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Equipo de Trump intenta mostrar confianza y calma tras ajustes en aranceles que sacudieron mercados

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Peter Navarro, asesor comercial de la Casa Blanca, sonríe antes de participar en una entrevista afuera de la residencia presidencial, el jueves 10 de abril de 2025, en Washington. (Foto: AP/Alex Brandon)

Funcionarios del gobierno de Donald Trump acudieron el domingo a programas de televisión en los que defendieron las políticas económicas del presidente de Estados Unidos, luego de otra semana de mercados tambaleantes en la que el gobierno republicano revirtió el rumbo en algunos de sus aranceles más duros.

Mientras tanto, Trump declaró en su red social que, en última instancia, no habrá exenciones para su amplia agenda de aranceles, cuestionando las versiones de que ha otorgado excepciones arancelarias para ciertos productos electrónicos, incluidos los celulares, cuya producción se concentra en China. Más bien, el mandatario señaló: «esos productos están sujetos a los aranceles existentes del 20% por el fentanilo, y simplemente se están moviendo a un ‘balde’ arancelario diferente».

Asesores de la Casa Blanca y miembros del gabinete intentaron proyectar confianza y calma en medio del enfoque intermitente de Trump sobre los aranceles a los productos importados de todo el mundo. Pero sus explicaciones sobre la agenda general, junto con las declaraciones más recientes de Trump, también reflejaron narrativas cambiantes de un presidente que, cuando era candidato en 2024, prometió dar un impulso inmediato a la economía y precios más bajos, pero ahora le pide paciencia a las empresas y consumidores estadounidenses.

Hace una semana, el equipo de Trump defendió la promesa de él de mantener los inminentes aranceles sin excepciones. Utilizaron sus presentaciones más recientes en programas de noticias para defender su medida de retroceder a un arancel universal del 10% para la mayoría de las naciones, excepto China (145%), mientras que a la vez parecían otorgar exenciones a ciertos productos electrónicos como celulares, laptops, discos duros, monitores de pantalla plana y circuitos integrados de semiconductores.

A continuación presentamos los aspectos destacados de lo que dijeron los funcionarios de Trump durante la semana en comparación con lo que declararon el domingo:

Hay respuestas distintas sobre el propósito de los aranceles

Mucho antes de lanzar su primera campaña presidencial en 2015, Trump lamentó la salida del país de la manufactura estadounidense. Su promesa es reindustrializar Estados Unidos y eliminar los déficits comerciales con otros países.

LA SEMANA PASADA

El secretario de Comercio Howard Lutnick, entrevistado en el programa “Face the Nation” de la cadena CBS, destacó la seguridad nacional. “Tienes que darte cuenta de que esto es un problema de seguridad nacional”, señaló, y planteó los peores escenarios de lo que podría suceder si Estados Unidos estuviera involucrado en una guerra.

“Ya no fabricamos medicinas en este país. No hacemos barcos. No tenemos suficiente acero y aluminio para librar una batalla, ¿no es así?”, manifestó.

DOMINGO

Lutnick se mantuvo en ese marco de seguridad nacional, pero el asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, se centró más en que los impuestos a las importaciones son una palanca de presión en el rompecabezas económico más grande.

“El mundo nos estafa. Nos han estado estafando durante décadas”, subrayó Navarro en el programa “Meet the Press” de la NBC. Se refirió a prácticas como la venta de productos a precios injustamente bajos, la manipulación de divisas y las barreras a los productos automotrices y agrícolas de Estados Unidos que ingresan a los mercados extranjeros.

Navarro insistió en que los aranceles producirían acuerdos comerciales bilaterales más amplios para abordar todos esos problemas. Pero también se basó en una justificación por separado al hablar sobre Beijing: el comercio ilícito de drogas.

“China ha matado a más de un millón de personas con su fentanilo”, sostuvo.

En declaraciones antes de la publicación de Trump en Truth Social que cuestionaba la noción de exenciones, Lutnick aludió a esa política venidera . “Van a tener un tipo de arancel con enfoque especial para asegurar que esos productos vuelvan a fabricarse acá”, señaló en entrevista en el programa “This Week” de ABC.

El estado de las negociaciones con otras naciones, incluida China, sigue siendo confuso

LA SEMANA PASADA

Luego de que las tasas más altas ya fueron programadas para ser recaudadas a partir del 9 de abril, los funcionarios del gobierno argumentaron que otros países se apresurarán a sentarse a la mesa de negociaciones.

“He oído que hay negociaciones en curso y que hay una serie de ofertas”, dijo Kevin Hassett, director del Consejo Económico de la Casa Blanca, a ABC. Alegó que “más de 50 países (están) acercándose para dialogar”, aunque no nombró a ninguno.

DOMINGO

Navarro indicó que el Reino Unido, la Unión Europea, India, Japón, Corea del Sur, Indonesia e Israel son algunas de las naciones que están en negociaciones activas con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, Lutnick y otros funcionarios.

Greer señaló en CBS que su objetivo era “obtener acuerdos significativos antes de 90 días” –-la duración de la pausa ordenada por Trump-– “y creo que estaremos allí con varios países en las próximas semanas”.

Las conversaciones con China no han comenzado, agregó. “Esperamos tener una conversación con ellos”, indicó, he hizo énfasis en que será entre Trump y el presidente chino Xi Jinping.

Trump adoptó un tono agresivo el domingo en su publicación en su red social, diciendo: “no seremos rehenes de otros países, especialmente de naciones comerciales hostiles como China, que harán todo lo que puedan para faltarle al respeto al pueblo estadounidense».

