Varios migrantes esperan junto a la cerca fronteriza ante la mirada de guardias nacionales de Texas para entrar en El Paso, Texas, el miércoles 10 de mayo de 2023. (Foto: VOA/Archivo)
La niña sufrió una “emergencia médica” y fue trasladada a un hospital cercano, donde murió, según un comunicado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU.
Una niña de ocho años murió el miércoles cuando estaba retenida por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, según las autoridades, un suceso inusual que se produjo mientras la agencia lidia con una sobrecarga de sus instalaciones.
La niña y su familia estaban en un centro en Harlingen, Texas, en el Valle del Río Bravo, una de las zonas donde se producen más cruces ilegales de la frontera, según indicó en un comunicado la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus iniciales en inglés).
La niña sufrió una “emergencia médica” y fue trasladada a un hospital cercano, donde murió, según el comunicado, que no reveló su nacionalidad ni dio información adicional sobre el incidente.
La división de asuntos internos de la CBP investigará el suceso y se ha notificado al inspector general del Departamento de Seguridad Nacional y a la policía de Harlingen, señaló el comunicado. El sargento Larry Moore, vocero de la policía de Harlingen, dijo que no tenía información sobre la muerte.
La Patrulla Fronteriza tenía 28.717 personas bajo custodia el 10 de mayo, el día antes de que expiraran las restricciones al asilo asociadas a la pandemia. Esa cifra era el doble que dos semanas antes, según un documento judicial. Para el domingo, el número había caído un 23 %, a 22.259 personas, que sigue estando por encima de lo habitual.
El tiempo medio de detención el domingo era de 77 horas, cinco horas más de lo que permite la normativa de la agencia.
La Patrulla Fronteriza comenzó a liberar migrantes la semana pasada en Estados Unidos sin citaciones para comparecer en cortes migratorias, y en su lugar les indicaba que se presentaran en oficinas de inmigración en un plazo de 60 días.
La decisión ahorra tiempo a los agentes de fronteras al eximirles de trámites que llevan tiempo y permitirles liberar espacio en los centros de detención. Un juez federal en la Florida ordenó detener esas liberaciones rápidas.
La semana pasada murió un joven hondureño de 17 años que viajaba solo y estaba retenido por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.
Estas imágenes proporcionadas por la FIFA el miércoles 17 de mayo de 2023 muestran la marca oficial y el eslogan del Mundial de 2026 (Foto: AP/FIFA)
Aunque el reloj continúa su marcha, el presidente de la FIFA Gianni Infantino parece un poco más optimista sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo que considere aceptable sobre los derechos de transmisión del próximo Mundial femenino en cinco países europeos clave.
El miércoles, mientras recorría una alfombra verde en un evento de gala para la presentación del emblema y marca oficial de la Copa del Mundo masculina de 2026 en el histórico Observatorio Griffith de Los Ángeles, el líder de la FIFA habló brevemente sobre las negociones actuales en Francia, Alemania, Italia, España e Inglaterra, por los derechos para transmitir el Mundial de mujeres que se realizará dentro de dos meses en Australia y Nueva Zelanda.
“Ha habido algunas discusiones. Tengo que decir que han comenzado en niveles diferentes”, dijo Infantino. “Pero esto se mueve”.
Infantino ha rechazado las ofertas que se presentaron apenas unas semanas antes, al considerarlas una falta de respeto para el fútbol femenino y para los intentos de la FIFA por lograr una mayor equidad financiera.
El organismo rector del fútbol ha elevado a más del triple el monto de los premios económicos entregados a las ganadoras del Mundial de este año, en comparación con los niveles de 2019. Sin embargo, Infantino dijo hace varios meses que algunas ofertas iniciales de los derechos de TV en Europa representaban alrededor del 1% del pago equivalente por el certamen masculino.
Infantino se dijo determinado a conseguir más dinero a partir de los mayores grupos mediáticos de Europa, pues afirma que ello beneficiará a todo el fútbol femenino.
“Considero importante entender aquí de dónde venimos”, dijo. “Estamos invirtiendo en el fútbol de mujeres. Estamos en Norteamérica, en Estados Unidos, el país de las campeonas mundiales, donde el fútbol de mujeres tiene un nivel completamente distinto, no sólo de aceptación, sino de respeto… Simplemente queremos que se respete el juego y que se pague el dinero correcto por ello. Cualquier cosa que se pague se redituará, no sólo al 100% sino al 150% en el desarrollo del deporte femenino”.
La FIFA visitó Hollywood Hills para la presentación de la marca oficial de la Copa del Mundo de 2026, cuya sede comparten Estados Unidos, México y Canadá. El SoFi Stadium de Los Ángeles es uno de los recintos que albergarán el certamen en Estados Unidos.
