Desde su cuna en Tennessee (EE. UU.) donde en 1939 nació como Anna Mae Bullock, la de Tina Turner fue una carrera en la que logró sobreponerse al racismo y el machismo de una industria y una sociedad que luego la condenó al ostracismo… hasta que renació independizada y reinventada como «la mejor».
He aquí diez canciones que ilustran por qué antes de Beyoncé tuvo que existir aquella mujer que recorrió uno de los caminos más tortuosos y a la vez triunfales de la historia de la música, diez canciones prendidas a una voluntad de hierro y a una garganta forjada en fuego, como sus caderas.
1) «A Fool In Love»: Lanzado en 1960, este corte de r&b supuso su debut musical a nivel profesional, compartido como parte del dúo junto al que se convertiría en su marido, Ike & Tina Turner. Fue su primer éxito comercial conjunto.
2) «It’s Gonna Work Out Fine»: Su segundo gran «hit» como pareja les llegó de la mano de este tema publicado en 1961 que se convirtió además en el primero por el que Tina Turner recibió una nominación a los premios Grammy.
3) «River Deep – Mountain High»: Impresionado por la fuerza de Tina, el archiconocido productor Phil Spector, el del «muro de sonido», invitó al dúo a su estudio. Con 21 músicos de sesión implicados y «unas 500.000 tomas» exigidas a la artista, el resultado fue la que está considerada una de las «500 grandes canciones de todos los tiempos» por la revista Rolling Stone.
4) «Proud Mary»: John Fogerty creó este tema para su banda, la Creedence Clearwater Revival, y con ella obtuvo uno de sus grandes éxitos, aunque probablemente la versión que más ha trascendido ha sido la que Ike y Tina realizaron en 1971, un canto de orgullo feminista interpretado curiosamente por una mujer entonces sometida al yugo de un hostigador y que les proporcionó un Grammy.
5) «Nutbush City Limits»: Escrita por ella misma, es un relato autobiográfico en el que regresa a su ciudad natal y a sus modestísimos orígenes. Editada en 1973, fue uno de los últimos temas que publicó junto a Ike Turner.
6) «Private Dancer»: En los años posteriores a su traumática ruptura con Iker Turner, Tina comenzó a convertirse más en un recuerdo que en una artista vigente. En los 80, sin embargo, Capitol Records confió en su resurrección alejándola del r&b, primero con su reinterpretación del «Let’s Stay Together» de Al Green y, sobre todo, con la de este tema escrito y desechado por el mismísimo Mark Knopfler. Para ella, Jeff Beck grabó una de las guitarras.
7) «What’s Love Got to Do with It»: Curioso que este tema pasara de mano en mano, de Cliff Richard a Donna Summer, hasta que Tina lo convirtió en su mayor éxito en EE.UU. Fue así como se alzó como la mujer de mayor edad que coronaba la lista americana, todo un golpe en la mesa que demostró que una mujer de mediana edad (45 años por aquel entonces) aún estaba lejos de ser una estrella en decadencia.
8) «We Don’t Need Another Hero»: Pese a los recelos de su entorno, Turner ansiaba conferirle a su música toques más roqueros y lo consiguió en 1985 con esta «power ballad» con «riffs» guitarreros que nació como tema central de la BSO de la película «Mad Max. Más allá de la cúpula del trueno», en la que ella participó como amazona encuerada de armas tomar.
9) «The Best»: Más conocida popularmente como «Simply (The Best») por su estribillo, una vez más Turner tuve el acierto de versionar un corte que en su primera encarnación bajo la voz de Bonnie Tyler apenas tuvo trascendencia. Lanzada de nuevo en 1988 bajo la producción de Desmond Child, es quizás su indiscutible último gran éxito mundial.
10) «Goldeneye»: Con la melena más corta, una vez más demostró que no se la podía dar por olvidada, menos si cuentas a tu servicio con autores con los mismísimos Bono y The Edge, de U2, para este tema de 1995 destinado a la saga cinematográfica de James Bond en el que ella dio de sí toda su garra felina.
Antonieta Cádiz es actualmente la directora general de asuntos latinos para Climate Power. (Foto: Archivo)
Estamos a tan sólo ocho días de alcanzar el límite de la deuda nacional. Si el Congreso no actúa, Estados Unidos podría quedarse sin dinero para pagar sus facturas tan pronto como el 1 de junio. Al no elevarse el techo de la deuda, como ya se ha hecho muchas veces, millones de personas sufrirán las repercusiones del juego político orquestado por los republicanos MAGA en el Congreso. Sería una catástrofe económica que perjudicaría a jubilados y veteranos, empleados públicos y tantos otros que no tienen tiempo ni recursos que perder.
El Default on America Act, aprobada por los republicanos de la Cámara, incluye recortes a la energía limpia, el progreso climático, la educación, la asistencia alimentaria, la atención médica y recortes a programas de veteranos, entre otros. A cambio de evitar la catastrófica posibilidad del impago, la bancada MAGA está reteniendo al presupuesto nacional como rehén a cambio de aprobar estos devastadores recortes. Intentan negociar con el impago en una mano y terribles recortes en la otra. Es injusto para el país.
Los republicanos extremistas han puesto en juego nuestra economía como parte de una terrible maniobra de negociación para revertir la significativa Ley para Reducir la Inflación, promulgada por el presidente Biden el verano pasado. Nuestra economía no debería ser una pieza en un juego político, especialmente cuando está en juego derogar partes esenciales de una legislación histórica que tanto ha beneficiado a nuestra economía y a nuestro planeta.
La Ley para Reducir la Inflación es responsable por nuestros logros en la transición hacia una economía de energía limpia. Una economía que necesitamos ya que proporciona buenos puestos de trabajo y al mismo tiempo nos aleja de la industria del gas y el petróleo que ha provocado la crisis climática en la que nos encontramos.
La semana pasada, Climate Power publicó un nuevo informe que muestra cómo, desde la promulgación de la Ley para Reducir la Inflación, el plan de energía limpia de la administración Biden ha estimulado un crecimiento económico en las comunidades de color. Según el nuevo informe, desde la aprobación de la ley, 129 de los más de 190 proyectos de energía limpia anunciados se encuentran en comunidades de color, lo que ha aportado más de 85.263 nuevos puestos de trabajo en energía limpia y $100.340 millones en inversiones a las comunidades de color como las nuestras.
Concretamente, en las comunidades latinas, esta ley se ha traducido a 43 nuevos proyectos de energía limpia, estimulando $28.500 millones en inversiones y 35.105 nuevos puestos de trabajo en energía limpia. Convirtiendo a estados como Arizona, Nevada, California, Texas y Rhode Island en los estados que cuentan con la mayor cantidad de nuevos puestos de trabajo en energías limpias en las comunidades latinas.
