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Exgobernadora de Puerto Rico pide donaciones para pagar su juicio

Imagen de archivo en la que se observa a la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced. (Foto: EFE/Thais Llorca)

San Juan, Puerto Rico.- La exgobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez (2019-2021) anunció la creación de una entidad para que los ciudadanos colaboren económicamente para pagar su juicio por corrupción pública.

Será en la página justiciaverdad.com, donde los simpatizantes de Vázquez podrán apoyar dar dinero, según explicó Vázquez el martes en un video en Facebook.

«Justicia Verdad fue creada por personas privadas, familiares y amigos, que conociendo de la situación del caso, sintiendo de la misma manera que nosotros, y creyendo en mi inocencia, han tomado la determinación de ayudarme a levantar fondos para mi defensa», dijo.

Reconoció que «litigar un caso en el tribunal federal tiene un alto costo, y envuelve sacrificio, esfuerzo, dedicación y recursos», por lo que sus abogados «necesitan todas las herramientas para poder demostrar mi inocencia».

Vázquez fue arrestada el 4 de agosto de 2022 por agentes del FBI en su residencia en San Juan, aunque quedó después en libertad al pagar una fianza de 50.000 dólares.

Enfrenta cargos por conspiración, soborno a programa federal y fraude electrónico, en un caso en el que también están acusados el banquero Julio Herrera y el exagente del FBI Mark Rossini.

El fiscal federal para Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, explicó en aquel entonces en rueda de prensa que la exgobernadora, Herrera y Rossini podrían ser condenados de ser declarados culpables a una pena máxima de 20 años en prisión.

Según la acusación formal, Herrera y Rossini supuestamente pagaron más de 300.000 dólares a asesores políticos en apoyo a la campaña de Vázquez a cambio de que ella despidiera al comisionado de la agencia reguladora de instituciones financieras, que investigaba al banco del primero.

«Como les dije el 4 de agosto del 2022, todo ese proceso es una gran injusticia para mí», aseguró Vázquez en su mensaje en Facebook.

Antes de concluir su mensaje, se reiteró en que confía en su inocencia y aseguró que «vamos a luchar, por duro que sea el proceso, vamos a llegar hasta el final y vamos a poder demostrar esa inocencia».

«Antes innumerables imputaciones que ustedes han conocido, siempre les dije de frente que eran falsas, y el tiempo me dio la razón. Ustedes, mi pueblo, por eso, de manera como lo hemos hecho en el pasado, voy a luchar por eso», sostuvo.

«Y por eso es importante darles este mensaje a ustedes, para que conozcan esta corporación, y aquellos que quieran de alguna manera ayudarme, puedan hacerlo. Ustedes, mi pueblo, pueden contar que voy a llegar hasta las últimas circunstancias para poderme defender», puntualizó.

México y EE. UU. firman acuerdo para recuperar salarios de 13.000 migrantes

Fotografía cedida hoy, por la secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) de su titular Luisa María Alcalde (i) y el embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar (d), durante una reunión en Ciudad de México (México). (Foto: EFE/Secretaría del Trabajo y Previsión Social)

Ciudad de México.- Los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron este martes un acuerdo para que los migrantes mexicanos que trabajaron en aquel país puedan recuperar salarios no pagados y que estaban adeudados cuando trabajaron en la Unión Americana.

Las cifras manejadas son de unos 13.000 trabajadores mexicanos, que están o estuvieron en Estados Unidos, y a quienes se les deben 6,5 millones de dólares.

En el acuerdo firmado establece que la Agencia de Horas y Salarios del Departamento de Trabajo (DOL) de Estados Unidos proporcionará a la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) un listado con los nombres de los trabajadores mexicanos a los que se les adeuda salario y horas extra.

«Firmamos un Certificado de Colaboración con la USDOL para entregar a más de 13.000 trabajadores mexicanos, que están o estuvieron en Estados Unidos, 6,5 millones de dólares a su favor provenientes de salarios adeudados», apuntó la STPS en mensajes en redes sociales.

Añadió que el objetivo de este acuerdo «es resarcir los derechos laborales de miles de mexicanas y mexicanos que recibieron un salario menor al legalmente establecido por parte de sus empleadores en Estados Unidos».