Asistieron a la presentación decenas de luminarias del fútbol, incluido el exjugador brasileño Ronaldo.
El logo revelado por la FIFA es simple: Un 2 encima de un 6 con la imagen de la Copa del Mundo superpuesta.
Cada una de las 16 ciudades que albergarán partidos tendrá sus propias marcas con colores y estilos únicos, anunció la FIFA.
El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi. Imagen de archivo. (Foto: EFE/Thais Llorca)
El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, resaltó este jueves en Nueva York la recuperación económica que ha experimentado la isla, especialmente tras salir de la bancarrota el año pasado, lo que la posiciona, dijo, como un «imán de nuevas oportunidades».
En el foro PRNOW 2023, dirigido a la comunidad financiera e inversora de EE. UU. y la comunidad internacional, el gobernador destacó la «disciplina fiscal» aplicada por su administración tras aprobarse el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) hace poco más de un año y «dejar atrás la quiebra».
También señaló que gracias a la Ley federal de Estabilidad Económica, Administración y Supervisión de Puerto Rico, (PROMESA, por su sigla en inglés), se ha reestructurado la deuda «en niveles sostenibles» y se han establecido mecanismos de supervisión financiera y rendición de cuentas.
Por primera vez en doce años, el Gobierno estatal «estará al día en la publicación de estados financieros auditados» y planea emitir los datos más recientes a finales de este mes como parte de su política pública de transparencia fiscal, agregó.
«Estamos comprometidos en cumplir con nuestras obligaciones, honrar nuestros contratos y fomentar nuevas inversiones», aseveró el político demócrata, que ocupa el cargo de gobernador desde 2021, y que ha estado al frente de la dura restructuración de deuda pública en la isla.
En cuanto al estado de la economía de Puerto Rico, Pierluisi recordó que en el año fiscal 2022 se produjo el mayor crecimiento del PIB en 23 años en ese territorio, del 3,7 % respecto al año anterior, que contribuye a unas proyecciones alcistas para los ejercicios 2023 y 2024.
La Oficina del Gobernador dijo que en ese año la inversión interna bruta total creció espectacularmente, un 30 %, mientras que, entre otros datos, sobresalió también el aumento en el índice de recaudación de impuestos, del 61 al 77 %.
Como destino empresarial, Pierluisi aplaudió la presencia de compañías biofarmacéuticas, de dispositivos médicos y aeroespaciales, y sostuvo que su administración trabaja para acercar las capacidades de la fuerza laboral a la demanda de empleo en el sector tecnológico.
Subrayó la importancia de dar un giro hacia la «sostenibilidad económica» sin acumular deuda, para lo que ha resultado clave la distribución de fondos federales de la Ley de Reducción de la Inflación, la Ley de Chips y Ciencia y la Ley Bipartidista de Infraestructura, así como el plan de estímulo de la covid-19.
El cantante Luis Figueroa lanzó este jueves su nueva producción musical «Voy A Ti», en la que evoluciona la salsa con componentes urbanos para modernizar el sonido del género tropical.
«Cada país ha adoptado su propio estilo, pero todos tenemos el mismo denominador que es esa pasión y sentimiento por este género», dijo en un comunicado el artista estadounidense de origen puertorriqueño.
Figueroa aseguró que «Voy a ti’ viene a traer algo positivo» porque tiene el objetivo de que su música acompañe a sus fanáticos «en momentos alegres y no tan alegres».
En las cinco canciones que lo componen, Figueroa ha estado acompañado de compositores, músicos, productores y arreglistas como Édgar Barrera, Manuel Lara y Motiff.
El primer sencillo «La luz» es la sexta canción consecutiva de este artista en alcanzar el top 10 de la lista Billboard Tropical Airplay.
El resto de los temas son «Vuelve», una canción con ecos a la salsa romántica de principios de los 90 y arreglos actuales; «Por tu amor», con acompañamiento de piano; «Bandido», que fusiona lo tradicional y lo moderno de la música de hoy; y «A escondidas».
Figueroa viajará a Puerto Rico para cantar sus nuevos temas en vivo en una presentación en la Placita de Santurce, en San Juan, el próximo 27 de mayo.
El cantante ha recibido en los últimos años varias nominaciones a los galardones Grammy Latinos y a los Premios Lo Nuestro, incluido «Artista tropical del año».
Mayoral candidate Cherelle Parker takes part in a Democratic primary debate at the WPVI-TV studio in Philadelphia, April 25, 2023. Parker, the Democrat who will almost certainly become Philadelphia's next mayor wants to hire hundreds of additional police officers to walk their beats and get to know residents. She wants to devote resources to recruiting more police and says officers should be able to stop and search pedestrians if they have a legitimate reason to do so. (Photo: AP/Matt Rourke/File)
PHILADELPHIA. — The Democrat who will almost certainly become Philadelphia’s next mayor wants to hire hundreds of additional police officers to walk their beats and get to know residents. She wants to devote resources to recruiting more police and says officers should be able to stop and search pedestrians if they have a legitimate reason to do so.