Simplemente no tiene sentido. ¿Por qué los republicanos MAGA insisten en destruir una economía que funciona para todos y ayuda en la lucha contra el cambio climático?
La semana pasada, 116 ejecutivos y líderes de energías limpias que representan a más de 1.300 empresas de energías limpias firmaron una carta instando al Presidente Biden y a los líderes del Congreso a que retiraran de la mesa la derogación de la Ley para Reducir la Inflación y no permitieran que se vinculara a un posible impago de la deuda estadounidense. Los directores ejecutivos que firmaron la carta lideran empresas que han podido crecer gracias a esta legislación histórica, garantizando que comunidades como la nuestra tengan acceso a energías limpias y a empleos sostenibles y bien remunerados para sus familias.
El Default on America Act de los republicanos MAGA de la Cámara de Representantes mantiene el presupuesto nacional como rehén en favor de recortes devastadores a políticas que la gente necesita, al tiempo que da prioridad a las corporaciones y a los multimillonarios que están perjudicando la salud de nuestras comunidades y destruyendo nuestro planeta.
Denver (CO).- Las Escuelas Públicas de Denver (DPS) abrieron hoy miércoles su primer “espacio de descompresión” en un establecimiento educativo con mayoría de alumnos latinos para que esos estudiantes puedan desahogarse de las tensiones emocionales generadas por el desproporcionado impacto que la reciente pandemia tuvo en la comunidad hispana.
Tony Abel-Pype, maestro en DPS desde 2009 e impulsor del proyecto, explicó que el nuevo espacio es un lugar “al que uno va cuando necesita un minuto para calmarse o para encontrar inspiración”.
Abel-Pype, instructor de liderazgo cívico juvenil en la Academia Kunsmiller de Artes Creativas (KCAA) de DPS, trabajó durante los últimos dos años con 12 estudiantes de nivel secundario para definir una respuesta apropiada dentro de las escuelas a los desafíos de salud mental entre los alumnos latinos.
Tras revisar espacios similares ya en uso en algunas universidades, los estudiantes primero diseñaron su propio “espacio” y luego gestionaron un subsidio de 15.000 dólares para construirlo. La sala (siempre supervisada por un adulto) incluye un costal de kickboxing, guitarras con amplificadores, colchonetas de yoga y arte tridimensional.
“Es supergenial. Creo que será una herramienta importante que los estudiantes usarán para relajarse y tomar un respiro del estrés de la escuela secundaria”, dijo en un comunicado Piper Morian, una estudiante de undécimo grado que participó en el diseño del nuevo espacio.
Para facilitar la “descompresión”, el espacio incluye un mural de la artista local Zaida Sever, graduada de KCAA y ahora estudiante universitaria preparándose para ser maestra de arte.
Sever, nacida y criada en Colorado, comenzó su carrera artística precisamente en la escuela secundaria al asistir a un taller de arte en una organización no lucrativa de Denver. Ella describe su estilo como “un libro de cómics impresionista”.
El mural, señaló Sever, es un “estudio artístico de las emociones” que a la vez permite “celebrar nuestra identidad y nuestras conexiones”.
La KCAA cuenta con casi 900 estudiantes, con un 80 % de alumnos latinos y 82 % de alumnos provenientes de familias de bajos recursos. El establecimiento está ubicado en el vecindario Harvey Park, en el oeste de Denver, donde el 60 % de los residentes son hispanos, uno de cada tres de ellos inmigrante (principalmente de México).
Según la organización nacional Mental Health America (reporte de enero de 2023), durante la pandemia de covid-19 Colorado fue el estado con el más alto porcentaje (23,5 %) de personas con problemas de salud mental.
La misma fuente indica que actualmente la situación solo mejoró levemente (el porcentaje se redujo a 23,1 %), pero lo suficiente para superar a Washington, Ohio, Oregón, Virginia del Oeste y Utah. El estado con la menor proporción de personas con problemas de salud mental sigue siendo Nueva Jersey (16,3 %).
Por su parte, un reporte de la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental (SAMHSA) con datos de 2022 indica que los jóvenes latinos en Colorado son “significativamente más proclives” a experimentar problemas de salud mental que los no latinos: 31 % de los menores de edad en Colorado son latinos, pero los latinos representan el 38 % de los jóvenes que son tratados por temas relacionados con salud mental.
El “espacio de descompresión” en KCAA (que será duplicado en otras escuelas cuando se cuente con los fondos necesarios) estará abierto a toda la comunidad escolar, no solamente los estudiantes. Según DPS, “no será un espacio de encuentros para no ir a clases”.
The Conemaugh Generation Station emits steam in New Florence, Pa., Feb. 6, 2007. Pennsylvania's Supreme Court Wednesday, May 24, 2023, will take its first crack at whether a governor can force power plant owners to pay for their planet-warming greenhouse gas emissions, or whether approval from a hostile Legislature was required first. (Photo: AP/Todd Berkey/The Tribune-Democrat)
HARRISBURG, Pa. — Pennsylvania’s Supreme Court will take its first crack at whether a governor can force power plant owners to pay for their planet-warming greenhouse gas emissions, or whether he first needed approval from a Legislature that refused to go along with the plan.
On Wednesday, the state’s highest court will hear arguments on whether a lower court was right to halt Pennsylvania’s participation in a multistate consortium that imposes a price and declining cap on carbon dioxide emissions from power plants.
The way the justices react could give hints as to how they might ultimately rule on whether Pennsylvania’s participation — without legislative approval — is constitutional.
It is no small amount of money: Pennsylvania would have raised more than $1 billion had it begun participating in 2022 when former Gov. Tom Wolf intended, according to calculations by the Natural Resources Defense Council, a nonprofit environmental advocacy group.
It became the central plank in Wolf’s plan to fight global warming.
Republican lawmakers, fossil fuel interests, industrial power users and trade unions oppose it, saying it will hurt the state’s energy industry and drive up electric bills.
The case is a political minefield for Gov. Josh Shapiro, Wolf’s successor and a fellow Democrat who was endorsed by some of the labor unions that fought Wolf’s effort to join the consortium.
Shapiro has maintained that he does not support entering the consortium, the Regional Greenhouse Gas Initiative, on Wolf’s terms. But he continues to fight for it in court and his top environmental protection appointee told lawmakers in March that joining the consortium is “a vehicle” that could help meet Shapiro’s “strong and very aspirational goals” to help the environment.
Meanwhile, Shapiro has assembled a task force to try to come up with something better — a task force that meets in secret and includes opponents from organized labor and executives from companies invested in fossil fuels, as well as supporters of carbon pricing.
