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La Cámara Baja de EE. UU. estrecha el cerco en torno a los derivados del fentanilo

Imagen de archivo del congresista republicano Bob Latta (c), de Ohio. (Foto: EFE/Michael Reynolds)

La Cámara Baja estadounidense, controlada por los republicanos, estrechó este jueves el cerco en torno a los derivados del fentanilo con la aprobación de un proyecto de ley que los incluye de forma permanente en la categoría federal más estricta de drogas.

La normativa salió adelante por 289 votos a favor y 133 en contra y debe proseguir ahora su tramitación en el Senado. Aunque los demócratas tienen el control de ese segundo hemiciclo, los conservadores confían en lograr el apoyo bipartidista suficiente para que llegue a ser promulgada.

El proyecto de ley está impulsado por los legisladores conservadores Morgan Griffith y Bob Latta y también impulsaría la investigación para que se puedan entender mejor los efectos de esa droga sobre la salud de la gente, al facilitar los trámites necesarios.

El fentanilo, según recordaron esta semana los republicanos, es la principal causa de muerte en Estados Unidos entre los adultos de 18 a 49 años. «Hay que hacer algo de inmediato», dijo este jueves Latta antes del voto.

En 2022, más de 109.000 personas murieron por sobredosis en el país y unas 75.000 lo hicieron por culpa de opioides sintéticos, principalmente fentanilo o sus derivados.

«Cada día en Estados Unidos mueren por sobredosis unos 300 jóvenes. Imaginen que cada día se cayera del cielo un avión con 300 pasajeros. No llegaríamos a finales de semana antes de pararlo todo para averiguar qué pasa», subrayó el martes en conferencia de prensa el «número dos» de los conservadores en la Cámara Baja, Steve Scalise.

Los republicanos culpan de la situación al presidente Joe Biden y a lo que ellos califican de política de «puertas abiertas» en la frontera con México.

Más de un centenar de organizaciones humanitarias y sanitarias sin ánimo de lucro alertaron no obstante esta semana de que el proyecto de ley aprobado ahora tiene un enfoque erróneo.

«Puede promover injustamente la criminalización de sustancias inofensivas. Es otra iteración de las estrategias ineficaces y punitivas de la guerra contra las drogas», dijeron el martes a los líderes del Congreso grupos como Human Rights Watch o Equal Justice USA. 

Legisladores estatales de EE. UU. quieren que los menores cubran empleos vacantes

La gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, firma una reforma de la ley educativa el miércoles 8 de marzo de 2023 en el Capitolio estatal en Little Rock, Arkansas. Mientras las autoridades federales trataban de perseguir las crecientes infracciones de trabajo infantil, algunos legisladores estatales querían permitir que los menores trabajaran más horas y en empleos más peligrosos. La gobernadora de Arkansas, la republicana Sanders, refrendó una ley en marzo que elimina los requisitos de permisos de empleo para menores de 16 años, lo que también eliminaba la verificación de edad y el consentimiento parental para obtener un permiso. (Foto: AP/Andrew DeMillo/Archivo)

Mientras las autoridades federales de Estados Unidos tratan de perseguir las crecientes infracciones de trabajo infantil, algunos legisladores estatales quieren permitir que los menores trabajen más horas y en empleos de mayor riesgo.

Los legisladores, la mayoría republicanos, alegan que relajar las normas de trabajo infantil podría aliviar el desabastecimiento nacional de mano de obra.

Pero los activistas de protección de menores temen que las medidas supongan un esfuerzo coordinado de revocar peleadas protecciones sobre los niños.

“Las consecuencias podrían ser desastrosas”, dijo Reid Maki, director de la Coalición Trabajo Infantil, que hace campaña contra políticas de explotación laboral. “No se puede compensar una percepción de falta de mano de obra a expensas de trabajadores adolescentes”.

En los últimos dos años, los legisladores han propuesto suavizar las normas de empleo infantil en al menos 10 estados, según un reporte publicado el mes pasado por el Instituto de Política Económica, un grupo de tendencia izquierdista. Algunas propuestas se convirtieron en leyes, mientras que otras fueron retiradas o vetadas.

Los parlamentarios en Wisconsin, Ohio y Iowa están considerando suavizar las leyes para combatir la falta de trabajadores. Los empleadores han tenido problemas para cubrir puestos tras un pico de jubilaciones, muertes y enfermedades por COVID-19, un descenso de la inmigración legal y otros factores.

Los legisladores en Wisconsin apoyan una propuesta que permitiría a los niños de 14 años servir alcohol en bares y restaurantes. Si se aprueba, Wisconsin podría tener el mínimo más bajo en esa categoría de todo el país, según el Instituto Nacional sobre Alcoholismo y Abuso del Alcohol.

El congreso de Ohio está en proceso de aprobar una ley que permitiría a los estudiantes de 14 y 15 años trabajar hasta las 21:00 durante el curso escolar con autorización de sus padres. Es más tarde de lo que permiten las leyes federales, así que una medida anexa pide al Congreso de Estados Unidos que enmiende sus normas.

Según la Ley de estándares de empleo justo, los menores de esa edad sólo pueden trabajar hasta las 19:00 durante el curso escolar. El Congreso aprobó esa ley en 1938 para impedir que los niños se vieran expuestos a condiciones peligrosas y prácticas abusivas en minas, fábricas, granjas y comercio callejero.

La gobernadora de Arkansas, la republicana Sarah Huckabee Sanders, refrendó una ley en marzo que elimina los requisitos de permisos que necesitaban los empleadores para verificar la edad de un menor y el consentimiento de sus padres. Sin ese requisito, las empresas a las que se descubra incumpliendo las leyes de trabajo infantil pueden alegar ignorancia con más facilidad. Se han aprobado otras medidas para relajar las leyes sobre trabajo infantil en Nueva Jersey, Nueva Hampshire y Iowa.