Those positions, particularly the search policies that have been criticized for wrongly targeting people of color, would seem out of step in a progressive bastion like Philadelphia. But Cherelle Parker trounced her rivals in this week’s mayoral primary with a message that centered on tougher law enforcement to combat rising crime and violence.
While local politics don’t always align with the ideological divides that guide the national debate, Parker’s victory offers a fresh case study for Democrats as they wrestle with how to approach the issue of violent crime, which increased in many U.S. cities during the pandemic and continues to be top of mind for voters across the country. The issue has divided Democrats from city halls to the White House, particularly over how much to rely on policing and incarceration to solve what many see as social problems, such as drug abuse and homelessness.
Parker, a former state legislator and city council member, argued that it’s a false choice to decide between investing in policing and addressing broader societal problems.
“It is not either/or,” the 50-year-old Parker said during the campaign.
That approach helped her defeat progressive rival Helen Gym by more than 25,000 votes. Gym, who advocated for measures including stronger police training and faster 911 response times, was backed by Vermont Sen. Bernie Sanders and New York Rep. Alexandria Ocasio-Cortez and appeared with the lawmakers at a rally on the eve of the election. Gym and her supporters blamed her loss, in part, on late attacks funded by wealthy donors who opposed her progressive policies.
The debate over policing intensified in 2020 after the killing of George Floyd by Minneapolis police prompted worldwide protests about policing and calls to defund police — a push that the GOP used against Democrats in 2020 elections. While Democrat Joe Biden won that year, some moderate Democrats said the party wasn’t quick enough to denounce it.
In major U.S. cities that are Democratic strongholds, voters also have been divided in recent years.
New York elected Mayor Eric Adams, a former police captain who vowed to invest more in public safety, and San Francisco voters recalled a progressive prosecutor amid frustration about public safety. In Chicago, progressive Brandon Johnson — who favored investing in areas like housing and youth jobs — topped a more moderate rival who had support from the police union. And progressive prosecutor Kim Foxx, who prioritized violent crimes over lower-level offenses and faced blowback for dropping charges against actor Jussie Smollett, said she will not seek reelection.
In Philadelphia, Parker was the only Black candidate among the top tier of hopefuls on Tuesday and she was backed by majority Black precincts across the city in both early and Election Day ballots. In addition to 300 more officers, her public safety plan also called for fixing broken streetlights, removing graffiti and investing in programs for at-risk youth.
Parker also defended her support for “Terry stops,” or for officers to use “just and reasonable suspicion” to stop pedestrians. She and other candidates faced criticism including a protest at City Hall last month from those opposed to “stop and frisk.”
The policy has riled the city in the past, with critics saying it was used disproportionately against Black and Brown pedestrians. According to ACLU Pennsylvania, Philadelphia police nearly doubled the number of pedestrian stops during Mayor Michael Nutter’s administration in the 2000s. Civil rights lawyers said at least half of the more than 250,000 such stops in 2009 didn’t meet the legal standard, and almost none resulted in arrest. The ACLU sued to stop the practice, and monitors police use of stop and frisk under a settlement with the city.
“We want to build that relationship and we also want folks to know that there will be zero tolerance for any misuse and or abuse of authority,» Parker said in response to questions about her position. «But a proactive law enforcement presence is a key part of that plan, and I am unapologetic about it.”
Tuesday’s result suggests the salience of police reform may be subsiding from the days when people were protesting in overwhelming numbers, said Michael Sances, a political science professor at Temple University.
”(Crime) has crowded out concerns about overpolicing,» he said. «It doesn’t mean that people have become anti-reform, that can easily be surfaced. It’s just a sign of where the public’s attention is, and where political leaders have moved, and that’s really toward the center.”
Philadelphia saw a record number of homicides in 2021, most of them gun-related. That number fell from 562 to 516 in 2022, but was still significantly higher than pre-pandemic levels. On Wednesday, an 18-year-old was rearrested in Philadelphia after he escaped from a prison in the city along with another inmate. The man was being held on charges in four slayings.
But in a reminder that there’s no easy trend line on the political dynamics related to crime, voters in Pittsburgh made a turn to the left in Tuesday’s Democratic primary for county prosecutor. Allegheny County District Attorney Stephen Zappala, in office for nearly a quarter century, is trailing challenger Matt Dugan by double digits in unofficial returns, although Republicans launched a write-in campaign for him so the two could face off again in November.
