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Se agudiza la polarización en EE. UU.; las personas se van a estados de su tendencia política

Jennifer y Tim Kohl posa para una fotografía en su jardín delantero con la bandera estadounidense y una bandera azul el 14 de abril de 2023, en Star, Idaho. La pareja se mudó recientemente a Idaho desde el área de Los Ángeles. (AP Foto/Kyle Green)

Una vez que él y su esposa Jennifer se mudaron a un suburbio de Boise el año pasado, Tim Kohl finalmente pudo expresarse.

Kohl hizo lo que la pareja nunca se atrevió en su casa anterior en las afueras de Los Ángeles: el agente de la policía de Los Ángeles recién jubilado desplegó frente a su casa una bandera de Estados Unidos y un estandarte de la Thin Blue Line (Delgada Línea Azul), que representa a las fuerzas del orden.

“Teníamos miedo de desplegarlas”, reconoció Jennifer Kohl. Pero los Kohl sintieron que se habían mudado al lugar correcto cuando los vecinos los felicitaron por haber izado las banderas.

Leah Dean se ubica en el extremo opuesto del espectro político, pero sabe cómo se sienten los Kohl. En Texas, a Dean le daba miedo desplegar una pancarta en favor del derecho al aborto afuera de su casa. En la época en que los Kohl buscaban casa en Idaho, ella y su pareja encontraron un lugar en Denver, donde su bandera del orgullo LGBTQ+ ondea sobre la pancarta frente a su casa que proclama: “El acceso al aborto es una responsabilidad de la comunidad”.

“Una cosa que realmente hemos encontrado es un lugar donde sentirnos cómodas siendo nosotras mismas”, dijo Dean.

Los estadounidenses se están segregando según sus tendencias políticas a un ritmo acelerado, lo que está ayudando a impulsar la mayor división entre los estados en la historia moderna.

Un partido controla el Congreso completo en todos los estados salvo en dos. En 28 estados, el partido que tiene el control tiene una mayoría cualificada en al menos una cámara legislativa, lo que significa que cuenta con tantos legisladores que pueden anular el veto de un gobernador. No que eso sea necesario en la mayoría de los casos, ya que sólo 10 estados tienen gobernadores de partidos distintos al que controla la legislatura.

La división ha causado que los estados se encaminen a toda velocidad hacia la izquierda o la derecha política, y adopten leyes diametralmente opuestas sobre algunos de los temas más candentes del momento. En Idaho, el aborto es ilegal una vez que se puede detectar el latido del corazón en un feto —lo que puede ocurrir a las cinco o seis semanas—, y una nueva ley aprobada este año tipifica como delito ayudar a una menor a viajar fuera del estado para obtener uno. En Colorado, la ley estatal impide cualquier restricción al aborto. En Idaho, una nueva ley impide que los menores accedan a la atención de afirmación de género, mientras que Colorado permite que los jóvenes vengan de otros estados para tener acceso a esos procedimientos.

El federalismo —que deja que cada estado trace su propio camino dentro de los límites establecidos por el Congreso y la Constitución— se encuentra en el núcleo del sistema estadounidense. Permite que los estados, en palabras del exjuez de la Corte Suprema Louis Brandeis, sean “laboratorios de la democracia”.

Ahora algunos se preguntan si eso está dividiendo a los estadounidenses.

“¿Eso funciona bien en un momento en que estamos tan divididos políticamente, o sólo se convierte en un acelerador para las personas que quieren volverse a segregar?”, preguntó Rob Witwer, exlegislador republicano del estado de Colorado.

Colorado e Idaho representan dos polos de la homogeneización política a nivel estatal. Ambos son estados de las Montañas Rocosas de rápido crecimiento que han sido transformados por una afluencia de residentes con ideas afines. La vida en los dos estados puede ser bastante similar: las conversaciones giran en torno a las áreas de esquí locales, los senderos para bicicletas de montaña y cómo los recién llegados provocan que haya multitudes en todos lados. Pero a nivel político ocupan cada vez más dos mundos separados.

Witwer vio a Colorado inclinarse progresivamente a la izquierda a medida que personas ricas y con educación universitaria huían de las costas hacia su estado natal a partir de finales de la década de 1990. Durante dos décadas, fue uno de los estados de más rápido crecimiento de la nación, y en el gobierno del presidente Donald Trump giró bruscamente hacia la izquierda. Los demócratas controlan todas las oficinas estatales y tienen las mayorías más grandes de la historia en el Congreso, incluida una supermayoría en la cámara baja.

En contraste, Idaho se ha convertido en uno de los estados de más rápido crecimiento de la nación durante la última década sin perder su reputación de ser un refugio de los conservadores. Durante ese tiempo se ha movido aún más claramente hacia la derecha y se ha convertido en un faro para aquellos que, como los Kohl, huyen de los estados azules —estados demócratas— donde ya no se sienten bienvenidos.

Leah Dean, nacida en Texas, posa afuera de su vivienda el lunes 3 de julio de 2023, en Denver. Los estadounidenses se están segregando rápidamente de acuerdo con sus tendencias políticas. (AP Foto/David Zalubowski)

Por supuesto que los vaivenes de los estados no se deben simplemente a los recién llegados. La creciente agrupación de estadounidenses en enclaves de personas con ideas afines —apodada “The Big Sort” (La Gran Clasificación)— tiene muchas causas. Ryan Enos, profesor de la Universidad de Harvard, estima que, al menos antes de la pandemia de COVID-19, sólo el 15% de la homogeneidad se debía a la mudanza de personas. Otras causas incluyen la polarización de los partidos políticos en temas candentes que se dividen claramente según las líneas demográficas, como la posesión de armas y el aborto, y votantes que adoptan la tendencia partidista de sus vecinos.

“Gran parte de esto es impulsado por otra clasificación que está ocurriendo”, dijo Enos.

Cuando los estadounidenses se mudan, la política no suele ser la razón explícita. Pero las decisiones de estilo de vida que toman los llevan a comunidades en las que predominan los simpatizantes de su partido preferido.

“Los demócratas quieren vivir en lugares con cultura artística y cervecerías artesanales, y los republicanos quieren mudarse a lugares donde puedan tener un jardín grande”, dijo Ryan Strickler, politólogo de la Universidad Estatal de Colorado, campus Pueblo.

Pero algo podría haber cambiado a medida que el país se ha polarizado aún más. Han surgido empresas que atienden a los conservadores que huyen de los estados azules, tales como Blue Line Moving, cuya mercadotecnia está dirigida a familias que se van de estados demócratas a Florida. En Texas, un “tren arcoíris clandestino” encabezado por un agente inmobiliario de Dallas ayuda a las familias LGBTQ+ a huir de las crecientes restricciones del estado hacia esos pobladores.

Las cosas podrían haberse modificado radicalmente durante la pandemia de coronavirus en 2020, que creó una clase de trabajadores móviles que ya no estaban vinculados a los estados donde sus empresas tenían su sede. Quienes ahora cuentan con movilidad son predominantemente trabajadores de cuello blanco y jubilados, los dos grupos de la población nacional más políticamente comprometidos.

Mike McCarter, que encabezó una campaña quijotesca para que el este conservador de Oregón se convirtiera en parte de Idaho, dijo que la mayoría de la gente no le prestó mucha atención al gobierno estatal hasta que llegó la pandemia.

“Entonces fue como: ‘Oh, ¿pueden cerrar cualquier iglesia y pueden cerrar la escuela de mis hijos?’”, señaló McCarter. “Si el gobierno a nivel estatal tiene tanto poder, es mejor asegurarte que refleje los propios valores y no los valores de otros que te son impuestos”.

El COVID-19 ayudó a que Aaron y Carrie Friesen se fuesen a Idaho. Cuando llegó la pandemia, se dieron cuenta de que podían hacer que su empresa de mercadotecnia operara a distancia desde su base cerca de Hilton Head, Carolina del Sur. Siempre habían planeado regresar al oeste, pero California, donde Aaron, ahora de 39 años, nació y se crió, no les agradaba debido a su elevado costo y su política progresista.

Entonces los Friesen y sus tres hijos se establecieron en Boise. Les encantaban los cielos amplios, las montañas que se alzaban detrás de la ciudad, la gran cantidad de actividades al aire libre.