Para ello, señaló la dependencia mexicana, se intercambiará información con el Gobierno de Estados Unidos para localizar a estos trabajadores en territorio mexicano e invitarlos a acercarse a la STPS para que reciban su pago.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo sentirse honrado de participar con USDOL y a STPS en lanzamiento de Programa de Recuperación de Salarios de Trabajadores H-2A.

«El programa devolverá millones de dólares en salarios atrasados a ciudadanos mexicanos que participaron en programas de trabajadores temporales de Estados Unidos», señaló Salazar.

Mientras que la titular de la STPS mexicana, Luisa María Alcalde, dijo que la firma del certificado de colaboración para lograr que los salarios que se adeudan puedan ser cobrados y de manera conjunta México y Estados Unidos velan por los derechos laborales de los trabajadores mexicanos.

La colaboración bilateral consiste en establecer un plan de trabajo para integrar un listado con los nombres de los trabajadores mexicanos a los que se les debe salario y horas extra, y una vez que se cuente con la información, buscar a los trabajadores en las bases de datos gubernamentales mexicanas para informarles que tienen un cheque a su favor.

Sismo de magnitud 4.2 en la costa suroeste de Puerto Rico

El sismo fue registrado a las 03.51 (07.51 GMT) hora local con una profundidad de 7 kilómetros y tuvo una intensidad máxima de IV en Guánica, según detalló la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR) en un tuit. Imagen de archivo. (Foto: EFE/Thais Llorca)

San Juan, Puerto Rico.- La costa suroeste de Puerto Rico ha registrado un sismo de magnitud 4,2 en la madrugada de este miércoles sin que se haya producido ningún tsunami ni se haya informado de personas heridas.

El sismo fue registrado a las 03.51 (07.51 GMT) hora local con una profundidad de 7 kilómetros y tuvo una intensidad máxima de IV en Guánica, según detalló la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR) en un tuit.

Según dijo el director de la RSPR, Víctor Huérfano, a la emisora de radio WKAQ-580, el sismo fue sentido en municipios del suroeste y oeste de la isla como Guánica, Lajas, Sabana Grande, San Germán, Mayagüez y Yauco.

«No hay aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes», aseguró la RSPR en un tuit.

Ciudad anuncia $300,000 en subvenciones para la tercera ronda del Fondo de Resistencia Comunitaria de Kensington

Filadelfia. — La Ciudad de Filadelfia anunció el lanzamiento del ciclo de subvenciones 2023 para el Fondo de Resistencia de la Comunidad de Kensington (Fondo KCR), una asociación entre los sectores público, privado y comunitario formada por miembros de la comunidad, el gobierno municipal, financiadores regionales y la Fundación Scattergood, centrada en aumentar la resiliencia y mejorar la calidad de vida de la comunidad de Kensington. 

El Fondo KCR anticipa que se distribuirán $300,000 en nuevos fondos durante el ciclo de subvenciones de 2023, sobre la base de $400,000 en subvenciones que se distribuyeron previamente a 40 organizaciones durante el primer y segundo ciclo de subvenciones. Lo nuevo para este ciclo es una asociación operativa y de facilitación con la Fundación Scattergood, un socio original en el lanzamiento e inversión en el Fondo KCR.

“No podríamos estar más emocionados de ver el Kensington Community Resilience Fund pasar a un tercer ciclo de subvenciones”, dijo el alcalde Jim Kenney. “Esta importante iniciativa comunitaria es un resultado directo de las relaciones que la Ciudad ha forjado con los residentes y socios en Kensington, Harrowgate y Fairhill desde que se inició el Proyecto de Resiliencia de Filadelfia en 2018. Saber que los residentes habrán dirigido la distribución de al menos $700,000 en subvenciones para este verano es una fuente de gran orgullo y muestra lo que podemos lograr cuando la comunidad, la filantropía y el sector público se unen”.

El Fondo KCR utiliza un proceso participativo de concesión de subvenciones que pone el poder de tomar decisiones de financiación en manos de quienes más saben: los miembros de la comunidad. Los residentes y los líderes comunitarios han sido parte integral del proceso, desde establecer las prioridades de financiación y los criterios de elegibilidad hasta revisar las solicitudes para decidir qué programas y organizaciones recibirán financiación.

“En los últimos cinco años, hemos visto cómo la concesión de subvenciones impulsada por la comunidad altera la dinámica de poder tradicional,” dijo Joe Pyle, presidente de la Fundación Scattergood. “El Fondo de Resiliencia Comunitaria de Kensington continuará movilizando a la comunidad y apoyando a organizaciones innovadoras e influyentes.”

