tenido nunca un proceso justo”, dijo Lee Gelernt, abogado de la ACLU, en un correo electrónico.

El viernes, dos jueces federales se negaron a intervenir cuando los abogados de los afectados lanzaron una desesperada campaña legal para evitar su deportación, a pesar de que uno de los magistrados dijo que el caso planteaba preocupaciones legítimas. A primera hora del sábado, la Corte de Apelaciones del 5to Circuito de Estados Unidos también se negó a emitir una orden que protegiera a los detenidos de ser deportados.

Se espera que el gobierno recurra de rápidamente a la Corte Suprema en un esfuerzo por persuadir a los jueces de que levanten su orden temporal.

La ACLU ya había presentado demandas para bloquear las deportaciones de dos venezolanos detenidos en el centro de Bluebonnet y buscaba una orden que prohibiera la expulsión de cualquier inmigrante en la región bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.

En una solicitud de emergencia el viernes temprano, la ACLU advirtió que las autoridades de inmigración estaban acusando a otros venezolanos detenidos allí de formar parte de la pandilla Tren de Aragua, lo que permitiría que se les aplicase la ley.

Esta normativa solo se ha invocado tres veces en la historia de Estados Unidos, la más reciente durante la Segunda Guerra Mundial, para mantener a civiles japoneses-estadounidenses en campos de internamiento. El gobierno de Trump argumentó que lo capacitaba para expulsar rápidamente a inmigrantes identificados como miembros de la pandilla, independientemente de su estatus migratorio.

ARCHIVO – Migrantes venezolanos abordan un avión en Harlingen, Texas, el miércoles 18 de octubre de 2023. (AP Photo/Valerie Gonzalez, File)

Tras la orden unánime del alto tribunal del 9 de abril, jueces federales de Colorado, Nueva York y el sur de Texas emitieron rápidamente órdenes que prohibían la deportación de detenidos en virtud de esa ley hasta que el gobierno estableciera un proceso para que pudieran presentar sus reclamos ante una corte.

Pero no se ha emitido ninguna orden de este tipo en la región de Texas a la que pertenece Bluebonnet, que se encuentra a 38 kilómetros (24 millas) al norte de la ciudad de Abilene, en el extremo norte del estado.

El juez de distrito James Wesley Hendrix, designado por Trump, se negó esta semana a prohibir al gobierno la expulsión de los dos hombres identificados en la demanda de la ACLU porque el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) presentó declaraciones juradas de que no serían deportados de inmediato. También se negó a emitir una orden más amplia que prohibiera la remoción de todos los venezolanos en el área en virtud de la ley porque, según dijo, las deportaciones aún no habían comenzado.

Pero la solicitud del viernes de la ACLU incluye declaraciones juradas de tres abogados de inmigración que dijeron que a sus clientes en Bluebonnet se les dio documentación que indicaba que eran miembros del Tren de Aragua y podrían ser deportados para el sábado. En uno de los casos, la abogada de inmigración Karene Brown afirmó que a su cliente, a quien identificó únicamente por sus iniciales, se le dijo que firmara papeles en inglés, aunque solo habla español.

«El ICE informó a F.G.M. de que estos papeles venían del presidente, y que sería deportado incluso si no los firmaba», escribió Brown.

Gelernt dijo en una audiencia el viernes por la noche ante el juez de distrito James E. Boasberg en Washington D.C., que el gobierno llevó inicialmente a los venezolanos a su instalación migratoria en el sur de Texas para su deportación. Pero, dado que un magistrado prohibió las deportaciones en esa zona, los ha llevado al centro de Bluebonnet, donde no hay ninguna orden de ese tipo. Además, apuntó que testigos informaron que los hombres estaban siendo subidos a autobuses el viernes por la noche para ser llevados al aeropuerto.

