YA ADENTRO LANZARON GASES LACRIMOGENOS LOS MISMOS MANIFESTANTES. POR LA IRRUPCIÓN SE INTERRUMPIO LA SESION.
Miles de seguidores del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, se concentraron ante el Capitolio en Washington y derribaron varias vallas de seguridad, lo que generó choques con la policía y caóticas escenas a las puertas del Congreso, donde los legisladores realizan la validación formal del resultado de las elecciones de 2020.
Como consecuencia, la policía ordenó la evacuación de dos edificios aledaños y el cierre de emergencia del Capitolio.
El vicepresindete Pence fue evacuado y esta resguardado.
Trump después de haber incitado a sus seguidores a ir al Capitolio ahora pide apoyo de la policía para savalguardarlo.
Miles de seguidores del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, se concentraron ante el Capitolio en Washington y derribaron varias vallas de seguridad, lo que generó choques con la policía y caóticas escenas a las puertas del Congreso, donde los legisladores realizan la validación formal del resultado de las elecciones de 2020.
Como consecuencia, la policía ordenó la evacuación de dos edificios aledaños y el cierre de emergencia del Capitolio.
Las imágenes muestran cómo los seguidores del mandatario saliente se encaran con los agentes que conforman la barrera policial de seguridad y son repelidos con gases lacrimógenos por la policía que custodia el Congreso.
Algunos de ellos aprovecharon las estructuras desplegadas para la próxima toma de posesión del presidente electo, el demócrata Joe Biden, para escalar y acercarse a la escalinata del Congreso.
La marcha, bajo el nombre de «Salvar a EE.UU.», comenzó por la mañana de manera pacífica cerca de la Casa Blanca, según pudo constatar Efe.
Al mediodía, Trump se dirigió a las manifestantes para prometer que «nunca» concedería la derrota y urgió a sus seguidores a marchar hacia el Congreso.
En el interior, los legisladores celebran la sesión formal para validar los votos de las elecciones de noviembre en las que Biden se impuso a Trump.
Ante estos disturbios, los legisladores pidieron un receso en sus debates ante el peligro de que algún manifestante violento pueda ingresar al Congreso.
El presidente republicano saliente, Donald Trump, aseguró hoy que «nunca» concederá la derrota frente al presidente electo, el demócrata Joe Biden, al reiterar sus acusaciones, sin pruebas, de fraude electoral apenas minutos antes de que el Congreso se reuniese para validar el resultado de las elecciones de noviembre.
«No cederemos nunca, nunca concederemos», dijo Trump a los miles de manifestantes congregados a las afueras de la Casa Blanca para la marcha para «Salvar a EEUU»
«Detendremos el robo», remarcó ante los gritos de sus seguidores de «Cuatro años más».
A primera hora de la mañana, Trump continuó la presión sobre su vicepresidente, Mike Pence, para que rechace la confirmación de la victoria del demócrata Joe Biden en la certificación del Colegio Electoral hoy en el Congreso, algo que no tiene precedentes y que no tendría valor legal.
«Los estados quieren que se corrijan los votos, que saben que están basados en irregularidades y fraude, además de un proceso corrupto que no recibió apoyo legislativo. Todo lo que Mike Pence tiene que hacer es enviar (los votos del Colegio Electoral) de vuelta a los estados y GANAREMOS. Hazlo, Mike ¡Es el momento de la valentía extrema!», animó en un tuit.
El mandatario se ha resistido a la victoria de Biden en las elecciones desde que en noviembre quedó claro que había obtenido más votos que el presidente en los estados clave para confirmar la mayoría de los 538 votos electorales asignados los 50 estados de la Unión.
Desde entonces, el presidente y un equipo legal menguante ha perdido todas las acciones judiciales para desafiar el resultado electoral en los estados más importantes, como Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania o Wisconsin. Decenas de jueces y de funcionarios electorales de extraccion republicana han rechazado las alegaciones del equipo de Trump.
El pasado 14 de diciembre todos los estados del país certificaron a qué candidato asignaban sus compromisarios del Colegio Electoral en base al escrutinio.