La gobernadora de Iowa, la republicana Kim Reynolds, firmó una ley el año pasado que permite a los jóvenes de 16 y 17 años trabajar sin supervisión en jardines de infantes. La legislatura estatal aprobó una norma este mes para que los adolescentes de esa edad puedan servir alcohol en restaurantes. También ampliaría las horas que pueden trabajar los menores. Reynolds, que dijo en abril que es partidaria de que los jóvenes trabajen más, tiene hasta el 3 de junio para refrendar o vetar esa medida.

Los republicanos retiraron las cláusulas de una versión anterior de la norma que permitía trabajar a niños de 14 y 15 años en campos peligrosos como minería, tala y empaquetado de carne. Pero mantuvo algunas partes que según el Departamento de Empleo violan las leyes federales, como una que permite a los niños a partir de 14 años trabajar en cámaras frigoríficas y otra que amplía las jornadas laborales en lavanderías industriales y cadenas de montaje.

Los trabajadores adolescentes son más propensos a aceptar salarios bajos y tienden menos a sindicarse para pedir mejores condiciones laborales, indicó Maki, de la Coalición Trabajo Infantil, una red activista con sede en Washington.

“Hay empleadores que se benefician de tener trabajadores adolescentes en cierto modo dóciles”, dijo Maki. Los adolescentes, añadió, son un blanco fácil para industrias que dependen de población vulnerable como inmigrantes y exreclusos para cubrir puestos peligrosos.

El Departamento de Trabajo reportó en febrero que las violaciones sobre trabajo infantil habían crecido casi un 70% desde 2018. La agencia ha aumentado sus inspecciones y ha pedido al Congreso que permita subir las multas a los infractores.

En febrero, el Departamento impuso una multa de 1,5 millones de dólares a una de las mayores contratistas de limpieza de instalaciones cárnicas cuando se descubrió que la compañía empleaba ilegalmente a más de 100 niños en ocho estados distintos. Los trabajadores infantiles limpiaban sierras para huesos y otro equipamiento peligroso en plantas de procesamiento de carne, a menudo utilizando productos químicos peligrosos.

Cabilderos empresariales nacionales, cámaras de comercio y grupos conservadores bien financiados apoyan las leyes estatales para aumentar la participación de los adolescentes en la fuerza de trabajo. Es el caso de Estadounidenses por la Prosperidad, una red política conservadora, y la Federación Nacional de Negocios Independientes, que suele alinearse con los republicanos.

El grupo conservador Proyecto Soluciones de Oportunidad y su organización matriz, el centro de estudios de Florida Fundación por la Responsabilidad del Gobierno, ayudaron a legisladores en Arkansas y Missouri a redactar propuestas de ley para retirar las protecciones sobre el trabajo infantil, según The Washington Post. Los grupos y legisladores afines dicen a menudo que sus esfuerzos pretenden aumentar los derechos de los padres y dar más experiencia laboral a los adolescentes.

“No hay ningún motivo por el que nadie necesite el permiso del gobierno para tener un empleo”, afirmó en la cámara baja estatal la representante republicana de Arkansas Rebeca Burkes, que presentó la ley para eliminar los permisos de trabajo de menores. “Eso trata simplemente de eliminar la burocracia exigida y quitar la decisión de los padres sobre si su hijo puede trabajar”.

Margaret Wurth, investigadora de derechos de los niños de Human Rights Watch, miembro de la Coalición de Trabajo Infantil, describió normas como la aprobada en Arkansas como “intentos de socavar protecciones importantes y seguras en el lugar de trabajo y reducir el poder de los trabajadores”.

Las leyes actuales no protegen a muchos trabajadores menores, dijo Wurth.

Ella querría que los legisladores eliminasen las excepciones al trabajo infantil en agricultura. La ley federal permite que los niños de 12 años o más trabajen en granjas cualquier cantidad de tiempo fuera de sus horas de clase, con permiso de sus padres. Los trabajadores agrícolas a partir de 16 años pueden trabajar a alturas peligrosas o manejar maquinaria pesada, tareas de riesgo que se reservan a empleados adultos en otros sectores.

En 2021 murieron 24 niños por lesiones laborales en Estados Unidos, según la Oficina de Estadísticas de Empleo. En torno a la mitad de los accidentes laborales mortales ocurrieron en granjas, según un informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno sobre muertes de menores entre 2003 y 2016.

“Mueren más niños trabajando en agricultura que en cualquier otro sector”, dijo Wurth. “La vigilancia no va a ayudar mucho a los trabajadores infantiles agrícolas si no se mejoran las normas”.

Filis voltean déficit de 5 carreras, vencen 6-5 a Dbacks en 10 innings

Trea Turner de los Filis de Filadelfia tras conectar un jonrón ante los Diamondbacks de Arizona, el miércoles 24 de mayo de 2023. (AP Foto/Matt Slocum)

Trea Turner empató el juego con un jonrón de dos carreras en el noveno inning y Alec Bohm bateó el sencillo que produjo la anotación del triunfo en el décimo, con lo que los Filis de Filadelfia voltearon un déficit de cinco carreras para vencer el miércoles 6-5 a los Diamondbacks de Arizona.

Turner protagonizó su mejor momento desde que firmó en el invierno pasado con los Filis al conectar su jonrón ante el relevista venezolano José Ruiz (1-1) con dos outs, y empatar 5-5 la pizarra.

Bryson Stott dio un sencillo con dos outs ante Ruiz en el noveno, dejando la mesa servida para que Turner conectarse su batazo más importante en su primera campaña con los Filis.

Craig Kimbrel (3-1) se encargó del décimo para acreditarse la victoria.

Evan Longoria sonó un jonrón de dos carreras y el puertorriqueño Emmanuel Rivera produjo tres anotaciones para los Diamondbacks.

Por los Dbacks, Rivera de 4-1, tres impulsadas. El dominicano Ketel Marte de 5-2, una anotada. El venezolano José Herrera de 4-1, una anotada.