A través de su modelo participativo y mediante la incorporación de capacitación y crecimiento mutuo entre los beneficiarios, el modelo garantiza que las organizaciones financiadas respondan directamente a las necesidades y prioridades de los residentes de la comunidad, al tiempo que profundizan sus conexiones con otras organizaciones y residentes que también trabajan y son voluntarios en la comunidad.

Summer Harran, jefa de desarrollo estratégico del Fondo KCR y beneficiaria de la subvención Ed Snider Youth Hockey and Education, dijo: “El modelo de concesión de subvenciones participativas del Fondo KCR fue único y diferente a los modelos de financiación que nuestro equipo ha visto antes. Ser seleccionado para recibir fondos por miembros de nuestra comunidad fue un gran honor. Snider continúa construyendo raíces más profundas en la comunidad de Kensington y nuestra subvención del Fondo KCR nos ayudó a avanzar para lograr esta meta”.

“El KCRF ha creado un espacio para construir y potenciar la comunidad a través de este modelo de aprendizaje y financiación. No nos dan pescado. Nos están enseñando a pescar”, dijo Sonja Bingham, residente de Harrowgate, participante del Grupo de Subvenciones Comunitarias del Fondo KCR y recibió financiación a través del proyecto del Grupo de Comidas de Kensington, que contó con el patrocinio fiscal de Impact Services. El grupo ha estado trabajando para crear paneles con mensajes para la comunidad que puedan abordar una de las principales áreas de enfoque del Fondo KCR: conectar a los residentes con recursos. “La habilidad para informar a la comunidad de las muchas maneras en que pueden participar y ser escuchados ha tenido un tremendo impacto en el empoderamiento de aquellos que a menudo son dejados fuera de las conversaciones necesarias que dan forma a nuestra comunidad. Crear un espacio para informar y proporcionar recursos tendrá un impacto aún mayor”.  

Las subvenciones podrán destinarse a una gran variedad de usos y su objetivo es ofrecer a las organizaciones y proyectos la mayor flexibilidad posible para llevar a cabo su labor de apoyo a la comunidad de Kensington. Las organizaciones deben centrarse en al menos una de las siguientes áreas de interés identificadas por los residentes de la comunidad junto con líderes sin ánimo de lucro, cívicos y religiosos:

  • Seguridad pública
  • Desarrollo juvenil
  • Capacitación y desarrollo de la fuerza laboral
  • Embellecimiento y eliminación de plagas
  • Conectando a los residentes con los recursos
  • Fomentar la resiliencia y abordar el  trauma comunitario

Reconociendo que muchos grupos de vecinos aún no tienen la designación 501c3, los solicitantes sin la designación pueden presentar su solicitud a través de patrocinadores fiscales. El Fondo KCR y algunos de sus solicitantes se asociaron con agencias locales sin fines de lucro como Impact Services, HACE y New Kensington Community Development Corporation (NKCDC) para actuar como patrocinadores.

Cómo aplicar:

A partir del martes 14 de marzo de 2023, las organizaciones elegibles pueden solicitar una subvención del Kensington Community Resilience Fund utilizando la solicitud en línea en el sitio web de la Fundación Scattergood.  La ventana de solicitud cierra el viernes 14 de abril de 2023 a las 5 p.m.

Todos los materiales y la financiación.solicitud estará disponible en español. Puede descargar una copia imprimible de la Solicitud de propuestas de marzo de 2023 aquí:

Las organizaciones interesadas deben asistir a una de las dos próximas sesiones informativas para obtener más información sobre el proceso de solicitud y la oportunidad de financiación:

Más información sobre el fondo

El Fondo de Resiliencia de la Comunidad de Kensington fue creado para abordar los impactos críticos en la calidad de vida de la crisis de opioides en Kensington, Harrowgate y Fairhill.Tl Fondo KCR trabaja para avanzar en los siguientes objetivos principales:

  • Para promover el bienestar, desarrollar resiliencia y mejorar la calidad de vida en la gran comunidad de Kensington
  • Para aumentar la agencia y apoyar la equidad y la justicia racial/social al tener socios comunitarios y residentes que toman las decisiones de financiamiento directo
  • Construir cohesión y conectividad entre los proveedores de la comunidad, los residentes y las agencias de la ciudad para apoyar la colaboración, el intercambio de información y la alineación de los servicios.
  • Ampliar la capacidad de los participantes, tanto organizaciones como individuos, para buscar programas sostenibles centrados en la calidad de vida para apoyar a la comunidad.
  • Servir como catalizador y construir la infraestructura para apoyar la inversión sostenida a largo plazo y la asociación con financiadores en la comunidad de Kensington.