Ese día quedó claro que Biden obtuvo 306 de los 270 compromisarios necesarios para ser el próximo presidente de Estados Unidos a partir del día 20 de enero.
Nunca antes en la historia del país un vicepresidente se ha negado a poner su firma a la decisión del Colegio Electoral, algo que si sucede pondría al país en territorio desconocido al desafiar a la enmienda XII de la Constitución y a buen seguro desataría una batalla legal que llegaría al Tribunal Supremo.
La sesión en la que los legisladores deben corroborar la victoria del candidato presidencial demócrata, Joe Biden, comenzó este miércoles en medio de nuevas acusaciones sin fundamento del mandatario Donald Trump de que hubo fraude.
La sesión, que comenzó a las 13 horas, suele ser un mero trámite para corroborar el resultado ya confirmado por el Colegio Electoral el pasado 14 diciembre, pero esta vez está previsto que decenas de legisladores aliados de Trump lancen un último y estéril desafío al resultado de las votaciones.
Horas antes de comenzar la sesión, Trump intentó convencer a su vicepresidente, Mike Pence, que la preside, de que rechace la confirmación de la victoria de Biden en la certificación de los votos del Colegio Electoral, algo que no tiene precedentes.
También en un discurso a sus seguidores frente al Congreso que proseguía mientras comenzaba la sesión, Trump insistió en sus acusaciones de irregularidades en los comicios, que no ha podido demostrar en los tribunales, y aseguró que nunca reconocerá la derrota.
«Los estados quieren que se corrijan los votos, que saben que están basados en irregularidades y fraude, además de un proceso corrupto que no recibió apoyo legislativo. Todo lo que Mike Pence tiene que hacer es enviar (los votos del Colegio Electoral) de vuelta a los estados y GANAREMOS. Hazlo, Mike ¡Es el momento de la valentía extrema!», escribió Trump en un tuit.
No hay ninguna perspectiva de que la sesión cambie el hecho de que Biden se convierta en el presidente de Estados Unidos el próximo 20 de enero, que es cuando concluye el mandato de Trump, pero se espera que la sesión se prolongue durante horas para debatir las alegaciones que presenten los aliados del gobernante saliente.
En la sesión conjunta de la Cámara de Representantes y el Senado, los legisladores deben abrir y contar los certificados de los votos electorales correspondientes a cada estado del país.
Pero basta con que un miembro de la Cámara Baja y otro del Senado presenten una objeción a los resultados en uno de los estados para desatar un debate y una votación de ambas cámaras sobre la posibilidad de no contar los votos electorales en ese territorio.
Más de cien legisladores republicanos, incluidos trece senadores, han anunciado que presentarán objeciones a los resultados.
No se sabe a cuántos estados podrían afectar esas objeciones, pero lo más probable es que se refieran a los estados en los que Trump ha presentado, sin éxito, denuncias de irregularidades, como Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin.
Los senadores aseguran que no pretenden revertir el resultado de las elecciones, sino dar voz a aquellos que creen que los comicios no fueron justos, a pesar de que no hay ninguna prueba de que hubiera un fraude o irregularidades masivas, como denuncia Trump.
Los legisladores republicanos aliados de Trump piden que el Congreso cree una comisión electoral para «llevar a cabo una auditoría de emergencia con una duración de diez días sobre los resultados electorales en los estados disputados», según afirmaron en un comunicado conjunto el pasado sábado.
Sobre la petición de Trump a Pence, según el diario The New York Times, el vicepresidente le ha comunicado que no tiene el poder de bloquear la certificación de la victoria electoral de Biden y que no tiene intención de rechazar la confirmación, algo que, en todo caso, no tendría valor legal.
Nunca antes en la historia del país un vicepresidente se ha negado a poner su firma a la decisión del Colegio Electoral, algo que si sucede pondría al país en territorio desconocido al desafiar a la enmienda XII de la Constitución y a buen seguro desataría una batalla legal que llegaría al Tribunal Supremo.
En las elecciones del pasado 3 de noviembre, Biden obtuvo 306 votos electorales, superando los 270 necesarios para convertirse en presidente, frente a 232 de Trump, según el recuento del Colegio Electoral.