Navarro no fue tan específico sobre Beijing. “Hemos abierto nuestra invitación para ellos”, señaló. Por su parte, Lutnick especificó que los intentos de otros países por acercarse a dialogar han sido “entradas suaves… a través de intermediarios”.

Al preguntársele si hay algún tipo de conversación significativa, Navarro respondió: “El presidente tiene una muy buena relación con el presidente Xi”.

Luego procedió a criticar varias políticas y prácticas comerciales de China.

Las propuestas son diferentes, pero la confianza es constante

LA SEMANA PASADA

Navarro fue optimista incluso después que los mercados comerciales de Estados Unidos y globales sufrieran pérdidas de billones de dólares.

“La primera regla, especialmente para los pequeños inversores, es que no puedes perder dinero a menos que vendas. Y, ahora mismo, la estrategia inteligente es no entrar en pánico”, declaró en el programa “Sunday Morning Futures” de Fox News Channel.

DOMINGO

El optimismo de Navarro no flaqueó a pesar de otra semana de pérdidas netas en los mercados de valores y los inestables mercados de bonos.

“Así, esto se está desarrollando exactamente como pensamos que lo haría en un escenario predominante”, subrayó.

Otros enfrentaron algunas de las realidades más complejas de intentar lograr el objetivo de Trump de restablecer una era pasada de manufactura estadounidense.

Lutnick planteó que el enfoque consiste en que vuelvan a Estados Unidos los empleos de alta tecnología, mientras evadía las preguntas sobre la manufactura de bienes que requieren menos conocimientos, como zapatos, lo que podría traducirse en precios más elevados debido a que los trabajadores estadounidenses recibirían mejores salarios. Pero parte de esa producción de alta tecnología es lo que Trump ha eximido, por ahora, de los aranceles que él y sus asesores consideran son una forma de presionar para obligar a las empresas a abrir instalaciones en Estados Unidos.

Hassett reconoció que hay angustia generalizada.

“Los datos de las encuestas han mostrado que la gente está un poco ansiosa por los cambios”, señaló, antes de dirigir su respuesta a las tasas de empleo: “Los datos duros han sido realmente, realmente sólidos».

Miles piden boicotear a aerolínea que firmó contrato con EE. UU. para vuelos de deportación

Una comitiva del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos observa a deportados guatemaltecos bajar de un avión proveniente de Meza, Arizona (EEUU), en la Fuerza Aérea de Ciudad de Guatemala (Guatemala). Imagen de archivo. EFE/Esteban Biba

Más de 30.000 personas han pedido en una campaña digital boicotear a la aerolínea texana de ultra bajo costo Avelo por haber firmado un contrato con el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. para comenzar a operar vuelos de deportación, según muestra este sábado la plataforma Change.org.

La cifra de firmantes era de unos 30.200, cerca del objetivo de 35.000 que se ha propuesto la campaña, «¡No volaremos con Avelo hasta que detengan los vuelos de ICE!» abierta el pasado 7 de abril en la mencionada plataforma.

La compañía, con sede en Houston, comenzará a operar a partir de mayo para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) vuelos para transportar a personas que el Gobierno federal haya decidido deportar, o bien a instalaciones de detención intermedias en EE. UU., o a los destinos finales de expulsión.

La firma del contrato, considerado poco convencional porque el Gobierno estadounidense suele subcontratar a fletadores privados de vuelos chárter, ha deparado, además de la campaña en internet, la condena de muchos congresistas demócratas.

La compañía ha defendido por su parte que el acuerdo es vital para garantizar su estabilidad financiera medio plazo.

El contrato, por un valor un mínimo estipulado de 67,6 millones de dólares, implica operar vuelos desde el aeropuerto de Mesa Gateway de la localidad de Mesa, en Arizona, donde ICE tiene su centro estratégico de operaciones.

Grupos de defensa de los derechos humanos han denunciado las pésimas condiciones de estos vuelos para deportaciones que está fletando el Gobierno del presidente Donald Trump en un momento en el que la Administración está centrada en el endurecimiento de la política migratoria, una de las grandes promesas del magnate neoyorquino en las presidenciales del año pasado.

El objetivo del Gobierno Trump es lograr 1 millón de deportados este año, según WP

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Un agente de la patrulla fronteriza estadounidense habla a un grupo de jóvenes migrantes centroamericanos tras ser detenidos en los margenes del Rio Bravo, en la fronteriza Ciudad Juárez (México). (Foto: EFE/Rey R. Jauregui)

 El Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump se ha propuesto deportar a un millón de personas este año, una cifra récord que incluiría miles de expulsiones a terceros países y que funcionarios y expertos consideran poco realista, según detalla este sábado en exclusiva el diario The Washington Post.

Según cuatro personas que trabajan o han trabajado en autoridades migratorias consultadas por el rotativo, la cifra de un millón de deportados para 2025 se está repitiendo con insistencia en diferentes corrillos privados en el ámbito federal.

La cifra supondría más del doble con respecto al número récord de en torno a 400.000 deportaciones efectuadas en el 2011 por el Gobierno del entonces presidente Barack Obama (2009-2017).

De cara a lograr este objetivo, EE.UU. está manteniendo contactos con una treintena de países para que acepten recibir «miles» de personas expulsadas que no sean ciudadanos suyos, según dos de los funcionarios citados por el periódico.