Y les gustaron las políticas de Idaho para hacer frente a la pandemia. Cuando los Friesen iban de visita, casi nadie usaba mascarilla, lo que consideraron una buena señal. Estaban de acuerdo en usarla si estaban enfermos, pero les parecía inútil el uso de las mascaras sanitarias todo el tiempo.

“Este era un lugar que tenía personas con ideas afines”, dijo Carrie Friesen.

Los Friesen están contentos con el rumbo que lleva su nuevo estado y las restricciones al aborto y al tema transgénero de la última sesión legislativa. Pero no se consideran parte de lo que llamaron “la derecha loca”, refiriéndose a las familias que exhiben letreros de Trump en los jardines de los suburbios de Boise, donde hay menos mezcla de personas con ideas políticas distintas. Les gusta vivir cerca del centro de Boise, una de las áreas más liberales del estado.

Intentan no tomar demasiadas decisiones con base en la política… hasta cierto punto.

“Con la (elevada) temperatura de la política hoy en día, si las personas eligen mudarse a algún lugar, elegirán mudarse a un sitio con personas de ideas afines”, expuso Aaron Friesen.

Aparentemente, eso ha estado sucediendo en Idaho, dijo Mathew Hay, que supervisa una encuesta periódica de los recién llegados para la Universidad Estatal de Boise. De manera histórica, los inmigrantes reflejaban las inclinaciones de la población conservadora: aproximadamente el 45% de ellos se describían como “conservadores”, y el resto se dividía equitativamente entre liberales y moderados.

Pero algo cambió el año pasado: la proporción de recién llegados que dijeron que vivían en Idaho por cuestiones políticas aumentó al 9%, en comparación con el 5% de quienes han vivido allí desde hace mucho tiempo. El porcentaje de quienes se describen a sí mismos como “muy conservadores” también aumentó.

Cuando Melissa Wintrow atravesó Estados Unidos en motocicleta en 1996, Idaho la cautivó.

“Era un grupo razonable, con sentido común y con los pies en la tierra”, declaró Wintrow. “Desde luego que eran conservadores, pero no iban a decir cosas abiertamente racistas ni homofóbicas”.

Ahora, como senadora estatal demócrata, Wintrow está horrorizada al ver cómo su estado adoptivo se ha vuelto más radical.

“El estado acaba de moverse hacia una visión más extrema”, dijo. “Es un cierto grupo de personas que temen que su ‘forma de vida’ esté disminuyendo en el mundo”.

En Colorado podría estar ocurriendo lo contrario.

Bret Weinstein, propietario de una empresa de bienes raíces en Denver, dijo que la política se ha convertido en el tema principal para las personas que compran una casa.

“Se menciona en nuestras conversaciones iniciales”, dijo Weinstein. “Hace tres años, no teníamos esas conversaciones, nunca”.

Ahora, muchos que ingresan al estado le dicen que buscan cómo irse de su estado rojo (estado republicano), y los propietarios que se van de Colorado dicen que están hartos de que se haya vuelto azul. Incluso dentro de Colorado, agregó Weinstein, los compradores de viviendas eligen con base en la política, y algunos evitan las áreas conservadoras donde los debates sobre los mandatos para usar mascarillas y el plan de estudios han predominado en las reuniones de las juntas escolares.

Una de esos inmigrantes con motivaciones políticas es Kathleen Rickerson, que trabaja en recursos humanos para la firma de Weinstein. Rickerson, de 35 años, vivió en Minnesota durante siete años, pero durante la pandemia se cansó de la minoría de ese estado azul que protestaba por el uso de mascarillas y se oponía a las vacunas.

Los padres y la hermana de Rickerson la instaron a reunirse con ellos en Texas, pero eso estaba fuera de discusión. Lista para un cambio, Rickerson se enfocó más bien en Colorado. Se mudó a un suburbio de Denver en diciembre del 2021.

Animada por la firme postura del estado para proteger el derecho al aborto, Rickerson quiere que los demócratas de Colorado vayan más allá.

“Colorado no actúa con mucha rapidez para tomar una posición sobre las cosas, y me gustaría ver que eso suceda un poco más”, dijo.

Ese fue un sentimiento que comparten los progresistas de Colorado, que se sintieron frustrados de que su partido no logró impulsar una prohibición de las armas de asalto y otras prioridades de la izquierda durante la sesión legislativa más reciente.

“Hay un punto en el que necesitamos dejar de actuar como si el tratar de llevarnos bien con nuestros enemigos fuera a preservar nuestra institución”, declaró la representante estatal progresista Stephanie Vigil al final de la sesión, después de que el líder demócrata de la cámara dijo que era importante que los republicanos todavía sintieran que tienen una voz.

La creciente homogeneidad política en los estados les dificulta a ambos partidos sentir que se invierte tiempo y trabajo en los postulados que les importan, dijo Thad Kousser, politólogo de la Universidad de California, plantel de San Diego.

“Le da a un partido la capacidad de mover más a un estado cuando hace exactamente lo que su electorado quiere”, agregó.

El sistema funciona como una especie de válvula de escape, explicó Kousser, al permitir que la mayoría en el estado se sienta en el poder sin importar lo que ocurra en Washington, D.C. Pero el partido minoritario local se siente defraudado.

Los Kohl se sintieron defraudados en California. Dijeron que vieron cómo su estado natal se deterioraba ante sus ojos, y nadie estaba dispuesto a solucionar los problemas. La basura se incrementaba al igual que los campamentos de personas sin hogar. El dinero de los impuestos parecía ir a los inmigrantes que habían ingresado ilegalmente al país en lugar de a los ciudadanos estadounidenses. La madre de Jennifer cumplía con los requisitos para recibir asistencia del gobierno debido a sus bajos ingresos, pero estaba en docenas de listas de espera que tenían un retraso de siete años. A la estación de policía donde Tim trabajaba, en una excolonia hippie en las montañas que atraviesan el oeste de Los Ángeles, le fue colocada una bomba incendiaria durante las protestas por el asesinato del afroestadounidense George Floyd a manos de la policía en 2020.

Los Kohl querían vivir en un estado de mayoría republicana, pero Jennifer, que es enfermera, dijo que no son sólo votantes que acatan ciegamente la línea del partido. No se ha registrado con ninguno de los dos partidos y tiene una amplia gama de creencias, incluida la de que a veces el aborto es necesario.

“Creo en muchas cosas distintas”, señaló.

En general se sienten más cómodos en un lugar más conservador.

“Aquí, el dinero de los impuestos va de manera natural a los ciudadanos, no a los inmigrantes”, dijo Tim Kohl, que puede entender por qué Idaho crece tan rápidamente. “La mayoría de las personas que hemos conocido aquí son originarias de California”.

En Denver, Dean encontró a otras personas que huyeron de los estados republicanos. Ella y su pareja, Cassidy Dean, descubrieron que sus vecinos se fueron de Florida después del duro giro de ese estado hacia la derecha política.

Leah Dean era una estudiante universitaria de cosmetología de 19 años en San Antonio cuando tuvo un aborto, en 2008. Se irritó por los obstáculos que enfrentó —el período de espera exigido por el estado antes del procedimiento, tener que hacerse una ecografía— y se convirtió en una activista demócrata comprometida. Conoció a su pareja en la convención estatal del partido en Texas en 2016, y desde entonces cada año ha sentido que la legislatura estatal republicana y el gobernador hacen que el estado sea cada vez menos hospitalario hacia las personas como ella.

Ahora, en Colorado, ella y su pareja trabajan desde casa en sus antiguos trabajos de Texas. Sus posibilidades de salir para socializar son limitadas, pero decidieron que una forma de subsanar eso era lanzarse nuevamente a la política, y Leah Dean se convirtió en vicepresidenta de los demócratas de Denver.

“Es también la forma en que conocemos personas”, dijo. “No tenemos otra manera de hacer eso”.

Filadelfia esta emergencia de salud por calor hasta el 29 de julio

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En respuesta a los valores máximos pronosticados del índice de calor, la comisionada de salud Cheryl Bettigole, MD, MPH emitió una emergencia de salud por calor en Filadelfia. Esta designación fue declarada a las 9a.m. del jueves 27 de julio de 2023 y está programada para finalizar a las 8p.m. del sábado 29 de julio de 2023, aunque puede extenderse si el pronóstico empeora.