Pese a las maniobras de Trump, la sesión, que puede prolongarse hasta el jueves, debe terminar con Pence declarando a Biden como ganador de las elecciones.
Fotografía cedida por la Universidad de Miami (UM) donde aparece el doctor Camillo Ricordi (adelante), director del Instituto de Investigación de la Diabetes (DRI) y autor principal de un ensayo sobre el covid-19. EFE/ Universidad de Miami/SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS
Miami, (EFE News). – Un estudio realizado por científicos de la Universidad de Miami (UM) para probar si las células madres mesenquimales del cordón umbilical pueden reducir la inflamación pulmonar y ayudar así enfermos graves de covid-19, produjo resultados «alentadores», según indicó este martes a Efe el endocrinólogo Rodolfo Alejandro.
Puede llegar a ser «una opción de tratamiento», agregó Alejandro en una entrevista realizada en coincidencia con la publicación del estudio en la revista internacional de medicina Stem Cells, para explicar que el siguiente paso es comprobar que es eficaz en un mayor número de personas (Fase 3), lo que esperan empezar a hacer en marzo próximo.
El ensayo clínico «doble ciego», pues ni médicos ni pacientes sabían quién recibía la infusión de células mesenquimales por vena y quién un placebo, se inició en abril de 2020 con 24 personas hospitalizadas en Miami con diagnóstico de covid-19.
Según el estudio, la supervivencia del paciente al mes fue del 91 % en el grupo tratado con células madre, frente al 42 % en el grupo de control. Entre los pacientes menores de 85 años, el 100 % de los tratados con células madre mesenquimales sobrevivió al mes.
«Es muy alentador, se ha hecho de forma científica, como se debe hacer. Se infunde por la vena y no hay complicaciones; nos sorprende la eficacia, pero, obviamente, como es tan pequeño (el estudio) la gente va a criticar», afirma Alejandro, un endocrino que dirige en el programa de trasplante con células madre en la UM.
De acuerdo con el investigador, el ensayo se diseñó considerando varios factores, entre ellos el nivel de gravedad, pero no seleccionó sexo, edad o etnia para la muestra.
«Algunos pacientes estaban intubados y otros no», detalla.
En un comunicado, Camillo Ricordi, autor principal del ensayo y director del Instituto de Investigación de la Diabetes (DRI), indicó que se administraron «dos infusiones de 100 millones de células madre en tres días, para un total de 200 millones de células en cada sujeto del grupo de tratamiento».
«UNA INVESTIGACIÓN LLEVA A LA OTRA
De origen puertorriqueño, el doctor Alejandro investigaba con células madre para tratar la diabetes tipo 1, que es una enfermedad autoinmune y produce inflamación del páncreas, cuando empezó la pandemia del SARS-CoV-2, el coronavirus que causa la covid-19.
«Lo de la covid fue la forma más fácil de probar que estas células funcionan. Decidimos movernos rápidamente y hacer este estudio. Buscamos soporte económico y se hizo muy rápido porque es una enfermedad muy severa», recuerda.
Entre las entidades sin ánimo de lucro que apoyaron el proyecto, Alejandro destacó el Sindicato de la Construcción de América del Norte (NABTU), que donó 3 millones de dólares.
«Teníamos que probar algo nuevo y esta era una opción en nuestras manos para hacerlo, pero, repito, se trata de un estudio pequeño».
El investigador afirma que el estudio continúa «en un futuro bien cercano», tanto con un seguimiento a las personas que se sometieron a la prueba como con la ampliación de la muestra a otros 120 pacientes.
«Hay que probarlo, todo procedimiento hay que probarlo con mayor número de personas. Hemos sometido el protocolo a la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense) y estamos en conversaciones; ellos están repasando los resultados del estudio inicial», adelantó.
El facultativo detalló que este ensayo combinó de una vez dos etapas reglamentarias. La Fase 1 verifica si determinado medicamento es seguro, mientras que la Fase 2 evalúa la eficacia.