Luego de que Hendrix no accedió a la solicitud de la ACLU para que emitiera una orden de emergencia, el grupo recurrió a Boasberg, quien suspendió las deportaciones en marzo. La Corte Suprema dictaminó que las órdenes contra la deportación solo podían provenir de jueces en jurisdicciones donde los inmigrantes estaban detenidos, lo que Boasberg dijo que lo dejaba sin poder hacer nada el viernes.

«Comprendo todo lo que estás diciendo», le dijo Boasberg a Gelernt. «Simplemente no creo que tenga el poder de hacer algo al respecto».

Esta semana, Boasberg encontró que hay causa probable de que el Gobierno de Trump cometió desacato criminal al desobedecer su prohibición inicial de deportación. Estaba preocupado de que el documento que el ICE estaba dando a los detenidos no dejara claro que tenían derecho a impugnar su deportación en la corte, lo que él creía que la Corte Suprema había ordenado.

Drew Ensign, un abogado del Departamento de Justicia, no estuvo de acuerdo, y señaló que las personas programadas para la deportación tendrían un «mínimo» de 24 horas para impugnar su expulsión en la corte. Dijo que no había vuelos programados para el viernes por la noche y que no estaba al tanto de ninguno el sábado, pero el Departamento de Seguridad Nacional comentó que se reservaba el derecho de deportar personas.

El ICE señaló que no comentará sobre el litigio.

También el viernes, un juez de Massachusetts hizo permanente su prohibición temporal sobre el gobierno de deportar a inmigrantes que han agotado sus apelaciones a países distintos de los suyos, a menos que se les informe de su destino y se les dé la oportunidad de objetar si enfrentarían tortura o muerte allí.

Algunos venezolanos sujetos a la Ley de Enemigos Extranjeros de Trump han sido enviados a El Salvador y alojados en su notoria prisión principal.

Lo que se sabe de uno de los migrantes enviados «por error» a la cárcel para terroristas de El Salvador

EFE/ @ChrisVanHollen /EDITORIAL USE ONLY/NO SALES/Only AVAILABLE TO ILLUSTRATE THE ACCOMPANYING NEWS (CREDIT REQUIRED)

Kilmar Ábrego García, el migrante salvadoreño que fue expulsado de Estados Unidos a pesar de tener un estatus legal en el país, fue trasladado a otra cárcel en El Salvador después de haber pasado varias semanas detenido en la prisión de máxima seguridad conocida como CECOT.

Así lo detallo el senador estadounidense Chris Van Hollen, quien viajó esta semana a El Salvador para pedir al Gobierno de Nayib Bukele que libere a Ábrego, residente hace más de una década en Maryland, el estado que representa el legislador.

Van Hollen logró reunirse con Ábrego el jueves en San Salvador y dio este viernes una conferencia de prensa donde relató detalles de su conversación y acusó al Gobierno Trump de estar mintiendo sobre el caso del salvadoreño y violando la Constitución.

El senador informó que García fue trasladado hace «nueve días» a otra cárcel en Santa Anta, al oeste del país, pero que sigue sin poder comunicarse con el exterior y está «traumatizado» tras su experiencia en la megacárcel, notoria por las denuncias de abusos a los derechos humanos.

«(Ábrego) se siente muy triste de estar detenido, porque no ha cometido ningún crimen», relató Van Hollen y agregó que las autoridades salvadoreñas no le han dado al migrante de 29 años una explicación de por qué esta detenido.

El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, con quien Van Hollen también se reunió, le dijo al legislador que Ábrego estaba encarcelado porque Trump «está pagando» para mantenerlo detenido.

Ábrego no ha podido hablar con su esposa o sus hijos, todos ciudadanos estadounidenses, y le dijo a Van Hollen que pensar en su familia es lo que le da «fuerza» para seguir «cada día».

El senador criticó directamente al Gobierno Trump, acusándolo de ignorar a la Corte Suprema, que en un fallo la semana pasada ordenó que se «facilitara» el retorno de Ábrego.