A su vez, analistas consultados por el periódico dicen que la meta parece poco realista dada la falta de financiación y persona y el hecho de que la mayoría de los 11 millones de inmigrantes indocumentados en el país cuentan con el derecho a una audiencia judicial antes de ser expulsados.

No obstante el Gobierno Trump ha echado mano de una ley de 1897, la de Enemigos Extranjeros, para tratar de realizar deportaciones sumarias.

En concreto, abanderó esa ley para expulsar a El Salvador el pasado 15 de marzo a 238 venezolanos a los que acusa, sin haber aportado pruebas, de ser parte de bandas criminales como Tren de Aragua (TdA), en lo que supone un perfecto ejemplo del tipo de procedimiento que Washington estaría buscando generalizar.

El endurecimiento de la política migratoria es una de las medidas en las que más énfasis está poniendo desde que llegó al poder en enero Trump, que en campaña prometió deportar a «millones» de personas.

De clasificar inmigrantes como fallecidos a deportación: guía sobre políticas migratorias de Trump

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Parientes de migrantes venezolanos en Estados Unidos a los que el gobierno estadounidense deportó a una prisión en El Salvador con base en el argumento de que pertenecían a la pandilla Tren de Aragua protestan frente al edificio de Naciones Unidas, el miércoles 9 de abril de 2025, en Caracas, Venezuela. (Foto: AP/Ariana Cubillos)

El programa del presidente estadounidense Donald Trump para manejar la inmigración estaba desenvolviéndose en diversos frentes el viernes, desde audiencias en casos clave sobre el poder del gobierno para deportar a personas hasta el inicio de un registro requerido para todos aquellos que están en el país sin documentos.

El jueves también hubo varios sucesos sobre el mismo tema, en un momento en que funcionarios federales trabajan para cumplir la promesa del mandatario de llevar a cabo deportaciones masivas y reforzar su autoridad para hacerlo. La Corte Suprema falló en el caso de un hombre deportado por error, y salió a la luz el hecho de que el gobierno está clasificando a miles de inmigrantes vivos como si estuvieran muertos.

A continuación presentamos un desglose de algunos de los acontecimientos hasta ahora y lo que está por venir.

Jueza dice que Mahmoud Khalil, estudiante de Columbia arrestado por protestas sobre Gaza, puede ser deportado

Una jueza de inmigración en Luisiana decidió el viernes que Mahmoud Khalil, estudiante de posgrado de la Universidad de Columbia, puede ser expulsado de Estados Unidos por considerársele un riesgo para la seguridad nacional.

La jueza de inmigración Jamee E. Comans presidió una audiencia sobre la legalidad de deportar al activista, el cual participó en manifestaciones propalestinas.

La afirmación del gobierno de que la presencia de Khalil en Estados Unidos plantea «potencialmente serias consecuencias para la política exterior» fue suficiente para cumplir con los requisitos para su deportación, señaló Comans.

Los abogados de Khalil indicaron que planean seguir luchando e intentarán obtener una dispensa. Y un juez federal en Nueva Jersey ha prohibido temporalmente la deportación de Khalil.

Khalil, residente legal de Estados Unidos, fue detenido por agentes federales de inmigración el 8 de marzo en el vestíbulo de su apartamento propiedad de la universidad, el primer arresto bajo la represión que Trump prometió hacia los estudiantes que se sumaron a las protestas en los campus contra la guerra en Gaza.

Juez ordena actualizaciones diarias sobre el plan de Estados Unidos para traer de vuelta a un hombre que fue deportado por error

La Corte Suprema indicó el jueves que el gobierno de Trump debe trabajar para traer de vuelta a un hombre de Maryland deportado por error a una prisión en El Salvador.

Kilmar Ábrego García es un salvadoreño que tenía una orden de un tribunal de inmigración que impedía su deportación a su país natal, debido al temor de que enfrentaría persecución de pandillas locales. Pero de todos modos el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas lo deportó a El Salvador, donde ha estado detenido en una notoria prisión.

En una audiencia el viernes, la jueza federal de distrito Paula Xinis indicó que es «extremadamente preocupante» que un abogado del gobierno no pudiera explicar qué, si acaso, ha hecho el gobierno de Trump para organizar el regreso de Ábrego García. Los abogados del gobierno estadounidense le dijeron a Xinis que no han tenido tiempo suficiente para examinar el fallo de la Corte Suprema, y pasaron apuros para proporcionar información sobre el paradero exacto de Ábrego García.

«No estoy pidiendo secretos de Estado», declaró Xinis. «El gobierno tenía prohibido enviarlo a El Salvador, y ahora estoy haciendo una pregunta muy simple: ¿Dónde está él?».

Xinis ordenó se emitan actualizaciones diarias sobre los planes para traer de vuelta a Ábrego García.

Jueza se niega a impedir que agentes de inmigración ingresen a lugares de culto

En otro suceso el viernes, una jueza federal se puso del lado del gobierno de Trump al negarse a impedir que agentes de inmigración realicen operaciones policiales en lugares de culto.

La jueza federal de distrito Dabney Friedrich encontró que sólo ha habido un puñado de tales acciones policiales, y que los demandantes —más de dos docenas de grupos cristianos y judíos que representan a millones de estadounidenses— no habían demostrado el tipo de daño legal necesario para la emisión de una orden judicial preliminar.

Pero Friedrich señaló que no demostraron que la caída en el número de feligreses estuviera vinculada a la política de la iglesia.

“Grité”: habla estudiante turca detenida por el ICE

Una estudiante turca de doctorado en la Universidad Tufts indicó que estaba hablando con su madre por teléfono cuando fue detenida por funcionarios de inmigración.