«Ahora falta la Fase 3 para demostrar definitivamente que baja la inflamación con un número enorme de pacientes, esperamos que dentro de un mes ya empecemos. Todo el mundo estará interesado en que continuemos», puntualiza el investigador.
EL CORDÓN UMBILICAL QUE HABITUALMENTE SE DESECHA
Fotografía cedida por la Universidad de Miami (UM) donde aparece el doctor Rodolfo Alejandro, un endocrino que dirige el programa de trasplante con células madre, quien participó en un ensayo sobre el covid-19. EFE/Universidad de Miami /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS
Según su punto de vista, las células madre del cordón umbilical tienen «un campo mucho más amplio» que los corticoides, que se utilizan como antinflamatorios.
«Tienen un sinnúmero de propiedades, son un potencial enorme para recuperar tejidos, prevenir que las células se mueran y tiene propiedades que evitan la formación de fribrosis», expuso.
Pero «primero hay que expandir el banco de células», subrayó.
«Tenemos el banco de células originales que hay que expandir. Ahora estamos produciendo para unos 80 pacientes, a escala pequeña, de laboratorio. Queremos llevar esto a la manufactura que provee de grandes cantidades», indicó.
Para obtener las células madre se usan los cordones umbilicales «que habitualmente se botan junto con la placenta cuando hay un parto normal».
«Nosotros usamos esas células, las llevamos a la pureza, las expandimos y se congelan. Se usan para la infusiones principalmente en enfermedades autoinmunes como la diabetes», explica el doctor.
De acuerdo con los autores del ensayo, «el cordón umbilical contiene células madre progenitoras, o células madre mesenquimales, que pueden expandirse y proporcionar dosis terapéuticas para más de 10.000 pacientes a partir de un solo cordón umbilical». EFE News
Donald Trump intentó convencer hoy en Twitter a su vicepresidente, Mike Pence, para que rechace la confirmación de la victoria del demócrata Joe Biden en la certificación del Colegio Electoral hoy en el Congreso, algo que no tiene precedentes y que no tendría valor legal.
«Los estados quieren que se corrijan los votos, que saben que están basados en irregularidades y fraude, además de un proceso corrupto que no recibió apoyo legislativo. Todo lo que Mike Pence tiene que hacer es enviar (los votos del Colegio Electoral) de vuelta a los estados y GANAREMOS. Hazlo, Mike ¡Es el momento de la valentía extrema!», animó Trump en un tuit.
Según el gobernante, que perdió las elecciones de noviembre frente al demócrata Joe Biden, pero no quiere admitir su derrota, «los estados quieren que se rehagan los votos. Han hallado que se votó en FRAUDE. Las legislaturas (estatales) nunca las aprobaron. Dejemos que lo hagan ¡SEAN FUERTES¡».
Todos los estados, incluidos, aquellos dominados por republicanos, han negado la presencia de fraude electoral masivo y sus gobiernos han confirmado el escrutinio, con lo que no es necesario que se pronuncien los legislativos estatales, como argumenta Trump.
El presidente saliente, Donald Trump, firmó este martes un decreto que prohíbe las transacciones con ocho aplicaciones informáticas de pago chinas, entre ellas Alipay, WeChat Pay y OO Wallet. EFE/ EPA/Oliver Contreras / POOL/Archivo
El mandatario se ha resistido a la victoria de Biden en las elecciones desde que en noviembre quedó claro que había obtenido más votos que el presidente en los estados clave para confirmar la mayoría de los 538 votos electorales asignados los 50 estados de la Unión.
Desde entonces, el presidente y un equipo legal menguante y cada vez más esotérico ha perdido todas las acciones judiciales para desafiar el resultado electoral en los estados más importantes, como Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania o Wisconsin, hasta que el 14 de diciembre todos los estados del país certificaron a qué candidato asignaban sus compromisarios del Colegio Electoral en base al escrutinio.
Ese día quedó claro que Biden obtuvo 306 de los 270 compromisarios necesarios para ser el próximo presidente de Estados Unidos a partir del día 20 de enero.