State officials, independent researchers and environmental advocates say the money reaped by the state through the auction of emission credits can be spent on encouraging the growth of renewable energy and energy conservation. That, they say, would stabilize electricity bills, or lower them, while cutting greenhouse gas emissions and helping transition workers in fossil fuels into new industries.
Supporters of carbon pricing include the owners of solar, wind and nuclear power, whose installations would become more cost competitive as oil, gas and coal power pay higher prices to operate.
In 2019, Republican lawmakers refused to pass legislation authorizing Pennsylvania to join the consortium, then went to court with fossil fuel interests and labor unions when Wolf used his regulatory authority to join.
The lower court that halted Pennsylvania’s participation is still deciding the merits of the underlying legal challenge: whether the governor unconstitutionally usurped the Legislature’s authority to approve any form of taxation.
Shapiro has echoed criticism of Wolf’s carbon pricing plan, saying it could hurt the state’s energy industry, drive up electric prices and do little to curtail greenhouse gases.
For his part, Shapiro’s most well-defined clean-energy goal is a pledge to ensure Pennsylvania uses 30% of its electricity from renewable power sources by 2030, up from the current 8% in state law.
Pennsylvania is the only state among its neighbors to permit the use of handheld wireless electronic devices while driving. It’s time for the commonwealth to ban this risky habit, too.
Sen. Rosemary Brown, R-Monroe, has again introduced legislation to bring Pennsylvania in line with 25 other states — and safety recommendations — by banning driving “while holding or supporting any electronic wireless device.” The Senate Transportation Committee passed the bill, 13-1, setting up a bipartisan push to make the state’s roads safer.
Distracted driving kills and maims. Fourteen percent of fatal car crashes involve cell phone usage. The National Highway Traffic Safety Administration reports that more than 3,500 people died needlessly in distracted driving incidents in 2021, up more than 20% from 2,800 in 2018. Cell phones are implicated in a smaller number of distracted driving accidents, but the Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) notes that data are collected from police reports, which almost certainly undercount the number of distracted-driving incidents.
Numerous studies have shown drivers perform poorly when distracted by their devices — and not just by texting. Programming smartphone navigation systems, in fact, is associated with more dangerous incidents than regular texting. Research on the dangers of speaking on a handheld phone is mixed, but it certainly diverts attention that should focus on the road.
The IIHS reports that full cellphone bans — like the one the Pennsylvania Senate is considering — have been shown to reduce accidents, with Oregon and Washington recording a roughly 10% drop in rear-end collisions after adopting full bans in 2017. Interestingly, California did not achieve the same result, perhaps because its 2017 cellphone law could be read to allow usage during temporary stoppages, such as in famous California traffic.
But even if the effects of the ban aren’t all one would hope, the law is a teacher; it is good to ban an activity that endangers others merely for the convenience of the driver.
One argument against expanding Pennsylvania’s current texting-and-driving law is providing police with another excuse for so-called pretextual traffic stops, where officers pull over a motorist they suspect of some other crime for a minor offense. Because the law would make handheld electronic device use a primary offense, it would not be covered by local restrictions in Philadelphia and Pittsburgh on police performing stops for secondary offenses, like broken tail lights.
That argument, however, could be used against any traffic safety regulation. The problem is with pretextual stops, not with safety laws that might possibly be abused.
The state Senate should quickly take up Ms. Brown’s bill and pass it into law. It’s time for Pennsylvania drivers to form new and safer habits while on the road, so that fewer people are needlessly hurt or killed due to distracted driving.
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Pittsburgh Tribune-Review. May 18, 2023
Editorial: Municipal Assistance Program funding is a common good
Pennsylvania is one of four states that differentiate themselves from their 46 American brethren by use of a different word. Like Kentucky, Massachusetts and Virginia, it officially goes by the lofty sounding name of “commonwealth.”
In practical use, there is no difference. It is the difference between pancakes and flapjacks — purely up to individual preference. According to the Merriam-Webster Dictionary, it was simply a term that some writers in the Revolutionary period liked to use, the way today some conservatives might favor the label of “libertarian” (with a small L) or a liberal might prefer the term “progressive.”
Identifying as a commonwealth doesn’t give Pennsylvania special powers or more prestige. It’s just a style choice.
Kind of.
A commonwealth also exists in another sense, as a group of countries or states that are drawn together for a purpose. One could make an argument for Pennsylvania’s 67 counties and more than 2,500 municipalities being that kind of association.
Those thousands of municipalities include many with populations under 200 people. At just over 14,000 people, Greensburg isn’t a large city, but it’s still roughly equivalent in population to the combined numbers of Pennsylvania’s three smallest counties — Cameron, Sullivan and Forest.
The people would be better served — in economy and efficiency — with more cooperation, if not more consolidation.
Gov. Josh Shapiro’s first budget has included a 266% increase in funding to the Municipal Assistance Program.
In 2021, that program helped Ambridge, Beaver Falls and Rochester in Beaver County with shared services planning. It helped Ligonier with floodplain management. It helped Brownsville in Fayette County with a multi-municipality comprehensive plan. In all, 33 communities were helped with bridging gaps that year despite a budget of just over $500,000.
The new budget would be $2 million. That could be the gateway to more intermunicipal police agencies, sharing services for sewer or water projects, pooling resources for road projects or working toward stronger economies.
Every governor’s budget is a shoot-for-the-stars dream — an arrow all but guaranteed to fall short of its target. And that is assuming the Legislature and governor can come to a consensus on spending. We all know that starting with an on-time budget in Pennsylvania is just as unrealistic as an over-the-top campaign promise.
But this is an area for both sides to come together to consider honestly and practically — and not just because it could be a way to save money and get things done at the local level.
It would also be a way to promote different arenas of government putting aside their jealousies and defenses to work toward a mutual goal. In other words, they could act for the common wealth.
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Scranton Times-Tribune. May 20, 2023
Editorial: Release data on marijuana prescriptions
Fully legalizing marijuana in Pennsylvania would require a robust regulatory framework, from licensing growers and distributors to tracking and collecting taxes, preventing underage use and ensuring public safety.
Gov. Josh Shapiro supports legal adult use to the point of including that prospect in his first proposed budget. He recommends a 20% tax on wholesale prices of marijuana products. Assuming that sales would begin in January 2025, he estimated that the tax would produce $16 million in revenue in the first year and gradually rise to $188 million a year by the end of the decade.
Any regulatory regime also would have to include ensured transparency so that the relevant information could be used to guide policy. Yet, the administration remains far less than forthcoming regarding basic information about the existing medical marijuana program.
