CIUDAD DE MÉXICO— Durante su campaña para llegar a la Suprema Corte de Justicia de México, Hugo Aguilar lanzó un mensaje sencillo: “Ya nos toca a los pueblos indígenas ocupar un espacio importante en las instancias de toma de decisión de este país”.

El domingo, en las primeras elecciones judiciales de México, este abogado indígena mixteco de 52 años se convirtió en el candidato más votado del alto tribunal y, según la presidenta Claudia Sheinbaum, será el primer indígena en la Corte desde que Benito Juárez lideró la institución entre 1857 y 1858, antes de convertirse en presidente y uno de los héroes patrios de México.

Aguilar representa a una minoría que necesita más representación —casi el 20% de la población de México es indígena— y cuenta con una reconocida trayectoria como defensor de los derechos indígenas. Es todo un símbolo para algunos. Pero el abogado se alineó después con el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y sus polémicos megaproyectos, muy criticados por muchos pueblos originarios.

Además, como los otros ocho candidatos que conformarán la futura Suprema Corte, fue propuesto por el oficialismo de Morena y formó parte de unos comicios tremendamente criticados y cuestionados en los que sólo participó el 13% del electorado.

“No es un candidato indígena”, matiza otro abogado mixteco, Francisco López Bárcenas, académico de un centro público de ciencias sociales que trabajó con él hace décadas. “Es un indígena que resultó candidato”.

Orígenes combativos

Aguilar es originario de San Agustín Tlacotepec, una localidad del sureño estado de Oaxaca, donde vivió la exclusión y las injusticias, según él mismo ha contado durante su campaña.

En los años 90, cuando salía de sus clases de Derecho se iba a colaborar con una organización de derechos humanos local, SERmixe, recuerda Sofía Robles, integrante de ese colectivo y una década mayor que él.

«Tenía muchas inquietudes… y convicción», comentó. «Desde el inicio, tenía bien claro de dónde venía”.

Durante años, su trabajo fue ampliamente reconocido por su destreza no solo para defender temas indígenas y agrarios, sino también en el ámbito constitucional, donde tiene una maestría y ha asesorado a organismos internacionales como la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas.

Aguilar trabajó en favor de las reformas constitucionales que se lograron a raíz del levantamiento armado zapatista de 1994 en Chiapas, que reconoció derechos básicos para la población indígena como la conservación de su lengua y su cultura, elegir a sus autoridades o mejoras en salud y educación.

No solo eso, consideró que esos cambios no eran suficientes y lideró junto a otros abogados — como López Bárcenas— cientos de controversias constitucionales con el argumento de que las reformas no contemplaban derechos reconocidos por México en tratados internacionales. La Suprema Corte resolvió entonces con cinco palabras, recuerda el académico: “No tienen competencia para reclamar”.

Robles, su antigua compañera, confía ahora en que lleve ese ímpetu al alto tribunal. “Para muchos… es una esperanza”, afirmó. «Va a ser un ejemplo para las generaciones actuales y futuras”.

El giro oficialista

Tras colaborar en varios puestos del gobierno de Oaxaca, Aguilar se sumó a la ola de activistas que respaldaron el proyecto de cambio de la administración de López Obrador, la llamada “Cuarta Transformación», que a mediados de su mandato comenzó a ser cada vez más cuestionada por intelectuales y académicos que la habían apoyado, entre otras cosas, por las críticas del ahora expresidente a muchos movimientos sociales o problemas de falta de transparencia y militarización del país.

Desde el principio del gobierno, Aguilar se incorporó al gubernamental Instituto de Pueblos Indígenas y desde ahí tuvo una de sus actuaciones más controvertidas: promover consultas populares —cuestionadas incluso por la ONU— que avalaron megaproyectos estrella de López Obrador, de gran impacto ambiental y enormes costos, como el Tren Maya, el segundo aeropuerto de Ciudad de México —construido y gestionado por militares— y el tren interoceánico del sur del país.

Romel González Díaz, miembro del Consejo Indígena de Xpujil, en la península de Yucatán, por donde pasa el Tren Maya, recuerda que Aguilar fue uno de los funcionarios que llegó a su pueblo, pero en lugar de explicar a fondo el proyecto con sus pros y contras, dijo que ofreció pocos datos y minimizó cualquier impacto negativo. Recientemente, el gobierno de Sheinbaum ha reconocido parte de los problemas generados por esa obra.

En 2024 se aprobó una nueva reforma constitucional propuesta por López Obrador y en la que trabajó Aguilar. Tenía avances en algunos temas, como el reconocimiento a la comunidad afromexicana, pero no abordó derechos territoriales y de representación política por los que Aguilar había luchado años atrás.

Según Sergio Sarmiento Silva, experto en movimientos indígenas de la Universidad Nacional Autónoma de México, su argumento fue que había sectores de Morena que todavía no entendían el tema y había que evitar conceptos que provocaran miedo o rechazo en la población.

¿Podrá ser independiente?

Aguilar fue elegido en unos comicios que reconfigurarán por completo la judicatura del país, que a partir de ahora se definirá por el voto popular en lugar de por los méritos y experiencia de sus integrantes. Recibió más de seis millones de votos y podría convertirse en el presidente de Suprema Corte.

The Associated Press solicitó una entrevista con Aguilar pero su equipos dijo que no realizará declaraciones hasta la declaración formal de los resultados totales.

Algunos atribuyen parte de su éxito a que Sheinbaum había dicho en varias ocasiones que sería bueno tener a un juez indígena en el alto tribunal.

De hecho, su nombre aparecía en algunos instructivos para votar, presuntamente ligados al oficialismo, que las autoridades electorales investigan.

Tanto López Obrador como su sucesora han insistido en que así se reducirá la corrupción en los tribunales y se democratizará la justicia. La oposición y muchos juristas nacionales e internacionales lo cuestionan con dureza y creen que ambos dirigentes utilizaron la popularidad de su partido para hacerse con el control de los tres poderes del Estado.

Sheinbaum celebró el miércoles el triunfo de Aguilar. “Tengo el privilegio de conocerlo», dijo. «Es un hombre modesto, sencillo (…) con una enorme inteligencia y sensibilidad social. Muy buen abogado”.

Los problemas de corrupción e impunidad que tiene la justicia en México para todos los ciudadanos se incrementan en el caso de las comunidades indígenas, por su marginación y porque, en muchas ocasiones, no tienen un abogado que hable su idioma.

La Suprema Corte se ha pronunciado claramente, entre otras cosas, por el derecho a que estas personas sean asistidas por intérpretes y defensores en todo tipo de procedimientos, pero también ha evitado pronunciarse sobre cuestiones territoriales, por ejemplo, de despojos ante megaproyectos.

Durante su campaña, Aguilar afirmó que trabajará por una “justicia real, verdadera y con perspectiva pluricultural” y por un “cambio radical”.

Pero algunos no tienen claro si sus promesas se concretarán.

“El reto con Hugo es ¿a quién va a responder?», se preguntaba González Díaz, activista de Xpujil. «¿Va a responder al partido o va a responder él a los pueblos indígenas?”.