Rumeysa Ozturk indicó en un documento —presentado el jueves por sus abogados ante un tribunal federal— que acababa de salir de su casa en Massachusetts el 25 de marzo cuando varios hombres la rodearon, y «grité».

Desde entonces Ozturk, de 30 años, ha sido trasladada a un centro de detención en Luisiana. Sus abogados dicen que la detención viola sus derechos constitucionales, incluidos la libertad de expresión y el debido proceso.

Ozturk es una de varias personas vinculadas con universidades estadounidenses que asistieron a manifestaciones o expresaron públicamente su apoyo a los palestinos durante la guerra en Gaza y a las que recientemente les fueron revocadas sus visas o han sido detenidas al intentar ingresar a Estados Unidos.

¿Aplazamiento temporal para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos?

Una jueza federal indicó el jueves que impedirá que el gobierno de Trump les ordene a cientos de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que tienen estatus legal temporal que salgan del país a finales de este mes.

Más de 500.000 personas llegaron al país amparadas por el programa del gobierno del presidente Joe Biden. Enfrentaban el vencimiento de un plazo el 24 de abril, lo que conllevaba la cancelación de sus permisos de trabajo y podrían estar sujetos a deportación.

El programa se lanzó mientras el gobierno de Biden intentaba aliviar la presión en la frontera sur creando nuevas vías para que las personas vinieran a Estados Unidos y trabajaran, generalmente por dos años bajo permiso de permanencia temporal en el país.

Es probable que el gobierno apele.

El inicio de un registro para personas que están en el país sin documentos

El viernes entra en marcha un requisito para que las personas que están en el país irregularmente se registren con el gobierno federal.

El Departamento de Seguridad Nacional anunció el 25 de febrero que estaba obligando a todas las personas que están ilegalmente en Estados Unidos a registrarse ante el gobierno federal, y dijo que aquellas que no se autorreportaran podrían enfrentar multas o ser enjuiciadas. Se requerirá que las personas lleven consigo documentos de registro.

Los opositores demandaron para impedir que el registro entrara en vigor, diciendo que el gobierno debería haber pasado por el proceso de notificación pública —el cual es más largo—, y que está implementando esto simplemente para facilitar el objetivo de Trump de lograr deportaciones masivas.

El jueves un juez federal se puso del lado del gobierno. Algunos funcionarios habían argumentado que simplemente estaban haciendo cumplir un requisito que ya existía para todos los que están en el país pero no son ciudadanos estadounidenses, y han enfatizado que, de aquí en adelante, el requisito de registro se aplicaría al máximo.

El gobierno de Trump ha dicho que entre 2,2 millones y 3,2 millones de personas podrían verse afectadas.

¿Clasificando a los inmigrantes como si estuvieran muertos?

En un intento por hacer que más migrantes regresen voluntariamente a sus países, el gobierno de Trump está clasificando a más de 6.000 inmigrantes —que están vivos— como si estuvieran muertos. Los funcionarios están cancelando los números del Seguro Social de los inmigrantes, y en esencia eliminando su capacidad para trabajar o recibir prestaciones en Estados Unidos. Eso es según dos personas al tanto de la situación, las cuales hablaron a condición de guardar el anonimato porque los planes aún no se habían detallado públicamente.

La medida hará que sea mucho más difícil para los afectados usar bancos u otros servicios básicos donde se requieren números del Seguro Social.

Los funcionarios indicaron que eliminar dichos números impedirá que los inmigrantes tengan acceso a muchos servicios financieros y los alentará a «autodeportarse».

Esta semana, los departamentos de Seguridad Nacional y del Tesoro firmaron un acuerdo que permite al IRS compartir los datos fiscales de los inmigrantes con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas con el fin de identificar y deportar a personas que están ilegalmente en Estados Unidos.

Este reporte fue traducido con IA por AP

Jueza: Es «extremadamente preocupante» que EE. UU. no pueda dar detalles de hombre deportado por error

Esta fotografía muestra a Kilmar Abrego Garcia, que por error fue deportado por el gobierno estadounidense a una prisión salvadoreña. Foto sin fecha. (Foto: AP/Murray Osorio/PLLC)

Por MICHAEL KUNZELMAN, REBECCA SANTANA y BEN FINLEY

Una jueza federal criticó duramente el viernes a un abogado del gobierno de Estados Unidos que no pudo explicar qué ha hecho —si es que ha hecho algo— el gobierno de Donald Trump para organizar el regreso de un hombre de Maryland que fue deportado por error el mes pasado a una notoria prisión en El Salvador.

El abogado del gobierno estadounidense también tuvo dificultades para proporcionar información sobre el paradero de Kilmar Ábrego García, a pesar de que la Corte Suprema le ordenó el jueves al gobierno de Trump traerlo de vuelta.

“¿Dónde está y bajo la autoridad de quién?”, cuestionó la jueza federal de distrito Paula Xinis en una sala del tribunal de Maryland.

“No estoy pidiendo secretos de Estado”, señaló. “Todo lo que sé es que él no está aquí. Se le prohibió al gobierno enviarlo a El Salvador, y ahora estoy haciendo una pregunta muy simple: ¿dónde está?”.

Drew Ensign, asistente adjunto del fiscal general, indicó que el gobierno no tiene evidencia para contradecir la creencia de que Ábrego García todavía está en El Salvador.

Xinis parecía exasperada de que Ensign no pudiera decirle dónde está Ábrego García, qué ha hecho el gobierno para organizar su regreso ni qué más planea hacer para traerlo de vuelta a Estados Unidos.