Amazon y la Embajada de EE. UU. en México presentan programa para apoyar a emprendedoras

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, habla durante una rueda de prensa, hoy en Ciudad de México (México). (Foto: EFE/José Méndez)

La Embajada de Estados Unidos en México y la empresa Amazon presentaron este miércoles la convocatoria para la Academia para Mujeres Emprendedoras (AWE, en inglés) 2023, que brinda capacitación, conocimiento, herramientas, alianzas y el acceso a los elementos necesarios para hacer crecer las empresas de las becarias.

En conferencia de prensa, el embajador estadounidense Ken Salazar, afirmó que esta iniciativa es un “orgullo” ya que impulsa a las mujeres a promover sus ideas y emprendimientos y así incidir en el crecimiento de la economía del país.

“Ustedes trabajan muchísimo, tienen buenas ideas y por eso pueden hacer buenas empresas, ustedes son parte de la economía”, dijo Salazar durante una rueda de prensa.

Además, dijo tener optimismo porque actualmente existe mucho liderazgo de la mujer en diferentes ámbitos y el empresarial no es la excepción.

El director de Políticas Públicas para Latinoamérica de Amazon, Reuben Smith-Vaughan habla durante una rueda de prensa, hoy en Ciudad de México (México). (Foto: EFE/José Méndez)

La convocatoria presentada este miércoles contará con el apoyo de las compañías estadounidenses Amazon, UPS y AT&T, a través de los casi 2,5 millones de pesos (140.000 dólares) que se destinarán para apoyar el talento y la creatividad de más de 700 mujeres que participarán en este programa.

Las becarias son provenientes de estados como Baja California, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Hermosillo, Jalisco, Oaxaca, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

Reuben Smith-Vaughan, director de políticas públicas para Latinoamérica de Amazon, destacó la importancia de este programa y señaló que la compañía está interesada en apoyar a las empresas “sin importar su tamaño para vender en Amazon”.

Entre 2021 y 2022 han capacitado ya a 32.000 emprendedores mexicanos.

“Es por ello que esta colaboración global busca apoyar a las mujeres empresarias para impulsar el éxito de sus negocios”, precisó.

La Academia para Mujeres Emprendedoras es un programa del Departamento de Estado de EE. UU. que surgió en 2019 para impulsar el ingenio y el talento de las emprendedoras, así como para generar redes y acceso a herramientas que les ayuden a triunfar.

Más de 1.000 mexicanas han participado en AWE y en cada convocatoria, las participantes han recibido capacitación en habilidades comerciales, mercadotecnia, publicidad, planes comerciales y finanzas.

La líder de Marketplace de Amazon, Renata Arvizu, habla durante una rueda de prensa, hoy en Ciudad de México (México). (Foto: EFE/José Méndez)

Renata Arvizu, líder de Marketplace en Amazon México, destacó que Amazon tiene a más de 18.000 empresas mexicanas vendiendo en la tienda de México, de las cuales 99 % son micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Asimismo, dijo que de estas compañías, el 20 % está vendiendo fuera de México, principalmente en Estados Unidos, lo que ha duplicado sus exportaciones.

“En Amazon sabemos la importancia de seguir apoyando a las pequeñas y medianas empresas, a las emprendedoras y a los mexicanos a los artesanos también para que puedan crecer sus negocios y llegar tanto a todo el territorio nacional como expandir sus ideas y sus productos y sus marcas fuera de México”, precisó.

Entre los requisitos para acceder a este programa están: ser mujer mayor de 18 años, tener un negocio propio/emprendimiento que se encuentre en operación, disponibilidad de tiempo para realizar las operaciones del programa, compromiso a terminarlo y tener equipo de cómputo con cámara funcionando y acceso a internet.

Diez canciones que ilustran por qué Tina Turner fue «simplemente la mejor» de su era

EFE/EPA/STEFFEN SCHMIDT

Desde su cuna en Tennessee (EE. UU.) donde en 1939 nació como Anna Mae Bullock, la de Tina Turner fue una carrera en la que logró sobreponerse al racismo y el machismo de una industria y una sociedad que luego la condenó al ostracismo… hasta que renació independizada y reinventada como «la mejor».

He aquí diez canciones que ilustran por qué antes de Beyoncé tuvo que existir aquella mujer que recorrió uno de los caminos más tortuosos y a la vez triunfales de la historia de la música, diez canciones prendidas a una voluntad de hierro y a una garganta forjada en fuego, como sus caderas.

1) «A Fool In Love»: Lanzado en 1960, este corte de r&b supuso su debut musical a nivel profesional, compartido como parte del dúo junto al que se convertiría en su marido, Ike & Tina Turner. Fue su primer éxito comercial conjunto.

2) «It’s Gonna Work Out Fine»: Su segundo gran «hit» como pareja les llegó de la mano de este tema publicado en 1961 que se convirtió además en el primero por el que Tina Turner recibió una nominación a los premios Grammy.

3) «River Deep – Mountain High»: Impresionado por la fuerza de Tina, el archiconocido productor Phil Spector, el del «muro de sonido», invitó al dúo a su estudio. Con 21 músicos de sesión implicados y «unas 500.000 tomas» exigidas a la artista, el resultado fue la que está considerada una de las «500 grandes canciones de todos los tiempos» por la revista Rolling Stone.

4) «Proud Mary»: John Fogerty creó este tema para su banda, la Creedence Clearwater Revival, y con ella obtuvo uno de sus grandes éxitos, aunque probablemente la versión que más ha trascendido ha sido la que Ike y Tina realizaron en 1971, un canto de orgullo feminista interpretado curiosamente por una mujer entonces sometida al yugo de un hostigador y que les proporcionó un Grammy.

5) «Nutbush City Limits»: Escrita por ella misma, es un relato autobiográfico en el que regresa a su ciudad natal y a sus modestísimos orígenes. Editada en 1973, fue uno de los últimos temas que publicó junto a Ike Turner.