Una declaración de una emergencia de salud por calor activa los programas de calefacción de emergencia de la Ciudad, que incluyen la línea de calor de la Corporación para el Envejecimiento de Filadelfia (PCA), centros con aire acondicionado, visitas domiciliarias de equipos especiales de campo, alcance diurno mejorado para personas sin hogar y el recordatorio de la Ciudad al público para que revise de manera segura a amigos, parientes y vecinos mayores desde la distancia.

La línea de calor de la PCA (215-765-9040) esta abierta hasta el sábado 29 de Julio. Las horas y días de operación pueden extenderse si se extiende la emergencia de salud por calor. Se alienta al público a llamar si tiene preguntas sobre las precauciones que pueden tomar y detectar signos de estrés por calor. Las enfermeras del Departamento de Salud de la Ciudad estarán disponibles para hablar con las personas que llamen sobre problemas médicos relacionados con el calor.

«El Departamento de Salud declara una emergencia de salud por calor cuando la temperatura es lo suficientemente alta como para que las personas vulnerables, especialmente nuestros vecinos ancianos y familiares, corran un mayor riesgo de enfermarse o morir por el calor», dijo la comisionada de Salud, la Dra. Cheryl Bettigole. «La mejor manera de proteger a nuestros seres queridos es asegurarnos de que puedan entrar en el aire acondicionado durante la parte más calurosa del día. Como siempre, alentamos a los residentes de Filadelfia a revisar a los amigos y vecinos ancianos para asegurarse de que estén seguros y no necesiten ayuda.

Si le preocupa la salud de alguien durante la emergencia, puede llamar a la línea de calor de la Corporación para el Envejecimiento de Filadelfia al 215-765-9040″.

Se aconseja a las personas que no tienen aire acondicionado que busquen alivio del calor visitando amigos o familiares que tengan aire acondicionado. La Ciudad abrirá una variedad de sitios de enfriamiento alternativos que estarán disponibles para su uso por todos los residentes de Filadelfia que buscan escapar del calor.

Centros de refrigeración

Estos centros de «enfriamiento» operarán con horario extendido. Las ubicaciones y horarios de los centros de enfriamiento pueden cambiar si se extiende la emergencia de salud por calor. 

Ubicaciones gratuitas de la biblioteca:

Todas las ubicaciones de Free Library estarán abiertas al público de 10 a.m. a 7 p.m. 

Cecil B. Moore Library 

2320 Cecil B. Moore Avenue 19121

Charles Santore Library 

932 S. 7th Street 19147

Blanche A. Nixon Cobbs Creek Library 

5800 Cobbs Creek Parkway 19143

Fumo Family Library 

2437 South Broad Street 19148

Haverford Library 

5543 Haverford Avenue 19139

Joseph E. Coleman Northwest Regional Library 

68 W. Chelten Avenue 19144

Lillian Marrero Library 

601 W. Lehigh Avenue 19133

Logan Library 

1333 Wagner Avenue 19141

Lucien E. Blackwell West Philadelphia Regional Library 

125 S. 52nd Street  19139

Nicetown-Tioga Library 

3720 North Broad Street 19140

Northeast Regional Library 

2228 Cottman Avenue 19149

Oak Lane Library 

6614 N. 12th Street 19126

Widener Library 

2808 W. Lehigh Avenue 19132

Ubicaciones de enfriamiento del centro de recreación:

Todas las ubicaciones de Parques y Recreación estarán abiertas al público de 11 a.m. a 7 p.m. 

East Passyunk Community Recreation Center 

1025 Mifflin Street 19148

Barry 

1800 Johnston Street 19145

Smith 

2100 South 26th Street 19145

Christy  

738 South 55th Street 19143

Sayre 

5835 Spruce Street 19139

West Mill Creek 

5100 Parrish Street 19139

8th & Diamond Playground 

800 Diamond Street 19122

Penrose 

1101 West Susquehanna Avenue 19122

Dendy 

1555 North 10th Street 19122

MLK 

2101 Cecil B. Moore Avenue 19121

Mander 

2140 North 33rd Street  19121

Nelson 

2500 North 3rd Street 19133

Waterloo 

2501 North Howard Street 19133

Scanlon 

1099 East Venango Street 19134

Pleasant 

6757 Chew Avenue 19119

Lonnie Young 

1100 East Chelten Avenue 19138

Stenton Park 

4600 North 16th Street 19140

Francis Myers 

5801 Kingsessing Avenue 19143

McCreesh Playground 

6744 Regent Street 19142

Piscinas y «spraygrounds«

También se alienta a los residentes a visitar cualquiera de los terrenos de rociado y piscinas de Philadelphia Parks & Recreation. Las piscinas ofrecerán natación gratuita durante las horas de apertura durante la Emergencia de Salud por Calor.

Los residentes pueden encontrar todos los centros de enfriamiento identificados, así como los terrenos de fumigación, en este mapa o llamando al 311.

El Departamento de Agua advierte a los residentes que eviten nadar en los ríos y arroyos de la ciudad, ya que las corrientes inseguras e invisibles y otros peligros en estas vías fluviales han provocado lesiones recientes y muertes por ahogamiento.

Centros para Adultos Mayores

Los centros para adultos mayores de Philadelphia Parks & Recreation estarán abiertos. Todos los centros para adultos mayores tienen aire acondicionado y están abiertos de 9 a.m. a 6 p.m.

Cortes de servicios públicos

Los cierres del Departamento de Agua de Filadelfia se suspenden durante una emergencia de salud por calor. Los cortes por falta de pago se reanudarán después de que finalice la emergencia de salud por calor.

Alcance y refugio para personas sin hogar

La Oficina de Servicios para Personas sin Hogar también declaró un Código Rojo y tomará medidas proactivas para proteger a los residentes de Filadelfia que carecen de hogar. Llame al equipo de extensión al (215) 232-1984 si ve a alguien en la calle que necesita refugio u otros servicios para personas sin hogar. Llame al 911 si hay una emergencia médica.

Uso de tomas de agua para incendios (fire hydrants)

Los residentes nunca deben abririr las tomas de agua para refrescarse. Deje el uso del hidrante a los bomberos para garantizar una respuesta rápida y efectiva en la escena de un incendio. Además, abrir bocas de incendio para jugar durante emergencias de calor puede provocar roturas de tuberías de agua y potencialmente dejar áreas enteras sin acceso al agua. Si ve un hidrante abierto, llame a la línea directa de emergencia del Departamento de Agua de Filadelfia: 215-685-6300.

Quién está en riesgo

Los grupos que están en mayor riesgo de estrés por calor incluyen:

  • Personas que no tienen o usan aire acondicionado,
  • Adultos mayores,
  • Personas con afecciones médicas crónicas,
  • Mujeres embarazadas,
  • Niños pequeños,
  • Aquellos que trabajan en ambientes de alto calor,
  • Aquellos que toman ciertos medicamentos que interrumpen la regulación de la temperatura corporal,
  • Aquellos que consumen alcohol o drogas, y
  • Personas que realizan actividades físicas extenuantes.

La Ciudad recomienda encarecidamente a todos los habitantes de Filadelfia que se comuniquen con amigos, vecinos, familiares y otros seres queridos para asegurarse de que estén a salvo del calor.

El  Departamento de Salud recomienda que para evitar enfermedades relacionadas con el calor, los habitantes de Filadelfia de todas las edades deben:

  • Use aires acondicionados. Si es necesario, vaya a un lugar con aire acondicionado durante varias horas durante las horas más calurosas del día.
  • Si usa un ventilador, asegúrese de abrir las ventanas para liberar el aire caliente atrapado.
  • Beba muchos líquidos, especialmente agua, para prevenir la deshidratación. Evite la cafeína y el alcohol. El agua del grifo de la Ciudad es de alta calidad, cumpliendo con todos los estándares de calidad estatales y federales. Los residentes no necesitan salir a comprar agua embotellada y pueden confiar en el grifo de su casa para asegurarse de que están bebiendo mucha agua y manteniéndose hidratados.
  • Nunca deje a las personas mayores, niños o mascotas solos en los automóviles.
  • Aquellos que toman medicamentos regulares deben consultar con su médico. Algunos medicamentos causan una reacción adversa en climas cálidos.
  • Use ropa ligera y de colores claros.
  • Evite, tanto como sea posible, trabajar o jugar bajo el sol caliente u otras áreas calientes, especialmente durante las horas pico del sol de 11 a.m. a 4 p.m.
  • Mantenga una dieta normal.
  • Dúchese o báñese en agua que esté cerca de la temperatura de la piel.
  • Cubra toda la piel expuesta con un protector solar SPF (15 o más). Use un sombrero de ala ancha para protegerse la cara y la cabeza.

