Las llamadas al 911 del personal de Camp East Montana, en Texas, el mayor centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), se sucedieron a un ritmo de casi una al día durante cinco meses, cada una con su propio relato de dolor y desesperación.
Un hombre solloza tras ser agredido por otro detenido. Otro se golpea la cabeza contra la pared tras manifestar ideas suicidas. Una mujer embarazada se quejó de un fuerte dolor de espalda y además tenía coronavirus.
“Cada día se sentía como una semana. Cada semana se sentía como un mes. Cada mes se sentía como un año”, relató Owen Ramsingh, exadministrador de propiedades en Columbia, Missouri, que pasó varias semanas en el campamento antes de ser deportado en febrero a Holanda. “Camp East Montana era 1.000% peor que una prisión”.
Impulsadas por miles de millones de dólares en nueva financiación, las operaciones del ICE en todo el país han sacudido comunidades, separado familias y creado una cultura de miedo en aras de cumplir la promesa del presidente Donald Trump de librar al país de migrantes sin autorización.
___
NOTA DEL EDITOR — En esta historia se hace mención del suicidio. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, la línea nacional de prevención del suicidio y crisis en Estados Unidos está disponible por teléfono o enviando un mensaje de texto al 988. También hay un chat en línea en 988lifeline.org
___
Los arrestos masivos han hecho crecer los centros de detención y han hecho que el ICE emprenda una búsqueda nacional de espacio para alojar a los detenidos. Lejos de los “peores de los peores” que Trump prometió deportar, los datos de la agencia muestran que el 80% de los internos en el campamento no tenían antecedentes penales y, en cambio, quedaron atrapados en una redada de gran alcance.
Camp East Montana luce como una aldea improvisada, con seis largas carpas a lo largo de un tramo del desierto de Chihuahua, a las afueras de El Paso, en la base Fort Bliss del Ejército de Estados Unidos, que en su día albergó un campo de internamiento para estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Dentro del campamento, construido a toda prisa, una serie de módulos de vida comunitaria aloja a miles de inmigrantes con uniformes codificados por colores y zapatos tipo Crocs.
Pero los relatos sobre las condiciones en la instalación, revelados en datos y grabaciones de más de un centenar de llamadas al 911 obtenidas por The Associated Press —además de entrevistas de seguimiento y documentos judiciales— ofrecen un inquietante retrato de hacinamiento, negligencia médica, desnutrición y angustia emocional.
Los detenidos describen un campamento donde, en promedio, han vivido unas 3.000 personas por día en espacios ruidosos e insalubres, en los que las enfermedades se propagan con facilidad y dormir es un lujo. El centro permanecerá cerrado a visitantes al menos hasta el 19 de marzo debido a un brote de sarampión, según la representante federal Veronica Escobar.
Los detenidos tienen dificultades para obtener medicamentos y atención médica, pierden cantidades preocupantes de peso por falta de comida y viven con miedo a los guardias de seguridad privada, conocidos por usar la fuerza para sofocar disturbios. Los techos de las carpas sin ventanas gotean cuando llueve y solo ven la luz del sol durante breves salidas una o dos veces por semana a un estrecho patio de recreación.
En un correo electrónico, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que no proporcionó su nombre rechazó las afirmaciones de condiciones deficientes y sostuvo que los detenidos de Camp East Montana reciben comida, agua y tratamiento médico en una instalación que se limpia con regularidad.
La agencia indicó el martes que las operaciones normales continúan en el campamento. The Washington Post informó el miércoles que el ICE ya estudia un plan para cerrarlo.
Un detenido afirma que los guardias apuestan sobre el suicidio
Al igual que otros detenidos, Ramsingh contó que, en los periodos entre limpiezas, las habitaciones, los baños y las duchas a menudo estaban sucios e infestados de insectos. Señaló que los detenidos robaban la comida de otros porque todos tenían hambre debido a las pequeñas raciones que, a veces, eran incomibles, lo que provocaba peleas, y que las condiciones afectaron su salud mental.