6) «Private Dancer»: En los años posteriores a su traumática ruptura con Iker Turner, Tina comenzó a convertirse más en un recuerdo que en una artista vigente. En los 80, sin embargo, Capitol Records confió en su resurrección alejándola del r&b, primero con su reinterpretación del «Let’s Stay Together» de Al Green y, sobre todo, con la de este tema escrito y desechado por el mismísimo Mark Knopfler. Para ella, Jeff Beck grabó una de las guitarras.

7) «What’s Love Got to Do with It»: Curioso que este tema pasara de mano en mano, de Cliff Richard a Donna Summer, hasta que Tina lo convirtió en su mayor éxito en EE.UU. Fue así como se alzó como la mujer de mayor edad que coronaba la lista americana, todo un golpe en la mesa que demostró que una mujer de mediana edad (45 años por aquel entonces) aún estaba lejos de ser una estrella en decadencia.

8) «We Don’t Need Another Hero»: Pese a los recelos de su entorno, Turner ansiaba conferirle a su música toques más roqueros y lo consiguió en 1985 con esta «power ballad» con «riffs» guitarreros que nació como tema central de la BSO de la película «Mad Max. Más allá de la cúpula del trueno», en la que ella participó como amazona encuerada de armas tomar.

9) «The Best»: Más conocida popularmente como «Simply (The Best») por su estribillo, una vez más Turner tuve el acierto de versionar un corte que en su primera encarnación bajo la voz de Bonnie Tyler apenas tuvo trascendencia. Lanzada de nuevo en 1988 bajo la producción de Desmond Child, es quizás su indiscutible último gran éxito mundial.

10) «Goldeneye»: Con la melena más corta, una vez más demostró que no se la podía dar por olvidada, menos si cuentas a tu servicio con autores con los mismísimos Bono y The Edge, de U2, para este tema de 1995 destinado a la saga cinematográfica de James Bond en el que ella dio de sí toda su garra felina.

El Presupuesto Nacional afecta la vida real de las persona, no es un juego

climático
Antonieta Cádiz es actualmente la directora general de asuntos latinos para Climate Power. (Foto: Archivo)

Estamos a tan sólo ocho días de alcanzar el límite de la deuda nacional. Si el Congreso no actúa, Estados Unidos podría quedarse sin dinero para pagar sus facturas tan pronto como el 1 de junio. Al no elevarse el techo de la deuda, como ya se ha hecho muchas veces, millones de personas sufrirán las repercusiones del juego político orquestado por los republicanos MAGA en el Congreso. Sería una catástrofe económica que perjudicaría a jubilados y veteranos, empleados públicos y tantos otros que no tienen tiempo ni recursos que perder.

El Default on America Act, aprobada por los republicanos de la Cámara, incluye recortes a la energía limpia, el progreso climático, la educación, la asistencia alimentaria, la atención médica y recortes a programas de veteranos, entre otros. A cambio de evitar la catastrófica posibilidad del impago, la bancada MAGA está reteniendo al presupuesto nacional como rehén a cambio de aprobar estos devastadores recortes. Intentan negociar con el impago en una mano y terribles recortes en la otra. Es injusto para el país.

Los republicanos extremistas han puesto en juego nuestra economía como parte de una terrible maniobra de negociación para revertir la significativa Ley para Reducir la Inflación, promulgada por el presidente Biden el verano pasado. Nuestra economía no debería ser una pieza en un juego político, especialmente cuando está en juego derogar partes esenciales de una legislación histórica que tanto ha beneficiado a nuestra economía y a nuestro planeta.

La Ley para Reducir la Inflación es responsable por nuestros logros en la transición hacia una economía de energía limpia. Una economía que necesitamos ya que proporciona buenos puestos de trabajo y al mismo tiempo nos aleja de la industria del gas y el petróleo que ha provocado la crisis climática en la que nos encontramos.

La semana pasada, Climate Power publicó un nuevo informe que muestra cómo, desde la promulgación de la Ley para Reducir la Inflación, el plan de energía limpia de la administración Biden ha estimulado un crecimiento económico en las comunidades de color. Según el nuevo informe, desde la aprobación de la ley, 129 de los más de 190 proyectos de energía limpia anunciados se encuentran en comunidades de color, lo que ha aportado más de 85.263 nuevos puestos de trabajo en energía limpia y $100.340 millones en inversiones a las comunidades de color como las nuestras.

Concretamente, en las comunidades latinas, esta ley se ha traducido a 43 nuevos proyectos de energía limpia, estimulando $28.500 millones en inversiones y 35.105 nuevos puestos de trabajo en energía limpia. Convirtiendo a estados como Arizona, Nevada, California, Texas y Rhode Island en los estados que cuentan con la mayor cantidad de nuevos puestos de trabajo en energías limpias en las comunidades latinas.

Simplemente no tiene sentido. ¿Por qué los republicanos MAGA insisten en destruir una economía que funciona para todos y ayuda en la lucha contra el cambio climático?

La semana pasada, 116 ejecutivos y líderes de energías limpias que representan a más de 1.300 empresas de energías limpias firmaron una carta instando al Presidente Biden y a los líderes del Congreso a que retiraran de la mesa la derogación de la Ley para Reducir la Inflación y no permitieran que se vinculara a un posible impago de la deuda estadounidense. Los directores ejecutivos que firmaron la carta lideran empresas que han podido crecer gracias a esta legislación histórica, garantizando que comunidades como la nuestra tengan acceso a energías limpias y a empleos sostenibles y bien remunerados para sus familias.

El Default on America Act de los republicanos MAGA de la Cámara de Representantes mantiene el presupuesto nacional como rehén en favor de recortes devastadores a políticas que la gente necesita, al tiempo que da prioridad a las corporaciones y a los multimillonarios que están perjudicando la salud de nuestras comunidades y destruyendo nuestro planeta.