Los primeros signos de advertencia del estrés por calor son disminución de la energía, ligera pérdida de apetito, desmayos, aturdimiento y náuseas. Las personas que experimentan estos síntomas deben ir a un ambiente fresco, beber líquidos, quitarse el exceso de ropa y descansar. Si no hay mejoría, llame a un médico o al 911. Los hospitales de la ciudad están listos y disponibles para aceptar pacientes que necesitan ayuda.

Llame al 911 inmediatamente si tiene o ve a otras personas con signos graves de estrés por calor, incluyendo pérdida del conocimiento, latidos cardíacos rápidos, dolor de cabeza punzante, piel seca, dolor en el pecho, confusión mental, irritabilidad, vómitos, diarrea, calambres musculares, tambaleo y dificultad para respirar. Las personas que experimentan estos síntomas deben obtener atención médica inmediata. Mientras espera ayuda, mueva a la persona a un área fresca, quítese el exceso de ropa, rocíe con agua y abanique a la persona.

Puede encontrar más información sobre las emergencias de salud por calor y lo que los residentes pueden hacer para mantenerse seguros en la publicación del blog de Emergencia de Salud por Calor de la Ciudad y en la Guía de Calor Extremo de la Ciudad. Envíe un mensaje de texto con la palabra READYPHILA al 888-777 para recibir mensajes de texto gratuitos directamente a su teléfono.

DeSantis is defending new slavery teachings. Civil rights leaders see a pattern of ‘policy violence’

Republican presidential candidate Florida Gov. Ron DeSantis speaks during the Family Leadership Summit, July 14, 2023, in Des Moines, Iowa. Civil rights activists cheered when Ron DeSantis pardoned four Black men wrongfully convicted of rape as one of his first actions as Florida's governor. But four years later, as DeSantis eyes the presidency, their hope that the Republican would be an ally on racial justice has long faded. (Photo: AP/Charlie Neibergall/File)

Civil rights activists cheered when Ron DeSantis pardoned four Black men wrongfully convicted of rape as one of his first actions as Florida’s governor. But four years later, as DeSantis eyes the presidency, their hope that the Republican would be an ally on racial justice has long faded.

Instead, African American leaders decry what they call a pattern of “policy violence” against people of color imposed by the DeSantis administration that reached a low point after the recent release of an “anti-woke” public school curriculum on Black history. Specifically, Florida’s teachers are now required to instruct middle-school students that enslaved people “developed skills which, in some instances, could be applied for their personal benefit.”

DeSantis has repeatedly defended the new language while insisting that his critics, who include Vice President Kamala Harris and at least one high-profile Republican congressman, are intentionally misinterpreting one line of the sweeping curriculum. Civil rights leaders who have watched DeSantis closely dismiss such explanations.

“DeSantis has perfected the art of using policy violence that we must stop,» said Derrick Johnson, president and CEO of the NAACP. His organization issued a travel advisory for Florida in May warning African Americans against DeSantis’ “aggressive attempts to erase Black history and to restrict diversity, equity, and inclusion programs in Florida schools.”

The divisive debate highlights the political and practical risks of DeSantis’ approach to racial issues as he seeks to catch Donald Trump in the crowded 2024 primary and the Republican Party works to strengthen its dismal standing with voters of color.

Ambitious Republican leaders have long seized on white grievance to animate the party’s most passionate voters, who are almost exclusively white. But DeSantis, a combative conservative who leads one of the nation’s largest states, has embraced far-right positions on race perhaps more aggressively than anyone in the 2024 presidential contest as he tries to position himself to the right of Trump.

Facing fierce backlash this week over the new curriculum, the 44-year-old governor was as defiant as ever.

“We believe in true history,” DeSantis said in an interview Tuesday with conservative commentator Clay Travis. “The standards that were developed, these are Black history scholars, many of whom were African American themselves, they worked on this. It’s very, very thorough. It is every little aspect, of not just slavery, but the Black experience in America.”

DeSantis is now facing criticism from Florida teachers, civil rights leaders and the Biden White House. Harris, the nation’s first Black vice president, traveled to Florida last week to condemn the curriculum. Many of DeSantis’ GOP presidential opponents have stayed silent, including Tim Scott, who is the Senate’s sole Black Republican member. He declined to comment for this story.

Other Black conservatives have begun to speak out. Rep. Byron Donalds, R-Fla., one of the most powerful Black Republicans in the state, said he has a problem with the part of the curriculum that suggests enslaved people derived any benefit from their situation.

“To me, yes, that section needs some adjustments,» he told southwest Florida’s WINK News this week.

«The talking point narrative around it, yeah, it sounds awful,” said Donalds, who, like almost every Republican in Florida’s congressional delegation, has endorsed Trump over DeSantis in the primary. “Nobody should be accepting of that. But when you read through the standards, they actually did a very good job in covering all aspects of Black history in the United States.”

Donalds said he planned to work with the State Board of Education to “bring refinement» to that topic.

The DeSantis administration later went on the attack against Donalds, a popular conservative seen as a rising star in the GOP.

The state’s education commissioner, Manny Diaz Jr., vowed on social media Wednesday not to change the teaching standards “at the behest of a woke @WhiteHouse, nor at the behest of a supposedly conservative congressman.” DeSantis’ spokesperson, Jeremy Redfern, piled on, posting that “supposed conservatives in the federal government are pushing the same false narrative that originated from the @WhiteHouse.”

As the dynamic unfolds under the bright spotlight of presidential politics, DeSantis’ approach risks alienating would-be conservative supporters while undermining his core message to Republican voters, which relies on the notion that he is more electable than Trump against President Joe Biden in the general election.

Republican strategists acknowledge that the curriculum fight could undermine the party’s modest gains with some voters of color in recent elections. African Americans and Latinos, particularly young men, have shifted slightly toward the GOP, although both groups still overwhelmingly backed Democrats.

“There are much more valuable issues that DeSantis should focus on,” said Republican strategist Alice Stewart, who added that the current debate could “absolutely” alienate voters of color and suburban whites alike.

Still, she suggested DeSantis was being unfairly criticized.

“It’s important as always to make sure that you read everything before you take one part and blow it up,» Stewart said. «This is one part of a larger curriculum. And this was written and approved and signed off by an African American scholar.”

The group that revised the Black history curriculum included William B. Allen, a Black professor emeritus at Michigan State University who has defended the wording about slavery.

Former Republican strategist Tara Setmayer, now an adviser with the anti-Trump Lincoln Project, said the debate reflects an unfortunate political reality in today’s GOP: Far-right positions on race have become incredibly popular since Trump’s rise. She argued there is virtually no short-term downside to emphasizing the issue for candidates running in Republican primaries, which are dominated by the party’s white base.

“I was a Republican for 27 years, and at no time did the Republican Party try to whitewash American history,» she said. “Now, that’s a mainstream Republican talking point.”

DeSantis is far from alone in pushing the limits of the GOP’s rightward shift on race.

Trump dined last fall with noted white supremacist Nick Fuentes. Reps. Marjorie Taylor Greene, R-Ga. and Paul Gosar, R-Ariz. spoke at a gathering of white supremacists in Florida earlier in the year. Sen. Tommy Tuberville, R-Ala., has repeatedly refused to denounce white nationalists serving in the U.S. military in recent weeks. Rep. Eli Crane, R-Ariz. referred to Black people as “colored people” on the House floor this month.

In the GOP’s presidential primary, all the candidates have come out against critical race theory, the idea that racism is systemic in the nation’s institutions, which function to maintain the dominance of white people in society. They regularly insist that America is not a racist nation, accusing Democrats of perpetuating that notion to score political points.

In many cases, however, DeSantis has gone further than his 2024 rivals in using the levers of government to enshrine the conservative position — much of it coming after his presidential ambitions came into view.

Even before he was sworn in, DeSantis faced allegations of racism for saying Florida voters would not “monkey” up the election by voting for his Black Democratic opponent in 2018. But DeSantis then drew praise for opening his governorship by pardoning the Groveland Four, a group of four Black men convicted of a 1949 rape they did not commit.

The praise didn’t last.

In 2020, DeSantis pushed the Florida Legislature to approve the so-called anti-riot act, which was designed to crack down on violence associated with African American demonstrations against police violence. That’s even as he’s downplayed the Jan. 6 attack on the U.S. Capitol.