«Este caso no es solo sobre un hombre (…) sino sobre la protección de las libertades fundamentales y la Constitución», indicó Van Hollen.

Ábrego García, quien residía en el estado de Maryland, huyó de El Salvador por las extorsiones y amenazas que él y su familia recibieron por parte de la pandilla Barrio 18, de acuerdo con documentos judiciales presentados por su defensa.

El Gobierno Trump ha emprendido una campaña mediática para vincularlo con la pandilla MS-13, a pesar de que no tiene antecedentes penales en EE.UU.

Este viernes, la Casa Blanca publicó una serie de documentos sobre Ábrego, donde se detalla una investigación inconclusa sobre el hombre después de que la policía lo retuviera en una parada de tráfico en 2022 mientras manejaba un vehículo donde estaban otros 8 hombres.

Esta fotografía muestra a Kilmar Abrego Garcia, que por error fue deportado por el gobierno estadounidense a una prisión salvadoreña. Foto sin fecha. (Foto: AP/Murray Osorio/PLLC)

El salvadoreño Ábrego es uno de los más de 200 migrantes -en su mayoría venezolanos- que fueron expulsados de EE.UU. y enviados a la prisión de alta seguridad sin posibilidad de apelar sus casos ante una corte, en lo que grupos en defensa de los derechos humanos han calificado como «desaparición forzada».

El Gobierno del presidente Donald Trump ha defendido las expulsiones acusando a los migrantes de tener vínculos con las pandillas Tren de Aragua y MS-13, calificadas recientemente por Washington como grupos terroristas.

Sin embargo, múltiples investigaciones de medios estadounidenses han demostrado que la mayoría de los migrantes expulsados a El Salvador no tienen antecedentes penales.

A pesar de que el Supremo de EE.UU. emitiera la semana pasada un fallo respaldando la orden de un tribunal de menor instancia en Maryland que instruye al Gobierno a «facilitar» el retorno del salvadoreño, tanto EE.UU. como El Salvador han negado tener la potestad para hacerlo.Cabe destacar que este no es el unico caso donde presuntamente se hayan equivocado las autoridades y enviado a personas inocentes a ser encarceladas en El Salvador, tal como lo expone un reportaje de ABCNews.

El Gobierno de EE.UU. llegó a un acuerdo con Bukele para enviar a migrantes detenidos en EE.UU. hacia el CECOT, una prisión notoria por las denuncias de abusos a derechos humanos.

Como parte del trato, del que no se conocen detalles específicos, Washington pagará a El Salvador 6 millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario.

Otros demócratas han dicho que viajarán a El Salvador para abogar por la liberación de Ábrego García, pero no está claro si esos viajes, o la reunión de Van Hollen, tendrán algún efecto en su situación. Cuando se le preguntó a Trump el jueves si creía que Ábrego García tenía derecho al debido proceso, eludió la pregunta.

“Tengo que referirme, nuevamente, a los abogados”, dijo en el Despacho Oval. “Tengo que hacer lo que me piden que haga”.

Una portavoz de la presidencia de El Salvador dijo que no tenía más información sobre la reunión ni sobre Ábrego García.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha dicho que Ábrego García “nunca volverá a vivir en Estados Unidos”.

Bukele publicó imágenes de la reunión de Van Hollen con Ábrego García el jueves, y dijo que el prisionero “tiene el honor de permanecer bajo la custodia de El Salvador”. Van Hollen indicó que un funcionario del gobierno salvadoreño colocó otras bebidas en la mesa con sal o azúcar en el borde para que pareciera que estaban bebiendo margaritas. El senador señaló que ni él ni Ábrego García bebieron de los vasos, que en la foto publicada por Bukele estaban adornados con cerezas.

Tras varios días de negar que sabía algo sobre Ábrego García, Trump declaró el viernes que estaba al tanto de que el historial carcelario de Ábrego García era “increíblemente malo”, y lo llamó “extranjero ilegal” y “terrorista extranjero”.