Dijo que, en un momento dado, escuchó a un guardia de seguridad hablar sobre apuestas hechas entre el personal acerca de qué detenido sería el siguiente en morir por suicidio. El guardia comentó que había aportado 500 dólares a una bolsa común, y que el monto total dependía del resultado. La conversación fue especialmente perturbadora, explicó, porque él mismo había contemplado quitarse la vida.
El portavoz del Departamento de Seguridad Nacional afirmó que el relato de Ramsingh era falso, aunque no dio indicios de cómo la agencia había intentado verificarlo.
Ramsingh dijo que se enteró de la bolsa de apuestas después del 3 de enero, cuando el ICE informó que los guardias de seguridad intervinieron tras el intento de un hombre cubano de 55 años de autolesionarse y luego usaron esposas y fuerza para inmovilizarlo. Un médico forense determinó que la muerte de Geraldo Lunas Campos fue un homicidio causado por asfixia.
El 14 de enero, el personal reportó que un hombre nicaragüense de 36 años murió por suicidio días después de ser detenido mientras trabajaba en Minnesota.
Además de esos casos, los detenidos intentaron hacerse daño a ellos mismos mientras expresaban ideas suicidas en al menos otras seis ocasiones que derivaron en llamadas al 911, según registros de la ciudad de El Paso obtenidos bajo la ley de información pública de Texas.
El DHS indicó que el personal médico de la instalación “vigila de cerca a los detenidos en riesgo”, brinda tratamiento de salud mental e intenta prevenir los intentos de suicidio.
Ramsingh era residente permanente legal y fue llevado a Estados Unidos a los 5 años, cuando su madre neerlandesa se casó con un miembro de las fuerzas armadas de Estados Unidos. Se casó con una ciudadana estadounidense en 2015.
Pero a los 45 años, las autoridades migratorias lo detuvieron en el aeropuerto O’Hare de Chicago en septiembre, tras volver a casa de un viaje para visitar a su familia en Holanda. Mencionaron una condena por drogas de cuando tenía 16 años, por la que cumplió pena de prisión hace décadas. Fue uno de los primeros detenidos enviados a Camp East Montana.
“Es mentalmente agotador”
Otras emergencias médicas incluyeron convulsiones, problemas en el pecho y el corazón, según la revisión de AP de 130 llamadas realizadas desde la inauguración del campamento a mediados de agosto hasta el 20 de enero.
“No es fácil aquí dentro, psicológicamente”, expresó el detenido Roland Kusi, de 31 años, quien dijo que huyó de Camerún en 2022 para escapar de la violencia política. “Sigues pensando, todo el tiempo, pensando y pensando en una solución… En verdad es mentalmente agotador”.
Las autoridades migratorias lo arrestaron en septiembre en Chicago, durante una cita con su esposa, integrante de la Guardia Nacional del Ejército, para registrar su matrimonio en busca de la residencia legal para él. Fue trasladado de inmediato a El Paso.
Un inmigrante cubano de unos 50 años dijo a la AP que solicitó recibir su medicación para la diabetes, la hipertensión y la hiperplasia prostática durante una detención de seis semanas en Camp East Montana, pero nunca llegó. El hombre habló bajo condición de anonimato por temor a represalias.
Desesperado, contó que una vez se negó a salir de los dormitorios cuando llegó un equipo de limpieza. Un funcionario de inmigración le ofreció ibuprofeno y lo instó a considerar la posibilidad de irse a otro país.
«Me dice, ‘Mira, son muchos detenidos. No tenemos para todos’», relató. “Me dice el hombre del ICE, ‘OK, ¿por qué no decides mejor irte? O sea, te vas para México, te vas para Cuba, y afuera como quiera puedes tener tu medicina. Puedes tener tus cosas’”.
Temiendo morir, el hombre aceptó autodeportarse a México, a Ciudad Juárez —al otro lado de la frontera internacional, lejos de su esposa y su hijo de 11 años, que radican en El Paso.
Los detenidos lesionados van de adolescentes a jubilados
Los detenidos, en su mayoría hombres, provienen de todo el mundo. Algunos han vivido en Estados Unidos durante décadas.