More recently, DeSantis pushed through the Stop WOKE (Wrongs to Our Kids and Employees) Act, a law that limits discussions on race in schools and by corporations. The law was intended, at least in part, to prevent white people from feeling guilty or uncomfortable about racial injustices committed by other white people.

DeSantis has also banned state universities from using state or federal money for diversity programs.

In a move that has not gained as much attention, he has declined to select individuals for the Florida Civil Rights Hall of Fame in four years, despite a state law that requires nominees to be submitted to him annually. He has continued to name people to the Florida Artists Hall of Fame and the Florida Women’s Hall of Fame.

DeSantis also demanded that former Democratic Rep. Al Lawson’s congressional district be redrawn to dilute the influence of Black voters in north Florida. As a result, Florida no longer has Black representation in Washington for an area stretching about 360 miles (580 kilometers) from the Alabama line to the Atlantic Ocean and from the Georgia line south to Orlando.

Still, Black Republican activist Quisha King of Jacksonville says she’s been thrilled by DeSantis’ leadership, especially on education.

King said it’s “ignorant” and “simple-minded” to condemn the provision of Florida’s new education curriculum related to slavery.

“My great, great, grandfather was born a slave. He bought his freedom. How do they think he was able to buy his freedom?” she asked. “They used the skills that they had to make some money and save it up and buy their freedom.»

The Department of Education said Wednesday that it released a statement on the new Black history curriculum last week and would not comment further.

Meanwhile, state Democratic Sen. Shevrin Jones, who is Black, said that painting a rosier picture of atrocities does not benefit anyone.

“Their idea is to teach history in a way to make white people not be looked at in a bad light,” Jones said. “There’s no silver bow that you can tie around the history of Black people. You can’t make lynching look good, you can’t make the raping of women look good.»

“There’s no benefit to that,» he added. «There was nothing right about that. There was nothing just about that. It was torture.”

Alerta petrolera

Isaac Cohen

En el umbral de otra reunión del Comité de Mercado Abierto del banco central, en Washington, ha ganado credibilidad la expectativa de un aterrizaje suave. No obstante, precisamente en este momento el precio del petróleo, uno de los componentes más volátiles del índice de precios al consumidor, la semana pasada ominosamente cruzó la barrera de $80 por barril.

Es un hecho que los precios más bajos de los combustibles han contribuido decisivamente a bajar la inflación. Por ejemplo, el precio de la gasolina regular sin plomo en Estados Unidos la semana pasada disminuyó a $3.54 por galón, desde más de $5 en junio de 2022.  Eso es un descenso de 27 por ciento desde hace un año, después de aumentar 61 por ciento durante el año que finalizó en junio de 2022. Ningún otro componente del índice de precios ha disminuido tanto como los combustibles, por ende, hay preocupación de que su aumento pueda malograr el descenso gradual de la inflación, alcanzado hasta ahora en Estados Unidos sin aumentar el desempleo.

Varios factores están contribuyendo al alza de los precios del petróleo. Entre ellos, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, incluyendo Rusia, han anunciado recortes de producción, Arabia Saudita 1 millón de barriles por día en julio y agosto, así como Rusia 500,000 barriles por día en agosto. Además, en Estados Unidos los precios más bajos del petróleo han conducido a una disminución del número de plataformas activas, extractoras de petróleo y gas, desde 800 al comienzo de este año a 670 en junio.

Oil alert

Isaac Cohen

On the eve of another meeting of the central bank’s Open Market Committee, in Washington, expectations of a soft landing have gained credibility. However, precisely at this time, the price of oil, one of the most volatile components of the consumer price index, last week ominously crossed the barrier of $80 dollars per barrel.

It is a fact that lower fuel prices have made a major contribution to lower inflation. For instance, the price of unleaded regular gasoline in the United States last week decreased to $3.54 per gallon, from more than $5 in June 2022. That is a decrease of 27 percent from a year earlier, after increasing 61 percent in the year ending in June 2022. No other component of the price index has decreased as much as fuel prices, therefore there is concern its increase may spoil the gradual descent of inflation, accomplished thus far in the United States without increasing unemployment.

Several factors are contributing to the increase in oil prices. Among them, the Organization of Petroleum Exporting Countries and its allies, including Russia, have announced production cuts, Saudi Arabia 1 million barrels per day in July and August and Russia 500,000 barrels per day in August. Additionally, in the United States lower oil prices led to a decrease in the number of active rigs drilling for oil, from 800 at the start of this year to 670 in June.

Editorial Roundup: Pennsylvania

storm

LNP/LancasterOnline. July 23, 2023

Editorial: Accountability needed before spending millions in taxpayer money on private-school tuition vouchers in Pennsylvania

This is what we don’t understand: Republicans often refer to low-achieving public schools.

But they continue to resist funding public schools equitably, even after Commonwealth Court President Judge Renée Cohn Jubelirer — who ran for the bench as a Republican — ruled in a landmark case earlier this year that students in “economically disadvantaged” schools were being deprived of the “comprehensive, effective, and contemporary” education guaranteed by the Pennsylvania Constitution.

Republicans often pontificate about the need for government to spend taxpayer dollars responsibly. But they seem eager to pour vast sums into private education without demanding accountability from private schools.

The Pennsylvania Award for Student Success program’s price tag is lofty. What would we get for that money?

We don’t know. Because Republicans don’t seem interested in building transparency requirements into proposals that boost school choice. Consider the contentious and continuing debate in Harrisburg over enacting stricter accountability standards for cybercharter schools.

This private-school tuition voucher program would be new. But the commonwealth’s existing educational tax credit program serves to illustrate the problem with funneling taxpayer dollars to private education.

The Educational Improvement Tax Credit and the Opportunity Scholarship Tax Credit provide tax breaks — capped at $280 million annually — to businesses that contribute to nonprofits offering private-school tuition scholarships.

These educational tax credits are championed by school choice supporters as helping students in low-achieving school districts — though only the Opportunity Scholarship Tax Credit has that specific aim.

Last year, the nonpartisan newsroom Spotlight PA reported that the commonwealth’s educational tax credit program “operates with little accountability and lacks even the most basic data to determine if it’s actually effective.”

Spotlight PA continued: “The failures are not the result of poor oversight but rather an explicit effort by lawmakers to limit the information that is collected about the tax credit program.”

report from the state’s Independent Fiscal Office found that among the 19 states that operate similar programs, Pennsylvania offered one of the largest tax credits, but collected the least number of data on outcomes.

Additionally, that fiscal watchdog found that the educational tax credit program’s qualifying income limitations for scholarship recipients were higher than all other states with such limitations.

And compared to other states, the Independent Fiscal Office found, Pennsylvania had “the highest allowance for administrative and other costs. This reduces the number of scholarships available to students.”

The watchdog noted that due to “the statutory limits on data that may be collected” related to the educational tax credits, it was unable to determine if they “substantially” enhance educational opportunities for Pennsylvania students. And it was “not possible to comment on whether state funds have been used effectively due to lack of general and specific outcome data.”

Despite these issues, the educational tax credit program — enthusiastically supported by Republican legislative leaders — has grown to more than nine times its original size in its two decades of existence, Spotlight PA noted.

So much for small government.

And months after that 2022 report was issued, the Republican-led state Legislature approved an additional $125 million for the program — the largest one-time funding increase since the program’s inception in 2001.

For so-called fiscal conservatives, Pennsylvania GOP legislative leaders seem pretty lax when it comes to programs promoted by school choice advocates.

Which doesn’t bode well for taxpayers’ interests should yet another gift to the school choice movement be signed into state law.

We must ask: Where are the audits of the effectiveness of these programs? How do we know if the students given scholarships to attend private schools saw improved educational outcomes?

School choice advocate Libby Sternberg writes in today’s Perspective section that private schools lose students or even shut down if they fail. But that’s not a true measure of accountability. We should have some idea of what our taxpayer money will get us before lawmakers spend it.

And here’s the thing about private schools: Unlike public schools, they can be choosy about the students they accept — and retain.

As retired Hempfield School District superintendent Brenda J. Smoker wrote in a Sunday LNP ‘ LancasterOnline column last year, “Public schools are the only educational institutions that are charged with providing services to all students. Whether a student has multiple, significant disabilities, or is an English language learner, or depends on school nursing services to clear out feeding tubes, public schools must be responsible. No private or religious school is held to this same requirement.”

