Washington.- La Administración de Donald Trump abrió hasta la medianoche del sábado al domingo el sitio web para que los migrantes venezolanos amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) puedan renovar este beneficio, que les permite residir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
La medida fue adoptada luego de que un juez federal ordenara al Gobierno cumplir con un fallo previo que restableció el TPS, un beneficio migratorio que Trump intentó eliminar.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) habilitó el portal de registro tras denuncias de organizaciones de defensa de migrantes, que alertaron sobre la falta de acceso para renovar el estatus antes de la fecha límite.
Los titulares venezolanos de TPS deben reinscribirse este sábado 13 de septiembre antes de la medianoche en la costa este (21.00 horas en la costa oeste) o perderán su protección migratoria.
Los beneficiarios que se registraron por primera vez en 2021 perderán su estatus el 7 de noviembre de 2025 si no completan el proceso.
«Hacemos un llamado a la comunidad venezolana para que difunda esta importante y reñida victoria. El gobierno intentó desafiar una orden judicial, pero nos negamos a permitírselo2, declaró José Palma, coordinador de la Alianza Nacional del TPS, en un comunicado.
Con la extensión actual, todos los titulares de TPS venezolanos, tanto los que se registraron en 2021 como en 2023, podrán mantener su estatus y autorización de empleo hasta el 2 de octubre de 2026.
La querella legal presentada por representantes de migrantes busca proteger a dos grupos: los cerca de 250.000 venezolanos que recibieron TPS en 2021, cuyo amparo vencía el 10 de septiembre, y los aproximadamente 350.000 beneficiarios de la ampliación otorgada en 2023.
Una ceremonia fúnebre en honor a Nancy Koney en Larkspur Conservation.(John Christi
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Phifer/Larkspur Conservation)
Cada año, durante nuestras vacaciones familiares en Cape Cod, disfrutamos de todos los placeres clásicos del verano: escalar dunas, caminar por la playa, observar focas, comer ostras y leer los libros que nos habíamos propuesto durante todo el año.
También hacer compras. Mi nieto quería unos juguetes pequeños. Mi hija aprovechó para llevarse varios rompecabezas de mil piezas de la tienda de juegos de Provincetown. Yo compré aros y un par de libros.
Y un espacio en un cementerio.
Está cerca de un grupo de robles, en un cementerio de Wellfleet, Massachusetts, donde algunas lápidas cubiertas de musgo, que datan de la Guerra Civil, están tan desgastadas que ya no se puede leer quién está enterrado. El pueblo permite que personas que no son residentes tengan allí su última morada, y acepta con agrado los entierros ecológicos.
Quienes visitamos Cape Cod cada verano solemos fantasear con tener una propiedad allí. Claro que, en general, uno sueña con un lugar que pueda usar en vida, un anhelo que sigue fuera de mi alcance.
Pero comprar un terreno en un cementerio para un entierro ecológico resultó sorprendentemente accesible y le permitirá a mi cuerpo —cuando ya no tenga un uso— descomponerse de manera rápida y natural, con el menor daño ambiental posible. Como beneficio adicional: si algún día mis descendientes quieren visitarme, mi tumba estará en un lugar muy querido, donde mi hija ha pasado casi todos los veranos de su vida.
“¿Hay mucho interés en los entierros ecológicos?”, le pregunté al amable administrador del cementerio del pueblo, que me estaba mostrando las instalaciones.
“No creo que hayamos tenido un entierro tradicional en dos años”, me respondió. “Ahora, todos son ecológicos”.
No hay cifras exactas sobre cuántas personas en Estados Unidos están optando por entierros ecológicos o naturales, pero Lee Webster, ex presidenta del Green Burial Council, está haciendo un seguimiento del creciente número de cementerios que los permiten.
El primero fue Ramsey Creek Preserve, que comenzó a operar en Westminster, Carolina del Sur, en 1998. Para 2016, la lista de Webster incluía 150 cementerios; ahora suman 497. La mayoría, como el de Wellfleet, son híbridos que aceptan entierros tanto convencionales como ecológicos.
Aunque una encuesta entre consumidores realizada por la National Funeral Directors Association encontró que menos del 10% de los encuestados preferiría un entierro ecológico (en comparación con un 43% que elige la cremación y un 24 % que opta por el entierro tradicional), más del 60% dijo que estaría interesado en explorar alternativas ecológicas y naturales.
