Reclutar mujeres en la industria de la construcción ha sido durante años una labor meticulosa y ampliamente popular, con un creciente apoyo bipartidista y del sector debido a la persistente escasez de mano de obra. No obstante, el objetivo del presidente Donald Trump de eliminar los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) amenaza con paralizar a las organizaciones comunitarias que han sido cruciales para lograr este objetivo.

El gobierno de Trump ha actuado con rapidez para recortar la financiación federal a docenas de grupos comunitarios que implementan programas de formación técnica diseñados para mujeres, de capacitación contra el acoso y de apoyo para el cuidado infantil y el transporte para los trabajadores que los necesitan, entre otros.

Esta reforma se debe a un par de órdenes ejecutivas contra la DEI, que obligan a las agencias federales cancelar todas las subvenciones “relacionadas con la equidad” y exigen a los contratistas gubernamentales y a quienes reciben fondos federales que certifiquen, bajo amenaza de severas sanciones, que no operan ningún programa de DEI que viole las leyes contra la discriminación.

Las órdenes provocaron una reacción apresurada de corporaciones, universidades, bufetes de abogados y grandes organizaciones filantrópicas para encontrar cómo adaptar sus políticas de DEI y evitar así perder fondos federales. Algunos han desafiado las órdenes ejecutivas directamente.

Pero para muchas organizaciones sin fines de lucro, las órdenes representan una amenaza existencial, ya que su misión consiste en brindar servicios a comunidades históricamente marginadas. Varias organizaciones sin fines de lucro que proveen vivienda, salud y servicios de desarrollo de la fuerza laboral se han unido a organizaciones de derechos civiles para presentar demandas que impugnan las órdenes presidenciales contra la DEI con el argumento de que son tan imprecisas sobre qué podría constituir la DEI “ilegal” que su cumplimiento es imposible y viola la libertad de expresión.

Las partes interesadas en la industria de la construcción siguen de cerca una demanda presentada por Chicago Women in Trades (Mujeres de Chicago en Oficios), una organización fundada en 1981 para ayudar a las mujeres a acceder a oficios especializados. Otros grupos similares reportaron que consideraban litigar después que el Departamento del Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés) les retirara sus subvenciones la semana pasada bajo el argumento en las notificaciones de rescisión de que su labor para promover la equidad de género ya no se alinea con las prioridades del gobierno.

Alrededor del 40% de los fondos de Chicago Women in Trades provienen de fondos federales, según documentos judiciales.

Mientras se desarrollan las demandas, Jayne Vellinga, directora ejecutiva de Chicago Women in Trades, afirmó que la contratación y la programación futura se han estancado debido a que no hay claridad sobre qué ocurrirá con la financiación de la organización. Los programas actuales continúan bajo una nube de incertidumbre.

El zumbido de los taladros llenó el centro de capacitación de Ironworkers Local 63 (Sección 63 del Sindicato de Trabajadores del Hierro), a las afueras de Chicago, durante un programa exploratorio de capacitación que depende de fondos estatales y federales. Unas dos decenas de mujeres se pusieron cascos de construcción, guantes de trabajo y gafas de seguridad para practicar el montaje de ventanas bajo la mirada atenta de un instructor. Dos grupos compitieron entre sí para ver qué tan rápido podían perfeccionar cada ensamblaje. Otro grupo, cerca, practica el calafateo.

Al inicio del programa de 10 semanas, los participantes exploran durante una semana diferentes oficios con carpinteros, electricistas y herreros experimentados. Alrededor del 70% de los participantes acceden con éxito a programas de formación como aprendices.

Sam Barraza, de 24 años, se unió al programa después de tener dificultades en un trabajo de oficina debido a su trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH). Durante una rotación con el Sindicato de Albañiles, Barraza consiguió empleo como aprendiz de rejuntado, un proceso de reparación de mampostería que se utiliza para restaurar edificios antiguos.

Pero Barraza, quien es no binaria, dijo que nunca habría descubierto el oficio ni entendido cómo iniciarse en la industria sin un programa como Chicago Women in Trades.

“Hay tantas cosas al interior que, si tu tío se dedicaba a algún oficio, o tu papá lo hacía, quien sea, lo sabrías”, dijo Barraza. “Es la primera vez que me entusiasma una carrera profesional en lugar de pensar: ‘Solo tengo que trabajar para vivir’”.

Agencias gubernamentales, empresas constructoras y sindicatos han invertido miles de millones de dólares para ampliar los programas de formación como aprendices y otros para atraer a las generaciones más jóvenes a oficios especializados, un esfuerzo que se remonta a décadas atrás, pero que se aceleró a medida que el gobierno de Joe Biden incrementó la inversión en infraestructura y la industria de los semiconductores.

Los componentes clave incluyen iniciativas para que los lugares de trabajo sean más acogedores para las mujeres, las minorías raciales y las personas de la comunidad LGBTQ+, quienes durante mucho tiempo han enfrentado prejuicios y acoso en una industria que es mayoritariamente blanca y abrumadoramente masculina.