Dugan, the county’s chief public defender, ran on a range of progressive policies, including eliminating cash bail, diverting low-level and nonviolent crimes, and emphasizing mental health and substance abuse treatment.
What happens in Philadelphia and Pittsburgh could have national implications as Pennsylvania will again be a prime battleground in 2024.
Biden has walked a difficult line on crime, policing and the communities that have been disproportionately impacted by both. The president has said it’s possible to bring down crime and also reform criminal justice and policing at the same time, though Republicans claim crime is up because of those reforms.
Biden often says he believes police need better tools and training, calling them heroes who do a difficult job. He’s also been vocal about the need to reform how policing has worked in Black and other nonwhite communities in the wake of the deaths of Floyd and other Black people killed by police.
This week, the Senate voted to overturn a local Washington, D.C. law enacted to improve police accountability that was backed by the district’s Democratic mayor. It was the second time this year that Democrats joined with Republicans to reject a D.C. measure amid high rates of crime. Earlier, Biden agreed with the GOP that some of the measures — such as lowering penalties for carjackings — went too far.
Biden was expected to veto this week’s vote, which would mean upholding the D.C. law, saying that while he doesn’t back all provisions in the D.C. law he does support “commonsense police reforms” that are part of it, such as banning chokeholds, limiting the use of deadly force and improving access to body cameras and requiring additional training.
Por el momento la Ciudad no tiene ninguna información sobre posibles autobuses adicionales que vengan a Filadelfia. (Foto: Cortesía/Oficina de prensa de la alcaldía de Filadelfia)
ACTUALIZACION
La Ciudad de Filadelfia proporcionó una actualización sobre los más recientes autobuses con solicitantes de asilo, provenientes de Texas que llegaron a Filadelfia el 10, 14, 17 y 18 de mayo.
La Ciudad informó que son 31 solicitantes de asilo los que llegaron a la estación de la calle 30 el 10 de mayo, de los cuales 26 de ellos fueron transportados y acogidos en las instalaciones de la ciudad en la calle E. Luzerne en el norte de Filadelfia, donde aún viven 11 migrantes que llegaron en buses anteriores. Se informa que todos los que llegaron son de Venezuela.
De los 47 solicitantes de asilo que llegaron a Filadelfia en autobús el 14 de mayo; 38 de ellos fueron transportados a las instalaciones de bienvenida de la ciudad.
Las personas y familias que llegaron el pasado domingo son de Perú, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, Guatemala y Brasil. En conmemoración del Día de la Madre, las madres que llegaban fueron recibidas con flores provistas por socios de organizaciones sin fines de lucro.
Hoy, la Ciudad de Filadelfia proporcionó una actualización sobre los buses con solicitantes de asilo de Del Río, Texas y su llegada a Filadelfia, marcando 23 buses totales desde el 16 de noviembre del año pasado.
El miércoles 17 de mayo, aproximadamente 34 solicitantes de asilo viajaron de Texas a Filadelfia en bus. A su llegada a las instalaciones de acogida de la ciudad todos fueron registrados. Muchos de ellos proceden de Perú, Ecuador, Honduras, Guatemala, y Colombia.
Además, un bus adicional llegó el jueves 18 de mayo con unos 46 solicitantes de asilo procedentes de Texas. A su llegada a la estación de la calle 30, 38 de ellos fueron transportados a las instalaciones de acogida de la ciudad. Las personas y familias que llegaron proceden de Colombia, Venezuela, Ecuador, y la República Dominicana.
Hasta la fecha, Filadelfia ha recibido a casi 1.000 solicitantes de asilo y ha seguido desarrollando los esfuerzos de acogida de la ciudad en coordinación con socios sin ánimo de lucro, añadiendo capacidad para la gestión de acogida y casos a través de proveedores contratados.
Por el momento la Ciudad no tiene ninguna información sobre posibles autobuses adicionales que vengan a Filadelfia. (Foto: Cortesía/Oficina de prensa de la alcaldía de Filadelfia)
«Filadelfia dio la bienvenida y ayudó con éxito a cientos de solicitantes de asilo desde el inicio de esta operación el año pasado y planeamos continuar haciéndolo según sea necesario después del final de la aplicación del Título 42», dijo el alcalde Jim Kenney.
«Como habitantes de Filadelfia y como ciudadanos de este país, es nuestra obligación asegurarnos de que todas las personas tengan la oportunidad de buscar una vida más segura y esperanzadora en los Estados Unidos. Estoy orgulloso de que nuestra ciudad sea parte de sus historias y un lugar de refugio para familias y niños».
Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, el Título 42 se ha utilizado como una herramienta para expulsar a cientos de miles de migrantes a sus países de origen y disuadir la inmigración, incluidos aquellos que huyen de crisis y solicitan asilo.