El mandatario también respondió el viernes con una publicación en redes sociales, en la que afirmó que Van Hollen “parecía un tonto ayer en El Salvador, rogando para recibir atención”.

El senador demócrata Chris Van Hollen ofrece una conferencia de prensa en el Aeropuerto Internacional Washington-Dulles tras llegar de El Salvador luego de reunirse allí con el salvadoreño Kilmar Ábrego García, el viernes 18 de abril de 2025, en Chantilly, Virginia. (AP Foto/José Luis Magaña)

Arson attack probe at Pennsylvania governor’s mansion looking into suspect’s hatred of Josh Shapiro

Shapiro
This image provided by Commonwealth Media Services shows damage after a fire at the Pennsylvania governor’s mansion while Democratic Gov. Josh Shapiro and his family slept inside on Sunday, April 13, 2025, in Harrisburg, Pa. (Photo: AP/Commonwealth Media Services)

HERSHEY, Pa.— Authorities investigating why a man set fire to Pennsylvania Gov. Josh Shapiro’s official residence are probing whether the suspect was motivated by the Democrat’s Jewish faith or positions on Israel’s war in Gaza.

Police have said that Cody Balmer of Harrisburg harbored hatred toward Shapiro. Several search warrants released Wednesday offer the first details about a potential motive for the arson attack early Sunday in a room where only hours earlier Shapiro and his family celebrated Passover with members of the Jewish community.

Balmer called 911 less than an hour after the fire erupted, promised a confession and talked about Palestinians being killed, police wrote in search warrants.

Exactly what the man was trying to say and who he was referencing isn’t clear from the partial quotations included in the search warrants. Police quoted Balmer as saying “our people have been put through too much by that monster.” Balmer also “related that Governor Josh SHAPIRO needs to know that he ‘…will not take part in his plans for what he wants to do to the Palestinian people,’” police wrote.

During a police interview after turning himself in, Balmer “admitted to harboring hatred towards Governor Shapiro,” according to a police affidavit that did not expand on that point. Police obtained search warrants for Balmer’s electronic devices and a storage locker seeking any writings or notes that contain “the name of Josh Shapiro (or a) reference to Palestine, Gaza, Israel or the current conflict in Gaza.”

Shapiro declined to talk about a motive (backslash)Wednesday, saying prosecutors will ultimately determine what prompted the attack. “It’s not for me to answer that,” he said.

The governor has been publicly critical of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu’s government and the nature of Israel’s military action in Gaza, but also has backed the country’s right to defend itself from Hamas.

Balmer, 38, was diagnosed with bipolar disorder but did not believe the assessment, his brother, Dan Balmer, told The Associated Press. He said he twice helped Cody get treatment at the Pennsylvania Psychiatric Institute.

In court on Monday, Balmer denied having any mental illness and described himself as an unemployed welder with no income or savings. A judge denied bail and ordered him held on charges including attempted homicide, terrorism and arson. He did not enter a plea.

Dauphin County chief public defender Mary Klatt said in a statement that a preliminary hearing would be delayed “for the purpose of determining his competency to stand trial” and that Balmer will be represented by a team of attorneys “due to the complexity of this case.”

“The allegations, if true, demonstrate the devastating consequences of severe mental illness,» Klatt said.

Balmer told police he planned to beat Shapiro with a small sledgehammer if he encountered him after breaking into the building, according to court documents filed in this latest case of violence against political figures in the U.S.

U.S. Attorney General Pam Bondi said she spoke with Shapiro. She described the arson as “absolutely horrific” and said she believes the alleged culprit “wanted to kill him.”

Federal authorities are working with state law enforcement and doing “anything we can to help convict the person who did this,” she added.

State police announced that an independent, third-party expert will assess risks and vulnerability of the governor’s official residence. Shapiro said steps will be taken to strengthen safety systems while adding he has faith in his security team and state police.