Denver crea “espacios de descompresión” para estudiantes aún estresados por la pandemia

(Foto: Ilustrativa/Pexels)

    Denver (CO).- Las Escuelas Públicas de Denver (DPS) abrieron hoy miércoles su primer “espacio de descompresión” en un establecimiento educativo con mayoría de alumnos latinos para que esos estudiantes puedan desahogarse de las tensiones emocionales generadas por el desproporcionado impacto que la reciente pandemia tuvo en la comunidad hispana.

    Tony Abel-Pype, maestro en DPS desde 2009 e impulsor del proyecto, explicó que el nuevo espacio es un lugar “al que uno va cuando necesita un minuto para calmarse o para encontrar inspiración”.

    Abel-Pype, instructor de liderazgo cívico juvenil en la Academia Kunsmiller de Artes Creativas (KCAA) de DPS, trabajó durante los últimos dos años con 12 estudiantes de nivel secundario para definir una respuesta apropiada dentro de las escuelas a los desafíos de salud mental entre los alumnos latinos.

    Tras revisar espacios similares ya en uso en algunas universidades, los estudiantes primero diseñaron su propio “espacio” y luego gestionaron un subsidio de 15.000 dólares para construirlo. La sala (siempre supervisada por un adulto) incluye un costal de kickboxing, guitarras con amplificadores, colchonetas de yoga y arte tridimensional.

    “Es supergenial. Creo que será una herramienta importante que los estudiantes usarán para relajarse y tomar un respiro del estrés de la escuela secundaria”, dijo en un comunicado Piper Morian, una estudiante de undécimo grado que participó en el diseño del nuevo espacio.

    Para facilitar la “descompresión”, el espacio incluye un mural de la artista local Zaida Sever, graduada de KCAA y ahora estudiante universitaria preparándose para ser maestra de arte.

    Sever, nacida y criada en Colorado, comenzó su carrera artística precisamente en la escuela secundaria al asistir a un taller de arte en una organización no lucrativa de Denver. Ella describe su estilo como “un libro de cómics impresionista”.

    El mural, señaló Sever, es un “estudio artístico de las emociones” que a la vez permite “celebrar nuestra identidad y nuestras conexiones”.

    La KCAA cuenta con casi 900 estudiantes, con un 80 % de alumnos latinos y 82 % de alumnos provenientes de familias de bajos recursos. El establecimiento está ubicado en el vecindario Harvey Park, en el oeste de Denver, donde el 60 % de los residentes son hispanos, uno de cada tres de ellos inmigrante (principalmente de México).

    Según la organización nacional Mental Health America (reporte de enero de 2023), durante la pandemia de covid-19 Colorado fue el estado con el más alto porcentaje (23,5 %) de personas con problemas de salud mental.

    La misma fuente indica que actualmente la situación solo mejoró levemente (el porcentaje se redujo a 23,1 %), pero lo suficiente para superar a Washington, Ohio, Oregón, Virginia del Oeste y Utah. El estado con la menor proporción de personas con problemas de salud mental sigue siendo Nueva Jersey (16,3 %).

    Por su parte, un reporte de la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental (SAMHSA) con datos de 2022 indica que los jóvenes latinos en Colorado son “significativamente más proclives” a experimentar problemas de salud mental que los no latinos: 31 % de los menores de edad en Colorado son latinos, pero los latinos representan el 38 % de los jóvenes que son tratados por temas relacionados con salud mental.

    El “espacio de descompresión” en KCAA (que será duplicado en otras escuelas cuando se cuente con los fondos necesarios) estará abierto a toda la comunidad escolar, no solamente los estudiantes. Según DPS, “no será un espacio de encuentros para no ir a clases”.

    Pennsylvania high court to consider plan to make power plants pay for greenhouse gas emissions

    The Conemaugh Generation Station emits steam in New Florence, Pa., Feb. 6, 2007. Pennsylvania's Supreme Court Wednesday, May 24, 2023, will take its first crack at whether a governor can force power plant owners to pay for their planet-warming greenhouse gas emissions, or whether approval from a hostile Legislature was required first. (Photo: AP/Todd Berkey/The Tribune-Democrat)

    HARRISBURG, Pa. — Pennsylvania’s Supreme Court will take its first crack at whether a governor can force power plant owners to pay for their planet-warming greenhouse gas emissions, or whether he first needed approval from a Legislature that refused to go along with the plan.

    Hanging in the balance is Pennsylvania’s effort to become the first major fossil fuel-producing state to adopt carbon pricing.

    On Wednesday, the state’s highest court will hear arguments on whether a lower court was right to halt Pennsylvania’s participation in a multistate consortium that imposes a price and declining cap on carbon dioxide emissions from power plants.

    The way the justices react could give hints as to how they might ultimately rule on whether Pennsylvania’s participation — without legislative approval — is constitutional.

    It is no small amount of money: Pennsylvania would have raised more than $1 billion had it begun participating in 2022 when former Gov. Tom Wolf intended, according to calculations by the Natural Resources Defense Council, a nonprofit environmental advocacy group.

    It became the central plank in Wolf’s plan to fight global warming.

    Republican lawmakers, fossil fuel interests, industrial power users and trade unions oppose it, saying it will hurt the state’s energy industry and drive up electric bills.

    The case is a political minefield for Gov. Josh Shapiro, Wolf’s successor and a fellow Democrat who was endorsed by some of the labor unions that fought Wolf’s effort to join the consortium.

    Shapiro has maintained that he does not support entering the consortium, the Regional Greenhouse Gas Initiative, on Wolf’s terms. But he continues to fight for it in court and his top environmental protection appointee told lawmakers in March that joining the consortium is “a vehicle” that could help meet Shapiro’s “strong and very aspirational goals” to help the environment.

