Carlie esperaba pasar su último año saboreando sus momentos finales en el campus flanqueado de palmeras de la Universidad de Florida Central. En cambio, se sienta sola en casa, conectándose a cursos en línea, con miedo de salir de su apartamento y correr el riesgo de ser detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.
Hace unos meses, Carlie estudiaba relaciones públicas en Orlando, imaginando que algún día trabajaría para organizaciones sin fines de lucro que ayudan a estudiantes como ella. Gracias a la matrícula estatal y becas privadas, Carlie vivía una vida con la que sólo había soñado en Haití, un país que dejó atrás a los 13 años.
Ahora, es una de los miles de estudiantes de Florida cuya educación está siendo retrasada o descarrilada después de que los legisladores estatales revocaron una ley de 2014 que permitía a los residentes que están en el país ilegalmente calificar para la matrícula estatal en colegios y universidades públicas.
En todo el país, decenas de miles de estudiantes universitarios sin permiso de residencia están perdiendo acceso a la matrícula estatal como parte de una ofensiva migratoria llevada a cabo por el presidente Donald Trump y sus aliados.
“Siento que todo mi arduo trabajo no significa nada”, dijo Carlie, quien habló bajo la condición de ser identificada sólo por su nombre porque teme ser deportada. “Como si, un día, simplemente pudiera perderlo”.
Miles de estudiantes sin estatus legal pierden la matrícula estatal
Cuando los legisladores de Florida aprobaron la ley de exención de matrícula hace más de una década, fue un esfuerzo bipartidista defendido por la entonces representante estatal Jeanette Nuñez, una republicana de Miami que luego se convirtió en la vicegobernadora del gobernador Ron DeSantis. Que una década después Nuñez apoyara desmantelar lo que había sido uno de sus logros emblemáticos es un signo de cuánto ha cambiado la política migratoria del estado hacia las prioridades de Trump.
Según datos estatales, más de 6.500 estudiantes calificaron para lo que se conoce como la exención de matrícula fuera del estado durante el año escolar 2023-2024. Esa exención fue revocada a partir del 1 de julio, después de que DeSantis firmara el proyecto de ley que derogaba los recortes de matrícula.
La diferencia de costo es sustancial. En la Universidad de Florida, se estima que un residente del estado pagará alrededor de 6.380 dólares en matrícula para el año académico 2025-2026 en comparación con alrededor de 30.900 dólares para un estudiante no residente. La vivienda, el transporte y otros gastos pueden sumar otros 17.000 dólares o más.
Los colegios y universidades estatales de Florida no llevan un registro específico de los estudiantes matriculados sin permiso de residencia, pero algunos defensores de inmigrantes dicen que esperan que menos estudiantes asistan a clases presenciales y que muchos abandonen la universidad por completo.
Diego Dulanto Falcon obtuvo un grado en psicología gracias a la exención de matrícula. Ahora está cursando su maestría en salud pública en la Universidad del Sur de Florida.
Al perder el acceso a la matrícula estatal, Dulanto Falcon dijo que los estudiantes sin estatus legal se ven privados de una serie de oportunidades.
“Los estudiantes completamente indocumentados, no tienen absolutamente ninguna opción”, afirmó Dulanto Falcon. «O trabajan de manera informal o simplemente no trabajan en absoluto».
De mirar a la universidad a trabajar en McDonald’s
Cuando asistía a la escuela secundaria en Miami, David llenó su horario con clases de inscripción dual y de Colocación Avanzada. Esperaba asistir a la universidad y convertirse en radiólogo o fisioterapeuta. David, quien nació en Honduras, dijo que ahora eso parece imposible para estudiantes como él sin estatus legal. Mientras sus amigos se fueron a universidades como Duke y Florida State, David fue a trabajar a McDonald’s.
Habló bajo la condición de ser identificado solo por su segundo nombre porque teme la deportación.
“Cuando llegas a este país y tus padres hacen el sacrificio y eres un niño, todo lo que te dicen es que te concentres en la escuela”, comentó. «Yo hice precisamente eso».
Pero ahora, sin la exención de matrícula, dijo que no puede pagar la universidad.
En todo el país, los programas que ofrecen tarifas de matrícula estatal a inmigrantes que alguna vez tuvieron un amplio apoyo bipartidista han sido cada vez más criticados por los republicanos. En desafíos legales, el gobierno de Trump ha argumentado que los beneficios son inconstitucionales.
El Departamento de Justicia ha estado demandando a los estados para que cancelen las reducciones de matrícula, comenzando con Texas en junio, seguido por Kentucky, Minnesota y Oklahoma. Mientras tanto, el Departamento de Educación de Estados Unidos está investigando a las universidades que ofrecen becas a estudiantes sin permiso de residencia.
Rosie Curts, profesora de matemáticas de secundaria en el Distrito Escolar Independiente de Dallas, se preocupa de que no pueda motivar a sus estudiantes a aprender álgebra si sienten que la universidad está fuera de su alcance. Una ley de Texas dio a los estudiantes universitarios sin residencia legal acceso a la matrícula estatal durante décadas antes de que un juez federal la bloqueara en junio.
En una llamada con periodistas, Curts señaló que «la idea de que todo eso se les pueda arrebatar de una manera tan cruel es desmotivante para toda la mentalidad de los educadores».
Becas y matrículas estatales en riesgo
En Orlando, Carlie tenía una beca privada para asistir a Florida Central, pero solo cubría la tarifa de matrícula estatal.
Pudo inscribirse como estudiante en línea en la Universidad Global de Purdue, pero dijo que algunos de sus créditos no se transfirieron y tuvo que cambiar su especialización, retrasando su graduación.
Ir a la escuela en persona en Florida ya no era una opción después de que más de una docena de colegios y universidades, incluida UCF, firmaran acuerdos con el ICE permitiéndoles realizar operaciones de control migratorio en el campus, dijo.
“Elegí la escuela en línea porque simplemente no me siento segura”, dijo Carlie.
Carlie, que vive a horas de distancia de su familia en Miami, teme que si fuera detenida podrían pasar días antes de que alguien notara que estaba desaparecida. Es mucho más seguro quedarse adentro, dijo, viviendo de la comida que le entregan en su apartamento mientras intenta terminar su educación.
“Estoy tratando de volver a encarrilar mi vida”, dijo. «No puedo quedarme en casa para siempre».