The state Department of Health has stonewalled the news organization Spotlight PA’s requests for records regarding marijuana prescriptions by specific doctors. According to the agency, releasing the data would violate privacy laws, even thought the Right to Know request did not seek any information about specific patients.
Using other public records, Spotlight PA has shown the department has cited excessive patient approval numbers for marijuana use in at least one disciplinary case against a doctor. In another case, an attorney for the Health Department argued that discipline was appropriate, saying “the total number of patients versus his time and ability to certify patients is relevant.”
The implication is that the doctor issued blanket medical certifications to anyone who sought one to acquire marijuana.
Legislators cited the public records cases in a recent legislative hearing, in which they also sought data about the state’s regulation of marijuana prescriptions.
Spotlight PA appealed the document denial to the state Office of Open Records, which ordered the Health Department to release the records. Rather than doing so, the administration appealed that decision to Commonwealth Court, which will rule on three such cases involving the marijuana records.
While advocating full marijuana legalization, the administration can’t credibly cherry-pick which information it wants to release regarding the current medical marijuana program. It should withdraw its appeal and release the records.
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Uniontown Herald-Standard. May 21, 2023
Editorial: Moving back school start times healthier for students
When you were in high school, were you one of those hapless souls who found your eyelids getting very heavy during that first-period algebra class?
Were you one of those stragglers who had to serve a detention or two because you stumbled into homeroom after the morning bell?
Well, looking back on it, it might not have been because you were lazy, lacking in punctuality or that you found algebra to be less than altogether compelling. It could be that you had to be shaken out of bed, marched to the bus and forced to go through those first couple of hours of school feeling like a zombie from a George Romero movie because you were biologically programmed to feel that way.
Copious amounts of research has revealed that the up-with-the-chickens start times we inflict on K-12 students is not good for their learning or well-being. It’s particularly tough for high school students, who are biologically inclined to be night owls and should ideally be getting anywhere from eight-and-a-half to 10 hours of sleep every day. Studies have found that teens who don’t get enough sleep are less alert in school, more prone to absenteeism, more prone to being overweight, depressed and in danger of picking up unhealthy habits like smoking and drug use.
In the 2016-17 school year, to cite one example, the school system in Seattle pushed back its start time by 55 minutes, and found that students were able to get a crucial 34 minutes of additional sleep, and grades went up. Start times were changed in California, and legislation is pending to do the same in states as disparate as New Jersey and Tennessee.
Organizations like the Centers for Disease Control and Prevention and the American Academy of Pediatrics have long recommended that school start times be pushed back, and this week the Upper St. Clair School District became the latest in a small but growing number of districts that have decided to move up the time that they start their days. Beginning in the 2023-24 school year, high school classes will get underway in Upper St. Clair at 8 a.m., and the day will end at 2:45 p.m. Elementary students will start at 8:35 a.m. and wrap up at 3:05 p.m., and middle school students will start at 8:55 a.m. and end at 3:40 p.m.
Part of the reason relatively few districts have shifted their start times is all the headache-inducing complications that spring from it. As journalist Danielle Dreilinger put it for the journal Education Next, “The crux of the matter is that schools are a collection of moving parts, from predawn janitorial and food service prep to busing and after-school activities, family work routines, are often organized around school rhythms. Shifting secondary school start times sends shock waves through these systems.”
Sure, changing times isn’t an easy undertaking. But more districts in this region need to look to Upper St. Clair, see how it’s time change works out, and consider following suit in the 2024-25 school year.
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Wilkes-Barre Citizens’ Voice. May 18, 2023
Editorial: Pass Yaw bill to regulate ‘skill games’
Several Pennsylvania courts have found that “skill games” — played on as many as 70,000 video terminals statewide in convenience stores, civic clubs, bars, and so on — are not games of chance.
Unless the state Supreme Court overturns those decisions, the state Gaming Control Board may not regulate skill games as gambling.
U.S. District Judge Michael Baylson of Philadelphia, meanwhile, ruled May 9 that a skill games lawsuit brought by Parx Casino of Bucks County may proceed.
So the legal question of whether skill game terminals are gambling devices is not fully settled. But according to Republican state Sen. Gene Yaw of Lycoming County, the state government should regulate the enterprise in either case.
The principal difference between video slot machines and video skill game terminals is that slots require no player input other than money, whereas skill games are interactive.
Regarding state regulation, it’s a distinction without a difference. Yaw has introduced a bill to regulate the enterprise through the Department of Revenue, with enforcement assigned to the Bureau of Liquor Control Enforcement.
The proposal would limit the number of machines per establishment, much as state regulations determine the number of slots per casino.
Yaw proposes a $1 million application fee for skill game distributors, a $25,000 fee for operators and a $250 fee for host establishments. The bill also would establish a 16% tax on proceeds, the same rate that applies to casino-based online poker and table games. Casinos pay a 54% rate on slots revenue.
Yaw claims the regime would produce about $300 million a year. The state would assign 50% to the general fund, distribute 22% to county and municipal governments, and use the rest for enforcement.
Yaw, citing a study showing that Pennsylvania’s lottery proceeds have grown at a rate greater than that in other Northeast states that don’t have skill games, contends that skill games do not diminish other forms of gambling — all the more so because they can’t be played online.
Whatever the final numbers, Yaw’s approach is reasonable. It would recognize the games as a valid business, ensure continuing revenue for civic organizations and small businesses, and assuage casinos’ concerns about unregulated competition.
Cruces decoradas con flores, juguetes y fotos infantiles decoloradas por el sol, un colegio vallado esperando a ser demolido, y una comunidad dividida entre quienes piden más control a las armas y quienes no aceptan restricciones. Uvalde recuerda, un año después, la matanza que cambió a todos, pero que no ha cambiado nada.
«Estoy enfadada y frustrada porque todo es igual, nada ha cambiado, no se ha hecho nada», cuenta a Efe Sandra Torres, madre de Eliahna Cruz Torres, una de las niñas fallecidas en la Escuela Primaria Robb el 24 de mayo de 2022, cuando un joven de 18 años entró con un rifle de asalto y mató a 19 niños y dos maestras.
Falta un día para el aniversario y ha acudido con su familia, llevando una escoba para limpiar, a la pequeña plaza donde se instalaron cruces para recordar a las víctimas de la segunda mayor matanza escolar en la historia de Estados Unidos.
«A veces venimos y decoramos, cambiamos las luces. Sabía que ha habido viento y lluvia, así que vine para asegurarme de que está limpio para ella», explica a Efe esta madre que sigue hablando en presente de su hija, que tenía diez años cuando fue asesinada en aquel suceso que dio la vuelta al mundo.