Normalmente, la ceremonia que se celebra hoy y que preside el vicepresidente en el Congreso no ha sido más que un trámite en el que se rubrica la decisión del Colegio Electoral en cada estado, certificando así la victoria del ganador de la elección presidencial.
El vicepresidente actúa como mero maestro de ceremonias y solo los congresistas o senadores pueden elevar dudas sobre el conteo en ciertos estados, algo que varios legisladores ya han anunciado que harán hoy, pero que no prosperará ya que está garantizada una mayoría simple para resolver esas dudas de los más fieles aliados de Trump en el Legislativo.
Nunca antes en la historia del país un vicepresidente se ha negado a poner su firma a la decisión del Colegio Electoral, algo que si sucede pondría al país en territorio desconocido al desafiar a la enmienda XII de la Constitución y a buen seguro desataría una batalla legal que llegaría al Tribunal Supremo.
Según el diario The New York Times, Pence ha comunicado a Trump que no tiene el poder de bloquear la certificación de la victoria electoral de Biden y que no tiene intención de oponerse en la ceremonia de hoy.
Grupos de activistas han convocado a una marcha en Washington para pedir al presidente electo, Joe Biden, que apruebe una ley que protege a las víctimas de abuso en bases militares y que lleva el nombre de la soldado hispana Vanessa Guillén.
Los organizadores han convocado a una manifestación en la capital para el próximo 21 de enero, es decir un día después de que el demócrata Biden asuma la Presidencia de Estados Unidos, con el fin de que saque adelante el proyecto de ley «Yo Soy Vanessa Guillén», creado tras la muerte de la joven soldado el año pasado.
Guillén, de 20 años de edad, fue vista con vida por última vez el 22 de abril del año pasado y sus restos mutilados fueron hallados cerca de un río el 30 de junio, semanas después de que su familia denunciara la desaparición de la soldado, quien les había comentado que era víctima de acoso sexual en la base militar Fort Hood, en Texas.
Este caso, ligado a acusaciones de acoso sexual en dicho cuartel y de opacidad en las investigaciones por sus responsables, provocaron una ola de denuncias por parte de mujeres militares sobre supuestos casos de abuso en el Ejército.
Fue tal el revuelo que el ahora presidente saliente, Donald Trump, recibió a la familia Guillén y el Ejército anunció el relevo o suspensión de 14 oficiales, dos de ellos generales, y nuevos protocolos para la investigación del abuso sexual y la desaparición de militares en sus filas.
Fort Hood es la mayor base militar de EEUU. en el mundo al albergar más de 45.000 soldados en un predio de 87.000 hectáreas al sur de Austin, en Texas.
Aaron Robinson, de 20 años y principal sospechoso en la muerte de Guillén, se suicidó el 1 de julio cuando la policía iba a tomar sus declaraciones.
Asimismo, las investigaciones llevaron a la detención de Cecily Aguilar, de 22 años, la novia de Robinson y acusada de ayudar al sospechoso en la disposición de los restos de la soldado.
Aguilar, que afronta hasta 20 años de cárcel, deberá presentarse en una corte de Waco, Texas, el próximo 23 de febrero mientras que la selección del jurado comenzará el 8 de marzo.
Ginebra, (EFE). – La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó demorar «entre 21 y 28 días» la administración de la segunda dosis de la vacuna anticovid de Pfizer y BioNTech, un intervalo que en casos excepcionales podría llegar a 42 días, con el fin de aumentar el número de personas que puedan recibir la primera dosis.
Las recomendaciones fueron emitidas por el Grupo Asesor Estratégico de Expertos (SAGE), presidido por el mexicano Alejandro Cravioto y reunido cinco días después de que la OMS autorizara el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer-BioNTech, primera a la que ha dado luz verde la agencia en la lucha contra la pandemia.
«Aunque desconocemos los datos de seguridad y eficacia tras una primera dosis, recomendamos que en estas circunstancias excepcionales los países retrasen la segunda dosis unas semanas para maximizar el número de individuos que se beneficien de la vacuna», señaló Cravioto en rueda de prensa.
