San Juan.- El jurista español Rafael Maldonado de Guevara ha propuesto una ley española de nacionalidad reparativa para los puertorriqueños similar a la que se aprobó en 2015 para los sefardíes, debido a que Puerto Rico fue provincia de España hasta 1898.
«No se trata de una concesión automática de la nacionalidad sino que se trata de que aquellas personas que estén interesadas inicien un procedimiento. En ese procedimiento tendrán que probar el tracto genealógico desde ellos hasta sus antepasados puertorriqueños de 1898», explicó a EFE Maldonado de Guevara, desde la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Bayamón.
Puerto Rico, que entonces era una provincia española, pasó entonces a depender de Estados Unidos, país del que en la actualidad es un Estado Libre Asociado.
El abogado se encuentra en el archipiélago con motivo del ‘Primer Congreso Internacional Puerto Rico y España: De la Ley de Sefardíes a la propuesta de nacionalidad española reparativa para Puerto Rico’, que ha acogido durante esta semana 70 ponencias de académicos de Puerto Rico, España, Argentina, Italia, Países Bajos, Estados Unidos y Filipinas.
Maldonado de Guevara será el encargado de clausurar este jueves el evento de la UPR, con la presentación de la conferencia magistral ‘De la Ley de Sefardíes a la nacionalidad reparativa para Puerto Rico’, en el teatro Braulio Castillo de Bayamón.
Ley restaurativa para puertorriqueños que buscan nacionalidad española
El jurista explicó que esta propuesta llega para «reparar, resarcir a los descendientes de los puertorriqueños que fueron desnaturalizados por el Tratado de París de 1898», que puso fin a la guerra hispano-estadounidense, por la que Washington se hizo también con Cuba, Filipinas y Guam.
Se trata de «una propuesta de ley que está especialmente pensada para aquellos puertorriqueños que están intentando adoptar a la nacionalidad española por la ley de Memoria Democrática y se les está denegando», indicó.
Para ello, en el caso de que la iniciativa se convierta en ley, el abogado señaló que los puertorriqueños interesados en obtener la nacionalidad española deberán «superar una prueba de lengua española en el caso de que no vivan en Puerto Rico u otro país de lengua española».
Asimismo, tendrán que demostrar sus conocimientos sobre España y además no podrán tener antecedentes penales, como ya pasó con la ley que se aprobó para los sefardíes.
«Estamos pensando sobre todo en la comunidad que vive en Estados Unidos. Tendría que aprobar un examen de conocimientos de la realidad constitucional, cultural y social de España», apuntó Maldonado de Guevara.
Sobre la vinculación con EE. UU., aseguró que si su proyecto prospera se podrán mantener ambas nacionalidades, la estadounidense y la española.
Relevancia de la resistencia del idioma y de la cultura
El jurista aludió a la resistencia de Puerto Rico frente a Estados Unidos con la conservación del idioma español y de la cultura hispánica, y lo comparó con los sefardíes.
«Los casos de sefardíes y puertorriqueños tienen muchas concomitancias. La defensa de la lengua española, la defensa de la preservación de la cultura hispánica en momentos muy difíciles y una desnaturalización por títulos jurídicos injustos. El decreto de expulsión de 1492 para los sefardíes y el infame Tratado de París», describió.
Además, Maldonado de Guevara recordó que ambas comunidades, tanto los sefardíes como los puertorriqueños, obtuvieron el Premio Príncipe de Asturias, en 1990 y en 1991, respectivamente, por la preservación de las raíces hispánicas.
En el Congreso de España se aprobó en 2015 la ley para la concesión de la nacionalidad española a los sefardíes -descendientes de los judíos expulsados de la península en 1492- que acrediten una especial vinculación con España, aún cuando no tengan residencia legal en el país.
Del mismo modo, el Congreso español tramitó este año una propuesta de ley sobre la nacionalidad española para los saharauis nacidos antes del 26 de febrero de 1976, que busca equiparar sus requisitos de nacionalidad con los de los sefardíes, reduciendo el tiempo de residencia legal de diez a dos años.