Una masacre tras la cual pareció, por un instante, que iba a ser la gota que colmaba el vaso e iba a provocar que se tomaran medidas para restringir el acceso a las armas de fuego.
Pero fue solo un espejismo que quedó en nada en un país en el que las matanzas se cuentan por decenas. 237 tiroteos múltiples -con más de cuatro víctimas, heridas o fallecidas- en lo que va de año, según la organización Gun Violence Archive.
Junto a la cruz de Eliahna, flores y mariposas, sus favoritas. Osos de peluche, mariquitas de colores, globos con forma de estrella o muñecos de spiderman decoran el resto de las cruces.
Al lado de muchas de ellas, una carta de las familias pidiendo respuestas y señalando al que consideran único culpable de la tragedia: «Los lobbies de las armas, que tienen más poder que la gente», apunta el texto.
Aunque el suceso cambió para siempre la vida de estas familias y en muchas puertas de las casas de esta ciudad de 15.000 habitantes cuelga un cartel de «Uvalde Strong» (Fuerza Uvalde), pocas cosas han cambiado en los últimos doce meses, en los que muchos de los familiares de los niños fallecidos se han convertido en activistas en pro de un control más exhaustivo de las armas.
(Foto: EFE/Paula Escalada Medrano)
No de su prohibición, recuerda Sandra. «No estamos tratando de prohibirlas, solo queremos que aumenten la edad para adquirir un fusil de asalto (de 18 a 21 años) y que haya más verificaciones de antecedentes», explica.
Gobernado por el republicano Greg Abbott, Texas es uno de los estados más laxos en el control de armas, que muchos ciudadanos llevan colgadas en el cinturón gracias a la ley «Open carry», que permite llevarlas a la vista.
Así la porta Guthrie, un hombre de 70 años que tiene una opinión férrea en pro del derecho a defenderse y quien piensa que la culpa de matanzas como ésta no es de las armas sino de «una crisis de valores» que hace que surjan «monstruos» como Salvador Ramos.
«Quieren elevar la edad de posesión de armas de asalto, pero eso no va a lograr nada, porque el que quiere matar puede matar igualmente», afirma a Efe Guthrie, subido a una camioneta en la que también carga una escopeta del calibre 12 y varios cartuchos en la guantera que nunca, matiza, ha tenido que usar.
(Foto: EFE/Paula Escalada Medrano)
Además, explica que en casi todas las casas de esta comunidad hay armas: «Casi todo el mundo las tiene, es parte de nuestra historia y crecimos con ellas».
Lejos de cambiarlo todo, la matanza en la escuela Robb apenas ha conseguido una reacción de los poderes públicos. Solo se logró que la cámara baja aprobara un proyecto de ley para subir la edad de los portadores de armas de asalto, pero tiene pocos visos de prosperar, por la fuerte oposición existente en el Senado.
También siguen esperando las familias respuestas sobre lo ocurrido y hay varias investigaciones abiertas sobre por qué la policía tardó 77 minutos en entrar al colegio mientras el asesino seguía matando a los niños.
Son varias las familias que han denunciado a las autoridades, y también al fabricante del rifle AR-15 que portaba Ramos, aunque estas denuncias también avanzan lentamente.
«Ya ha pasado un año y siento que fue ayer. Ya no tengo a mi bebé y nada de lo que pueda decir o hacer la traerá de vuelta. Pero lo que podemos estar haciendo y lo que vamos a seguir haciendo es luchar, luchar por la justicia y luchar por el cambio», apunta Sandra.
La escuela fue cerrada tras lo sucedido. Hoy la rodea una malla, cubierta con un plástico negro, a la espera de ser demolida. En los próximos meses, cuentan las autoridades locales, desaparecerá y quedará todavía menos de aquel suceso que cambió a muchos pero no cambió nada.
Bajo el liderazgo del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, con el apoyo de los otros once miembros regionales del Sistema de la Reserva Federal, en marzo fueron divulgados los resultados de la encuesta de 2022 sobre crédito para empresas pequeñas. https://doi.org/10.55350/scbs-20230308
Basada en 7,864 respuestas de empresas estadounidenses, que emplean entre 1 y 500 trabajadores a tiempo parcial o completo, la encuesta recopiló información sobre “el desempeño, los retos y la experiencia sobre búsqueda de crédito.” En contraste con las encuestas anteriores efectuadas durante la pandemia, la encuesta de 2022 reveló aumentos en los ingresos, las contrataciones y en las operaciones lucrativas. Asimismo, con la disminución de las fuentes de financiamiento disponibles durante la pandemia, más empresas buscaron financiamiento tradicional, como “préstamos, líneas de crédito, y adelantos en efectivo de comerciantes.”
Algunos de los retos enfrentados por las empresas encuestadas fueron operacionales, tales como la contratación de personal, o el funcionamiento de las cadenas de abastecimiento, mientras que algunas dificultades financieras consistieron en sufragar gastos de operación, o manejar flujos de caja inestables. La proporción de solicitudes aprobadas de préstamos, líneas de crédito y adelantos en efectivo, primordialmente para cumplir con gastos operativos, aumentó a 53 por ciento en 2022, desde 46 por ciento en 2021, pero aún debajo de 62 por ciento en 2019.
Por segmento étnico, 81 por ciento de los propietarios de las empresas encuestadas eran blancos, 11 por ciento asiáticos, 6 por ciento hispanos, 2 por ciento afroamericanos y 1 por ciento indios americanos o nativos de Alaska. Por género, 64 por ciento de propietarios eran hombres, 22 por ciento eran mujeres y 14 por ciento eran propiedad de ambos.
Under the leadership of the Federal Reserve Bank of Cleveland and the support of the other eleven regional members of the Federal Reserve System, the 2022 Small Business Credit Survey was released in March. https://doi.org/10.55350/scbs-20230308
Based on 7,864 responses from US small firms, with 1 to 499 full or part time employees, the survey collected information on “performance, challenges, and credit seeking experiences.” By contrast with previous surveys carried out during the pandemic, the 2022 survey revealed increases in revenues, employment, and profitable operations. Also, with the decrease of pandemic funding sources, more firms sought “traditional financing in the form of loans, lines of credit, or merchant cash advances.”
Some of the main challenges confronted by the firms surveyed were operational, such as hiring staff or from supply chain functioning, while some financial difficulties consisted in meeting operating expenses, or dealing with uneven cash flows. The share of approved applications to loans, lines of credit and cash advances, to deal with operating expenses, increased to 53 percent in 2022, up from 46 percent in 2021, but still below 62 percent in 2019.