Otro experto del grupo, Joachim Hombach, señaló la posibilidad de aumentar el intervalo entre dosis a un máximo de seis semanas (en países como el Reino Unido algunos médicos incluso contemplan la posibilidad de aumentar ese plazo a doce semanas, dada la inicial escasez de dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech).
Los 26 expertos que debatieron las recomendaciones, reunidos de forma virtual, también aconsejaron administrar las vacunas sólo en instalaciones donde puedan tratarse posibles reacciones alérgicas a éstas.
También señalaron que por ahora no recomiendan la vacunación de mujeres embarazadas o lactantes hasta que no haya más datos sobre los efectos en ellas de las vacunas, aunque podrían hacerse excepciones en determinados casos, por ejemplo en trabajadoras sanitarias en entornos con alto riesgo de exposición al coronavirus.
Respecto a las personas que ya hayan superado la COVID-19, el grupo de expertos ligados a la OMS les sugiere que «retrasen su vacunación» para permitir a otras personas inmunizase, dado que los datos apuntan a que las infecciones seis meses después de pasada la enfermedad son infrecuentes.
Cravioto también informó de que por ahora, «en un momento de muy limitada disponibilidad de dosis, no recomendamos la vacunación de viajeros internacionales, a menos que sean parte de un grupo de alto riesgo» (personas mayores, aquejadas de determinadas enfermedades con anterioridad, o trabajadores sanitarios).
Debido al rápido desarrollo de la vacuna de Pfizer-BioNTech y otras muchas, los expertos recomendaron que se continúen acumulando datos sobre la seguridad y eficacia de estos productos, la duración de la inmunización que brindan al organismo, su eficacia ante nuevas mutaciones del coronavirus, y sus efectos en menores de 16 años.
La OMS anunció que daba luz verde a la vacuna de Pfizer y BioNTech, que ya había obtenido este tipo de autorización en mercados como Estados Unidos, el Reino Unido o la Unión Europea, en las últimas horas del año 2020, cuando se cumplía un año de su lucha contra la pandemia.
La autorización de la OMS sirve para países que no tienen entidades de homologación de este tipo de productos farmacéuticos, por lo que abre la puerta al uso de esta vacuna especialmente en países en desarrollo.
En la primera conferencia de 2021 de la OMS también intervino su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien vaticinó que las vacaciones navideñas y de fin de año, en las que más gente ha tenido reuniones sociales en casa, «podrían tener consecuencias» en forma de un aumento de los contagios globales.
«Seguimos en una carrera para evitar contagios, reducir el número de casos, proteger los sistemas sanitarios y salvar vidas», afirmó el experto etíope.
El gobierno del presidente Donald Trump, que estimuló con inversiones sustanciales el desarrollo de vacunas contra el coronavirus, había prometido que unos 20 millones de personas recibirían la inmunización antes del fin de 2020. EFE/EPA/Shawn Thew/Archivo
Washington, (EFE News). – En todo Estados Unidos se han distribuido poco más de 17 millones de dosis de las vacunas contra la covid-19 y apenas 4,8 millones de personas han recibido la primera dosis, informó este martes los gubernamentales Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).
Cuando ya se han confirmado en el país casi 21 millones de casos desde el comienzo de una pandemia que ha causado 355.300 muertes, los expertos médicos y de salud pública señalan que, aunque no escasean las vacunas de Moderna y Pfizer, la distribución es inadecuada y lenta.
El gobierno del presidente Donald Trump, que estimuló con inversiones sustanciales el desarrollo de vacunas contra el coronavirus, había prometido que unos 20 millones de personas recibirían la inmunización antes del fin de 2020.
Pero, de la misma manera que falló en el comienzo de la pandemia la coordinación de políticas entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, la ausencia de una dirección nacional y las comunicaciones inadecuadas están afectando ahora la distribución de las vacunas.
El Comité Asesor de los CDC sobre Prácticas de Inmunización ha señalado como grupos prioritarios para recibir la vacuna al personal del cuidado de la salud y las personas en residencias para enfermos y ancianos, seguidos por trabajadores esenciales en otras áreas y las personas mayores de 75 años.