El campamento está destinado a estancias de corto plazo antes de que los detenidos sean trasladados o deportados. La estancia promedio es de solo nueve días, según datos del ICE, pero algunos detenidos han permanecido durante meses en medio de procesos judiciales o problemas logísticos relacionados con la deportación. Ramsingh dijo que quedó atrapado allí durante semanas después de que se ordenó su deportación porque el ICE perdió su pasaporte neerlandés. Sus pertenencias personales, incluidas joyas de oro, también desaparecieron.
Defensores de los detenidos y algunos miembros del Congreso han pedido el cierre del campamento, mencionando condiciones inhumanas.
Escobar, representante demócrata de El Paso que ha recorrido el campamento varias veces, afirmó: “Esta instalación no debería estar en operación. Parece como si este contratista estuviera reinventando la rueda, y la gente pierde la vida en su experimento”.
Señaló que la instalación había reducido temporalmente su población por debajo de 1.900 cuando la visitó el mes pasado, después de que se reportaran casos de sarampión y tuberculosis.
En una visita, una detenida le mostró a Escobar una escasa porción de huevos revueltos que se sirvió aún congelada en el centro. Se enteró de que los detenidos protestaron después de que dejaron de recibir jugo, fruta y leche con sus comidas.
La representante también se reunió con un detenido de Ecuador que dijo que le habían roto el brazo durante un arresto violento por parte de agentes de inmigración en Minnesota. Semanas después, seguía suplicando un tratamiento médico adecuado y la congresista aún podía ver los huesos fracturados del antebrazo sobresaliendo bajo la piel.
“Le pregunté: ‘¿Has pedido ayuda?’ Y él me dijo: ‘Pido todos los días, todo el día. Y lo único que me dan es aspirina’”, recordó.
Desaparece informe de inspección
The Washington Post informó en septiembre que, en una inspección obligatoria del ICE, se encontró que las condiciones en la instalación violaban al menos 60 normas federales de detención migratoria, pero ese informe nunca se ha publicado.
El portavoz del DHS no explicó por qué, pero calificó de falsas las afirmaciones del reportaje de The Washington Post. También dijo que la Oficina de Supervisión de Detención del ICE completó recientemente una inspección en Camp East Montana, pero ese informe tampoco se ha divulgado.
El campamento se construyó apresuradamente el verano pasado después de que el gobierno otorgó un contrato que ahora vale hasta 1.300 millones de dólares a Acquisition Logistics LLC, un contratista de Virginia que nunca había operado una instalación del ICE.
La empresa emplea a subcontratistas en Camp East Montana, incluida la firma de seguridad Akima Global Services y el contratista médico Loyal Source.
Escobar pidió una investigación sobre los contratistas, al afirmar que no prestaban los servicios por los que los contribuyentes estaban pagando.
“Debería conmover a la gente la crueldad absoluta, pero si no es así, espero que les conmuevan el fraude y la corrupción”, manifestó.
Akima no respondió a los mensajes en busca de comentarios. Loyal Source declinó comentar.
Convulsiones y peleas
La mayoría de las llamadas al 911 fueron realizadas por el personal médico contratado del campamento. Al menos 20 incidentes se reportaron como convulsiones, entre ellos, algunos que provocaron traumatismos craneales.
Algunas lesiones se originaron en peleas entre detenidos, como en el caso de un hombre que dijo haber recibido una patada en la oreja y que lo habían golpeado en las costillas. Otro hombre informó que no podía mover el ojo izquierdo tras haber sido agredido el día anterior.
Una mujer con 12 semanas de embarazo no había recibido atención prenatal antes de su llegada a Camp East Montana y tenía un intenso dolor, revelaron las llamadas al 911. Ella formó parte de un pequeño número de emergencias relacionadas con mujeres, que representan menos del 10% de la población del campamento.
Las llamadas también revelaron desacuerdos entre el personal. Se escucha a un médico reprender a otro empleado por intentar llevar de vuelta a un detenido con ideas suicidas a la instalación de detención en lugar de a la sala de emergencias, para luego darse cuenta de que habían confundido a dos pacientes distintos.
Después de que un detenido intentó suicidarse mientras estaba en una sala de aislamiento, se pudo escuchar a un médico hablando con un colega conmocionado. Un supervisor de seguridad le aseguró, según dijo el médico, que incidentes “como este no deberían ocurrir”.