“Esto tiene que ver con que la generación de los baby boomers está llegando a una edad en la que quiere vivir según lo que ha predicado”, dijo Webster. “Buscan coherencia ambiental. Buscan autenticidad y simplicidad”.
Agregó: “Si amamantaste a tus hijos y reciclas el cartón del rollo de papel higiénico, esto seguramente te va a interesar”. (Yo levanto la mano).
Más allá de las preocupaciones ambientales, muchas personas encuestadas dijeron sentirse atraídas por los entierros ecológicos por su menor costo. El precio promedio de un funeral con entierro en 2023 era de unos $10.000, sin incluir la parcela en el cementerio ni la lápida, según la National Funeral Directors Association.
Aunque defensoras como Webster critican la cremación por sus emisiones tóxicas y el uso de combustibles fósiles, este método representa actualmente casi dos tercios de los destinos finales en el país. Una razón: su costo medio es de $6.300, sin incluir entierro ni lápida.
Estos precios varían mucho según la ubicación. Vivo en Brooklyn, donde las propiedades son caras incluso para los muertos, y donde el Green-Wood Cemetery —una joya histórica reconocida como Monumento Histórico Nacional— cobra entre $21.000 y $30.000 por un terreno. Un entierro en su nueva sección ecológica es relativamente más económico: $15.000.
Pero a unas 40 millas de Nashville, un entierro ecológico en Larkspur Conservation cuesta $4.000, incluyendo el terreno y casi todo lo necesario, excepto una losa plana de piedra autóctona grabada, si la familia desea una.
Larkspur es uno de los 15 cementerios ecológicos del país que operan en asociación con organizaciones de conservación de tierras —en este caso, The Nature Conservancy— para preservar el espacio.
“Es lo que impide que los bosques se conviertan en urbanizaciones”, explicó John Christian Phifer, fundador de Larkspur.
Phifer enumeró los elementos comunes de un entierro ecológico: “Sin embalsamamiento químico, sin ataúd de acero, sin bóveda de concreto. Todo lo que va al suelo debe ser compostable o biodegradable”. Acompañando esta tendencia, ha surgido una pequeña industria que produce ataúdes tejidos artesanalmente, sudarios de lino y otros artículos funerarios ecológicos.
Los funerales ecológicos también suelen ser diferentes. En Larkspur, los asistentes suelen recorrer el sendero que lleva al lugar del entierro vestidos con jeans y botas de montaña en lugar de trajes negros.
“En vez de observar, las personas participan activamente”, dijo Phifer. “Invitamos a la familia a ayudar a bajar el cuerpo con cuerdas, a echar puñados o paladas de tierra en la tumba, y después a cubrirla con tierra, ramas de pino y flores. Luego, pueden brindar por el ser querido con champán o compartir una comida tipo picnic”.
Cuando Larkspur comenzó a operar en 2018, Phifer era su único empleado y se enterraron 17 cuerpos en sus 161 acres. El año pasado, un equipo de ocho personas realizó 80 entierros, y el cementerio está comprando más terrenos.
También han surgido otras alternativas al entierro convencional. La empresa Earth Funeral tiene instalaciones en Nevada, Washington, y pronto en Maryland, para lo que se conoce como “compostaje humano”. En este proceso, un cuerpo se calienta junto con material vegetal durante 30 a 45 días dentro de un tambor de alta tecnología, donde finalmente todo se transforma en un metro cúbico de tierra.
Eso equivale a unas 300 libras, más de lo que la mayoría de las familias puede querer, así que el resto se dona a organizaciones de conservación de tierras locales. El costo: entre $5.000 y $6.000.
La hidrólisis alcalina, que ya es legal en casi la mitad de los estados, disuelve el cuerpo con productos químicos y agua, dejando fragmentos óseos pulverizados que pueden esparcirse o enterrarse, además de un efluente que debe ser desechado.
Un visitante en la tumba de Noah Cardinael en Larkspur Conservation.(Andrea Berhends/Larkspur Conservation)
Desde el punto de vista ambiental, incluyendo la cremación tradicional, “los tres procesos tienen consecuencias que podemos evitar simplemente colocando el cuerpo en la tierra” y dejando que los microbios y los hongos hagan el resto, dijo Webster.