“Eso es extremadamente preocupante”, afirmó.

La jueza le preguntó repetidamente a Ensign sobre lo que se ha hecho para facilitar el regreso de Ábrego García, preguntándole directamente: “¿Han hecho algo?”, a lo que Ensign respondió que no tenía conocimiento personal de lo que se había hecho.

“Entonces eso significa que no han hecho nada”, declaró la jueza, y añadió: “A pesar de la directriz clara de este tribunal, sus clientes no han hecho nada para facilitar el regreso del señor Ábrego García”.

Por su parte, Ensign enfatizó que el gobierno estaba “sopesando activamente qué se podría hacer”, y dijo que el caso de Ábrego García era un asunto que involucraba a tres diferentes agencias del gabinete y coordinación significativa.

Antes de que terminara la audiencia, Xinis le ordenó al gobierno federal proporcionar actualizaciones diarias sobre el estado de sus planes para traer de vuelta a Ábrego García.

“Supongo que mi mensaje, para que conste, es: si pueden hacerlo, háganlo mañana”, expresó.

Los abogados del gobierno de Trump le dijeron a Xinis en un documento presentado antes de la audiencia que su plazo para obtener información era “poco práctico” y que no habían tenido tiempo suficiente para revisar el fallo de la Corte Suprema del jueves .

Los abogados del gobierno también escribieron que era «irrazonable” para el gobierno de Estados Unidos “revelar posibles pasos antes de que esos pasos sean revisados, acordados y evaluados”.

“Las relaciones exteriores no pueden operar en plazos judiciales, en parte porque involucran consideraciones específicas de cada país que son completamente inapropiadas para la revisión judicial”, escribieron los abogados.

Después de la audiencia, el abogado de Ábrego García les dijo a los periodistas que “debería estar aquí en Estados Unidos”.

Acompañado por la esposa de Ábrego García y respaldado por simpatizantes, el abogado Simon Sandoval-Moshenberg indicó que espera tener una actualización “significativa” por parte del gobierno el sábado.

“Si no toman en serio la orden de hoy, responderemos», advirtió.

Trump indicó el viernes por la noche que traería de vuelta a Ábrego García a Estados Unidos. Si los jueces del máximo tribunal dijeron que había que traerlo de vuelta, “lo haría”, señaló el presidente.

“Le tengo gran respeto a la Corte Suprema”, les dijo Trump a los periodistas que viajaban en el Air Force One.

Mientras tanto, se tiene previsto que el presidente salvadoreño Nayib Bukele visite Washington el lunes. El viernes le preguntaron a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, si Trump quería que Bukele trajera a Ábrego García.

Pero Leavitt respondió que Bukele viene de visita para hablar sobre la cooperación entre los dos países, “que está en su punto más alto”.

Jennifer Vasquez Sura, la esposa de Kilmar Abrego Garcia, quien fue deportado por error a El Salvador, habla durante una conferencia de prensa en Hyattsville, Maryland, el viernes 4 de abril de 2025. (Foto: AP/Jose Luis Magana)

La esposa de Ábrego García, Jennifer Vásquez Sura, dijo el jueves que la experiencia ha sido una “montaña rusa emocional”.

“Estoy esperando ansiosamente que Kilmar esté aquí en mis brazos, y en nuestro hogar acostando a nuestros hijos, sabiendo que esta pesadilla está casi llegando a su fin. Seguiré luchando hasta que mi esposo esté en casa”, manifestó.

Ábrego García huyó de El Salvador debido a la persecución de pandillas locales, según sus registros de la corte de inmigración. Vivió en Maryland aproximadamente 14 años, durante los cuales trabajó en construcción, se casó con una ciudadana estadounidense y estaba criando a tres hijos con discapacidades.

En 2019 la policía local lo acusó de ser miembro de la pandilla MS-13, según registros judiciales. Negó la acusación y nunca le presentaron cargos.

Posteriormente un juez de inmigración lo protegió de la deportación a El Salvador debido a la probable persecución de pandillas en su país natal, según registros. Tenía un permiso federal para trabajar en Estados Unidos y era aprendiz de hojalatero, señaló su abogado.

De todos modos el gobierno de Trump deportó a Ábrego García a una prisión de El Salvador, y posteriormente señaló que había sido “un error administrativo”, pero insistió en que era miembro de la MS-13. El gobierno también argumentó que carecía del poder para traer de vuelta al ciudadano salvadoreño porque ya no estaba en el país.

Pero Xinis, la jueza federal de Maryland, le ordenó al gobierno federal que lo trajera de vuelta, escribiendo que su deportación parecía ser “totalmente ilegal”.

“Hay poca o ninguna evidencia que respalde una acusación ‘vaga, no corroborada’ de que Ábrego García estuvo alguna vez en la pandilla callejera MS-13”, escribió la jueza el 4 de abril.

En su fallo del jueves, la Corte Suprema rechazó la apelación de emergencia del gobierno a la orden de Xinis para el regreso de Ábrego García.

“La orden requiere adecuadamente que el gobierno ‘facilite’ la liberación de Ábrego García de la custodia en El Salvador y asegure que su caso se maneje como se habría manejado si no hubiera sido enviado erróneamente a El Salvador”, señaló el tribunal en una orden no firmada y sin disidencias anotadas.

Los jueces liberales del tribunal señalaron que el gobierno se debería haber apresurado corregir “su error atroz” y estaba “claramente equivocado” en plantear que no podía traerlo de vuelta a casa.