Cómo apoyar el Fondo:

El Fondo KCR actualmente está financiado por la Ciudad de Filadelfia junto con el generoso apoyo de la Fundación Scattergood, la Fundación Patricia Kind Family, la Fundación Nelson y la Fundación Douty.El Fondo agradece contribuciones adicionales de fundaciones, empresas y donantes individuales.

Dos detenidos en EE. UU. por intentar enviar 90 armas a cartel mexicano de droga

(Foto: EFE/NARONG SANGNAK/Archivo)

Miami, EE. UU.– Dos estadounidenses fueron arrestados y acusados de intentar enviar más de 90 armas de fuego, tales como rifles AR-15, AK-47 y lanzagranadas, a miembros de un cartel de la droga en México, informó este martes la Fiscalía del Distrito Medio de Florida.

Yuendry Rodríguez Hilario, de 28 años y residente en Cleveland, y Saleh Yusuf Saleh, de 24 y residente en la misma ciudad del estado de Ohio, fueron acusados de «conspiración para transferir armas de fuego para cometer un delito grave y tráfico de estupefacientes», entre otros delitos.

Según la acusación, desde 2021 agentes encubiertos de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), «haciéndose pasar por miembros de un cartel mexicano», fueron presentados a Rodríguez Hilario como traficantes de armas de fuego para su contrabando a México.

«Las comunicaciones encubiertas» con Rodríguez Hilario y otros versaron sobre la compra de AR-15 y lanzagranadas propulsadas por cohetes.

A partir de fines de 2021, los conspiradores «vendieron o arreglaron la venta de al menos 90 rifles y una ametralladora tipo Mac-10 con silenciador a agentes encubiertos» en el Distrito Medio de Florida y Cleveland.

En noviembre de 2022, un agente encubierto le dijo a Rodríguez Hilario que sus asociados en México estaban «luchando y perdiendo» y necesitaban comprar más armas de fuego.

Y en marzo de 2023, Rodríguez Hilario dispuso la entrega de 40 armas de fuego multicalibre AM-15 a los agentes.

Saleh, quien adquirió y ensambló las piezas para fabricar las armas de fuego, llegó a la reunión con Rodríguez Hilario y los agentes.

Después de que un agente encubierto inspeccionara una de las cajas de armas de fuego, continúa el comunicado, tanto Rodríguez Hilario como Saleh fueron arrestados.

En los interrogatorios posteriores al arresto, ambos admitieron traficar con armas de fuego.

Los acusados fueron arrestados en Cleveland el 2 de marzo de 2023 y recientemente se ordenó la detención de ambos.

Retiran medida que condenaba a mujeres a 25 años por abortar en Puerto Rico

El Proyecto de la Cámara 1644 había sido presentado por los legisladores José González Mercado, Er Yazzer Morales Díaz y Wilson Román López. Imagen de archivo. (Foto: EFE/Thais Llorca)

San Juan, Puerto Rico.- Un proyecto de ley, presentado por tres representantes del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP), que condenaría a hasta 25 años de cárcel a las mujeres que aborten después de la décima semana de gestación, fue retirado este martes.

El Proyecto de la Cámara 1644 había sido presentado por los legisladores José González Mercado, Er Yazzer Morales Díaz y Wilson Román López.

Fue Román López quien pidió este martes que se retirara la medida de todo trámite legislativo.

La petición fue presentada durante la sesión de hoy por el portavoz alterno del PNP en la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló, informan medios locales.

«Señor presidente, una petición a nombre del representante y compañero Román López que solicita se retire de todo trámite legislativo el Proyecto de la Cámara 1644», indicó Rodríguez Aguiló en su turno.

González Mercado y Morales Díaz habían anunciado que eliminarían sus nombres de la medida y la retirarían.

La presentación de la medida provocó una gran controversia y fue rechazada por diversos grupos y entidades que defienden los derechos reproductivos de las mujeres.

Desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anulara en junio de 2022 la histórica sentencia conocida como «Roe contra Wade», que desde 1973 garantizaba el derecho al aborto, se han presentado numerosos proyectos de ley en Puerto Rico para limitar el aborto, pero todos han fracasado.

La diferencia, según alegan los expertos, es que bajo la Constitución federal el aborto no es un derecho fundamental, pero en Puerto Rico está protegido por el derecho constitucional a la intimidad.

Construirán proyecto de vivienda en San Juan que contará con paneles solares

Imagen de archivo del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, en San Juan, Puerto Rico (EE. UU). (Foto: EFE/Thais Llorca)

San Juan, Puerto Rico.- El Gobierno de Puerto Rico anunció este martes la construcción de un proyecto de vivienda de alquiler de 89 unidades en San Juan que cada una contará con paneles solares con baterías como medida de prevención ante cualquier apagón.

La construcción del proyecto «Ensueño en Cupey» se hará con la aportación de 36,9 millones de dólares de recuperación del Programa de Desarrollo y Revitalización Económica de Comunidades Post Desastre del Departamento de Vivienda federal, dijo en un comunicado el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi.

«Mi compromiso con la reconstrucción y modernización de nuestra infraestructura, para proveerle a nuestra gente un entorno más eficiente y seguro, es por todos conocido. Eso incluye priorizar proyectos para darle vivienda digna y accesible a nuestra gente», dijo el gobernador.

Ante ello, agregó que «estamos tomando medidas para continuar aumentando el inventario de vivienda en Puerto Rico y hoy es otro día importante, pues vemos comenzada una obra de vivienda para personas de ingresos bajos y moderados, otra obra para darle un techo digno a nuestra gente».

Las unidades constarán de tres cuartos y dos baños, cocina y zona de estar en un espacio promedio de 1.442 pies (134 metros) cuadrados.

Cada unidad incluirá una cisterna de agua, paneles solares con baterías y otras comodidades resilientes.

Además, contarán con calentador de agua solar, equipamiento de baño y accesorios de plomería (fontanería) con sensor de agua para su conservación.

Por su parte, el titular de Vivienda local, William Rodríguez Rodríguez, resaltó que «este proyecto hará realidad el sueño de 89 familias de Puerto Rico que necesitan un hogar», sino porque «cuenta con lo necesario para resistir las amenazas naturales del Caribe y les dará la oportunidad de vivir en un entorno social distinto».

Se informó además que el 12 % de las unidades estarán diseñadas para discapacitados motrices y el 3 % para discapacitados visuales y auditivos.

Se declara culpable de fraude ex alto funcionario de Puerto Rico

Imagen de archivo en la que se observa al fiscal federal Stephen Muldrow. (Foto: EFE/Thais Llorca)

San Juan, Puerto Rico.- El exdirector ejecutivo de la Autoridad para la Transportación Marítima (ATM) de Puerto Rico Jorge Droz Yapur se declaró culpable de 18 cargos por fraude de bancarrota, informó este martes la Fiscalía federal en San Juan.

Droz es acusado por un gran jurado federal por hacer falsa representación material (declaración falsa) desde mayo de 2019 hasta agosto de 2021 para defraudar a sus acreedores, como parte de un proceso de quiebra, explicó en un comunicado de prensa el jefe de la Fiscalía federal de San Juan, W. Stephen Muldrow.

Según el pliego acusatorio, está acusado también de nueve cargos por esconder activos durante el procedimiento de quiebra y enfrenta otras ocho imputaciones por hacer declaraciones falsas en relación al mismo proceso.

Además, que tras acogerse a la protección de la Ley de Quiebra federal, escondió activos e ingresos usando la cuenta que estaba a nombre de un hijo, que no se identificó.

La acusación señala además que Droz declaró bajo juramento que su madre estaba en un hogar de ancianos y que él suministró planillas de impuestos de Puerto Rico para decir que ella era dependiente entre 2015, 2016, 2017 y 2018.

Sin embargo, ella había fallecido en 2011.

De resultar culpable, podría recibir una sentencia de 5 años de prisión por cada cargo, además de una multa de 250.000 dólares y 3 años de libertad supervisada.

Droz Yapur está citado para ser encarcelado el 5 de julio de 2023.