Sin embargo, el espacio en los cementerios cerca de las grandes ciudades es limitado y cada vez más caro.
“No creo que exista una opción perfecta, pero podemos hacerlo mucho mejor que con los métodos tradicionales”, dijo Tom Harries, fundador de Earth Funeral.
El debate sobre cuál es la opción más ecológica seguramente continuará. Pero el entierro ecológico tenía mucho sentido para Lynne McFarland y su esposo, Newell Anderson, quienes conocieron Larkspur a través de su iglesia episcopal en Nashville.
“La idea de regresar a la tierra me pareció hermosa”, dijo.
Su madre, Ruby Fielden, de 94 años, fue una de las primeras personas enterradas en Larkspur en 2018, en un prado abierto que atrae mariposas.
La primavera pasada, Anderson, quien tenía Alzheimer, murió a los 90 años y fue enterrado a pocos metros de Fielden, en un ataúd biodegradable de mimbre. Una docena de familiares leyeron oraciones y poemas, compartieron anécdotas y cantaron “Amazing Grace”.
Luego tomaron palas y llenaron la tumba. Fue exactamente lo que su esposo, amante de la vida al aire libre y antiguo líder de los Boy Scouts, habría querido, dijo McFarland, de 80 años, quien también planea ser enterrada allí.
No sé si mis seres queridos estarán dispuestos a hacer ese tipo de esfuerzo físico. Pero a mi hija y a mi yerno —aunque aún les faltan muchas décadas para tomar decisiones sobre el final de la vida— les gustó la idea de un entierro ecológico en un lugar que todos apreciamos.
Los precios en lo que ahora considero mi cementerio eran lo suficientemente bajos —$4.235, para ser exactos— como para comprar un terreno que podría albergarme a mí y a siete descendientes, si es que llego a tener tantos.
Espero que este plan, además de reducir el impacto de mi muerte en un ecosistema vulnerable, también alivie la carga familiar de tener que tomar decisiones apresuradas. A mis 76 años, no sé cómo se desarrollará lo que me queda de vida. Pero sí sé dónde terminará.
KFF Health News es una redacción nacional que produce periodismo en profundidad sobre temas de salud y es uno de los principales programas operativos de KFF, la fuente independiente de investigación de políticas de salud, encuestas y noticias.
AME9228. PHOENIX (ESTADOS UNIDOS), 12/09/2025.- Captura de video cedida por la organización sin ánimo de lucro Turning Point USA de la esposa del comentarista conservador Charlie Kirk, Erika, durante una declaración este viernes, en Phoenix (EE.UU.). EFE/ Turning Point USA /SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
La esposa del comentarista conservador Charlie Kirk, Erika, prometió este viernes continuar con el legado de su marido y lanzó una advertencia a los involucrados en su asesinato: «Si antes pensaban que la misión de mi esposo era poderosa, no tienen idea de lo que acaban de desatar en todo este país y en este mundo».
«No tienen idea del fuego que han encendido dentro de esta esposa. El llanto de esta viuda resonará en todo el mundo como un grito de guerra. Para todos los que nos escuchan esta noche en Estados Unidos: el movimiento que mi esposo construyó no morirá», advirtió Erika en su primera aparición pública desde el asesinato de su marido en un evento universitario en el oeste del país.
Frente al escritorio de su marido, donde Kirk realizaba sus retransmisiones en sus redes sociales, la esposa comenzó su discurso llorando la muerte de su marido, un aliado del presidente de EE.UU., Donald Trump.
«Mi esposo dio su vida por mí, por nuestra nación, por nuestros hijos. Mostró el máximo y verdadero amor. Nunca, jamás, tendré las palabras para describir la pérdida que siento en mi corazón», dijo.
Durante su intervención, Erika agradeció al mandatario estadounidense, quien mantenía una estrecha amistad con el activista conservador, así como su empeño en dar caza cuando antes a sus asesinos.