La Ciudad ha continuado construyendo sobre los esfuerzos de bienvenida en coordinación con socios clave sin fines de lucro, y así agregar capacidad para el manejo de refugios y apoyo de administración de casos a través de mayor cantidad de proveedores contratados.
Por el momento, la Ciudad no tiene ninguna información sobre posibles autobuses adicionales que vengan a Filadelfia; e informa cuáles son los servicios prestados inmediatamente después de su llegada, a las personas que fueron recibidas por la Oficina de Asuntos de Inmigrantes (OIA) de la Ciudad, la Oficina de Manejo de Emergencias (OEM), el Departamento de Salud Pública de Filadelfia, y una variedad organizaciones sin fines de lucro, así como hospitales locales que brindan estos servicios.
Por el momento la Ciudad no tiene ninguna información sobre posibles autobuses adicionales que vengan a Filadelfia. (Foto: Cortesía/Oficina de prensa de la alcaldía de Filadelfia)
* Examen de salud de emergencia, espacio de refugio, comida y agua, servicios jurídicos, servicios sociales, gestión de casos, e interpretación lingüística en el lugar.
La Ciudad dijo que continuará trabajando con socios comunitarios para organizar la evaluación médica y el seguimiento de cualquier recién llegado que necesite atención de salud.
Los fondos recaudados por el Fondo de Bienvenida se proporcionarán a organizaciones sin fines de lucro en el área de Filadelfia que apoyan a los recién llegados.
Nationalities Services Center y HIAS Pennsylvania se encuentran entre las organizaciones sin fines de lucro que ofrecen servicios legales de inmigración a inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo, incluidos nuestros recién llegados.
Casa De Venezuela, Gente De Venezuela, Juntos, New Sanctuary Movement, Catholic Social Services, Aquinas Community Center, PA Immigrant Family Unity Project (PAIFUP), PA Immigration and Citizenship Coalition, Alianza Latina, the Salvation Army, the Wyss Wellness Center, María de los Santos, junto con otras organizaciones, se han venido organizando para darle la ayuda necesaria a los solicitantes de asilo, que se espera sigan llegando.
La Oficina de Asuntos de Inmigrantes (OIA, por sus siglas en inglés) de la Ciudad de Filadelfia y el Fondo de la Alcaldía de Filadelfia han lanzado el Fondo de Bienvenida de Filadelfia, Philadelphia Welcoming Fund – The Philadelphia City Fund (philacityfund.org) donde existe la oportunidad de contribuir a los esfuerzos locales para dar la bienvenida a inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo en Filadelfia, y es la mejor manera de apoyarlos para la ayuda inmediata y a largo plazo.
Fotografía de archivo de una familia de migrantes compuesta de 3 adultos y dos niños centroamericanos que son rescatados por Agentes del Grupo Beta y socorristas de la Cruz Roja mexicana. EFE/Miguel Sierra
Nueve de los 50 migrantes secuestrados en un autobús que fue interceptado en el estado de San Luis Potosí, por presuntos secuestradores, lograron escapar de sus captores y fueron hallados por agentes de policía, informaron este miércoles autoridades del estado de Nuevo León.
En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León (SSPNL) informó de que de los nueve migrantes hallados, siete son originarios de Venezuela y dos de Honduras.
Los migrantes fueron hallados en una zona rural de la carretera Matehuala-Saltillo en el kilómetros 73 y sus edades oscilan entre 18 y 35 años.
La dependencia reportó que el martes por la tarde agentes de Fuerza Civil encontraron a seis hombres que pedían auxilio en la citada carretera y posteriormente localizaron a tres migrantes más, quienes de inmediato relataron los hechos y les dijeron que pertenecían al grupo de personas que habían secuestradas.
Este miércoles, el encargado del despacho de la Fiscalía de Nuevo León, Pedro Arce, declaró a medios que en el estado «solamente se realizó el hallazgo del autobús en la cual viajaban los 50 migrantes y dos choferes», además de brindar apoyo a 9 migrantes que escaparon de los captores y que fueron hallados en una carretera.
Arce compartió a medios que el GPS de la unidad de pasajeros confirmó que los sucesos ocurrieron en San Luis Potosí.
Esto luego que la noche del martes, la Fiscalía General de Justicia de San Luis Potosí sostuvo que la privación ilegal de la libertad de los 50 migrantes sucedió en el estado de Nuevo León.
Arce confirmó que del grupo de 50 migrantes secuestrados, nueve, siete venezolanos y dos hondureños, lograron escapar de los secuestradores y se les brindó ayuda en Nuevo León luego de que fueron ubicados en el municipio de Doctor Arroyo, en los límites entre Nuevo León y San Luis Potosí.