    Meanwhile, Shapiro has assembled a task force to try to come up with something better — a task force that meets in secret and includes opponents from organized labor and executives from companies invested in fossil fuels, as well as supporters of carbon pricing.

    State officials, independent researchers and environmental advocates say the money reaped by the state through the auction of emission credits can be spent on encouraging the growth of renewable energy and energy conservation. That, they say, would stabilize electricity bills, or lower them, while cutting greenhouse gas emissions and helping transition workers in fossil fuels into new industries.

    Supporters of carbon pricing include the owners of solar, wind and nuclear power, whose installations would become more cost competitive as oil, gas and coal power pay higher prices to operate.

    In 2019, Republican lawmakers refused to pass legislation authorizing Pennsylvania to join the consortium, then went to court with fossil fuel interests and labor unions when Wolf used his regulatory authority to join.

    The lower court that halted Pennsylvania’s participation is still deciding the merits of the underlying legal challenge: whether the governor unconstitutionally usurped the Legislature’s authority to approve any form of taxation.

    Shapiro has echoed criticism of Wolf’s carbon pricing plan, saying it could hurt the state’s energy industry, drive up electric prices and do little to curtail greenhouse gases.

    For his part, Shapiro’s most well-defined clean-energy goal is a pledge to ensure Pennsylvania uses 30% of its electricity from renewable power sources by 2030, up from the current 8% in state law.

    Editorial Roundup: Pennsylvania

    storm

    Pittsburgh Post-Gazette. May 22, 2023

    Editorial: Ban handheld devices while driving

    Pennsylvania is the only state among its neighbors to permit the use of handheld wireless electronic devices while driving. It’s time for the commonwealth to ban this risky habit, too.

    Sen. Rosemary Brown, R-Monroe, has again introduced legislation to bring Pennsylvania in line with 25 other states — and safety recommendations — by banning driving “while holding or supporting any electronic wireless device.” The Senate Transportation Committee passed the bill, 13-1, setting up a bipartisan push to make the state’s roads safer.

    Distracted driving kills and maims. Fourteen percent of fatal car crashes involve cell phone usage. The National Highway Traffic Safety Administration reports that more than 3,500 people died needlessly in distracted driving incidents in 2021, up more than 20% from 2,800 in 2018. Cell phones are implicated in a smaller number of distracted driving accidents, but the Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) notes that data are collected from police reports, which almost certainly undercount the number of distracted-driving incidents.

    Numerous studies have shown drivers perform poorly when distracted by their devices — and not just by texting. Programming smartphone navigation systems, in fact, is associated with more dangerous incidents than regular texting. Research on the dangers of speaking on a handheld phone is mixed, but it certainly diverts attention that should focus on the road.

    The IIHS reports that full cellphone bans — like the one the Pennsylvania Senate is considering — have been shown to reduce accidents, with Oregon and Washington recording a roughly 10% drop in rear-end collisions after adopting full bans in 2017. Interestingly, California did not achieve the same result, perhaps because its 2017 cellphone law could be read to allow usage during temporary stoppages, such as in famous California traffic.

    But even if the effects of the ban aren’t all one would hope, the law is a teacher; it is good to ban an activity that endangers others merely for the convenience of the driver.

    One argument against expanding Pennsylvania’s current texting-and-driving law is providing police with another excuse for so-called pretextual traffic stops, where officers pull over a motorist they suspect of some other crime for a minor offense. Because the law would make handheld electronic device use a primary offense, it would not be covered by local restrictions in Philadelphia and Pittsburgh on police performing stops for secondary offenses, like broken tail lights.

    That argument, however, could be used against any traffic safety regulation. The problem is with pretextual stops, not with safety laws that might possibly be abused.

    The state Senate should quickly take up Ms. Brown’s bill and pass it into law. It’s time for Pennsylvania drivers to form new and safer habits while on the road, so that fewer people are needlessly hurt or killed due to distracted driving.

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    Pittsburgh Tribune-Review. May 18, 2023

    Editorial: Municipal Assistance Program funding is a common good

    Pennsylvania is one of four states that differentiate themselves from their 46 American brethren by use of a different word. Like Kentucky, Massachusetts and Virginia, it officially goes by the lofty sounding name of “commonwealth.”

    In practical use, there is no difference. It is the difference between pancakes and flapjacks — purely up to individual preference. According to the Merriam-Webster Dictionary, it was simply a term that some writers in the Revolutionary period liked to use, the way today some conservatives might favor the label of “libertarian” (with a small L) or a liberal might prefer the term “progressive.”

    Identifying as a commonwealth doesn’t give Pennsylvania special powers or more prestige. It’s just a style choice.

    Kind of.

    A commonwealth also exists in another sense, as a group of countries or states that are drawn together for a purpose. One could make an argument for Pennsylvania’s 67 counties and more than 2,500 municipalities being that kind of association.

    Those thousands of municipalities include many with populations under 200 people. At just over 14,000 people, Greensburg isn’t a large city, but it’s still roughly equivalent in population to the combined numbers of Pennsylvania’s three smallest counties — Cameron, Sullivan and Forest.

    The people would be better served — in economy and efficiency — with more cooperation, if not more consolidation.

    Gov. Josh Shapiro’s first budget has included a 266% increase in funding to the Municipal Assistance Program.

    In 2021, that program helped Ambridge, Beaver Falls and Rochester in Beaver County with shared services planning. It helped Ligonier with floodplain management. It helped Brownsville in Fayette County with a multi-municipality comprehensive plan. In all, 33 communities were helped with bridging gaps that year despite a budget of just over $500,000.

    The new budget would be $2 million. That could be the gateway to more intermunicipal police agencies, sharing services for sewer or water projects, pooling resources for road projects or working toward stronger economies.

    Every governor’s budget is a shoot-for-the-stars dream — an arrow all but guaranteed to fall short of its target. And that is assuming the Legislature and governor can come to a consensus on spending. We all know that starting with an on-time budget in Pennsylvania is just as unrealistic as an over-the-top campaign promise.