Miembros del Club de Jóvenes Republicanos de Nueva York sostienen un retrato de Charlie Kirk durante una vigilia por el activista conservador estadounidense y fundador de Turning Point en Nueva York (EE.UU.). EFE/EPA/OLGA FEDOROVA
«Los malhechores responsables del asesinato de mi esposo no tienen idea de lo que han hecho. Mataron a Charlie porque predicaba un mensaje de patriotismo, fe y del amor misericordioso de Dios. Todos deberían saber esto».
Erika aseguró que la misión de su esposo «no terminará, ni por un instante». «Uno de los mayores talentos de Charlie era su capacidad, esa fenomenal habilidad para elegir a grandes personas para que lo siguieran. Siempre encontraba a quienes podían con cualquier contratiempo, y era casi como si lo supiera», agregó.
Los esposos Kirk estaban casados desde mayo de 2021, tuvieron dos hijos y juntos lideraron causas y organizaciones de activismo conservador-religioso en Arizona.
El activista conservador recibió el pasado miércoles un disparo en el cuello mientras participaba en un debate universitario frente a centenares de personas en la Universidad Utah Valley, ubicada en el estado de Utah, en el oeste de EE.UU.
El presidente estadounidense ha declarado su intención de asistir al funeral de Kirk, que se realizará en Arizona, aunque se desconoce por el momento la fecha y lugar.
ARCHIVO - Empleados trabajan en una franquicia de "Sabor Venezolano", uno de los 18 negocios propiedad de Wilmer Escaray que emplean a decenas de inmigrantes venezolanos con Estatus de Protección Temporal (TPS) en Doral, Florida, el 20 de mayo de 2025. (AP Foto/Rebecca Blackwell, Archivo)
BOSTON (AP) — Un tribunal federal de apelaciones falló el viernes que el gobierno del presidente Donald Trump puede poner fin a las protecciones legales para alrededor de 430.000 inmigrantes originarios de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
El fallo de un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 1.er Circuito federal es el último giro en una batalla legal sobre las políticas de la era Biden que crearon nuevas vías y ampliaron otras para que las personas vivan en Estados Unidos, generalmente por dos años, con permisos de trabajo. El gobierno de Trump anunció en marzo que pondría fin a las protecciones de los permisos condicionales humanitarios.
«Reconocemos los riesgos de daño irreparable expuestos de manera persuasiva en la orden del tribunal de distrito: que los beneficiarios de los permisos condicionales que llegaron legalmente a este país se vieron repentinamente obligados a elegir entre irse en menos de un mes —una elección que potencialmente incluye ser separados de sus familias, comunidades y empleos legales— y regresar a peligros en sus países de origen», escribieron los jueces. «Pero en ausencia de una sólida demostración de probabilidad de éxito en el fondo del asunto, el riesgo de tales daños irreparables no puede, por sí solo, justificar una suspensión».
En un fallo de dos páginas, el tribunal levantó una suspensión emitida por un tribunal de distrito y permitirá que el gobierno ponga fin a los permisos condicionales humanitarios para esos grupos mientras se desarrolla la demanda. El fallo del viernes es una victoria para el gobierno federal, pero no cambia nada en el terreno.
Esther Sung, directora legal del Justice Action Center, coabogada en el caso, dijo que el fallo «perjudica a todos».
«Las personas que vinieron aquí desde Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela hicieron todo lo que el gobierno les pidió, y la administración Trump cruel e irracionalmente no cumplió con la parte que le correspondía al gobierno», señaló Sung. «Aunque estamos profundamente decepcionados por esta decisión, continuaremos defendiendo con fervor a nuestros clientes y los miembros de la demanda colectiva mientras continúa el litigio».
Un tribunal de distrito emitió en abril una orden que suspende la decisión del gobierno, pero la Corte Suprema levantó la orden del tribunal inferior a finales de mayo con poca explicación.
El gobierno de Trump había argumentado que el tribunal de apelaciones debería seguir el criterio de la Corte Suprema y revertir el fallo del tribunal de distrito.
Las protecciones para las personas que huyen de la agitación en sus países de origen siempre estuvieron diseñadas para ser temporales, y el Departamento de Seguridad Nacional tiene el poder de revocarlas sin interferencia judicial, afirmó el Departamento de Justicia en un documento judicial.
El procurador general D. John Sauer argumentó que poner fin a los permisos condicionales humanitarios caso por caso sería una «tarea gigantesca» que ralentizaría las labores del gobierno para expulsar a migrantes.