By ethnic segment, the surveyed firms were 81 percent White-owned, 11 percent Asian, 6 percent Hispanic, 2 percent African American and less than 1 percent American Indian or Alaskan Native. By gender, 64 percent firms were men-owned, 22 percent women-owned and 14 percent equally owned.
Angelica Lyons llora al recordar su experiencia de dar a luz el sábado 5 de febrero de 2022, durante una entrevista en Birmingham, Alabama. En 2019, ella sufrió semanas de dolor en el vientre. Dice que los médicos ignoraron sus súplicas de ayuda y que la enviaron repetidamente del hospital a casa. Llevada de urgencia al hospital para una cesárea de emergencia, meses antes de la fecha de parto, casi muere a causa de un caso de sepsis no diagnosticado. (Foto: AP/Wong Maye-E)
Angelica Lyons ya sabía que era peligroso para las mujeres negras dar a luz en Estados Unidos.
Como instructora de salud pública, enseñaba a estudiantes universitarios sobre las disparidades raciales de salud, entre otras, el hecho de que las mujeres negras en Estados Unidos tienen casi tres veces más probabilidades de morir durante el embarazo o el parto que las de cualquier otra raza. Su estado natal, Alabama, tiene la tercera tasa de mortalidad por maternidad más alta de la nación.
Luego, en 2019, casi se volvió parte de las estadísticas.
El que debería haber sido un feliz primer embarazo se convirtió rápidamente en una pesadilla, cuando comenzó a sufrir un dolor de estómago debilitante.
Los médicos subestimaron sus súplicas de ayuda, dijo, y la regresaron a casa repetidamente desde el hospital. Los médicos y las enfermeras le dijeron que sufría de contracciones normales, incluso cuando su dolor abdominal empeoró y comenzó a vomitar bilis. Angelica dijo que no la tomaron en serio hasta que un dolor punzante se disparó por todo su cuerpo y el ritmo cardíaco de su bebé se desplomó.
La llevaron urgentemente a la sala de operaciones para una cesárea de emergencia, meses antes de su fecha de parto, y casi muere por un caso no diagnosticado de sepsis.
Por si las noticias desalentadoras fueran pocas, Angélica trabajaba en la Universidad de Alabama en Birmingham, la universidad afiliada al hospital que la trató.
Su experiencia es un reflejo del racismo médico, el prejuicio y la falta de atención que deben soportar los estadounidenses negros. Las mujeres negras tienen la tasa de mortalidad por maternidad más alta de Estados Unidos: 69,9 por cada 100.000 nacimientos vivos en 2021, casi tres veces la tasa de las mujeres blancas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).
Los bebés negros tienen más probabilidades de morir y también de nacer prematuramente, lo que los hace vulnerables a problemas de salud que podrían seguirlos a lo largo de su vida.
“La raza juega un papel muy importante, especialmente en el sur, en términos de cómo te tratan”, asegura Angelica, y los efectos son catastróficos. “La gente se está muriendo”, agrega.
Ser negro cualquier parte de Estados Unidos significa experimentar tasas más altas de enfermedades crónicas como el asma, la diabetes, la presión arterial alta, el alzhéimer y, más recientemente, el COVID-19. Los afroestadounidenses tienen menos acceso a una atención médica adecuada y su esperanza de vida es más corta.
ames Lyons besa a su nieto, Adrien Lyons, en la cocina de su casa en Birmingham, Alabama, el sábado 5 de febrero de 2022. Las mujeres negras en EE. UU. tienen casi tres veces más probabilidades de morir durante el embarazo o el parto que las de cualquier otra raza. ¿Por qué? Algunos médicos no toman en serio sus preocupaciones. (Foto: AP/Wong Maye-E)
Desde el nacimiento hasta la muerte, independientemente de su posición económica o social, es mucho más probable que ellos se enfermen y mueran por males comunes.
Los problemas de salud de los norteamericanos negros se han atribuido durante mucho tiempo a la genética o el comportamiento, cuando en realidad, una serie de circunstancias vinculadas al racismo —entre ellas, las restricciones sobre dónde podían vivir las personas y la falta histórica de acceso a la atención— juegan papeles importantes.
La discriminación y los prejuicios en los entornos hospitalarios han sido desastrosos.
Las disparidades de salud de la nación han tenido un impacto trágico: en las últimas dos décadas, la tasa de mortalidad más alta entre los afroestadounidenses resultó en un exceso de 1,6 millones de muertes en comparación con los estadounidenses blancos. Esa tasa de mortalidad más alta significa una pérdida acumulada de más de 80 millones de años de vida, debido a que las personas mueren jóvenes, y miles de millones de dólares perdidos en atención médica y en oportunidades.
Un proyecto de The Associated Press de un año de duración descubrió que los retos de salud que enfrentan los ciudadanos de raza negra a menudo comienzan antes de que respiren por primera vez.
La AP realizó decenas de entrevistas con médicos, profesionales médicos, defensores, historiadores e investigadores que detallaron cómo una historia de racismo que comenzó durante los años de la fundación de Estados Unidos condujo a las disparidades que se ven hoy.
Los problemas del embarazo de Angelica Lyons comenzaron durante su primer trimestre, con náuseas y reflujo ácido notables. Le recetaron medicamentos que ayudaron a aliviar sus síntomas, pero también le causaron un estreñimiento severo.
En la última semana de octubre de 2019, mientras hacía un examen a sus alumnos, le empezó a doler mucho el vientre. “Recuerdo haber hablado con un par de mis estudiantes y me dijeron: ‘No se ve bien, señora Lyons’”, recordó Angelica.
Llamó a la unidad de trabajo de parto y alumbramiento del Hospital de la Universidad de Alabama-Birmingham para decir que se le dificultaba ir al baño y que le dolía el vientre. Una mujer que contestó el teléfono le dijo que era un problema común del embarazo, recordó Angelica, y que no debería preocuparse demasiado.
“Me hizo sentir que mi preocupación no era importante, y como este era mi primer embarazo, decidí no ir porque no estaba segura y pensé que tal vez yo estaba exagerando”, añade Angelica.
El dolor persistió. Fue al hospital unos días después y fue ingresada.
Se sometió a un enema —un procedimiento en el que se usan líquidos para limpiar o estimular el vaciado de los intestinos— para aliviar su estreñimiento, pero Angelica siguió sintiendo mucho dolor.
“Dijeron, “‘Oh, no es nada, son sólo contracciones de Braxton Hicks’”, afirma. “Simplemente me ignoraron”.
La mandaron a casa, pero aún le dolía el estómago, así que regresó al hospital un día después. Varias pruebas, incluidas resonancias magnéticas, no pudieron encontrar el origen del problema.