Este miércoles, en su conferencia diaria, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se está atendiendo el secuestro de los 50 migrantes en la carretera federal 57, en Matehuala, San Luis Potosí.
Para ello señaló que la Guardia Nacional puso en marcha un operativo para dar con el paradero de los migrantes y dijo que posiblemente estos hechos estén vinculados al secuestro de 121 migrantes, que ocurrió a inicios de abril en la misma región.
Debra Long walks near the tombstone of her son, Randy Long, in Poughkeepsie, N.Y., April 19, 2023. An AP examination of data from 23 states shows that Black people are disproportionately denied aid from programs that reimburse victims of violent crime. (Photo: AP/Seth Wenig)
The cold formality of the letter is seared in Debra Long’s memory.
It began “Dear Claimant,” and said her 24-year-old son, Randy, who was fatally shot in April 2006, was not an “innocent” victim. Without further explanation, the agency that assists violent-crime victims and their families, known then as the New York Crime Victims Board, refused to help pay for his funeral.
Randy was a father, engaged to be married and studying to become a juvenile probation officer when his life was cut short during a visit to Brooklyn with friends. His mother, angry and bewildered by the letter, wondered: What did authorities see — or fail to see — in Randy?
“It felt racial. It felt like they saw a young African American man who was shot and killed and assumed he must have been doing something wrong,” Long said. “But believe me when I say, not my son.”
In this April 19, 2023 photo, Debra Long of Poughkeepsie, N.Y., holds the letter that explains why she was initially denied reimbursement for the funeral of her son, Randy Long, who was murdered in 2006. An AP examination of data from 23 states shows that Black people are disproportionately denied aid from programs that reimburse victims of violent crime. (Photo: AP/Seth Wenig)
Debra Long had bumped up against a well-intentioned corner of the criminal justice system that is often perceived as unfair.
Every state has a program to reimburse victims for lost wages, medical bills, funerals and other expenses, awarding hundreds of millions in aid each year. But an Associated Press examination found that Black victims and their families are disproportionately denied compensation in many states, often for subjective reasons that experts say are rooted in racial biases.
The AP found disproportionately high denial rates in 19 out of 23 states willing to provide detailed racial data, the largest collection of such data to date. In some states, including Indiana, Georgia and South Dakota, Black applicants were nearly twice as likely as white applicants to be denied. From 2018 through 2021, the denials added up to thousands of Black families each year collectively missing out on millions of dollars in aid.
Debra Long looks through documents about the murder of her son, Randy Long, and photographs from his life, at her home in Poughkeepsie, N.Y., April 19, 2023. An AP examination of data from 23 states shows that Black people are disproportionately denied aid from programs that reimburse victims of violent crime. (Photo: AP/Seth Wenig)
The reasons for the disparities are complex and eligibility rules vary somewhat by state, but experts — including leaders of some of the programs — point to a few common factors:
— State employees reviewing applications often base decisions on information from police reports and follow-up questionnaires that seek officers’ opinions of victims’ behavior — both of which may contain implicitly biased descriptions of events.
— Those same employees may be influenced by their own biases when reviewing events that led to victims’ injuries or deaths. Without realizing it, a review of the facts morphs into an assessment of victims’ perceived culpability.
— Many state guidelines were designed decades ago with biases that benefited victims who would make the best witnesses, disadvantaging those with criminal histories, unpaid fines or addictions, among others.
As the wider criminal justice system — from police departments to courts — reckons with institutional racism in the aftermath of the police killing of George Floyd, compensation programs are also beginning to scrutinize how their policies affect people of color.
“We have this long history in victims services in this country of fixating on whether people are bad or good,” said Elizabeth Ruebman, an expert with a national network of victims-compensation advocates and a former adviser to New Jersey’s attorney general on the state’s program.
Debra Long looks through documents about the murder of her son, Randy Long, and photographs from his life, at her home in Poughkeepsie, N.Y., April 19, 2023. An AP examination of data from 23 states shows that Black people are disproportionately denied aid from programs that reimburse victims of violent crime. (Photo: AP/Seth Wenig)
As a result, Black and brown applicants tend to face more scrutiny because of implicit biases, Ruebman said.
In some states examined by AP, such as New York and Nebraska, the denial rates for Black and white applicants weren’t too far apart. But the data revealed apparent bias in other ways: While white families were more likely to be denied for administrative reasons, such as missing deadlines or seeking aid for crimes that aren’t covered, Black families were more likely to be denied for subjective reasons, such as whether they may have said or done something to provoke a violent crime.
In Delaware, where Black applicants accounted for less than half of the compensation requests between 2018 and 2021 but more than 63% of denials, officials acknowledged that even the best of intentions are no match for systemic bias.