(Foto: EFE/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/Archivo)
«La rescisión discrecional de un beneficio discrecional por parte del secretario debería haber sido el fin del asunto», manifestaron los abogados del gobierno en su escrito.
Los demandantes, incluidas personas que se beneficiaron de las protecciones legales, instaron al tribunal de apelaciones a respaldar el fallo del tribunal de distrito, que determinó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, no podía poner fin categóricamente a las protecciones para estos grupos, sino que tenía que evaluar cada caso individualmente. También citaron la conclusión del tribunal de distrito de que Noem pasó por alto las preocupaciones humanitarias que llevaron a las protecciones legales en primer lugar.
«El tribunal de distrito aplicó la ley correctamente y no abusó de su poder discrecional cuando concluyó que las acciones de la secretaria Noem infligieron un daño irreparable a los miembros de la demanda colectiva (entre otros) y que el interés público y el equilibrio de las equidades se inclinan claramente a favor de un alivio preliminar», escribieron los abogados de los demandantes en un escrito.
El presidente Donald Trump prometió durante su campaña electoral deportar a millones de personas. Desde que asumió el cargo, ha buscado desmantelar las políticas del gobierno de Biden que ampliaron las vías para que los migrantes vivan legalmente en Estados Unidos.
La decisión del gobierno de Trump fue la primera revocación masiva del permiso condicional humanitario, dijeron los abogados de los migrantes en documentos judiciales, calificándola como «el mayor evento de ilegalización masiva en la historia moderna de Estados Unidos».
José Alvarado, izquierda, relevista de los Filis de Filadelfia, se baja del montículo después de salir del partido de béisbol de Grandes Ligas ante los Nacionales de Washington, durante la octava entrada, el domingo 24 de agosto de 2025, en Filadelfia. (AP Foto/Derik Hamilton)
FILADELFIA (AP) — El relevista venezolano José Alvarado se perderá el resto de la temporada con los Filis de Filadelfia después de ser colocado el viernes en la lista de lesionados de 15 días por una distensión en el antebrazo izquierdo.
Alvarado tenía un récord de 4-2 con una efectividad de 3.81 en 26 entradas a lo largo de 28 apariciones esta temporada. Cumplió una suspensión de 80 juegos por consumo de sustancias para mejorar el rendimiento, del 18 de mayo al 18 de agosto, después de dar positivo por testosterona exógena.
Su foja era de 4-1 con una efectividad de 2.70 y siete salvamentos en el momento de la suspensión. Fungía generalmente como el cerrador del club.
Los Filis adquirieron al cerrador Jhoan Duran, procedente de Minnesota, en la fecha límite de canjes del 31 de julio, y el dominicano ha dominado en el rol desde entonces.
Bajo los términos de la suspensión, Alvarado no era elegible para jugar en la postemporada.
El manager de los Filis, Rob Thomson, describió la lesión de Alvarado como “bastante leve, pero suficiente para ponerlo en la lista de lesionados”.
«Nuestro plan ahora es simplemente prepararlo para el próximo año», añadió.
Los Filis tienen una opción de club de nueve millones de dólares sobre Alvarado para 2026, que incluye una cláusula de rescisión de 500.000 si eligen no volver a firmarlo.
Feria del Barrio 2025. (Foto: Crédito/Virginia Esteban–Somalo)
Hispanic immigrants celebrating their heritage in the coming weeks live the contradiction of being honored in speeches while persecuted. Their contributions to the economy, culture, and social fabric are praised—even as their communities, often composed of mixed-status families, live under the constant fear of persecution and deportation. The inconsistency is glaring, and it is cruel irony to be celebrated and racially profiled at the same time.
The Supreme Court’s green light for anti-immigrant raids has sparked outrage and fear—not only in California. What some defenders frame as simple enforcement of immigration law is, in practice, something far harsher: the legitimization of racial profiling, reeking of malicious intent from those in power who seem to aspire to ethnic cleansing. Under this credible threat, entire families—including U.S. citizens among them—are considering leaving.
Immigrants across the U.S. know what a traffic stop can mean, what speaking Spanish in public can trigger, and the fear of hearing a knock at the door. Stepping outside has become an act of courage for those with irregular immigration status, where in this new reality, suspicion can be sparked by nothing more than your location, accent, appearance, or last name.
