Cuando el presidente estadounidense Donald Trump ordenó a su secretaria de Justicia el mes pasado que investigara la recaudación de fondos en internet, mencionó que le preocupa que extranjeros y estafadores utilicen “planes” elaborados y “cuentas ficticias” para canalizar contribuciones ilegales a políticos y causas.
No obstante, en lugar de solicitar una investigación exhaustiva, el presidente identificó solo a un objetivo potencial: ActBlue, el gigante de la recaudación de fondos en línea de los demócratas, que ha reconocido haber recibido más de 200 contribuciones potencialmente ilícitas el año pasado desde direcciones de internet extranjeras.
El anuncio de Trump contenía una omisión flagrante: sus comités políticos también recibieron decenas de contribuciones potencialmente problemáticas.
Una revisión de The Associated Press sobre los donativos para Trump en los últimos cinco años encontró 1.600 contribuciones de donantes que viven en el extranjero, tienen vínculos estrechos con intereses extranjeros u omitieron revelar información básica, lo que a menudo dificulta —o incluso imposibilita— identificarlos y verificar la legalidad de sus donaciones. Entre ellas se encontraban 5.000 dólares vinculados a un edificio en ruinas y 5.000 dólares de un empresario chino que indicó un hotel La Quinta Inn como su dirección. Otro donativo considerable —1 millón de dólares— fue realizado por la esposa de un magnate africano del petróleo y la minería.
Es ilegal que los candidatos y comités políticos estadounidenses acepten contribuciones de extranjeros. Las leyes también imponen límites estrictos a los montos de las donaciones y prohíben el lavado de contribuciones para eludir los límites legales. En su mayoría, estas donaciones han sido vigiladas por las campañas y la Comisión de Elecciones Federales (FEC, por sus siglas en inglés), y solo los ejemplos más flagrantes han sido objeto de persecución por las autoridades federales.
Pero tras su regreso a la Casa Blanca, Trump se embarcó en una campaña de represalia contra quienes percibe como sus enemigos, y ha lanzado ataques contra universidades, firmas de abogados y sus propios exfuncionarios. Si el Departamento de Justicia investiga a ActBlue, podría poner en peligro una herramienta clave de recaudación de fondos para los rivales políticos de Trump previo a las elecciones intermedias de 2026, cuando la debilitada mayoría republicana en la Cámara de Representantes —y la capacidad del presidente para aprobar su agenda en el Congreso— estarán en juego.
“Esto es él apuntando directamente al centro de la recaudación de fondos demócrata y progresista para paralizar a sus oponentes políticos”, dijo Ezra Reese, abogado que dirige la división de derecho político del Elias Law Group, un importante bufete demócrata que no representa a ActBlue. “No creo que haya ninguna duda de que primero eligieron a su objetivo. Ni siquiera finge”.
Comités de Trump recaudaron decenas de donaciones de personas que viven en el extranjero
La Casa Blanca no respondió a preguntas sobre la recaudación de fondos de Trump, que incluían qué tipo de medidas de prevención del fraude implementan sus comités. En cambio, un funcionario sénior del gobierno señaló los hallazgos de una reciente investigación republicana de la Cámara de Representantes sobre ActBlue, que la Casa Blanca dice que “descubrió evidencia específica de conducta potencialmente ilegal”.
“El memorando ordena a la fiscal general investigar este asunto a fondo, y ella seguirá las pruebas y tomará las medidas apropiadas según corresponda”, dijo el funcionario, quien insistió en el anonimato para hablar del asunto.
Ni el Departamento de Justicia ni Chris LaCivita, codirector de la campaña de Trump para 2024, respondieron a las solicitudes de comentarios.
Los ciudadanos estadounidenses que viven en el extranjero pueden donar libremente a políticos en su país de origen. Pero puede ser difícil, incluso para las campañas, discernir quién puede realizar donativos o si una persona actúa como donante testaferro para alguien que busca influir en las elecciones estadounidenses.
La AP identificó solo a dos donantes de Trump, de más de 200 residentes en el extranjero, cuya ciudadanía estadounidense figuraba como “verificada” en los informes de finanzas de la campaña del presidente. Recibió más de 1.000 contribuciones de 150 donantes que omitieron datos clave de identificación, como su ciudad, estado, dirección o país. Trump también recibió al menos 90 contribuciones de personas que no proporcionaron su nombre completo, figuran como “anónimos” o cuyos donativos incluyen la nota “nombre no proporcionado”.