What happens when a student fails to thrive educationally at a private school? Is it back to public school for that student? Because the private school isn’t required to keep that student enrolled.

Wouldn’t ensuring that public schools can serve all students effectively be the better option? Because right now, we’re gambling — with taxpayer money — on school choice programs that we don’t even know are working.

Show us evidence — statistical, not anecdotal, evidence — that children in “low-achieving” public school districts have been helped by these existing programs before spending $100 million on a new school voucher program.

In her February ruling, Judge Jubelirer cited Benjamin Franklin, who observed that an “investment in knowledge pays the best interest.”

But an investment needs to be sound. It needs to be made in an entity that is subject to public audits, scrutiny and oversight. It needs to hold the best chance of paying dividends to the greatest number of Pennsylvanians. Public schools — for all their flaws and challenges — remain the best bet.

Imagine how much better they’d be if Republican state lawmakers fought for them as hard as they fight for school choice.

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Pittsburgh Post-Gazette. July 25, 2023

Editorial: Republicans, stop sulking and move the budget forward

We understand why Republicans are ticked off at Gov. Josh Shapiro for an awkward and uncharacteristic slip-up during negotiations on the state’s $46-billion budget. His pledge to line-item veto $100 million for a scholarship program for students to attend private schools, after agreeing to support it, left Republicans fuming. Making promises you can’t keep is no way to win friends in Harrisburg.

But it’s time for Senate Republicans to stop sulking and move a budget that both the Republican-controlled Senate and Democrat-controlled House have passed. Before the spending bill can reach the governor’s desk, it must get a signature from the Senate, while it is in session, meaning Senate Republicans will have to reconvene in Harrisburg.

Without that signature, the state does not have an enacted budget for the 2023-2024 fiscal year, which started July 1. That means the state cannot cut checks for vital services, including schools, county human services, drug and alcohol treatment, and kids in foster care.

Attempts by Senate Republicans to delay the budget by not completing a procedural step will gain them nothing, and it could hurt some of the state’s most vulnerable residents. Special education money has already been held up.

Nor is there any chance Mr. Shapiro will change his mind again and not veto the scholarship fund money — a program he, unlike most Democrats, personally supports. Another flip-flop would just make him look weaker. Plus, his veto pledge was necessary to get the budget through the House.

Politically, the governor has already taken his lumps. His Superman’s cape has been torn. At this point, holding up the budget won’t make him look worse; it will only make Republicans look bad.

Negotiations on the so-called code bills, determining how the money is spent, could go on for months, especially for new state-funded programs such as indigent defense. But the state needs an enacted general appropriations bill now to cut the checks for programs the people of Pennsylvania depend on.

Senate President Pro Tempore Kim Ward, R-Westmoreland, a staunch supporter of the scholarship program, is the only person who can call the Senate back into session. She had said she has no plans to do so before Sept. 18, its next scheduled day.

On Sunday, however, she suggested, in an interview with abc27 news, that the Senate could reconvene in August. That’s an encouraging sign.

Make that very early August, Madame President. For the good of the people of Pennsylvania, it’s time to stop sulking and sign the budget.

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Pittsburgh Tribune-Review. July 23, 2023

Editorial: Cyber charter reform needs to be about education, not politics

Education is a touchy subject in Pennsylvania.

There is the question of funding for state-related universities. There are the concerns about tuition; Penn State just opted to increase the cost of attending its main campus yet again. There are school vouchers. The tug of war over them is behind the state’s ongoing budget impasse.

And let’s not forget cyber charters.

These online institutions exist in an educational middle ground. They are public in the sense that any Pennsylvania child can enroll. They are operated by nonprofit organizations who come up with a plan and apply to a school district for approval. A student’s home district pays the school the cost of the education.

For parents who want different styles or focuses for education than they can get in their local district but can’t afford private schools, charters offer an affordable and sometimes innovative option. Cyber charters provide the added option of the flexibility and control of homeschooling with the structure of other teachers and supervision.

For those people who want school choice and vouchers, it’s a start. Others see dollars heading into non-district coffers as a loss to overall education in the state. Districts bristle at paying the bill; the 14 Pennsylvania cyber charters took about $1 billion in 2020-21, according to Spotlight PA.

A bill in the House is pushing to reform some of the ways cyber charters operate, including funding. Instead of a varying rate paid by each district, the proposed change would set a flat rate of $8,000 per student without special education needs. This makes sense as it shouldn’t cost the same cyber charter any more to provide an online education for a student from Franklin Regional than it does for one from New Kensington-Arnold.

The bill also addresses another sticking point: accountability. Where school boards are obligated to be open books with requirements for public meetings and transparency, cyber charters can be less straightforward. Cyber charters have recently come under fire for the amount of money spent not on teaching but on marketing and advertising.

It’s been 20 years since the rules that govern these schools were sketched out by the Legislature. Evaluating how the system works and what needs to be tweaked is smart.

But, like all those other education issues that are dividing Harrisburg, they need to be addressed with the best interests of the students and taxpayers in mind rather than the politics. There is too much of that in schools already.

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Scranton Times-Tribune. July 22, 2023

Editorial: Legislative malpractice tolls for thee

Given the Pennsylvania Turnpike Commission’s history of cost and corruption, it’s not easy for another government body to make it look good. But the state Legislature has risen to the challenge.

The commission announced this week that, in January, it will raise turnpike tolls for the 16th consecutive year. Due to the 5% increase, the most common auto toll will increase from $1.80 to $1.90 for drivers who use the E-ZPass system, and from $4.40 to $4.70 for others. (Increases round up to the nearest dime.)

But the commission has no choice due to legislative malpractice. Lawmakers in 2007 bungled an ill-advised effort to establish tolls on Interstate 80. Then, reasoning that massive toll increases that drivers would blame on the turnpike commission were better than tax increases that residents would blame on the Legislature, lawmakers required the turnpike to borrow $450 million a year for PennDOT and mass transit.

The commission’s debt is now about $17.2 billion, more than that for the rest of the state government. To pay it, the commission is committed to toll increases every year through 2057, even though the annual borrowing obligation has been reduced to $50 million.

Some lawmakers pay the tolls while driving to Harrisburg, but you pay those, too, through their expense reimbursements. They inflict toll pain without experiencing it.

Legislators should at least mitigate the blunder that their (mostly) predecessors made, to give a break to drivers and to keep the turnpike competitive.

They should find a dedicated funding source for mass transit, which receives the $50 million a year that the turnpike still must borrow. One potential source is gambling revenue, which has increased far faster than state projections due to massive growth in internet sports gambling. The state received $2.3 billion in gambling revenue in the recently ended fiscal year; some of that could go to transit.

Lawmakers also are in the process of devising a means of replacing fuel taxes with a per-mile tax to account for electric vehicles. They could calculate it to help diminish the turnpike debt.

Guaranteed annual 5% toll hikes are a surcharge on bad governance. The Legislature should stop ignoring the problem.

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Uniontown Herald Standard. July 22, 2023

Editorial: Principal shortage signals another problem for education

The idea of being sent to the principal’s office has caused chills to go up the spine of many a student over the years. No one wants to go to there.

It turns out, according to a newly released Penn State study, that as much as students don’t want to be in the principal’s office, a number of principals aren’t exactly happy there either.

In the 2022-23 school year, 15.4% of principals in Pennsylvania schools left their jobs for other opportunities, according to the survey from the university’s Department of Education Policy Studies. That’s an increase of a little more than 4% over the 2021-22 academic year. It’s the highest rate of principal turnover in close to a decade, and matches the national rate. More principals are searching for the exits at the same time there’s been a much-publicized teacher exodus and a decreasing number of young people seeking to enter the profession.

And for those who believe charter schools are a cure-all for the ills of public schools, it’s worth noting that the rate of principal attrition at urban and suburban charter schools is even higher than at public schools, coming in at around 35% — that’s 1-in-3.

For all the fear principals can strike in the hearts of students, it’s easy to understand why many principals would want to seek out greener and less stressful pastures. Principals rise up through the ranks of educators, and they have to combine administrative acumen with classroom skills. Principals have to deal with personnel and students inside their buildings, parents and community members outside, and administrators above them. They attend school events, and work outside the office. With that kind of workload, who wouldn’t be tempted by the prospect of getting a job where the hours might be shorter and more predictable and the pay is better?

