Estados Unidos fue una vez la joya de la corona del mundo: una democracia que honraba y protegía a todos sus residentes, un lugar donde los sueños se podían hacer realidad. Como dirían algunos inmigrantes, era «la tierra del sol y el dinero» —a veces más sol que dinero—, pero parecía haber espacio para todos.
Esa visión se está desvaneciendo. El mundo ahora presencia el desmoronamiento de un gran gobierno, no por ataques externos, sino desde dentro, mediante políticas racistas que priorizan a las poblaciones blancas y buscan borrar a los inmigrantes de color de esta supuesta democracia. Estas políticas incluso intentan eliminar cualquier mención a las personas de color de los registros oficiales y materiales educativos.
Esta nueva ola de políticas migratorias inhumanas tendrá efectos devastadores, no solo morales, sino económicos, en todos los niveles de la sociedad estadounidense.
Lo que rara vez se discute en los medios es el costo económico de esta extraña y brutal represión migratoria. Cuando se elaboraron estas políticas, no se presentó ningún presupuesto. Si el público hubiera visto el costo real, estaría indignado. Se están desviando fondos de otros programas esenciales para financiar esta campaña de miedo y deportación.
La Casa Blanca gasta millones de dólares a diario en un ataque generalizado contra familias inmigrantes, afirmando que se centra en delincuentes peligrosos. Pero esto es una mentira descarada. La gran mayoría de los arrestados no tiene antecedentes penales. El retorno de esta enorme inversión es mínimo, mientras que el daño es inmenso.
¿Quiénes son los blancos?
Trabajadores agrícolas, dueños de puestos de tacos, jornaleros, jardineros, niñeras, personal de hospitales y residencias de ancianos —muchos de los cuales han vivido en Estados Unidos durante años, criado a hijos nacidos aquí y contribuido a sus comunidades— están siendo perseguidos como si fueran delincuentes. Mientras tanto, quienes irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero fueron indultados.
Estos inmigrantes están siendo deportados sin audiencias justas, perdiendo sus hogares, cuentas bancarias, vehículos y las modestas pero significativas inversiones que han construido durante años de arduo trabajo. Muchos también enviaban remesas a sus países de origen, recursos vitales que sustentan a sus familias e impulsan las economías de sus países de origen. Cortar estos fondos no solo desestabiliza a esos países, sino que también aumenta la presión para una mayor migración.
El efecto dominó económico es enorme
Industrias como la agricultura, la construcción, la restauración y la hostelería dependen en gran medida de la mano de obra inmigrante. Los ciudadanos estadounidenses no ocupan fácilmente estos puestos, y si lo hicieran, los salarios y las prestaciones aumentarían los precios de cuatro a cinco veces. Se espera que esto se vea primero en el precio de las verduras, los huevos y la carne. También se espera que los precios del transporte, la vivienda y los hoteles aumenten.
Se prevé el cierre de pequeñas empresas debido a la escasez de mano de obra y al aumento de los costes. Los contratos agrícolas internacionales corren el riesgo de perderse debido a los aranceles y las interrupciones laborales. Estados Unidos podría verse obligado a reducir los aranceles sobre las importaciones de alimentos y materias primas que ya no puede producir eficientemente.
¿Y qué hay de los grandes eventos como la Copa Mundial y los Juegos Olímpicos?
La historia demuestra que la mano de obra inmigrante es crucial para la construcción de infraestructura y la facilitación de la logística. Tras desastres como el huracán Katrina, fueron los trabajadores inmigrantes quienes reconstruyeron las comunidades. Durante los Juegos Olímpicos de Atlanta, construyeron las sedes y se quedaron, enriqueciendo la cultura de la ciudad.
Desastres recientes, como las inundaciones en Texas y los incendios forestales en California, han visto a los equipos de emergencia mexicanos intervenir para ayudar. Sin embargo, sus contribuciones pasan desapercibidas para los medios y líderes estadounidenses.
Un ejemplo es la historia de Silvana Garza Valdez y María Paula Zárate, dos consejeras mexicanas de 19 años que salvaron a 20 niñas durante la inundación del 4 de julio en Camp Mystic, Texas. Mantuvieron a las niñas seguras y tranquilas hasta que llegó la ayuda. Su heroísmo fue reconocido por la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum Pardo, pero ignorado por los líderes estadounidenses.
Mientras tanto, la FEMA y el Departamento de Seguridad Nacional fracasaron en su respuesta, lo que costó vidas.
Mientras el gobierno gasta millones para aterrorizar a las comunidades inmigrantes, los vecinos están dando un paso al frente con amor y apoyo. Las campañas de financiación colectiva están por todas partes, tratando de ayudar a las familias a sobrevivir a esta crisis. Sin embargo, incluso organizaciones respetadas como Las Américas en El Paso se ven obligadas a cerrar oficinas y recortar personal debido a la escasez de fondos.
No se puede deportar a un sector significativo de la fuerza laboral sin provocar un desastre financiero. Los trabajadores inmigrantes contribuyen con miles de millones de dólares en impuestos. Esta política cruel y errónea está llevando a Estados Unidos a una crisis económica que se sentirá dolorosamente en septiembre, y que no será fácil de revertir.
Para salvar nuestra economía y nuestra democracia, debemos detener este abuso de un sistema que, aunque imperfecto, alguna vez fue funcional. Debemos reconocer el valor de los inmigrantes.
No hay angloamericanos haciendo fila para hacer el trabajo que hacen los inmigrantes.
Todos debemos alzar la voz y exigir un alto al fuego inmediato a las deportaciones.