Angelica finalmente fue trasladada al piso de trabajo de parto y alumbramiento del hospital para que pudieran monitorear los latidos del corazón de su hijo, que habían bajado un poco. Allí, le realizaron otro enema que finalmente ayudó con el dolor. También le diagnosticaron preeclampsia, una condición peligrosa que puede causar complicaciones graves en el embarazo o la muerte.
Luego comenzó a vomitar lo que parecía ser bilis.
«Sentía más y más dolor y seguía diciéndoles: ‘Oigan, me duele’”, relata Angelica. “Decían: ‘Oh, ¿quieres un poco de Tylenol?’ Pero eso no estaba ayudando”.
Se le dificultó cenar esa noche. Cuando se puso de pie para ir al baño, sintió un dolor agudo que recorrió todo su cuerpo.
“Comencé a gritar porque no tenía idea de lo que estaba pasando”, recuerda. “Le dije a mi hermana que tenía mucho dolor y que llamara a la enfermera”.
Lo que sucedió a continuación todavía es borroso. Angelica recuerda el caos del personal del hospital que la llevó apresuradamente al área de parto y alumbramiento. Colocaron una sábana azul para prepararla para una cesárea de emergencia mientras su familia y su exesposo intentaban entender qué salió mal.
Más tarde supo que estuvo a punto de morir.
“Estaba con soporte vital”, recordó Angelica, de 34 años. “Tuve un paro”.
Despertó tres días después, sin poder hablar, debido al tubo del ventilador que le pusieron en la boca. Recuerda haber hecho gestos desesperados a su madre para preguntar dónde estaba Malik, su hijo.
Él estaba bien, pero Angelica sintió que la habían privado de mucho. Nunca llegó a experimentar esos primeros momentos de alegría de que colocaran a su recién nacido sobre su pecho. Ni siquiera sabía qué apariencia tenía su hijo.
La sepsis es una de las principales causas de mortalidad por maternidad en Estados Unidos. Las mujeres negras tienen el doble de probabilidades de desarrollar sepsis materna grave, en comparación con las estadounidenses blancas. Los síntomas comunes pueden incluir fiebre o dolor en el área de la infección. La sepsis puede desarrollarse rápidamente, por lo que una respuesta oportuna es crucial.
La sepsis en sus primeras etapas puede reflejar síntomas comunes del embarazo, por lo que puede ser difícil de diagnosticar. Debido a la falta de capacitación, algunas personas de los servicios de salud no saben qué buscar. Pero los diagnósticos lentos o equivocado también son el resultado del prejuicio, del racismo estructural en la Medicina y la falta de atención que hace que los pacientes, en particular las mujeres negras, no sean escuchados.
“La forma en que el racismo estructural puede desarrollarse en esta enfermedad en particular no se está tomando en serio”, expresa la doctora Laura Riley, jefa de Obstetricia y Ginecología en el Hospital Weill Cornell Medicine and New York-Presbyterian. “Sabemos que la demora en el diagnóstico es lo que conduce a estos resultados verdaderamente malos”.
En los días y semanas siguientes, Angelica exigió explicaciones al personal médico sobre lo ocurrido, pero sintió que las respuestas que recibió sobre cómo ocurrió fueron pocas y confusas.
Un portavoz de la Universidad de Alabama en Birmingham dijo en una declaración a The Associated Press que no podían hablar sobre el caso de Angelica debido a las leyes de privacidad de los pacientes. Señalaron una encuesta interna reciente realizada por su departamento de Obstetricia y Ginecología que mostró que la mayoría de sus pacientes están satisfechos con su atención y “se sienten respetados mayoritariamente”, y dijeron que la universidad y el hospital “mantienen esfuerzos intencionales y proactivos para abordar las disparidades de salud y la mortalidad por maternidad”.
El hijo de Angelica, Malik, nació ocho semanas antes de tiempo y pesó menos de 2.3 kilogramos (5 libras). Pasó un mes en cuidados intensivos. Recibió visitas domiciliarias durante el primer año de vida para monitorear su crecimiento.
Si bien ahora es un niño de 3 años curioso y vivaz a quien le encanta explorar el mundo que lo rodea, Angelica recuerda esos días en la unidad de cuidados intensivos y se siente culpable porque no pudo estar con él.
“Da miedo saber que yo podría haber muerto, que podríamos haber muerto”, subraya Lyons, secándose las lágrimas.
Durante décadas, los frustrados defensores de la maternidad y los profesionales médicos han tratado de llamar la atención sobre la forma en que la Medicina le ha fallado a las mujeres negras. Los historiadores rastrean el origen de ese maltrato a las prácticas médicas racistas que la población negra soportó durante y después de la esclavitud.
Para comprender completamente las crisis de mortalidad por maternidad y la mortalidad infantil de las mujeres y los bebés negros, la nación primero debe tener en cuenta la oscura historia de cómo comenzó la ginecología, considera la historiadora y autora Deirdre Cooper Owens.
“La historia de esta rama médica en particular… comienza en una granja de esclavos en Alabama”, manifiesta Owens. “El avance de la Obstetricia y la Ginecología tuvo una relación muy íntima con la esclavitud y se construyó literalmente sobre las heridas de las mujeres negras”.
Las cirugías reproductivas que eran experimentales en ese momento, como las cesáreas, se realizaban comúnmente en mujeres negras esclavizadas.
Médicos, como el una vez afamado J. Marion Sims, un médico de Alabama que muchos llaman el “padre de la Ginecología”, realizaron en la década de 1840 experimentos quirúrgicos sin anestesia en mujeres negras esclavizadas que parecían torturas.
Y mucho después de la abolición de la esclavitud, los hospitales realizaron histerectomías innecesarias a mujeres negras y los programas de eugenesia las esterilizaron.
La segregación en la atención de la salud también desempeñó un papel importante en la brecha de salud racial que todavía ocurre en la actualidad.
Hasta que el Congreso aprobó la Ley de Derechos Civiles de 1964, la mayoría de las familias negras no podían acceder a los hospitales bien financiados para los blancos, y con frecuencia recibían un tratamiento médico limitado, deficiente o inhumano. Las clínicas dirigidas por negros y sus médicos trabajaron para llenar estos vacíos, pero incluso después de las nuevas protecciones de la ley, los hospitales que antes atendían sólo a las familias negras siguieron sin recursos y las mujeres negras no recibieron el mismo apoyo disponible regularmente para las mujeres blancas.
Esa historia de abuso y negligencia condujo a una desconfianza profundamente arraigada en las instituciones de atención médica entre las comunidades no blancas.