At her home in Poughkeepsie, N.Y., on April 19, 2023, Debra Long reflects on her years-long effort to get reimbursed by the state for the funeral of her murdered son, Randy Long. An AP examination of data from 23 states shows that Black people are disproportionately denied aid from programs that reimburse victims of violent crime. (Photo: AP/Seth Wenig)
“State compensation programs are downstream resources in a criminal justice system whose headwaters are inextricably commingled with the history of racial inequity in our country,» Mat Marshall, a spokesman for Delaware’s attorney general wrote in an email. “Even race-neutral policy at the programmatic level may not accomplish neutral outcomes under the shadows that race and criminal justice cast on one another.”
The financial impact of a crime-related injury or death can be significant. Out of pocket expenses for things like crime scene cleanup or medical care can add up to thousands of dollars, prompting people to take out loans, drain savings or rely on family members.
After Randy was killed, Debra Long paid for his funeral with money she had saved for a down payment on her first house. Seventeen years later, she still rents an apartment in Poughkeepsie, New York.
Paperwork and letters relating to the case of Randy Long, who was murdered in 2006, are shown by his mother, Debra Long, in Poughkeepsie, N.Y., April 19, 2023. An AP examination of data from 23 states shows that Black people are disproportionately denied aid from programs that reimburse victims of violent crime. (Photo: AP/Seth Wenig)
Thousands of people are denied compensation every year for reasons having nothing to do with the crime itself. They are denied because of victims’ behavior before or after a crime.
Applicants can be denied if police or other officials say they failed to cooperate with an investigation. That can inadvertently harm people who are wary of retribution for talking to police, or people who don’t have information. A Chicago woman who was shot in the back was denied for failing to cooperate even though she couldn’t identify the shooter because she never saw the person.
And compensation can be denied merely based on circumstantial evidence or suspicions, unlike the burden of proof that is necessary in criminal investigations.
Paperwork and letters relating to the case of Randy Long, who was murdered in 2006, are shown by his mother, Debra Long, in Poughkeepsie, N.Y., April 19, 2023. An AP examination of data from 23 states shows that Black people are disproportionately denied aid from programs that reimburse victims of violent crime. (Photo: AP/Seth Wenig)
Many states deny compensation based on a vaguely defined category of behavior — often called “contributory misconduct” — that includes anything from using an insult during a fight to having drugs in your system. Other times people have been denied because police found drugs on the ground nearby.
In the data examined by AP, Black applicants were almost three times as likely as applicants of other races to be denied for behavior-based reasons, including contributory misconduct.
“A lot of times it’s perception,” said Chantay Love, the executive director of the Every Murder is Real Healing Center in Philadelphia.
Love rattles off recent examples: A man killed while trying to break up a fight was on parole and was denied compensation, the state reasoned, because he should have steered clear of the incident; another was stabbed to death, and the state said he contributed because he checked himself out of a mental-health treatment facility a few hours earlier against a doctor’s advice.
Debra Long looks through documents about the murder of her son, Randy Long, and photographs from his life, at her home in Poughkeepsie, N.Y., April 19, 2023. An AP examination of data from 23 states shows that Black people are disproportionately denied aid from programs that reimburse victims of violent crime. (Photo: AP/Seth Wenig)
Long scoured the police account of her son’s shooting. She called detectives and pleaded to know if they had said anything to the compensation program that would have implicated her son in some kind of a crime. There was nothing in the report. And detectives said they hadn’t submitted any additional information.
Every chance Long got, she reminded detectives and the state officials reviewing her claim that Randy had never been in trouble with the police. She wanted them to understand the injustice was also being felt by Randy’s then-toddler son, who would only know his father through other people’s memories.
Long kept information about her son’s case in a box near her kitchen. As more than 20 notebooks full of conversations with detectives piled up, Long tucked the state’s rejection letter inside a folder so she wouldn’t lose it, but also so she didn’t have to see it every time she searched for something.
“What plays in their mind is that their loved one wasn’t important,” said Love of the Philadelphia-based advocacy group. “It takes the power away from it being a homicide, and it creates a portion of blame for the victim.”
In recent years, several states and cities have changed eligibility rules to focus less on victims’ behavior before or after crimes.
In Pennsylvania, a law went into effect in September that says applicants cannot be denied financial help with funerals or counseling services because of a homicide victim’s behavior. In Illinois, a new program director has retrained employees on ways unconscious bias can creep into their decisions. And in Newark, New Jersey, police have changed the language they use in reports to describe interactions with victims, leading to fewer denials for failure to cooperate.