In Chicago, anxiety is rising amid the looming specter of militarization. Rumors and reports of federal force deployments have awakened memories of past crackdowns, when public safety became synonymous with armored vehicles and heavily armed agents. Residents are asking what kind of city is being built when the balance between security and freedom clearly tilts toward intimidation.
Amid these storms, another silent and painful cry emerges—from deported mothers and fathers separated from their children, and from parents in their home countries still waiting for answers about the whereabouts of their children who entered U.S. custody and were lost in the deportation process.
The weight of these policies also falls on those seeking refuge or holding temporary status. For TPS recipients—many of whom have lived in the U.S. for decades—uncertainty looms over the fragile shield that once allowed them to live and work legally. The program didn’t offer citizenship, but it did provide a stable truce, a safe haven from the dangers of their countries of origin.
Ending it now means forcing them to choose between facing the threats they fled or living in the shadows under persecution. In both cases, the human cost is immeasurable, and the consequences—from economic disruption to social deterioration—are difficult to predict. Deep wounds are being inflicted, and self-inflicted, across society, where everyone will be affected in one way or another.
These blind enforcement policies have sparked responses in Washington and across the country—marches filled with chants, banners, and a collective demand for dignity, seeking to reclaim the essence of this immigrant nation.
It’s not just protests. Citizens of various ethnicities have organized to defend neighbors from arbitrary detentions, even forcing immigration agents to retreat when lacking judicial warrants—and sometimes with slashed tires.
This is one of the responses to the increasingly aggressive “memetic” campaigns from the White House’s own social media accounts, which seem to revel in the virtual escalation of hostility—a cause and effect of the violence that plagues this country.
The recent death of Charlie Kirk is evidence of the dangers of radical polarization fueling political violence. No cause, however, it may seem, can be legitimized through bloodshed. A basic consensus is needed: that differences must be resolved at the ballot box and in public forums—never with weapons or threats. Condemning violence, no matter its source, is essential to preserving democracy and refusing to play into the hands of bullies.
At its best, the United States offered a promise: that those who worked hard would have a better future. Now, it is a country drifting away from its own ideals—of liberty and welcome, of the generosity that once defined its essence. Not the essence of governments seeking domination, but of a society with multiple identities, unafraid of diversity and celebrating it through initiatives like Hispanic Heritage Month.
In these unprecedented times for most who live in this corner of the world, bold and creative action is needed. We must not miss the opportunity to celebrate this month with the courage that defines us as a community.
According to a report by the Economy League, Philadelphia has made significant progress in reducing poverty in recent years. However, structural challenges and racial disparities continue to shape the city’s economic landscape.
Notable improvement, yet still behind
Philadelphia’s overall poverty rate dropped from 26.7% in 2010 to 20.3% in 2023—a meaningful decline, though still higher than Chicago (16.8%) and Pittsburgh (19.9%). While this reflects a positive national trend, poverty remains a deep-rooted issue in the city.
Persistent racial gaps
Despite overall progress, racial disparities in poverty rates remain:
Black community: Poverty rates steadily declined from 33.6% in 2010 to 26.4% in 2023, reflecting sustained investments and inclusive economic initiatives.
White community: Poverty dropped significantly from 14.2% to 9.4%, indicating broad economic strengthening.
Latino community: Poverty saw a substantial decrease from 26.2% to 18.2%, though the specific causes of this improvement remain unclear.
While the decline in poverty is often seen as a sign of progress, a more complex and unequal reality lies beneath the surface.
Urban poverty concentration
Philadelphia still has the highest poverty rate among the ten largest U.S. cities, with disproportionate concentration in racialized communities. Lower housing costs and reliable public transit attract low-income residents, while restrictive suburban zoning limits affordable housing development. This results in spatial concentration of poverty within city limits, where opportunities are often out of reach for those who need them most.
Racial and economic segregation
The average Black resident lives in a neighborhood with nearly three times the poverty rate of the average White resident. These divisions stem from a legacy of residential segregation, unequal access to education, and persistent labor market discrimination. Black and Latino households continue to earn significantly less than White households and face more unstable housing, under-resourced schools, and fewer job opportunities.
