En 2008, la policía de Allentown detuvo a Ernesto Galarza en su lugar de trabajo y lo encarceló en la prisión del condado de Lehigh. A pesar de ser ciudadano estadounidense nacido en Nueva Jersey, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió una orden de retención por motivos de inmigración solicitando que el condado de Lehigh retuviera al Sr. Galarza para su posible deportación.

Debido a esa orden de retención de ICE, el Condado de Lehigh erróneamente impidió que el Sr. Galarza fuera liberado de su encarcelamiento, incluso después de pagar la fianza. Durante tres días adicionales después de pagar la fianza, el Sr. Galarza permaneció tras las rejas porque ICE había enviado al Condado de Lehigh una orden de retención de ICE y el condado la cumplió.

La ACLU de Pensilvania presentó una demanda federal en nombre del Sr. Galarza. Ese litigio no sólo dio lugar a una indemnización por daños para el Sr. Galarza, sino que también sentó un precedente importante sobre las órdenes de retención del ICE. El Tribunal de Apelación del Tercer Circuito de EE.UU. sostuvo que las órdenes de retención del ICE no son jurídicamente obligatorias y que los municipios o condados locales pueden optar por cumplir o no con las solicitudes de retención del ICE. Esto significa que si los condados deciden cumplir una orden de retención del ICE, pueden ser considerados legalmente responsables en caso de violación de la Constitución. Este fue el caso del Sr. Galarza, en el que no había ninguna base constitucionalmente válida para la orden de retención.

Es por eso que la ACLU de Pensilvania envió recientemente una carta a cada comisionado del condado y el procurador del condado en todo el estado, recordándoles que el precedente establecido por el caso Galarza sigue siendo la ley con respecto a las detenciones de ICE.

Para limitar la responsabilidad de los condados, la carta de la ACLU-PA insta a los funcionarios de los condados a aplicar una política de aceptación de las órdenes de retención de ICE únicamente si van acompañadas de una orden judicial válida respaldada por una causa probable, como exige la Cuarta Enmienda. Las órdenes de retención de ICE no son revisadas por jueces o autoridades neutrales. Debido a la falta de protecciones básicas de la Cuarta Enmienda en el contexto de las órdenes de retención de ICE, las localidades que optan por aceptar las órdenes de retención de ICE se exponen a la responsabilidad si cumplen con las órdenes de retención de ICE. 

Como señala la carta de la ACLU-PA, ICE emite con frecuencia órdenes de detención basadas en información errónea procedente de bases de datos poco fiables. Un precedente antiguo del Tribunal Supremo de EE.UU. exige que las bases de datos utilizadas por las fuerzas del orden sean fiables para cumplir la prohibición de registro e incautación injustificados establecida en la Cuarta Enmienda. Sin embargo, un tribunal federal ha descrito las bases de datos de ICE como «inexactas, incompletas y llenas de errores». Por lo tanto, los condados que deciden aceptar las órdenes de retención corren un importante riesgo de responsabilidad.

Más allá del riesgo de responsabilidad en función de la legislación federal, como señala la carta, es muy probable que las órdenes de retención de inmigrantes sean ilegales en el marco de la legislación del estado de Pensilvania. Aunque hasta la fecha ningún tribunal de Pensilvania se ha pronunciado sobre la legalidad de las órdenes de retención del ICE, el Tribunal Supremo de Massachusetts sostuvo que cuando la policía estatal o local cumple una orden de retención del ICE, está realizando un nuevo arresto de la persona detenida. Sin embargo, dado que las infracciones en materia de inmigración son civiles y no penales, la policía y las cárceles no tienen autoridad ni mecanismos para justificar la detención únicamente por infracciones en materia de inmigración. Los tribunales de otros estados han llegado a conclusiones similares.

La conclusión es que la aplicación de las leyes de inmigración es tarea del gobierno federal y las localidades no tienen por qué implicarse. Cuando las localidades deciden hacerlo -respetando las órdenes de retención de ICE o destinando recursos a la aplicación de la ley federal de inmigración- no sólo se exponen a la posibilidad de gastar cientos de miles (o más) de dólares de los contribuyentes debido a impugnaciones legales, sino que también hacen que las comunidades sean menos seguras y estén más divididas.

Por ello, los funcionarios del condado deben adoptar políticas claras que exijan mandatos judiciales. Estas políticas, que a menudo forman parte de una «Política de Acogida» más amplia, son fundamentales. Para garantizar que las políticas sean lo más adecuadas posible, los funcionarios del condado deben trabajar con las organizaciones locales que sirven a las comunidades de inmigrantes para elaborar políticas que tengan sentido para sus comunidades. Cuando las localidades tienen políticas claras que limitan la participación en la aplicación de las leyes federales de inmigración y, en su lugar, centran sus limitados recursos en responsabilidades que les competen directamente, no sólo crean una comunidad más acogedora e integradora para todos sus residentes, sino que garantizan mejor el respeto de los derechos constitucionales de las personas.