    But this is an area for both sides to come together to consider honestly and practically — and not just because it could be a way to save money and get things done at the local level.

    It would also be a way to promote different arenas of government putting aside their jealousies and defenses to work toward a mutual goal. In other words, they could act for the common wealth.

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    Scranton Times-Tribune. May 20, 2023

    Editorial: Release data on marijuana prescriptions

    Fully legalizing marijuana in Pennsylvania would require a robust regulatory framework, from licensing growers and distributors to tracking and collecting taxes, preventing underage use and ensuring public safety.

    Gov. Josh Shapiro supports legal adult use to the point of including that prospect in his first proposed budget. He recommends a 20% tax on wholesale prices of marijuana products. Assuming that sales would begin in January 2025, he estimated that the tax would produce $16 million in revenue in the first year and gradually rise to $188 million a year by the end of the decade.

    Any regulatory regime also would have to include ensured transparency so that the relevant information could be used to guide policy. Yet, the administration remains far less than forthcoming regarding basic information about the existing medical marijuana program.

    The state Department of Health has stonewalled the news organization Spotlight PA’s requests for records regarding marijuana prescriptions by specific doctors. According to the agency, releasing the data would violate privacy laws, even thought the Right to Know request did not seek any information about specific patients.

    Using other public records, Spotlight PA has shown the department has cited excessive patient approval numbers for marijuana use in at least one disciplinary case against a doctor. In another case, an attorney for the Health Department argued that discipline was appropriate, saying “the total number of patients versus his time and ability to certify patients is relevant.”

    The implication is that the doctor issued blanket medical certifications to anyone who sought one to acquire marijuana.

    Legislators cited the public records cases in a recent legislative hearing, in which they also sought data about the state’s regulation of marijuana prescriptions.

    Spotlight PA appealed the document denial to the state Office of Open Records, which ordered the Health Department to release the records. Rather than doing so, the administration appealed that decision to Commonwealth Court, which will rule on three such cases involving the marijuana records.

    While advocating full marijuana legalization, the administration can’t credibly cherry-pick which information it wants to release regarding the current medical marijuana program. It should withdraw its appeal and release the records.

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    Uniontown Herald-Standard. May 21, 2023

    Editorial: Moving back school start times healthier for students

    When you were in high school, were you one of those hapless souls who found your eyelids getting very heavy during that first-period algebra class?

    Were you one of those stragglers who had to serve a detention or two because you stumbled into homeroom after the morning bell?

    Well, looking back on it, it might not have been because you were lazy, lacking in punctuality or that you found algebra to be less than altogether compelling. It could be that you had to be shaken out of bed, marched to the bus and forced to go through those first couple of hours of school feeling like a zombie from a George Romero movie because you were biologically programmed to feel that way.

    Copious amounts of research has revealed that the up-with-the-chickens start times we inflict on K-12 students is not good for their learning or well-being. It’s particularly tough for high school students, who are biologically inclined to be night owls and should ideally be getting anywhere from eight-and-a-half to 10 hours of sleep every day. Studies have found that teens who don’t get enough sleep are less alert in school, more prone to absenteeism, more prone to being overweight, depressed and in danger of picking up unhealthy habits like smoking and drug use.

    In the 2016-17 school year, to cite one example, the school system in Seattle pushed back its start time by 55 minutes, and found that students were able to get a crucial 34 minutes of additional sleep, and grades went up. Start times were changed in California, and legislation is pending to do the same in states as disparate as New Jersey and Tennessee.

    Organizations like the Centers for Disease Control and Prevention and the American Academy of Pediatrics have long recommended that school start times be pushed back, and this week the Upper St. Clair School District became the latest in a small but growing number of districts that have decided to move up the time that they start their days. Beginning in the 2023-24 school year, high school classes will get underway in Upper St. Clair at 8 a.m., and the day will end at 2:45 p.m. Elementary students will start at 8:35 a.m. and wrap up at 3:05 p.m., and middle school students will start at 8:55 a.m. and end at 3:40 p.m.

    Part of the reason relatively few districts have shifted their start times is all the headache-inducing complications that spring from it. As journalist Danielle Dreilinger put it for the journal Education Next, “The crux of the matter is that schools are a collection of moving parts, from predawn janitorial and food service prep to busing and after-school activities, family work routines, are often organized around school rhythms. Shifting secondary school start times sends shock waves through these systems.”

    Sure, changing times isn’t an easy undertaking. But more districts in this region need to look to Upper St. Clair, see how it’s time change works out, and consider following suit in the 2024-25 school year.

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    Wilkes-Barre Citizens’ Voice. May 18, 2023

    Editorial: Pass Yaw bill to regulate ‘skill games’

    Several Pennsylvania courts have found that “skill games” — played on as many as 70,000 video terminals statewide in convenience stores, civic clubs, bars, and so on — are not games of chance.

    Unless the state Supreme Court overturns those decisions, the state Gaming Control Board may not regulate skill games as gambling.

    U.S. District Judge Michael Baylson of Philadelphia, meanwhile, ruled May 9 that a skill games lawsuit brought by Parx Casino of Bucks County may proceed.

    So the legal question of whether skill game terminals are gambling devices is not fully settled. But according to Republican state Sen. Gene Yaw of Lycoming County, the state government should regulate the enterprise in either case.

    The principal difference between video slot machines and video skill game terminals is that slots require no player input other than money, whereas skill games are interactive.

    Regarding state regulation, it’s a distinction without a difference. Yaw has introduced a bill to regulate the enterprise through the Department of Revenue, with enforcement assigned to the Bureau of Liquor Control Enforcement.

    The proposal would limit the number of machines per establishment, much as state regulations determine the number of slots per casino.

    Yaw proposes a $1 million application fee for skill game distributors, a $25,000 fee for operators and a $250 fee for host establishments. The bill also would establish a 16% tax on proceeds, the same rate that applies to casino-based online poker and table games. Casinos pay a 54% rate on slots revenue.