Envíos ilegales de medicamentos por correo no son de opioides. Muchos contienen Viagra

(Foto: Ilustrativa/Pexels)

Durante años, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) ha defendido sus esfuerzos por interceptar los medicamentos con receta que llegan del extranjero por correo como necesarios para impedir la entrada de opioides peligrosos, como el fentanilo.

La industria farmacéutica cita a menudo estas preocupaciones en su batalla para frenar las numerosas propuestas en Washington para permitir a los estadounidenses comprar medicamentos de Canadá y otros países, en donde los precios son casi siempre mucho más bajos.

Pero los propios datos de la agencia de los últimos años sobre las confiscaciones de estos envíos ofrecen escasas pruebas de que un número significativo de opioides entre por esta vía. En los dos años de los que KHN ha obtenido datos de la agencia, solo una ínfima parte de los fármacos inspeccionados contenían opioides.

La FDA señaló que encontró 33 paquetes de opioides y ningún fentanilo enviados por correo en 2022 de casi 53,000 envíos de medicamentos que sus inspectores intervinieron en instalaciones de correo internacional. Eso supone alrededor del 0.06% de los paquetes inspeccionados.

Según un desglose detallado de las drogas interceptadas en 2020, la mayor parte de lo que se confiscó —y con mayor frecuencia se destruyó— fueron productos farmacéuticos. El principal producto fueron pastillas baratas para la disfunción eréctil, como una versión genérica de Viagra. Pero también había medicamentos recetados para tratar el asma, la diabetes, el cáncer y el VIH.

Devin Koontz, vocero de la FDA, dijo que las cifras no reflejan el panorama completo porque el el principal inspector en las instalaciones de correos no es la FDA sino el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU.

Pero los datos obtenidos de la agencia de aduanas muestran que también encontró pocos opioides: de las más de 30,000 drogas que interceptó en 2022 en las instalaciones de correo internacional, solo 111 fueron de fentanilo y 116, de otros opioides.

En promedio, los estadounidenses pagan más del doble que los ciudadanos de otros países por exactamente los mismos medicamentos. En las encuestas, el 7% de los adultos estadounidenses afirma que no toman sus medicamentos porque no pueden costearlos.

Alrededor del 8% admite que ellos mismos o un familiar han pedido medicamentos al extranjero para ahorrar dinero, aunque técnicamente es ilegal en la mayoría de los casos. Al menos cuatro estados —Florida, Colorado, New Hampshire y Nuevo México—  han propuesto programas que permitirían a sus residentes importar medicamentos de Canadá.

Si bien la FDA ha encontrado solo un número relativamente pequeño de opioides, incluido el fentanilo, en paquetes de correo internacional, el Congreso otorgó a la agencia un total de $10 millones en 2022 y 2023 para ampliar los esfuerzos para interceptar los envíos de opioides y otros medicamentos no aprobados.

«Más personal, junto con mejoras tecnológicas, nos permitirán no solo inspeccionar más paquetes, sino que también aumentarán nuestras capacidades de focalización para garantizar que estamos inspeccionando paquetes con una alta probabilidad de contener productos que violan la ley», dijo Dan Solis, comisionado adjunto para operaciones de importación de la FDA.

«La FDA sigue pidiendo cada vez más dinero de los contribuyentes para detener el fentanilo y los opioides en las instalaciones de correo internacional, pero parece estar utilizando ese dinero para rechazar y destruir un número cada vez mayor de pedidos internacionales regulares de medicamentos con receta», indicó Gabe Levitt, presidente de PharmacyChecker.com, que acredita a las farmacias extranjeras en línea que venden medicamentos a clientes en Estados Unidos y a nivel mundial.

«El argumento de que la importación de medicamentos va a avivar la crisis de opioides no tiene ningún sentido». «La crisis nacional de importación de fentanilo no debe confundirse con la importación personal segura de medicamentos», afirmó Levitt.

A Levitt no le sorprende el bajo número de opioides que se envían por correo: en 2022, Prescription Justice, una organización que dirige, recibió datos de la FDA de 2020 mediante una solicitud de la Ley de Libertad de Información, que mostraban que los inspectores habían interceptado 214 paquetes con opioides y ningún fentanilo, entre unos 50,000 envíos de medicamentos.

En cambio, encontraron casi 12,000 paquetes que contenían pastillas para la disfunción eréctil. También bloquearon miles de paquetes que contenían medicamentos con receta para tratar distintas enfermedades.