La Corte Suprema ha emitido una serie de fallos en su lista de casos de emergencia, donde la mayoría conservadora ha apoyado a Trump al menos parcialmente, en medio de una ola de órdenes de tribunales inferiores que ralentizan la amplia agenda del presidente.

En el caso del jueves, el máximo tribunal indicó que la orden de Xinis debe aclararse con el fin de asegurarse de que no interfiera en el poder del ejecutivo sobre asuntos exteriores, ya que Ábrego García está detenido en el extranjero.

Empresarios latinos de EE. UU piden a Trump dejar de atacar a su comunidad, motor económico

Fotografía de archivo del 25 de marzo de 2025 de activistas y afiliados de la Hispanic Federation (HF) sosteniendo carteles durante una rueda de prensa frente a la sede del Congreso estadounidense en Washington (Estados Unidos). EFE/ Lenin Nolly

Empresarios latinos reclamaron en Nueva York al presidente Donald Trump que deje de atacar a su comunidad inmigrante a la que, recordaron, necesita la economía de EE. UU para seguir adelante, como ocurrió tras los atentados del 11-S o la crisis de salud causada por el COVID.

«No nos fuimos cuando el 11-S y sacamos a Nueva York adelante, y ahora mucho más porque, ya que cerró la frontera, es el momento para una reforma migratoria comprensiva y humana», dijo el colombiano Eduardo Giraldo, presidente de la Cámara de Comercio Hispana de Queens, y portavoz de la coalición de cámaras durante una conferencia de prensa en el sector financiero de Wall Street.

«Queremos mandar un mensaje a la Administración de que nosotros, los latinos, somos , especialmente los inmigrantes, una fuerza de capital», dispuestos a trabajar en las fábricas que llegarán al país y que esperan ocurra igual en Latinoamérica.

Para estos comerciantes, la política migratoria de Trump es «devastadora» para la comunidad latina «porque cuando piensan en migrantes, piensan solo en latinos».

Su mensaje, aseguró, «nos ha mandado a escondernos, a parar los negocios, las inversiones, dejar de comprar casa, carros. Hay una austeridad muy grande en el mercado latino en este momento», dijo Giraldo, dueño de una compañía de seguros.

También que su política migratoria tiene a la comunidad «arrinconada y lo único que hacemos es defendernos». «Somos trabajadores, gente emprendedora, gente que educamos a nuestros hijos, que abrazamos a este país y hemos salido adelante, no esos delincuentes que está mostrando en la televisión.La emigración viene de todos lados», sostuvo el empresario.

Con el tema de los aranceles -que Trump detuvo por 90 días excepto para China- aseguró que ya se están notando en las ventas en los negocios, incluidos los restaurantes, que han bajado «como un 20 o 30 %» porque hay cautela en el mercado y podrían llevar al despido de trabajadores.

No obstante, dijeron no oponerse a aranceles «justos» y que resulten en una inversión en América Latina. «Queremos decir (al Gobierno) que abra las puertas a traer negocios, abrirles campo para que inviertan en nuestros países (latinoamericanos)», afirmó

«Este es el momento para que los estadounidenses lleven sus empresas allá, cerca de EEUU, y por otro lado, tenemos que influir en América Latina para que abran las puertas a recibir ya estas compañías», señalaron los comerciantes.

Jueza federal apoya a Trump al permitir la aplicación de leyes de inmigración en lugares de culto

Jueza
Un letrero que prohíbe la entrada de agentes de inmigración o de Seguridad Nacional, en una puerta de la Iglesia Metodista Unida de San Pablo y San Andrés en Nueva York, el 21 de enero de 2025. (AP Foto/Seth Wenig, Archivo)

WASHINGTON— Una jueza federal se mostró el viernes a favor del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump al permitir que los agentes de inmigración realicen operaciones de control en lugares de culto, a pesar de una demanda presentada por grupos religiosos sobre la nueva política.

La jueza federal de distrito, Dabney Friedrich, en Washington se negó a conceder una medida cautelar a los demandantes, más de dos docenas de grupos cristianos y judíos que representan a millones de estadounidenses.

Determinó que los demandantes carecen de legitimación, o el derecho legal para demandar, ya que sólo se han llevado a cabo unas cuantas medidas de control de inmigración en o alrededor de iglesias u otros lugares de culto, y que la evidencia no muestra “que los lugares de culto estén siendo señalados como objetivos especiales”.

Los demandantes están revisando la decisión y evaluando sus opciones, dijo su abogada principal, Kelsi Corkran.

“Seguimos profundamente preocupados por los impactos de esta política y estamos comprometidos a proteger los derechos fundamentales consagrados en la Primera Enmienda y la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa”, dijo Corkran, directora de la Corte Suprema en el Instituto para la Defensa Constitucional y Protección.

Los grupos religiosos argumentaron que la política violaba el derecho a practicar su religión. Desde que Trump asumió el cargo en enero, la asistencia ha disminuido significativamente, y en algunas áreas se han producido reducciones porcentuales de dos dígitos, dijeron.

Sin embargo, la jueza determinó que los grupos no habían demostrado que sus reducciones estuvieran vinculadas definitiva y específicamente a la política relacionada con las iglesias, en lugar de a acciones más amplias por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) u otras agencias.

“Esa evidencia sugiere que los feligreses se quedan en casa para evitar encontrarse con el ICE en sus propios vecindarios, no porque las iglesias o sinagogas sean lugares de riesgo elevado”, escribió Friedrich, nombrada por el presidente republicano durante su primer mandato.