Robin Cooper, president of the Commonwealth Association of School Administrators, told The Philadelphia Inquirer, “It’s intensified to such a degree that it becomes not worth it for a lot of people. People are choosing their mental health, and when they can get out, they’re getting out.”

Ed Fuller, an associate professor in Penn State’s College of Education, told the Inquirer, “I would argue principal turnover is more important than teacher turnover. One of the really important ways to address teacher turnover is to have good quality leadership. If you have constant leader turnover, you can’t create a high-performing school.”

Like anyone, principals get better at their jobs the longer they are in them, acquiring more insight and skills as they go along. And no small number do go on to administrative positions, such as superintendent. But, as Fuller pointed out, we need to do more to keep the principals we have. Better salaries and lower stress would be places to start.

And probably a little appreciation, too. It’s a tough job and they deserve it.

END

Exposición en Nueva York muestra el rol importante e invisible de la mujer en el trabajo

Fotografía de objetos y obras expuestos en la exposición "Women's Work", hoy en el Museo New York Historical Society en Nueva York (EE. UU). (Foto: EFE/Ruth Hernández)

Una nueva exposición en Nueva York cuenta del importante papel de la mujer en Nueva York a través de los años en el mundo del trabajo, muchas veces ignorado y desvalorizado, y la forma en que se ha enfrentado a discriminación, acoso o abuso laboral, así como la evolución de su percepción social.

«Women’s Work», en el museo Sociedad Histórica de Nueva York hasta el 18 de agosto del 2024, explora cómo la raza, el origen étnico, la clase social, el estado legal, la orientación sexual y presentación de género han impactado los tipos de puestos que se consideran aceptables para las mujeres, así como los tipos de trabajo que éstas han realizado.

Organizada con el Centro de Historia de la Mujer de la Sociedad Histórica, la muestra se compone de unos 45 objetos, que van desde una cuna de caoba del siglo XIX, el certificado de nacimiento de una esclava, un kit de disección de un médico o fotos, demuestran cómo el «trabajo de las mujeres» ha sido inherentemente político y esencial para la sociedad, destaca el museo.

Fotografía de objetos y obras expuestos en la exposición «Women’s Work», hoy en el Museo New York Historical Society en Nueva York (EE. UU). (Foto: EFE/Ruth Hernández)

DEL CAMPO DE ALGODÓN A LA INDUSTRIA DEL SEXO

Un «collage» de imágenes de mujeres en diversos trabajos recibe al público y las fotos y objetos están agrupados por temas para mostrar a la mujer en trabajo doméstico, maestras, enfermeras, en la industria del entretenimiento, literatura, negocios o política, y también incluye a transgéneros que, rechazados, se dedicaron al trabajo sexual.

Abre la exposición un antiguo libro sobre la servidumbre por contrato, algo común en la época colonial a principios de los 1800 en EE. UU., en la que una persona firmaba un contrato que le «ataba» a trabajar para otro por una cantidad de tiempo a cambio de vivienda, comida y ropa. Las mujeres negras fueron doblemente explotadas.

Estos contratos ataron a niñas a muchos años de trabajo controlado por estrictas reglas de conducta y las mujeres enfrentaron el que el matrimonio y la maternidad fueran vistos por el dueño del contrato como una amenaza a su productividad.

Destaca también el certificado de nacimiento de «Amanda» destinada a ser esclava toda su vida por ser hija de una esclava.

Objetos que se centran en el trabajo doméstico y no remunerado incluyen además una tabla de lavar ropa así como una cuna: normas culturales, en el pasado y presente, asumen que es «natural» ser una cuidadora «motivado mas por amor que por compensación» y que sus destrezas «surgen del instinto en vez del entrenamiento profesional», destaca el museo.

También fotos que muestran a mujeres negras en la Escuela Industrial Henrietta en el desaparecido vecindario de San Juan Hill, (donde hoy ubica en Lincoln Center) en un programa que les enseñaba destrezas vocacionales, incluido el trabajo doméstico, donde regularmente enfrentaban acoso sexual de sus empleadores.

Personas visitan la exposición «Women’s Work», hoy en el Museo New York Historical Society en Nueva York (EE. UU). (Foto: EFE/Ruth Hernández)

MUJER Y NEGRA, CONDENADA AL SERVICIO DOMÉSTICO

La muestra recuerda que la mujer negra, incluso tras la abolición de la esclavitud, enfrentaba discriminación racial, lo que limitó sus oportunidades al servicio domestico.

Unas sección está dedicada a activistas entre las que se encuentra Marsha Johnson (1945-1992), que luchó por derechos de la comunidad gay y Sojourney Thruth (1797-1893) que nació esclava y tras lograr su libertad en 1843, fue abolicionista, luchó por derechos para la mujer y recordada además por su discurso (1851) «Ain’t I a Woman?».

También incluye una foto y un botón de campaña con el mensaje de «Shirley Chisholm para presidente» de la primera congresista negra y la primera que intentó llegar a la Casa Blanca.

En la sección de entretenimiento figura la educadora y productora Joan Ganz (1929), creadora del famoso programa infantil Sesame Street y un antiguo radio permite al público elegir para escuchar un discurso de la exprimera dama Eleaonor Roosecelt, a la cantante estadounidense Billie Holiday o la cubana Graciela Pérez.

«Esta exposición profundamente perspicaz permite una comprensión más profunda de cómo la concepción del trabajo típicamente delegado a las mujeres ha evolucionado junto con los cambios en la cultura estadounidense en general», y qué cambios aún se necesitan, indicó en un comunicado la presidenta y director ejecutivo de la Sociedad Histórica, Louise Mirrer. 

Legisladores demócratas presentan iniciativa sobre atención a salud mental de los latinos

Archivo. EFE/EPA/SHAWN THEW

Los senadores demócratas Álex Padilla y Bob Menéndez presentaron este martes un proyecto de ley que procura facilitar el acceso de los latinos a la atención de salud mental, tomando en cuenta las diferencias entre las distintas comunidades hispanas.

La iniciativa apunta a que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de Estados Unidos provea información sobre prácticas, intervenciones y tratamientos basados en evidencias y que sean cultural y lingüísticamente apropiados.

También requeriría que el HHS incremente la conciencia sobre los síntomas de los problemas de salud mental comunes entre los latinos, que tome en cuenta las diferencias entre subgrupos, y que aborde el impacto de la pandemia de covid-19 en la salud mental y comportamental de los hispanos.

«Debemos eliminar las barreras para la atención de la salud mental porque nadie debería sufrir en silencio. La Ley de Salud Mental para los Latinos reducirá estratégicamente el estigma y alentará a la gente a buscar ayuda», dijo Padilla, demócrata por California, en un comunicado.

Según la oficina de Padilla, solo el 36,1 % de los latinos mayores de 18 años de edad y con algún problema de salud mental recibieron servicios en 2021, en comparación con un promedio de 47,2 % entre la población en general.

«Las desigualdades en los factores de riesgo para la salud de la conducta en la última década han aumentado y se asemejan al crecimiento general de la población hispana», escribieron los autores del proyecto de ley.

Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, sostuvo que “las comunidades de color, incluyendo a los latinos, a menudo carecen de acceso a cuidados de salud mental culturalmente apropiada, lo que puede afectar negativamente sus resultados de salud”.

La congresista Grace Napolitano, demócrata por California, quien presentó una versión de la iniciativa en la Cámara de Representantes, subrayó que el proyecto de ley promueve el bienestar mental “al tiempo que aborda las diversas necesidades de las poblaciones latinas en todo el país”.

Un estudio encabezado por George Pro, de la Escuela de Salud Pública de Texas, y publicado el año pasado por la revista Psychiatric Services encontró que entre 2014 y 2019 la cantidad de clínicas que ofrecen tratamiento de la salud mental en español en Estados Unidos disminuyó en casi un 18 %.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), más del 49 % de los latinos adultos dieron cuenta de síntomas de depresión durante la pandemia, en comparación con el 25 % de los blancos no hispanos.

Pero, según un informe del HHS solo el 33 % de los hispanos con un trastorno de salud mental obtienen tratamiento, en comparación con el 45 % de los blancos.

Otro estudio dirigido por Antonio Polo, de la Universidad DePaul, con datos recogidos antes y durante la pandemia, identificó «tasas de ansiedad y depresión particularmente altas entre los niños latinos».