Más del 90% de los medicamentos descubiertos en las instalaciones de correo internacional se destruyen o se les niega la entrada a Estados Unidos, dijeron funcionarios de la FDA.

En 2019, un documento de la FDA destacaba la labor de la agencia para impedir el ingreso de fentanilo por correo a Estados Unidos dentro de los esfuerzos por detener otras drogas ilegales.

Levitt se mostró satisfecho de que el Congreso agregara en diciembre a un proyecto de ley de gasto federal un texto que, en su opinión, reorientaría las inspecciones del correo de la FDA.

En este proyecto se decía que «los esfuerzos de la FDA en las instalaciones de correo internacional deben centrarse en impedir la entrada a Estados Unidos de productos farmacéuticos controlados, falsificados o peligrosos por otros motivos. Además, los fondos disponibles en esta ley deben dar prioridad a los casos en los que la importación suponga una amenaza significativa para la salud pública».

Levitt dijo que con esta modificación, la FDA dejaría de detener los envíos que contienen medicamentos para el cáncer, enfermedades del corazón, y la disfunción eréctil para pasar a impedir la entrada de sustancias controladas, incluidos los opioides.

Aunque Koontz, de la FDA, indicó que ese texto no cambiará el tipo de medicamentos que examinan los inspectores de la FDA, porque todos los medicamentos son potencialmente peligrosos. «Importar medicamentos del extranjero simplemente para ahorrar costos no es razón suficiente para exponerse a riesgos adicionales», dijo. «El fármaco puede estar bien, pero no lo sabemos, así que asumimos que no lo está».

Agregó que incluso los medicamentos fabricados en las mismas instalaciones en las que se fabrican los destinados a la venta en Estados Unidos pueden ser peligrosos, porque carecen de etiquetado y envasado estadounidenses que garanticen que se han elaborado correctamente y se han manipulado dentro de la cadena de suministro estadounidense.

Los funcionarios de la FDA afirman que los medicamentos comprados en farmacias extranjeras tienen 10 veces más probabilidades de ser falsificados que los vendidos en Estados Unidos.

Para respaldar esta afirmación, la FDA cita el testimonio ante el Congreso de un ex funcionario de la agencia, quien dijo en 2005 estando trabajando para un grupo de expertos financiado por la industria farmacéutica, que entre el 8% y el 10% de la cadena mundial de suministro de medicamentos es falsificada.

La FDA indicó que no tiene datos que muestren cuáles medicamentos son falsificaciones poco seguras y cuáles son los que carecen de etiquetado o envasado adecuado. Los datos de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU. indican que encontró 365 falsificaciones entre los más de 30,000 medicamentos que inspeccionó en 2022.

Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, el grupo comercial de la industria, financia una organización sin fines de lucro llamada Partnership for Safe Medicines, que ha hecho campañas en los medios para oponerse a los esfuerzos de importación de medicamentos con el argumento de que empeoraría la epidemia de fentanilo.

Shabbir Safdar, director ejecutivo de Partnership for Safe Medicines,, dijo que le sorprendía que la cantidad de fentanilo y opioides encontrada por los inspectores de aduanas y de la FDA en el correo fuera tan baja. Afirmó que históricamente ha sido un problema, pero no pudo aportar pruebas.

Dijo que las agencias federales no están inspeccionando suficientes paquetes para tener una visión completa. «Con recursos limitados, puede que los contrabandistas nos estén engañando», afirmó. «Necesitamos inspeccionar los 50,000 paquetes adecuados cada año».

Durante décadas, millones de estadounidenses que buscan ahorrar dinero han comprado medicamentos en farmacias extranjeras, y la mayoría de las ventas se realizan por Internet. Aunque la FDA dice que no se puede hacer eso salvo en casos excepcionales, docenas de ciudades, condados y distritos escolares ayudan a sus empleados a comprar medicamentos en el extranjero.

La administración Trump dijo en 2020 que los medicamentos podrían importarse de forma segura y abrió la puerta a que los estados solicitaran a la FDA iniciar programas de importación. Pero la administración Biden aún no ha aprobado ninguno.

Levitt y otros defensores de la importación afirman que el proceso suele ser seguro en gran medida porque los medicamentos que se venden a personas con recetas válidas a través del correo internacional son fármacos aprobados por la FDA con un etiquetado diferente al de las farmacias estadounidenses, o versiones extranjeras de medicamentos aprobados por la FDA fabricados en las mismas instalaciones que los que se venden en EE.UU. o en instalaciones reguladas similares. La mayoría de los medicamentos que se venden en las farmacias estadounidenses ya se fabrican en el extranjero.