Eso significa que el simple hecho de revertir la política sobre los lugares de culto no necesariamente haría que los inmigrantes regresaran a la iglesia, determinó.

El 20 de enero, su primer día de regreso en el cargo, el gobierno de Trump rescindió una política del Departamento de Seguridad Nacional que limitaba los sitios en los que podían realizarse arrestos de migrantes. Su nueva política señalaba que los agentes de campo, mediante el “sentido común” y la “discreción”, pueden realizar operaciones de control de inmigración en lugares de culto sin la aprobación de un supervisor.

Los abogados de los demandantes afirmaron que la nueva directiva del Departamento de Seguridad Nacional se aparta de la política gubernamental, con 30 años de antigüedad, contra la realización de operaciones de control de inmigración en “áreas protegidas” o “lugares sensibles”.

Los demandantes ofrecieron algunos ejemplos de aplicación o vigilancia, según el fallo de la jueza. Mencionaron informes de un inmigrante arrestado en una iglesia de Georgia y de un registro del ICE en una guardería de una iglesia en Georgia. Los demandantes también señalaron cuatro casos en los que agentes de inmigración que parecían realizar vigilancia cerca de sitios religiosos, como fotografiar a personas en fila para recibir alimentos.

El fallo se produce mientras las medidas de Trump contra la inmigración llegan a los tribunales de todo el país. Tan sólo el jueves, otro juez allanó el camino para que el gobierno exija que las personas que están en Estados Unidos sin autorización se registren ante el gobierno, aun cuando la Corte Suprema ordenó a la administración que devuelva a un hombre deportado por error a El Salvador.

Se han producido al menos dos demandas más sobre la política de áreas sensibles. Un juez con sede en Maryland acordó bloquear las operaciones de aplicación de las leyes migratorias para algunas denominaciones religiosas, entre ellas, los cuáqueros.

Sin embargo, un juez de Colorado se puso del lado del gobierno en otra demanda sobre la reversión de una política similar que limitaba los arrestos de inmigración en escuelas.

A pesar del revés inmediato, los demandantes pueden continuar presionando su caso en la demanda.

El Gobierno de Trump incluye a migrantes en la lista de muertos para quitarles beneficios

Trump
Fotografía de archivo de la secretaria de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Kristi Noem, hablando con la prensa en Washington (EE.UU.). EFE/ ARCHIVO

Washington.- La Administración de Donald Trump ha incluido a más de 6.000 migrantes, en su mayoría de latinos, en la base de datos de gente fallecida, eliminando sus opciones para trabajar legalmente en Estados Unidos o solicitar beneficios sociales, informó el diario The Washington Post.

La medida fue ordenada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, con el objetivo de presionar a las personas indocumentadas a que abandonen el país, explicó un funcionario de la Casa Blanca al periódico.

Esta nueva política se basa en dos memorandos internos firmados el pasado lunes que autorizan al Seguro Social a incluir a migrantes en el archivo de defunciones por razones de seguridad nacional.

Las personas en la mira son migrantes registrados en la Seguridad Social que perdieron su estatus legal o aquellos que ingresaron al país en programas migratorios de la anterior Administración de Joe Biden (2021-2025) y que han expirado bajo el actual Gobierno.

Las fuentes indicaron al diario que algunas de las personas afectadas están incluidas en la lista de vigilancia terrorista del FBI.

De acuerdo con el rotativo, el Gobierno planea incluir en el listado de fallecidos a 92.000 migrantes que tienen algún tipo de condena penal.

“El presidente Trump prometió deportaciones masivas y, al eliminar el incentivo monetario para que los inmigrantes indocumentados vengan y se queden, los animaremos a autodeportarse”, declaró Elizabeth Huston, portavoz de la Casa Blanca, en un comunicado.

Según The Washington Post, algunos funcionarios de la Seguridad Social han cuestionado la legalidad de esta ptáctica, argumentando que incluir en ese listado a personas que se sabe que están vivas viola las leyes de privacidad.

La estrategia de Trump contra la inmigración incluye la revocación de varios permisos emitidos por el Gobierno de Biden, una aplicación para teléfono para que los migrantes soliciten su deportación y el envío a la cárcel de máxima seguridad de El Salvador de personas presuntamente acusadas de formar parte del crimen organizado.

Trump es acusado por los demócratas de manipular los mercados con la tregua arancelaria

Trump
Imagen de archivo. EFE/EPA/SHAWN THEW

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue acusado este viernes por legisladores demócratas de manipular los mercados con la tregua arancelaria decretada para casi todos los países, excepto China, y que provocó una subida de las cotizaciones bursátiles.

El líder de la minoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, la senadora Elizabeth Warren y otros miembros de su formación solicitaron a la comisión del mercado de valores de la cámara alta que investigasen si el mandatario y miembros de su entorno habían sacado provecho del giro de 180 grados.

«¡Este es un gran momento para comprar!», publicó el mandatario en su red social, Truth Social, el miércoles horas antes de anunciar la tregua en su guerra comercial.

Además, en un vídeo publicado por una de sus asistentes se ve a Trump conversando con un grupo de hombres en el Despacho Oval y celebrando que algunos de ellos habían ganado dinero tras la subida de la bolsa.

«Hoy él ha ganado 2,5 millones de dólares y él ha ganado 900 millones. No está mal», se le escucha decir en ese vídeo mientras señala a dos personas.