Dan Balmer said his brother had displayed concerning behavior, including the night before the fire, when he flipped over a table at the home where Cody Balmer lived with their parents.

A search warrant says he scaled a nearly 7-foot-high (2-meter-high) security fence, eluded police, smashed a window with a hammer and tossed a lit beer bottle filled with gasoline into the piano room. Then, he broke a second window, climbed inside the state dining room and remained inside for about a minute, lighting a second Molotov cocktail before kicking open a door and fleeing, the warrant says.

Shapiro said he, his wife, their four children and another family celebrated Passover on Saturday night and then were awakened by state troopers pounding on their doors and forced to evacuate at about 2 a.m. Firefighters extinguished the fire and no one was injured.

The governor said he and his wife have had many conversations with their children since the attack.

“It’s very hard as a parent, to answer to children, like why does this stuff happen,” he said. “Why are there people out there that want to do harm to others? Those are hard questions to answer for kids.”

Religiosos en EE. UU. publican diez “verdades” para combatir estigmas sobre inmigrantes

Religiosos
Archivo. EFE/Angel Colmenares

Denver (CO).- Más de 200 líderes religiosos de Colorado, representando distintas expresiones de fe, divulgaron este miércoles un documento con diez “verdades” destinadas a contrarrestar “falsedades, inexactitudes y caracterizaciones erróneas” sobre los inmigrantes en Estados Unidos.

El documento, firmado por 231 pastores, sacerdotes, rabinos y capellanes de diversas tradiciones religiosas, destaca el impacto económico y el aporte cívico de la población inmigrante, como parte de una campaña para combatir el estigma creciente sobre esta comunidad.

“Los inmigrantes forman parte de nuestras familias, vecindarios y comunidades religiosas. Son nuestros amigos y compañeros de trabajo. Trabajan en los negocios que frecuentamos. Sus hijos son compañeros de clase de los nuestros”, subrayaron los firmantes.

Apoyados en estudios, estadísticas y otras fuentes documentadas, los líderes religiosos expusieron diez afirmaciones clave. Entre ellas, destacaron que los inmigrantes pagan impuestos, suplen la escasez de mano de obra, impulsan la economía y, en su mayoría, no reciben beneficios públicos.

También señalaron que el proceso para inmigrar legalmente es complejo y costoso, que las razones para migrar son múltiples y que la mayoría de los inmigrantes respeta la ley y contribuye a la seguridad de sus comunidades, por lo que no constituyen una amenaza para la seguridad nacional ni pública.

“Al proclamar la verdad, buscamos crear una narrativa más honesta y objetiva que guíe nuestra toma de decisiones a nivel local y nacional”, esgrimieron los religiosos.

Además, advirtieron sobre el impacto negativo que tendrían las deportaciones masivas en sectores clave de la economía, como la construcción, la agricultura y la industria de la hospitalidad.

Al presentar la declaración, el reverendo Mark Meeks, de la Iglesia Presbiteriana Capitol Heights en Denver, expresó que apoya a los inmigrantes porque “aportan amistad, son familias que trabajan juntas para vivir plenamente y son personas de fe que fortalecen los valores morales de nuestra nación”.

La iniciativa fue coordinada por el Comité de Servicio de los Amigos Americanos (AFSC) de Colorado y por la Red Interreligiosa de Inmigración del mismo estado.

La publicación de la declaración coincidió con la aprobación inicial en el Senado estatal de un proyecto de ley que limita la cooperación de las autoridades locales con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), así como con el bloqueo temporal, ordenado por una jueza federal en Colorado, del uso de la Ley de Extranjeros Enemigos para llevar a cabo deportaciones.

A nivel nacional, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este martes que, en lo referente a deportaciones, “estamos muy seguros de que cada acción tomada por esta administración está dentro de los límites de la ley”.