Los CDC indican que ya se han distribuido en esas instituciones 3,2 millones de dosis y que 429.000 residentes han sido vacunados.
La tasa de vacunación inicial es desigual dependiendo del territorio, situándose en más de 2.000 personas por cada 100.000 habitantes en Montana, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nuevo México, Alaska, Tennesee, Virginia Occidental Rhode Island, New Hampshire, Vermont y Maine.
Por contraste, la tasa de vacunación inicial es de entre 500 y 1.000 personas por cada 100.000 en Arizona, Michigan, Kansas, Misisipi, Alabama y Georgia.
La ausencia de directrices de alcance nacional resultan, por ejemplo en que Texas haya dado prioridad al personal sanitario, luego a las personas mayores de 65 años y a cualquier persona mayor de 16 años afectada por una condición crónica, en tanto que Arkansas prioriza a los trabajadores esenciales por delante de los mayores de 65 años.
Tras la puesta en disposición de las vacunas de Pfizer y Moderna, varios condados de Florida recibieron quejas del público porque las líneas telefónicas para hacer las citas no funcionaban, o los sitios de vacunación habían cerrado temprano porque se les agotó su inventario de vacunas.
El lunes, en una conferencia de prensa, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo que el trámite de distribución de las vacunas había tenido «problemas logísticos» en lo que hace a la concertación de las citas y la disponibilidad de vacunas.
La semana pasada, la línea telefónica del Condado Palm Beach para hacer las citas quedó saturada con las llamadas de personal médico y ancianos ansiosos por tener su vacuna.
Unas personas sostienen pancartas durante su participación en una manifestación frente a la corte federal en Denver, Colorado. EFE/Francisco Miraval/Archivo
La legislatura de Colorado considerará en su sesión 2021, que comenzará en febrero, varios proyectos de ley para permitir que ciertos inmigrantes indocumentados accedan a licencias profesionales y puedan registrarse para trabajar legalmente en este estado, indicaron este martes legisladores latinos locales.
En rueda de prensa, el senador estatal Robert Rodríguez y el representante estatal Alex Valdez, ambos demócratas, sostuvieron que junto con salud y vivienda, los temas de inmigración forman parte de las prioridades para la nueva sesión del legislativo de Colorado, que tras las elecciones de noviembre pasado cuenta ahora con 13 hispanos entres sus 100 miembros.
Como resulta obvio, dijo Valdez, la máxima prioridad, compartida por todos los legisladores sin importar su afiliación política, será reducir el efecto que la pandemia de covid-19 tiene en el estado.
Pero entre los legisladores latinos, las gestiones se enfocarán en responder al “impacto desproporcionado” que el coronavirus ha tenido en esa comunidad y otros grupos minoritarios, comentó Valdez.
Y una forma de ayudar a que los hispanos se recuperen económica y socialmente de los problemas generados por la pandemia es permitir que ciertos inmigrantes indocumentados (por ejemplo “personas de buen carácter moral”) accedan a licencias ocupacionales, un proceso que comenzó en 2017 para ciertas profesiones y que podría eventualmente incluir la práctica de la abogacía, como ya sucede en el vecino estado de Utah desde enero de 2020.
En Colorado, según un estudio del Centro Mercatus de la Universidad George Mason, 17, 5 % de los trabajadores activos necesitan licencia para ejercer su profesión, incluyendo 24 ocupaciones con ingresos bajos o moderados (cosmetología, exterminio de plagas), que aun así requieren como mínimo un año de estudios.
El senador Rodríguez consideró que la medida propuesta es necesaria para “proteger los derechos de todos los trabajadores”, de la misma manera en que “por ejemplo, se protege a los trabajadores de los frigoríficos o de los supermercados”.
Otro proyecto de ley buscará expandir las oportunidades para que ciertos inmigrantes sin presencia permanente en el país (como los beneficiarios del programa de acción diferida por arribos infantiles, o DACA) puedan registrarse para trabajos hasta ahora reservados para ciudadanos o residentes permanentes. La lista de esos trabajos aún no se proporcionó.