El progreso ha sido lento pero constante a lo largo de los años. Las mujeres, por ejemplo, representan solo el 4% de los trabajadores cualificados, pero eso representa un aumento de casi el 30% desde 2018, un récord —según las estadísticas laborales de Estados Unidos— celebrado tanto por los grupos de defensa de las mujeres como por las asociaciones del sector. Los defensores dicen que contratar a más mujeres y personas de minorías para empleos cualificados bien remunerados contribuye a reducir las brechas salariales de género y raciales, a la vez que ayuda con la escasez de mano de obra.

Lejos de ser un blanco durante el primer mandato de Trump, Chicago Women in Trades recibió dos subvenciones en 2019 y 2020 en el marco del programa Women in Apprenticeship and Nontraditional Occupations (Mujeres en Formación Técnica y Ocupaciones No Tradicionales, conocido como WANTO), que se remonta a una ley del Congreso de 1992 firmada por el presidente George H.W. Bush.

El primer gobierno de Trump aumentó la financiación del programa e incluso invitó a Vellinga a un seminario web para promocionar sus logros: más de 8,5 millones de dólares en subvenciones a 17 organizaciones comunitarias que atendieron a más de 3.500 mujeres. La financiación de WANTO aumentó considerablemente durante el gobierno de Biden, que otorgó casi 18 millones de dólares en subvenciones a más de 20 organizaciones.

Pero el futuro de WANTO está en el limbo. La semana pasada, el Departamento del Trabajo envió notificaciones de rescisión a muchas de las organizaciones que reciben subvenciones actualmente, con el argumento de que su trabajo ya no se alinea con las prioridades del gobierno debido a su enfoque en la equidad de género y la diversidad, dijeron varias de las organizaciones a The Associated Press.

La subvención de WANTO para Chicago Women in Trades está protegida por ahora bajo una orden judicial preliminar emitida el mes pasado por el juez Matthew Kennelly, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois, una corte federal de primera instancia. Kennelly dictaminó que cancelar la subvención probablemente violaría las disposiciones de separación de poderes de la Constitución, ya que los fondos son asignados por el Congreso. Declinó proteger las otras cuatro subvenciones federales de Chicago Women in Trades.

El Departamento del Trabajo no respondió a múltiples correos electrónicos en los que se solicitaba aclarar sus intenciones con respecto a WANTO y otras iniciativas federales similares para ampliar la contratación en la manufactura y la construcción.

En su solicitud de presupuesto para el año fiscal 2026, Trump se comprometió a mantener la inversión para expandir las oportunidades de formación técnica. No obstante, en la propuesta de consolidación de subvenciones llamada “Make America Skilled Again” (Devolvamos las Habilidades a Estados Unidos), Trump dijo que el Departamento del Trabajo eliminará las subvenciones a “organizaciones sin fines de lucro progresistas” que se centran en la DEI y, en su lugar, dirigirá los fondos a los estados y localidades, los cuales tendrán la flexibilidad de decidir cómo gastarlos. El gobierno de Trump argumenta que muchas políticas de DEI presionan a los empleadores para contratar con base en la raza o género, o excluyen injustamente a algunos trabajadores de oportunidades de capacitación y financiación.

Sin embargo, las empresas constructoras han apoyado los programas de extensión comunitaria para mujeres por necesidad: la industria busca más de 400.000 trabajadores nuevos este año para satisfacer la demanda prevista, según la agrupación comercial Associated Builders and Contractors (Constructores y Contratistas de Obras Asociados).

“Necesitamos todo el talento y los recursos que podamos conseguir”, dijo Vanessa Jester, directora de Comunidad y Ciudadanía de la empresa Turner Construction en Columbus, Ohio, donde la escasez de trabajadores de la construcción es especialmente grave.

La compañía se ha asociado con Chicago Women in Trades y otros grupos comunitarios para dar a conocer la industria de la construcción a mujeres y chicas.

“Si estas jóvenes no pueden verlo, sentirlo, tocarlo y ver que hay una oportunidad, no vamos a lograr crecer”, agregó Jester.

Turner Construction es una de las 800 empresas que se han unido al programa “Culture of CARE” (Cultura de Compromiso, Atracción, Retención y Empoderamiento), lanzado en 2019 por la Associated General Contractors of America (Asociación de Contratistas Generales de Obra de Estados Unidos, o AGA) para abordar el acoso, las novatadas y el hostigamiento que han plagado al sector desde hace mucho tiempo.

La asociación, que cuenta con 27.000 empresas miembro, dice en su sitio web que las órdenes ejecutivas de Trump sobre DEI han causado una revisión de su iniciativa y recursos “para garantizar el continuar con el cumplimiento de la ley”.

Brian Turmail, vicepresidente de Asuntos Públicos y Fuerza Laboral de la asociación, informó que, si bien la redacción de algunas directrices podría cambiar, la organización planea redoblar sus esfuerzos en la “Cultura de CARE”, porque refirió que se trata de prevenir la discriminación que aleja a muchas mujeres y minorías raciales del sector.

“No hay otra manera de que el sector sea viable”, dijo.