Gentrification and displacement
Some poverty reduction is linked to gentrification. Neighborhoods like Fishtown and Point Breeze have seen sharp increases in income and housing values, often accompanied by demographic shifts from Black to White residents. While newcomers have improved the economic profile of these areas, long-term residents—especially those without financial stability—are more likely to be displaced to lower-income neighborhoods. Research shows this displacement is racially unequal: Black families often move to similarly disadvantaged areas, while White residents access better-resourced neighborhoods.
Labor market shifts and precarity
Philadelphia’s shift from a manufacturing hub to a service-based economy has left many workers in unstable, low-wage jobs with few benefits. The rise of the informal economy has worsened this precarity, disproportionately affecting workers of color and those without higher education. Despite recent job growth and wage improvements, many Philadelphians remain trapped in poverty due to structural labor market shortcomings.
Limited Upward Mobility
Economic mobility remains a major concern. Research by Raj Chetty shows Philadelphia ranks among the worst major U.S. cities in helping children born into poverty climb the income ladder. Only 16% of children born poor in the city escape poverty by age 20. The city ranks last in upward mobility for low-income White families and poorly for Black families regardless of income.
(Foto: Impacto/Staff)
Policy response and gaps
Philadelphia has made substantial investments in affordable housing, rental subsidies, and prevention of eviction. Yet these efforts alone are not enough to overcome entrenched disparities. Without addressing root causes—such as residential segregation, educational inequality, and racialized labor market barriers—progress will remain fragile and uneven.
Conclusion
Philadelphia’s poverty reduction is real but driven as much by who leaves and who moves in as by actual improvements for long-term residents. Racial and spatial inequalities remain deep, and upward mobility is still out of reach for too many.
To build a truly inclusive economy, the city must invest not only in reducing poverty but also in expanding mobility—especially for communities historically excluded from Philadelphia’s growth. This means confronting the structural barriers that shape where people live, how they work, and what futures are possible.
Martín Alfaro durante su intervención en el evento Global Philadelphia Association, resaltando el papel de los hispanos en la ciudad: (Foto: Suministrada)
Martin Alfaro, founder and CEO of Alfaro Media Consulting, shared his own story of arriving in Philadelphia without knowing a single person, only to find a city that embraced him — as long as he was willing to show up and contribute. “Philadelphia has given me so much — not just in my career, but personally as well,” he said, referencing his fiancé Kyle and the community that became his home.
“I was humbled to be asked to serve as a Young Professional Co-Chair because it reflects not just my journey, but the potential of the Latino community in Philadelphia. Too often, opportunities and mentorship come from outside our community rather than within it. That’s why I’m committed to bringing people along wherever I go. I never show up alone. We must open doors for others the same way doors have been opened for us. My hope is that by stepping into roles like this, I can honor those who extended a hand to me, while helping to create more opportunities for the next generation of Latino and other young professional leaders.” — Martín Alfaro
Looking ahead: A global stage awaits
With major events on the horizon — the 250th anniversary of the United States, the FIFA World Cup, the MLB All-Star Game, and the reigning Super Bowl champion Eagles — Alfaro emphasized that Philadelphia is not just preserving history, but actively shaping the future of culture, sports, and innovation.
Empowering the next generation
Alfaro praised the Global Philadelphia Association for creating platforms that give young professionals a real voice. “To build the next 250 years, we must uplift the next generation,” he said, reinforcing the idea that being a World Heritage City is as much about future impact as it is about historical recognition.
A call to keep telling our stories
In closing, Alfaro urged everyone — whether young or “slightly seasoned” — to continue sharing stories that reflect Philadelphia’s diversity, resilience, and shared pride. “Philadelphia’s best chapters are still ahead,” he declared, leaving the audience inspired to be part of the city’s unfolding legacy.
Nilda Ruiz, president of the National Puerto Rican Agenda and the Association of Puerto Ricans in March. (Photo: Haydeé Rosario/Impacto staff)
Puerto Rico’s fiscal crisis remains unresolved as tensions grow between federal control, local needs, and the role of the diaspora since the creation of the Fiscal Oversight Board (JSF) in 2016.