Muchos de estos donantes de Trump contribuyeron a través de WinRed, la plataforma de recaudación de fondos en internet que es la respuesta del Partido Republicano a ActBlue. Sólo alrededor de tres decenas de estas contribuciones fueron rechazadas, la mayoría de las cuales provenían de una fuente desconocida y se realizaron en criptomonedas, según muestran las declaraciones de la financiación de la campaña.
Los funcionarios de WinRed no respondieron a una solicitud de comentarios.
“El dinero extranjero en nuestras elecciones es una preocupación legítima”, dijo Dan Weiner, exabogado de la Comisión de Elecciones Federales y actual director del Programa de Elecciones y Gobierno del Brennan Center for Justice (Centro Brennan para la Justicia), una organización sin fines de lucro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York. “Lo que no es legítimo es señalar a un oponente político y fingir que el problema se limita a ellos”.
Donar desde un hotel La Quinta Inn
Jiajun “Jack” Zhang, por ejemplo, es un empresario chino de alto vuelo, cuya empresa, Qingdao Scaffolding Co., se jacta de ser uno de los “mayores fabricantes y proveedores (de andamios) en China”. En octubre, utilizó WinRed para donar 5.000 dólares a Trump, muestran las declaraciones de financiación de la campaña.
Zhang reside en la provincia china de Shandong, según su cuenta de LinkedIn, y en documentos comerciales franceses se le describe como ciudadano chino. Pero su contribución a Trump indica como su dirección un hotel La Quinta Inn en Hawaiian Gardens, California, según consta en los registros. La donación se realizó aproximadamente al mismo tiempo que Zhang publicó una foto en redes sociales de la visita de su familia a Disneyland, que está cerca del hotel.
Zhang no respondió a un correo electrónico que solicitaba comentarios.
Otras donaciones potencialmente problemáticas incluyen a cuatro de donantes anónimos que listan su dirección como “999 Anonymous Dr.” (Calle Anónima 999).
También existe una serie de contribuciones realizadas a través de WinRed que indicaban como dirección del donante un edificio vacío en Washington que anteriormente fue una funeraria. El donante, identificado únicamente como “Alex, A” en el informe de finanzas de la campaña de Trump, donó casi 5.000 dólares, distribuidos en más de 40 transacciones distintas el año pasado. Este tipo de donaciones tiende a atraer el escrutinio de las campañas y los organismos reguladores.
Los reguladores y observadores también han mostrado su preocupación desde hace tiempo por las donaciones de personas con vínculos a intereses extranjeros. Trump ha recibido muchas de estas contribuciones, incluida una en diciembre de Nnenna Peters, esposa de Benedict Peters, multimillonario nigeriano fundador y director general de empresas petroleras y mineras.
Nnenna Peters, quien se presenta como Ella, donó un millón de dólares al comité inaugural de Trump. Como ciudadana naturalizada y residente en Potomac, Maryland, un elegante suburbio de la capital, tiene permitido realizar donaciones de campaña.
No obstante, la ley federal prohíbe a los ciudadanos estadounidenses realizar contribuciones en nombre de un cónyuge no ciudadano si el dinero no constituye un activo compartido. Según los expertos, por ejemplo, está prohibido que un esposo realice una donación de campaña con fondos de una cuenta bancaria que está únicamente a nombre de su esposa.
En la práctica, esta prohibición es difícil de aplicar porque es complicado evaluar si los cónyuges actúan por iniciativa propia o de su pareja. Los organismos de control gubernamental dicen que este tipo de donaciones incrementan el riesgo de un intento de influir en la política estadounidense en nombre de un interés extranjero.
Ese fue precisamente el tipo de problema que Trump citó en su orden ejecutiva que señaló en particular a ActBlue.
Es de resaltar que Benedict Peters tiene mucho que ofrecer que podría ser de interés para Trump, quien ha enfocado la atención de su segundo mandato en la extracción de recursos naturales. En particular, el gobierno de Trump ha buscado asegurar el acceso a minerales importantes que impulsan la tecnología moderna. El Grupo Aiteo, de Peters, se promociona como uno de los mayores conglomerados energéticos de Nigeria, mientras que su empresa, Bravura Holdings, asegura tener los derechos de vastos yacimientos minerales cruciales en toda África.
La donación de su esposa destaca al considerar sus donativos anteriores: donó exclusivamente a demócratas, según consta en los registros, incluida una contribución de 66.800 dólares a la campaña de Hillary Clinton en 2016.
“Esto claramente podría haber provenido de su esposo”, dijo Craig Holman, cabildero registrado de Public Citizen (Ciudadano Público), un grupo de vigilancia gubernamental con sede en Washington. “Esto es algo que la FEC debería analizar con mucha, mucha atención”.