El mes pasado el senador Padilla presentó un proyecto de ley encaminado a mejorar el acceso al cuidado de la salud mental para los hijos e hijas de familias militares.

«Como padre de tres muchachos yo entiendo que los niños de nuestra nación encaran una crisis significativa de salud mental que golpea de forma desproporcionada a nuestros militares y a sus hijos», dijo entonces el senador.

Kamala Harris intenta movilizar el voto latino con discurso centrado en la economía

Archivo. EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS

La vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris, intentó este lunes movilizar el voto latino de cara a las elecciones de 2024 con un discurso centrado en las medidas económicas que ha tomado su Gobierno para crear empleo, ayudar a los pequeños negocios y bajar los precios de los medicamentos.

Harris intervino ante la conferencia anual de UnidosUS, una organización que defiende los derechos civiles de la comunidad hispana y que este año se dio cita en Chicago.

«Piensen en todo el trabajo que hemos hecho juntos y lo que ha significado para tanta gente en los últimos dos años y medio. Antes de que asumiéramos el cargo, muchos recordarán que los pequeños negocios lo estaban pasando mal. Las fábricas estaban cerrando a lo largo de nuestra nación», empezó Harris.

Sin embargo, siguió Harris, con la llegada del presidente de EE. UU., Joe Biden, a la Casa Blanca en enero de 2021, se han creado 13 millones de empleos, de los que 800.000 están en el sector de la manufactura, y el desempleo entre latinos está en su mínimo histórico.

Específicamente, la tasa de desempleo para los latinos se sitúo en el 4,3% en junio, según el Departamento de Trabajo.

Aparte de hablar de economía, Harris hizo mención a la necesidad del Congreso de EE. UU. de aprobar una reforma migratoria que regularice a los millones de migrantes indocumentados que viven en Estados.

Especialmente bien recibida entre el público fue la mención que hizo Harris a los migrantes que trabajan en el campo, a los «soñadores» que llegaron a EE. UU. de niños de manera irregular y a los beneficiarios del llamado Estatus de Protección Temporal (TPS) que el Gobierno otorga a los nacionales de países en conflicto.

«¡El Congreso debe crear un camino a la ciudadanía para los soñadores, aquellos que tienen Estatus de Protección Temporal y para los trabajadores del campo!», clamó Harris mientras la audiencia estallaba en aplausos.

Peor recibidas fueron las palabras de Harris sobre el aborto y el fallo que emitió hace un año el Tribunal Supremo de EE. UU. para acabar con las protecciones federales a ese derecho, permitiendo que cada estado fije sus propias reglas sobre cuándo y cómo puede interrumpirse el embarazo.

Cuando Harris abogó por el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, hubo varias mesas que no aplaudieron.

Según datos del centro Pew, los hispanos en Estados Unidos tienen visiones más conservadoras sobre el aborto que la medida nacional.

Específicamente, una mayoría (57%) considera que el aborto debería ser legal en todos los casos, un porcentaje menor que la media nacional del 62%. Además, cuatro de cada diez hispanos consideran que ese procedimiento debería ser ilegal en todos los casos.

La economía, sin embargo, el tema en el que más se centró Harris es uno de los temas a los que más importancia dan los votantes hispanos, sin importar si son demócratas o republicanos, de acuerdo al centro Pew.

Avances en el presupuesto para escuelas no es satisfactorio

(Foto: Archivo)

Las escuelas de Pensilvania dicen que la victoria en la corte es definitiva y se necesita aumentar los fondos

Los legisladores deberían tomar medidas para abordar un fallo judicial ahora definitivo de que el sistema de financiación de las escuelas públicas de Pensilvania viola los derechos constitucionales de los estudiantes en los distritos escolares más pobres, dijeron el pasado lunes los abogados de los distritos y grupos que demandaron.

La decisión del juez de febrero no será apelada después de que la fecha límite para presentar la solicitud llegará y se fuera durante el fin de semana.

Los demandantes demandaron originalmente en 2014, argumentando que el sistema de pago de las escuelas públicas de Pensilvania está fallando en los distritos más pobres y afirmando que se necesitan miles de millones de dólares más en ayuda estatal para cumplir con la obligación constitucional del estado.

Si bien la jueza estuvo de acuerdo, tampoco instruyó a la Legislatura políticamente dividida de Pensilvania sobre cuánta más ayuda estatal distribuir, o cómo.

Los demandantes, incluidos seis distritos escolares, la NAACP y la Asociación de Escuelas Rurales y Pequeñas de Pensilvania, quieren que los legisladores cumplan con el fallo del juez, garantizando que cada distrito tenga los recursos adecuados.

“La decisión ahora es definitiva y no hay excusa para que los legisladores estatales retrasen más la acción”, dijeron los abogados de los demandantes, del Public Interest Law Center, Education Law Center y el bufete de abogados O’Melveny & Myers, en un comunicado.

Los líderes republicanos de la Cámara y el Senado de Pensilvania se habían opuesto a la demanda y no habían dicho previamente si apelarían ante la Corte Suprema del estado.

Reconocieron su decisión de no apelar, pero tampoco se comprometieron a enviar más ayuda estatal a los distritos escolares más pobres del estado, el objetivo clave de la demanda.

El gobernador Josh Shapiro, demócrata, así como los legisladores demócratas, habían apoyado a los demandantes.

Durante un juicio de meses de duración, los abogados de los demandantes presentaron pruebas de que las escuelas están subfinanciadas en $4.600 millones, una estimación que, según dijeron, no tiene en cuenta las brechas en el gasto en educación especial, edificios escolares y otras instalaciones.

Ni Shapiro ni los legisladores han elaborado un plan para abordar los hallazgos en el Tribunal de la Commonwealth en todo el estado y la experiencia en otros estados sugiere que no hay garantía de un cambio rápido, significativo o duradero para los distritos escolares más pobres que demandaron.

“Incluso con la decisión de los líderes republicanos de no impugnar la decisión de la Corte de la Commonwealth, incluso con la evidencia convincente que se ha proporcionado, creo que la presión pública aún tendrá que continuar para hacer esto y hacerlo bien”, dijo el senador estatal Vince Hughes, demócrata de Filadelfia.

El litigio en el caso no necesariamente puede terminar.

“Estamos a la espera y estamos listos para volver a la corte tan pronto como sintamos que los legisladores estatales no están respondiendo a la orden del juez de proporcionar los fondos necesarios para que los estudiantes tengan su derecho a la educación garantizado constitucionalmente”, dijo a los periodistas Katrina Robson, una de las abogadas de los demandantes.

El juez escribió que los estudiantes en áreas con bajos valores de propiedad e ingresos “están privados de las mismas oportunidades y recursos” que aquellos en áreas más prósperas.

Esa disparidad no está justificada y viola tanto las obligaciones del estado de educar a los estudiantes como los derechos de protección igualitaria de los estudiantes, escribió el juez.

Por ahora, el gobierno estatal está atrapado en un estancamiento presupuestario partidista de cuatro semanas entre Shapiro, la Cámara controlada por los demócratas, y el Senado controlado por los republicanos.

La lucha giraba, en parte, en torno al uso de dólares de los contribuyentes para pagar a los estudiantes para que asistieran a escuelas privadas y religiosas, y los republicanos señalaron el lunes que cualquier discusión sobre el cumplimiento de la orden del juez involucrará ese concepto.

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Bryan Cutler, republicano por Lancaster, dijo en un comunicado que el dinero por sí solo no resolverá los desafíos de la educación pública y que el «sistema educativo impulsado por el gobierno» no responde lo suficiente a los padres y estudiantes.

Los líderes republicanos del Senado dijeron en un comunicado que el fallo requerirá que los legisladores empoderen a los padres, simplifiquen los servicios y logren un equilibrio entre «abordar las necesidades de los estudiantes y respetar la capacidad de los contribuyentes para pagar los costos».

Sin embargo, Dan Urevick-Ackelsberg, del Public Interest Law Center, dijo que enviar dinero a las escuelas privadas no acerca a Pensilvania «un dólar más cerca» de cumplir con el fallo.

El cumplimiento se medirá asegurándose de que cada distrito escolar tenga suficiente personal, un plan de estudios moderno y edificios escolares seguros, dijo.

«El resultado tiene que ser un sistema que proporcione a los distritos escolares suficientes recursos para que puedan brindarles a sus estudiantes todas esas cosas», dijo Urevick-Ackelsberg.

Con información de AP