The JSF is a federal entity responsible for controlling Puerto Rico’s finances and managing its public debt. While it aims for economic stability, it has imposed severe cuts affecting essential services like health, education, and pensions. These cuts have led to increased migration to the U.S. mainland, impacting Puerto Rican communities in cities like Philadelphia. This accelerated migration creates challenges in housing, employment, education, and access to services within the diaspora.
In an interview with Nilda Ruiz, president of the National Puerto Rican Agenda (NPRA) and Asociación Puertorriqueños en Marcha (APM), she discusses the challenges facing Puerto Rico and the vital role community organizations play in defending Puerto Ricans both on and off the island.
Recent changes and controversies In August 2025, the U.S. president Donald Trump removed most members of the Board, creating uncertainty about its future. However, a positive development is that the debt of the Puerto Rico Electric Power Authority (PREPA), which previously accounted for 50 cents per dollar in the electric bill, now represents only 7 cents, freeing resources to improve quality of life.
But the key question remains: Who oversees the Board? Its executive director, Robert Mujica Jr., a Puerto Rican from the diaspora, has stated that no more payments should be demanded from bondholders. Others, like Nilda Ruiz, believe that “the Board shouldn’t exist” due to its lack of transparency and the fact that it is not an elected body.
Everyday Life: Between apathy and exhaustion For many in Puerto Rico, the fiscal crisis has become a resigned routine, reflected in phrases like “That’s just life.” Although young people have mobilized in protests, “there is a hidden level in Puerto Rico; no one really knows what is going on,” she warns.
The Diaspora: Citizenship without representation In the U.S., the Puerto Rican diaspora lives a complex reality. On one hand, they have access to information and can contact legislators; on the other, they bear the burden of financially supporting family members on the island. “Congress has power over Puerto Rico. That’s why it’s vital that our people organize, get informed, and knock on the right doors,” Ruiz says.
Nilda and other leaders agree that the solution lies in empowering citizens with concrete actions:
-Get informed through the official website of the Fiscal Oversight Board.
-Educate Puerto Ricans on the island and in the diaspora about the fiscal process and its effects.
-Organize and pressure federal legislators to act with justice and respect.
Conclusion: between oversight and hope Puerto Rico stands at a crossroads. The diaspora is key, not only as resistance but as a driver of change.
Robert Bernberg, co-founder and steward of “Siempre Salsa Philly.” (Photo: Leticia Roa Nixon)
Councilwoman Quetcy Lozada, who represents the city’s 7th District, introduced a resolution on June 5 that was adopted by City Council to rename North 5th Street, between Huntingdon and Somerset Streets, as “Jesse Malpica Bermudez Way”. The renaming honors the life and legacy of this tireless and visionary cultural leader who spent over four decades empowering Philadelphia’s musicians.
During the Feria del Barrio on September 7, Councilwoman Lozada took the stage at the corner of Lehigh Avenue and North 5th Street, joined by Jesse’s family and Rev. Bonnie Camarda, to announce the unveiling of the street name to the delight of musicians and attendees. Jesse had deep cultural roots, which he expressed through his mission to elevate Latin music and empower the community.
In the 1970s and 1980s, he produced major concerts, including his iconic “Salsa con Salsa” series featuring legendary artists such as Celia Cruz, Willie Colón, and Héctor Lavoe. In 1982, he co-founded the Association of Latin American Musicians (AMLA) to advocate for better working conditions and fair compensation for its members. In 2006, he partnered with Rev. Luis Cortés to bring AMLA to Esperanza in North Philadelphia. He also founded the Latin School for the Performing Arts, providing education, mentorship, and career opportunities for young students.
In recognition of his cultural contributions, a resolution introduced by then-Councilwoman María Quiñones-Sánchez in 2015 established “Jesse Bermudez Day” on July 8.
The legendary musician also co-founded the renowned “Siempre Salsa Philly” series in 2015 with Carlos Sánchez and Rob Bernberg.
An educator, musician, mentor, friend, collaborator, and family man, Jesse was remembered with great emotion by his youngest daughter Sara Bermudez Evans, his family, Rob Bernberg, Councilwoman Quetcy Lozada, Marangeli Mejía Rabell, Erikka Goslin, Rev. Bonnie Camarda, and others before the unveiling of the street in his name.
Jesse passed away in September 2022, but his legacy will live on for generations.