Debido al enorme volumen de correo, aunque la FDA ha aumentado el personal en las instalaciones de correo en los últimos años, la agencia puede inspeccionar físicamente menos del 1% de los paquetes que presumiblemente contienen medicamentos, dijeron funcionarios de la FDA.

Solís señaló que la agencia centra sus esfuerzos de incautación en los paquetes procedentes de países de los que cree que pueden llegar medicamentos falsificados o ilegales.

Los defensores de la importación afirman que los esfuerzos por bloquearla protegen los beneficios de la industria farmacéutica y perjudican a los estadounidenses que tratan de cubrir los gastos de sus medicamentos.

«Nunca hemos visto una oleada de muertes o de daños causados por medicamentos recetados que la gente entra por la frontera de farmacias verificadas, porque son los mismos medicamentos que la gente compra en las farmacias estadounidenses», dijo Alex Lawson, director ejecutivo de Social Security Works, que aboga por precios de medicamentos más bajos. «La industria farmacéutica está utilizando a la FDA para proteger su monopolio de precios y mantenerlos altos».

KHN (Kaiser Health News) es la redacción de KFF (Kaiser Family Foundation), que produce periodismo en profundidad sobre salud. Es uno de los tres principales programas de KFF, una organización sin fines de lucro que analiza la problemática de salud y salud pública de la nación.

Jueces de EE. UU. revocan la cuarta parte de denegaciones de asilo a inmigrantes

Personal cruzan por el puente Internacional Paso del Norte rumbo a El Paso, Texas, en Ciudad Juárez (México). (Foto: EFE/Luis Torres)

Nueva York, EE. UU.- Una cuarta parte de las solicitudes de asilo rechazadas en primera instancia por oficiales de inmigración en Estados Unidos terminan revocadas por los jueces, que dan crédito a los temores expresados por los migrantes a sufrir persecución o tortura si son deportados a sus países de origen.

Este dato es el más llamativo de los que se desprenden del nuevo análisis realizado por el centro independiente Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Syracuse en el estado de Nueva York.

Cuando el migrante no recibe una decisión favorable de un oficial de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los EE. UU. (USCIS), tiene derecho a ser escuchado por un juez. De acuerdo con las cifras de TRAC, los jueces de cortes de inmigración han escuchado más de 100.000 de estos casos en los últimos 25 años.

Si no pasa esta segunda evaluación en la corte, generalmente será deportado de inmediato, salvo casos excepcionales.

En general, ha habido una proporción creciente de decisiones de oficiales de asilo anuladas por los jueces, del mismo modo que ha ido en aumento la cantidad de casos de «temores fundados» expuestos por los solicitantes de asilo.

En el año fiscal 2010, esos casos de «temores fundados» superaron los 1000 por año; en el 2014 aumentaron a más de 6.000, y fueron más de 12. 000 en 2019, según el análisis de datos de la universidad. Este aumento refleja en gran parte el creciente número de personas que buscan asilo en este país, particularmente en la línea fronteriza entre Estados Unidos y México, agrega.

Indica además que en el último periodo disponible de 12 meses, los oficiales de asilo de USCIS negaron las peticiones de los migrantes por «temor fundado» el 32 por ciento de las veces, pero cuando fueron ante un juez esa cifra a 23 por ciento.

En el tiempo transcurrido durante el gobierno del presidente demócrata Joe Biden, desde el año fiscal 2021 hasta febrero de 2023, los jueces de inmigración han dictado cerca de 36.000 decisiones, de las que 10.000 fueron favorables a los migrantes.

Los registros judiciales durante bajo esta administración muestran que los armenios, aunque en un número relativamente pequeño de solicitudes de asilo (47), encabezan la tasa mas alta de aprobación por un juez de inmigración con un 70 %, seguidos por Camerún (68%) y Siria (65%).

Los latinoamericanos fueron los que tuvieron menos éxito en sus solicitudes ante el juez, con República Dominicana (19 %), Costa Rica (16 %) y Brasil (16%) en los últimos lugares de las decisiones. Los colombianos tenían la mayor cantidad de casos totales, con 7.255 casos, pero los jueces sólo fallaron a favor del 28 % de casos.