Benedict y Ella Peters no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Indiferencia hacia las normas de financiación de campañas
Los donativos cuestionables encajan en un patrón de Trump, quien en el pasado ha mostrado indiferencia hacia las reglas de financiamiento de campañas y ha utilizado sus poderes presidenciales para ayudar a quienes enfrentan problemas legales por estos asuntos.
En enero, el Departamento de Justicia de Trump retiró la demanda contra el exrepresentante Jeff Fortenberry, republicano de Nebraska, acusado de aceptar una contribución de 30.000 dólares de un multimillonario nigeriano. Durante su primer mandato, Trump indultó al comentarista conservador Dinesh D’Souza y al donante republicano Michael Liberty, ambos condenados por usar testaferros para evadir los límites de contribución. Además, indultó al exrepresentante de California Duncan Hunter, republicano, quien fue condenado en 2020 por robar 250.000 dólares de su fondo de campaña.
Las iniciativas políticas de Trump también han atraído contribuciones de testaferros y extranjeros que han sido objeto de escrutinio legal.
Entre ellos se encuentra Barry Zekelman, multimillonario canadiense de la industria siderúrgica, quien fue multado con 975.000 dólares en 2022 por la Comisión de Elecciones Federales por canalizar 1,75 millones de dólares a America First Action, el Super PAC oficial de Trump, en 2018. Un Super PAC o super comité de acción política puede recaudar dinero de particulares —no empresas ni sindicatos— y gastarlo de manera ilimitada para apoyar a candidatos a cargos federales, pero debe operar sin coordinarse con el candidato o el partido político. Esa contribución le aseguró a Zekelman una cena con Trump en la cual se debatieron los aranceles al acero.
Dos ciudadanos estadounidenses nacidos en la Unión Soviética, Lev Parnas e Igor Fruman, fueron condenados por un esquema de donación mediante testaferros que canalizó 325.000 dólares al mismo super PAC durante el período previo a la campaña de reelección de Trump de 2020, en la que resultó derrotado.
Jesse Benton, un operador político republicano, fue condenado en 2022 por actuar como testaferro para un empresario ruso quien contribuyó con 25.000 dólares a la campaña de Trump de 2016.
Los demócratas dicen que la atención de Trump sobre ActBlue es muy difícil de digerir en vista de que Trump aceptó donativos cuestionables y su aparente falta de interés en aplicar las leyes de financiamiento de campañas de forma más general. Señalaron que Trump despidió a un comisionado de la Comisión de Elecciones Federales en febrero. El despido, seguido de la renuncia de un comisionado republicano, ha provocado que la agencia no tenga el quórum necesario para aplicar las leyes y regulaciones de financiamiento de campañas.
“Es revelador que mientras Trump y sus aliados atacan plataformas financiadas por organizaciones de base como la nuestra, sus propias campañas han aceptado dinero de fuentes cuestionables”, dijo Megan Hughes, portavoz de ActBlue.
Los republicanos argumentan que existen razones bien fundamentadas para investigar a la plataforma demócrata, que flexibilizó algunos protocolos de detección de fraude en 2024, antes de las elecciones presidenciales.
Demócratas preocupados por el futuro de ActBlue
No obstante, investigar a ActBlue tiene una ventaja política. La plataforma ha demostrado ser más exitosa que WinRed, la plataforma republicana diseñada para imitarla, que recibió menos de la mitad de los 3.800 millones de dólares que ActBlue recaudó durante el ciclo electoral de 2024.
Los representantes de ActBlue declinaron decir si han sido contactados por el Departamento de Justicia.
Se tiene previsto que ActBlue dé pelea ante cualquier investigación. Adoptó un enfoque diferente cuando un comité del Congreso liderado por los republicanos inició una investigación en 2023. Las conclusiones de ese comité resultaron ser la base de algunos de los alegatos citados por Trump en su orden ejecutiva.
Mientras tanto, los demócratas se preparan para lo peor.
“Existe un temor generalizado de que ActBlue podría dejar de existir”, dijo Matt Hodges, un agente demócrata veterano quien se desempeñó como director de ingeniería de la campaña de 2020 de Joe Biden. “Ese es el peor temor que tiene la gente: que esto escale o agote los recursos legales al grado de dificultar su capacidad de operar”.
Predijo que los demócratas podrían perder más de 10 millones de dólares a corto plazo si se obliga a ActBlue a cerrar. Esto ha llevado a algunos demócratas a empezar a pensar en alternativas, pero reconocieron que podría ser demasiado tarde para crear algo tan exitoso como ActBlue con las elecciones intermedias a la vuelta de la esquina.