    Yaw claims the regime would produce about $300 million a year. The state would assign 50% to the general fund, distribute 22% to county and municipal governments, and use the rest for enforcement.

    Yaw, citing a study showing that Pennsylvania’s lottery proceeds have grown at a rate greater than that in other Northeast states that don’t have skill games, contends that skill games do not diminish other forms of gambling — all the more so because they can’t be played online.

    Whatever the final numbers, Yaw’s approach is reasonable. It would recognize the games as a valid business, ensure continuing revenue for civic organizations and small businesses, and assuage casinos’ concerns about unregulated competition.

    END

    Uvalde cuenta un año de la matanza escolar tras la que nada ha cambiado

    (Foto: EFE/Paula Escalada Medrano)

    Cruces decoradas con flores, juguetes y fotos infantiles decoloradas por el sol, un colegio vallado esperando a ser demolido, y una comunidad dividida entre quienes piden más control a las armas y quienes no aceptan restricciones. Uvalde recuerda, un año después, la matanza que cambió a todos, pero que no ha cambiado nada.

    «Estoy enfadada y frustrada porque todo es igual, nada ha cambiado, no se ha hecho nada», cuenta a Efe Sandra Torres, madre de Eliahna Cruz Torres, una de las niñas fallecidas en la Escuela Primaria Robb el 24 de mayo de 2022, cuando un joven de 18 años entró con un rifle de asalto y mató a 19 niños y dos maestras.

    Falta un día para el aniversario y ha acudido con su familia, llevando una escoba para limpiar, a la pequeña plaza donde se instalaron cruces para recordar a las víctimas de la segunda mayor matanza escolar en la historia de Estados Unidos.

    «A veces venimos y decoramos, cambiamos las luces. Sabía que ha habido viento y lluvia, así que vine para asegurarme de que está limpio para ella», explica a Efe esta madre que sigue hablando en presente de su hija, que tenía diez años cuando fue asesinada en aquel suceso que dio la vuelta al mundo.

    Una masacre tras la cual pareció, por un instante, que iba a ser la gota que colmaba el vaso e iba a provocar que se tomaran medidas para restringir el acceso a las armas de fuego.

    Pero fue solo un espejismo que quedó en nada en un país en el que las matanzas se cuentan por decenas. 237 tiroteos múltiples -con más de cuatro víctimas, heridas o fallecidas- en lo que va de año, según la organización Gun Violence Archive.

    Junto a la cruz de Eliahna, flores y mariposas, sus favoritas. Osos de peluche, mariquitas de colores, globos con forma de estrella o muñecos de spiderman decoran el resto de las cruces.

    Al lado de muchas de ellas, una carta de las familias pidiendo respuestas y señalando al que consideran único culpable de la tragedia: «Los lobbies de las armas, que tienen más poder que la gente», apunta el texto.

    Aunque el suceso cambió para siempre la vida de estas familias y en muchas puertas de las casas de esta ciudad de 15.000 habitantes cuelga un cartel de «Uvalde Strong» (Fuerza Uvalde), pocas cosas han cambiado en los últimos doce meses, en los que muchos de los familiares de los niños fallecidos se han convertido en activistas en pro de un control más exhaustivo de las armas.

    (Foto: EFE/Paula Escalada Medrano)

    No de su prohibición, recuerda Sandra. «No estamos tratando de prohibirlas, solo queremos que aumenten la edad para adquirir un fusil de asalto (de 18 a 21 años) y que haya más verificaciones de antecedentes», explica.

    Gobernado por el republicano Greg Abbott, Texas es uno de los estados más laxos en el control de armas, que muchos ciudadanos llevan colgadas en el cinturón gracias a la ley «Open carry», que permite llevarlas a la vista.

    Así la porta Guthrie, un hombre de 70 años que tiene una opinión férrea en pro del derecho a defenderse y quien piensa que la culpa de matanzas como ésta no es de las armas sino de «una crisis de valores» que hace que surjan «monstruos» como Salvador Ramos.

    «Quieren elevar la edad de posesión de armas de asalto, pero eso no va a lograr nada, porque el que quiere matar puede matar igualmente», afirma a Efe Guthrie, subido a una camioneta en la que también carga una escopeta del calibre 12 y varios cartuchos en la guantera que nunca, matiza, ha tenido que usar.

    (Foto: EFE/Paula Escalada Medrano)

    Además, explica que en casi todas las casas de esta comunidad hay armas: «Casi todo el mundo las tiene, es parte de nuestra historia y crecimos con ellas».

    Lejos de cambiarlo todo, la matanza en la escuela Robb apenas ha conseguido una reacción de los poderes públicos. Solo se logró que la cámara baja aprobara un proyecto de ley para subir la edad de los portadores de armas de asalto, pero tiene pocos visos de prosperar, por la fuerte oposición existente en el Senado.

    También siguen esperando las familias respuestas sobre lo ocurrido y hay varias investigaciones abiertas sobre por qué la policía tardó 77 minutos en entrar al colegio mientras el asesino seguía matando a los niños.

    Son varias las familias que han denunciado a las autoridades, y también al fabricante del rifle AR-15 que portaba Ramos, aunque estas denuncias también avanzan lentamente.

    «Ya ha pasado un año y siento que fue ayer. Ya no tengo a mi bebé y nada de lo que pueda decir o hacer la traerá de vuelta. Pero lo que podemos estar haciendo y lo que vamos a seguir haciendo es luchar, luchar por la justicia y luchar por el cambio», apunta Sandra.

    La escuela fue cerrada tras lo sucedido. Hoy la rodea una malla, cubierta con un plástico negro, a la espera de ser demolida. En los próximos meses, cuentan las autoridades locales, desaparecerá y quedará todavía menos de aquel suceso que cambió a muchos pero no cambió nada.