Xia’la Long looks at the tombstone of her uncle, Randy Long, who was murdered in 2006, while posing for a photo at a cemetery in Poughkeepsie, N.Y., April 19, 2023. An AP examination of data from 23 states shows that Black people are disproportionately denied aid from programs that reimburse victims of violent crime. (Photo: AP/Seth Wenig)
Long, who now works as a victims advocate, was in a training session in 2021 when a speaker began praising New York state’s compensation program. Long tried to stay quiet and get through the training session, but couldn’t. She told the group about her experience and the weight of the letter.
An Office of Victims Services employee approached Long after the meeting. She told Long the program had undergone an overhaul. There were no longer five board members who could make subjective decisions about claims. The program was now operating as a division, and there had been a cultural shift within the agency in the last decade including an increased focus to reach victims of color. She convinced Long to resubmit her claim.
Xia’la Long kisses her uncle Randy Long’s tombstone while posing for a picture for her mother, Tamara Long, and grandmother, Debra Long, in Poughkeepsie, N.Y., April 19, 2023. An AP examination of data from 23 states shows that Black people are disproportionately denied aid from programs that reimburse victims of violent crime. (Photo: AP/Seth Wenig)
A few weeks later, and nearly 15 years after Randy was buried, Long’s application was approved and the state sent her a check for $6,000 — the amount she would have received back in 2006. She used part of that money to help Randy’s son, who is now in college, pay for summer classes.
“It’s not about the monetary amount,” Long said. “It was the way I felt I was treated.”
El proyecto lleva el título Ley de Niños de Estados Unidos, y cuenta con el patrocinio del senador Álex Padilla, quien preside el Subcomité de Inmigración en la cámara alta, y el representante Ami Bera, ambos demócratas de California. Fotografía de archivo. (Foto: EFE/Beatriz Limón)
Un grupo de legisladores demócratas presentó en el Congreso este miércoles un proyecto de ley para dar amparo a unos 250.000 «soñadores documentados» que encaran la deportación.
«Estos adultos jóvenes son criados y educados en Estados Unidos y merecen una forma de quedarse aquí», afirmó en una conferencia de prensa Deborah Ross, representante de Carolina del Norte y miembro del Subcomité de Inmigración en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes.
El proyecto lleva el título Ley de Niños de Estados Unidos, y cuenta con el patrocinio del senador Álex Padilla, quien preside el Subcomité de Inmigración en la cámara alta, y el representante Ami Bera, ambos demócratas de California.
La iniciativa, presentada sin éxito en períodos legislativos anteriores, se refiere a inmigrantes que se encuentran en Estados Unidos con visas de largo plazo vinculadas a las visas temporales de empleo de sus padres o madres.
Algunas de esas visas no dan paso a la obtención de la ciudadanía estadounidense por lo cual, cuando cumplen 21 años de edad, estos inmigrantes deben ser deportados.
Llamados por ello «soñadores documentados», estos jóvenes resultan excluidos de las políticas adoptadas o propuestas a favor de los «soñadores», esto es los inmigrantes llegados ilegalmente al país cuando eran menores de edad y que, técnicamente, son indocumentados.
El Gobierno del expresidente Barack Obama estableció en 2012 el programa conocido como DACA, que difirió la deportación de los «soñadores indocumentados».
A comienzos de 2017 el entonces presidente de EE. UU. Donald Trump canceló el programa y desde entonces, los inmigrantes amparados por DACA han quedado en un limbo mientras continúan las querellas en tribunales.
El proyecto de ley presentado hoy propone una senda a la residencia permanente para los migrantes traídos al país como dependientes de las visas de sus padres o madres, y que además han tenido ese estatus legal por diez años y se han graduado de una universidad estadounidense.
Un grupo de investigadores ha descubierto un tipo de célula cerebral que genera apetito cuando existe un exceso de energía en el cuerpo, como le sucede a las personas obesas.
El hallazgo, publicado este miércoles en la revista especializada Cell Metabolism, identifica que estas células no solo producen una molécula que estimula el hambre, sino que hacen al cerebro más sensible a estos estímulos.
Así, una persona con un exceso de grasa sentirá un mayor apetito que una más delgada.
Los investigadores esperan que este descubrimiento ayude a desarrollar medicamentos dirigidos específicamente a bloquear estos receptores en el cerebro, lo que haría más efectivos los tratamientos para perder peso.
Según explicó el principal autor del estudio, Herbert Herzog, en un comunicado, nuestro cerebro está «programado para resistir la (…) pérdida de peso, que considera una amenaza a nuestra supervivencia».
Herzog calificó el mecanismo descubierto de «círculo vicioso», ya que impide al cuerpo equilibrar su consumo de energía y su acumulación.
El equipo de investigadores forma parte del Instituto Garvan de Investigación Médica, situado en la localidad australiana de Darlinghurst, un suburbio de Sídney.