Y otra iniciativa permitirá, de ser aprobada, que el actual programa que la Ciudad de Denver ofrece desde 2017 de asesoría legal gratuita para ciertos indocumentados que deben presentarse en corte sea expandido a todo el estado, sin usar fondos públicos para pagar por los servicios de abogados, pero usando fondos públicos limitados para los gastos operativos de las organizaciones no lucrativas que coordinan esa ayuda.
Por eso, advirtió el representante Valdez, este proyecto depende de que el presupuesto estatal cuente con los fondos que la iniciativa requiere.
Los legisladores demócratas gestionarán además la expansión del alcance de dos leyes aprobadas en 2020, una que protege a los inmigrantes (sin importar su situación legal) al alquilar viviendas, y otra que facilita el acceso de inmigrantes a ciertos cuidados médicos.
“Uno no puede cuidar su salud si no tiene un buen lugar donde vivir y no puede pagar cuidados de salud si no tiene lo suficiente ni para pagar la renta”, puntualizó Valdez.
La legislatura de Colorado se reunirá brevemente el 13 de enero para determinar en ese momento cuándo comenzarán sus sesiones regulares, pero se anticipa que no habrá sesiones antes de mediados de febrero y que las sesiones podrían iniciarse incluso después, dependiendo de la pandemia.
En Colorado, según la Oficina del Censo, 10 % de los 5,7 millones de habitantes nacieron en el extranjero. Y según la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CIRC), en el estado residen unos 150.000 indocumentados.
La junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles aprobó este martes una propuesta para incrementar en cinco dólares la hora el pago a los trabajadores de tiendas de comestibles y farmacias en las áreas no incorporadas de Los Ángeles, ante el riesgo por la pandemia de covid-19.
La propuesta denominada “Pago para Héroes”, cuya versión final será revisada por el área legal del condado y presentada nuevamente a la Junta antes del 26 de enero, destaca la importancia de estos trabajadores, muchos de ellos latinos, que “diariamente arriesgan su salud y su vida” para el beneficio del resto de la comunidad.
“Estos trabajadores de comestibles y medicamentos al menudeo figuran entre los héroes de esta pandemia poniendo sus vidas al frente -frecuentemente con bajos salarios y beneficios mínimos- para sostener nuestro sistema de alimentos y mantener las comunidades saludables”, señala la ordenanza.
La moción fue propuesta por Hilda Solís, presidenta de la Junta de Supervisores, conjuntamente con la supervisora Holly Mitchell, representante del Distrito 2 del Condado de Los Ángeles.
La ordenanza “de urgencia” tendrá una vigencia de 120 días ante la grave crisis de la covid-19 que enfrenta el condado, y se aplica a tiendas de cadena que cotizan en la Bolsa o tienen al menos 300 empleados en todo el país y más de 10 trabajadores por tienda.
El Departamento de Planeación Regional del Condado de Los Ángeles calcula que las áreas no incorporadas (áreas residenciales que no están integradas legalmente a ninguna ciudad pero forman parte del condado y son gobernadas por la Junta de Supervisores) que se beneficiarán con la medida comprenden más del 65 % del condado y cuentan con más de un millón de residentes.
Según destacó Solís, estas áreas coinciden con los denominados “desiertos de alimentos” en los que frutas, verduras y otros productos favorables para la salud son escasos y caros.
Igualmente la supervisora latina dijo que fue informada de que algunas cadenas de tiendas de alimentos están reemplazando -en plena pandemia- a los trabajadores de planta por contratistas temporales. La moción argumenta que “cerca de la mitad de los trabajadores de las tiendas de comestibles y las farmacias reportan problemas con el pago de sus deudas» y “casi un tercio de ellos enfrentan dificultades para el pago de sus arriendos o hipotecas”.
Con los niños atendiendo las clases en forma virtual, el cuidado infantil es otro costo que se ha incrementado para muchos de estos empleados, señaló Solís.
UFCW 770 el sindicato que representa los trabajadores de tiendas de comestibles y farmacias del sur de California, reportó a la fecha que 3.668 de sus miembros han resultado positivos al coronavirus, con 398 solo el lunes.