Justicia de EE. UU. usada como «arma» contra migrantes, acusan activistas ante alza de cargos

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(Foto: EFE/Jorge Fuentelsaz/Archivo)

El Departamento de Justicia de EE. UU., con la fiscal Pam Bondi a la cabeza, se ha convertido en una estratégica “arma” para el Gobierno del presidente Donald Trump en su batalla contra la inmigración ilegal al aumentar por miles las acusaciones y las penas de cárcel, especialmente contra aquellos que regresan tras ser deportados.

Como nunca antes en la historia reciente, el departamento (DOJ, por su sigla en inglés) se ha visto más visiblemente alineado con la agenda política de la Casa Blanca, que ha hecho de la aplicación de las leyes de inmigración su prioridad.

Bondi ha reasignado recursos de otras áreas de su departamento en apoyo al cumplimiento de los objetivos políticos de Trump de encarcelar a inmigrantes, algo que ya está siendo denunciado por los defensores de los derechos humanos.

“El Departamento de Justicia está siendo utilizado como un arma para continuar con esta política de terror en contra de los migrantes”, dijo a Efe, Vicki Gaubeca, directora de Política Migratoria con Human Rights Watch.

El mismo DOJ promociona su “papel crucial” en la iniciativa «Recuperemos América», una estrategia interinstitucional dirigida a la inmigración ilegal, el tráfico de personas y drogas, que ha derivado en el aumento de las acusaciones contra los inmigrantes, sin importar que no tengan cargos criminales.

Solamente la semana pasada los fiscales del distrito suroeste del DOJ, que incluye Arizona, California, Texas y Nuevo México, presentaron cargos en contra de 1.020 extranjeros por violaciones relacionadas a las leyes migratoria. En marzo las acusaciones en ese distrito fueron cerca de 5.000.

Gaubeca acusa a la Administración de “usar leyes de más de 100 años de antigüedad que han sido utilizadas solamente en tiempos de racismo” en contra de los inmigrantes.

Sin embargo, el DOJ se ha defendido de las críticas de seguir una agenda política. “Nuestro objetivo es el mismo, como siempre ha sido en el Departamento de Justicia, que es hacer cumplir la ley. Las personas que cruzan de manera irregular a los Estados Unidos están violando la ley”, dijo en declaraciones a Efe, Esther Winne, vocera de la Oficina del DOJ en Arizona.

Explicó que la penalidad que recibe un inmigrante por reingresar de manera irregular depende de cada caso. La sentencia podría ser de hasta cinco años, sin embargo esta puede ser mayor si el inmigrante es encontrado culpable de cargos adicionales como tráfico humano o de drogas.

Pero para activistas como Gaubeca, Trump está utilizando cualquier herramienta disponible como parte de una guerra “psicológica” en contra de los migrantes con el solo objetivo de orillarlos a que abandonen de manera voluntaria del país.

Además, a la defensora de los derechos humanos le preocupa que la Casa Blanca esté utilizando las leyes para presentar cargos de entrada irregular no sólo a las personas arrestadas en la frontera sur, sino también aquellos que son detenidos en el interior del país.

“Se supone que solo se pueden presentar cargos en contra de aquellos que han ingresado a los Estados Unidos en los últimos dos años, sin embargo hemos visto casos donde se han presentado cargos a personas que han vivido por muchos años en este país”, explicó Gaubeca.

Un ejemplo de esto es el arresto el mes pasado en Carolina del Norte del hondureño Jairo Ernesto Perry Santos, de 40 años. El inmigrante fue acusado por el DOJ por reingresar a Estados Unidos después de ser deportado en agosto de 2016.

A pesar de las quejas de los defensores de los inmigrantes, el DOJ y Bondi han ganado popularidad entre las comunidades con casos como el arresto de Julián Estrada García, un inmigrante mexicano que, de acuerdo a esta agencia federal, había sido deportado previamente en 39 ocasiones.

Estrada García había sido condenado por entrada ilegal cuatro veces. Esta vez el DOJ no quiso acusarlo nuevamente y decidió enviarlo de regreso a México.