El senador demócrata de California Adam Schiff planteó en una carta enviada a la oficina de ética gubernamental que el líder republicano podría haber utilizado esta información privilegiada antes de comunicar su decisión.

«¿Quién sabía lo que el presidente iba a hacer? ¿La gente cercana al presidente negoció acciones sabiendo el increíble giro que el mercado estaba a punto de dar?», se preguntó Schiff en un vídeo publicado de en X.

Según la revista Time, el senador demócrata Rubén Gallego, se unió a su compañero de formación y exigió en una misiva dirigida a la Casa Blanca que se investigara si «Trump, su familia u otros miembros de la administración participaron en operaciones con información privilegiada u otras transacciones financieras ilegales».

Por su parte, la legisladora demócrata Alexandria Ocasio-Cortes pidió a todos los miembros del Congreso que revelasen si habían comprado acciones en las horas cercanas al anuncio del republicano.

El uso de información privilegiada del que hablan los demócratas se basa en comprar o vender acciones basándose en información confidencial que no es pública y que puede tener un impacto directo con esos valores.

Después de que el neoyorquino hiciese pública la suspensión de los gravámenes adicionales – el global del 10 % lo mantuvo – durante 90 días, Wall Street reaccionó con subidas de entre el 6 % y el 8 % después de la extrema volatilidad registrada los últimos días.

Minutos después de hacer pública la medida a través de su red social Truth Social, el índice tecnológico Nasdaq se disparaba un 8,69 %, el S&P un 7,10 % y el Dow Jones un 6,33 %.

Los analistas señalaron que se trata de la subida más fuerte en unos cinco años, desde el rebote bursátil tras el desplome por la pandemia de covid-19, aunque está por ver si se mantiene el optimismo.

Fiscal de EE. UU. investiga al gobernador de Nueva Jersey por política migratoria

Nueva Jersey
El fiscal general de Nueva Jersey, Matt Platkin, habla en una conferencia de prensa el viernes 11 de abril de 2025, un día después de que la fiscal federal interina Alina Habba dijera que ha iniciado una investigación sobre él en relación con la política de aplicación de las leyes migratorias en Newark, Nueva Jersey. (AP Foto/Mike Catalini)

NEWARK, Nueva Jersey, EE. UU.— La principal fiscal federal de Nueva Jersey afirmó haber iniciado una investigación contra el gobernador demócrata Phil Murphy y el fiscal general del estado Matt Platkin por la directiva del estado a las fuerzas del orden locales de no cooperar con los agentes federales que hacen cumplir la ley de inmigración.

Alina Habba, nombrada el mes pasado por el presidente Donald Trump como fiscal federal interina del estado, anunció la investigación el jueves por la noche en Fox News.

“Quiero que sea una advertencia para todos que hoy he ordenado a mi oficina que inicie una investigación sobre el gobernador Murphy, que abra una investigación sobre el fiscal general Platkin”, afirmó.

El viernes, en una conferencia de prensa no relacionada, Platkin destacó la cooperación entre las fuerzas del orden estatales y federales en investigaciones penales y señaló que los tribunales federales han respaldado la directiva del estado.

“Seguiré haciendo mi trabajo. Sé que los valientes hombres y mujeres de las fuerzas del orden de nuestro estado, que hacen un trabajo extraordinario todos los días, seguirán haciendo su trabajo”, expresó Platkin.

Murphy abordó los comentarios de Habba el viernes durante una aparición en el podcast MeidasTouch, diciendo que las fuerzas del orden en el estado regularmente persiguen delitos y trabajan con las autoridades federales .

“Si eres un criminal en Nueva Jersey, vamos tras de ti”, dijo, y agregó: “Las fuerzas del orden en Nueva Jersey están obsesionadas con llevar justicia en los delitos y contra los criminales. No estamos en el negocio de la inmigración. Si necesitamos trabajar con las autoridades, las autoridades federales de inmigración, lo hacemos absolutamente”.

El gobierno de Murphy ha apoyado en gran medida la inmigración. Bajo su mandato, el predecesor de Platkin emitió una directriz que limita la cooperación entre la policía local de Nueva Jersey y las autoridades migratorias. Existe un proyecto que convertiría la directiva en ley estatal, el cual está pendiente en la Asamblea Legislativa, pero no ha avanzado.

La política y el proyecto de ley pendiente han recibido renovada atención desde el inicio del segundo mandato de Trump, y las autoridades de inmigración arrestaron a varias personas en Newark poco después de la toma de posesión del presidente. Los arrestos hicieron que los defensores de los derechos de los inmigrantes preguntaran ”¿Dónde está el gobernador Murphy?” en una conferencia de prensa realizada por el alcalde de Newark para criticar la aplicación de la ley de inmigración.

Aunque no está claro exactamente en qué se centrará la investigación de Habba, el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito en 2021 estuvo de acuerdo con una orden de un tribunal inferior que apoyaba al gobierno de Murphy en una demanda presentada por dos condados y la oficina de un sheriff del condado que no estaban de acuerdo con la directiva. La decisión del tribunal federal de apelaciones dejó la directiva en vigor en el estado.

Habba asumió el cargo interino de John Giordano, a quien el presidente nombró embajador de Estados Unidos en el país sudafricano de Namibia.

Socia de un pequeño bufete de abogados en Nueva Jersey cerca del campo de golf de Trump en Bedminster, Habba fue asesora principal del comité de acción política de Trump, lo defendió en la corte en varias demandas civiles y actuó como su portavoz el año pasado mientras el entonces candidato alternaba entre los tribunales y la campaña electoral.