El Departamento del Tesoro de Estados Unidos tomó medidas el viernes para involucrar más profundamente a los bancos del país en la ofensiva del presidente Donald Trump contra la inmigración, incluida la emisión de nuevas directrices que permiten a los bancos compartir rápidamente información sobre clientes sospechosos y un aviso que los orienta a señalar indicios de que uno de sus clientes podría carecer de estatus migratorio legal.
Estos cambios forman parte del impulso del gobierno para sacar del sistema bancario del país a los trabajadores que están en el país de manera irregular sin ordenar explícitamente a los bancos que lo hagan. Para lograr que los bancos participen, el gobierno ha presentado estas acciones como una ofensiva contra el fraude y el delito, no explícitamente sobre inmigración.
“La información a su disposición puede ayudar a detener a un financista de un cártel, desarticular una red de lavado de dinero, descubrir explotación laboral o proteger a los contribuyentes del fraude”, aseveró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en declaraciones preparadas para una conferencia bancaria en Houston.
Las declaraciones de Bessent y las nuevas directrices del Departamento del Tesoro se derivan de una orden ejecutiva firmada por Trump en mayo que exige a los bancos examinar más de cerca la ciudadanía de sus clientes, además de instruir a los reguladores bancarios y a los departamentos del gobierno a buscar señales de que personas sin estatus legal están abriendo cuentas u obteniendo préstamos o tarjetas de crédito. Pero esa orden ejecutiva no incluyó un mandato explícito para que los bancos recopilen información de ciudadanía, algo contra lo que el sector presionó durante meses.
Los bancos han podido compartir información sobre sus clientes con otros bancos en el marco del programa de la Ley Patriota cuando sospechan lavado de dinero o fraude, como parte de los esfuerzos posteriores al 11 de septiembre de 2001 para combatir el terrorismo y otros delitos.
Las medidas del viernes ampliaron ese sistema en dos frentes. Ahora los bancos pueden compartir ese tipo de información en tiempo real y con mayor libertad.
En segundo lugar, el gobierno de Trump está dando a los bancos una gama más amplia de motivos para compartir información, que ahora incluyen señales históricamente vinculadas al estatus migratorio. Un ejemplo es que un cliente tenga un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés), que es utilizado de manera desproporcionada por inmigrantes indocumentados al solicitar empleo.
Bessent dijo a los banqueros que las nuevas directrices son simplemente parte de lo que el sistema bancario necesita hacer como parte de sus operaciones rutinarias.
“El aviso no pide a los bancos que se conviertan en agentes de inmigración», señaló Bessent. «Les pide que hagan lo que mejor saben hacer: conocer a sus clientes, identificar riesgos, reconocer patrones sospechosos y reportar actividad ilícita cuando la vean”.
Los banqueros se han mostrado cautelosos respecto a compartir información de clientes con el gobierno federal como parte de la aplicación de las leyes migratorias. Los banqueros nunca recopilaron información de ciudadanía de sus clientes, por lo que cualquier intento de hacerlo requeriría un esfuerzo masivo por parte de los bancos y cantidades significativas de papeleo.
Defensores de los inmigrantes han dicho anteriormente que cualquier orden que obligara a los bancos a recopilar información de ciudadanía probablemente haría que los inmigrantes salieran del sistema financiero, aumentando el número de personas “no bancarizadas”.
La Casa Blanca ha adoptado otras medidas para desalentar a los trabajadores sin estatus migratorio regular de usar el sistema financiero. El Departamento del Tesoro anunció en noviembre que reclasificaría ciertos créditos fiscales reembolsables como “beneficios públicos federales”, lo que impide que algunos contribuyentes inmigrantes los reciban, aun si presentan declaraciones y pagan impuestos y, de otro modo, cumplirían los requisitos.