“Tenemos que reconocer que no se trata sólo de algunas personas racistas o de unos pocos participantes malos”, subraya Rana A. Hogarth, profesora asociada de Historia en la Universidad de Illinois, Urbana-Champaign. “La gente tiene que dejar de pensar en cosas como la esclavitud y el racismo como características que sólo sucedieron y que son parte de los contornos de la historia, y quizá pensar en ellas más como instituciones y fundamentos que han estado con nosotros en cada paso del camino”.
Algunos profesionales de atención médica todavía tienen creencias falsas sobre diferencias biológicas entre personas negras y blancas, como que los negros tienen “terminaciones nerviosas menos sensibles, piel más gruesa y huesos más fuertes”. Esas creencias han causado que los profesionales médicos de hoy califiquen más bajo el dolor de los pacientes negros y proporcionen menos medicamentos o procedimientos para aliviarlo.
Las diferencias existen independientemente de la educación o el nivel de ingresos. Las mujeres negras con educación universitaria o de posgrado tienen una tasa de mortalidad relacionada con el embarazo más de cinco veces mayor que la de las mujeres blancas. Particularmente, la tasa de mortalidad relacionada con el embarazo para las mujeres negras con educación universitaria es 1,6. veces mayor que la de las mujeres blancas con un nivel menor al de la escuela secundaria.
En Alabama, el estado natal de Angelica Lyons, unas 40 madres mueren en el primer año después del parto. El impacto para las madres negras es desproporcionado.
La tasa de mortalidad infantil del estado durante 2021 fue de 7,6 muertes por cada 1.000 nacimientos vivos. Las disparidades entre los bebés blancos y los negros son marcadas: la tasa de mortalidad infantil en 2021 para las madres blancas fue de 5,8, mientras que la tasa de mortalidad infantil para las madres negras fue de 12,1, un aumento frente al 10,9 del año anterior.
Los bebés negros representan solo el 29% de los nacimientos en Alabama, pero casi el 47% de las muertes infantiles.
Un informe de 2020 de la Alabama Maternal Mortality Review Committee (Comisión de Revisión de Mortalidad por Maternidad de Alabama) encontró que más del 55% de las 80 muertes relacionadas con el embarazo que analizaron en 2016 y 2017 podrían haberse evitado.
Alabama lanzó su Comisión de Revisión de Mortalidad por Maternidad en 2018 para investigar las muertes maternas. Pero el doctor Scott Harris, director de salud estatal del Departamento de Salud Pública de Alabama, dijo que queda trabajo por hacer para tener una imagen más completa de por qué existen las disparidades.
“Ciertamente, también sabemos por cifras nacionales que las mujeres negras tienen peores resultados maternos en todos los niveles de ingresos, lo cual es bastante alarmante”, señala el doctor Harris. “La edad importa y en general el código postal importa. Desafortunadamente, el lugar donde vive la gente, donde nacen estos niños, está asociado fuertemente con la mortalidad infantil. Creo que veremos algo similar para los resultados por maternidad”.
Y persisten las preocupaciones sobre el acceso y los obstáculos para la atención.
En Alabama, el 37% de los condados carecen de atención maternal: más de 240.000 mujeres viven en condados con poca o ninguna atención. Alrededor del 39% de los condados no tienen ningún profesional de obstetricia.
Alabama no es el único estado que padece esto. Más de 2,2 millones de mujeres estadounidenses en edad reproductiva viven en estos desiertos de atención maternal, y otros 4,8 millones de esas mujeres residen en condados con acceso limitado a la atención maternal.
Angelica Lyons aseguró que ella quiso buscar atención materna en otro hospital, pero el de la Universidad de Alabama era el único cerca de su casa equipado para manejar su embarazo de alto riesgo, que incluyó presión arterial alta al inicio.
El doctor Harris reconoció que la falta de acceso a la atención es una barrera para las mujeres negras que viven en las zonas rurales del estado. Gran parte de los esfuerzos de salud pública del estado están desplegados a lo largo del Cinturón Negro rural, llamado así por la tierra fértil, pero que también fue una región donde se agruparon muchas plantaciones de esclavos.
Siglos después, el llamado “Black Belt” (Cinturón Negro) todavía es una región de mucha pobreza con una enorme población negra. Más de la mitad de la población negra del país vive en el sur de este.
“Hemos hablado mucho sobre el racismo estructural y el impacto de eso en las mujeres afroestadounidenses, y cómo no tiene cabida en la sociedad”, expresa Harris. “Creo que tenemos que decir públicamente lo que es”.
La experiencia traumática que vivió Angelica Lyons durante su parto no fue la única en su familia. Después de dos abortos espontáneos, su hermana menor, Ansonia, se embarazó en 2020 y fue un embarazo difícil.
Los médicos le dijeron que sufría náuseas matutinas regulares, aunque vomitaba sangre.
Al final, le diagnosticaron hiperémesis gravídica, un trastorno de vómitos excesivos, y estaba extremadamente deshidratada. Ansonia pasó meses entrando y saliendo del mismo hospital en el que habían tratado a su hermana.
“Dijeron: ‘Bienvenida al embarazo, cariño. Esto es lo que es el embarazo’”, recuerda Ansonia, de 30 años. “Le dije: ‘No, no es normal que vomite de 10 a 20 veces al día’. Mis propios profesionales de atención (médica) primaria no me escuchaban”.
Ansonia dijo que a lo largo de su embarazo se encontró con personal del hospital que hacía bromas estereotipadas, como al llamar al padre de su hijo su “baby daddy” (literalmente, “papi del bebé”), un término que a menudo se lanza a los padres negros y que implica que el papá es un hombre que no está casado con la madre y que no la apoya a ella ni al niño.
“Ella me dijo: ‘Entonces, el baby daddy, ¿dónde trabaja?’”, recuerda Ansonia. “Le dije: ‘No sé lo que es un baby daddy, pero el padre de mi hijo está en el trabajo’. Ella preguntó dónde trabajaba él y le dije que tenía dos negocios, y reaccionó como si estuviera sorprendida”.
Ansonia dijo que el personal asumió que no tenía seguro médico, aunque tenía seguro a través de su empleador.
Ansonia tiene diabetes tipo 2 y tuvo problemas con la presión arterial y el corazón durante todo el embarazo. Empezó a ver a un cardiólogo y cuando tenía 21 semanas de embarazo, le diagnosticó insuficiencia cardíaca congestiva. Le recetó una serie de medicamentos y sus médicos decidieron que diera a luz antes de tiempo por cesárea.
Ansonia estaba asustada, dado todo lo que vio pasar a su hermana casi dos años antes.
“Hubo varias veces que le dije a mi novio que pensé que iba a morir”, relata.
La cesárea salió bien. El hijo de Ansonia, Adrien, debía nacer en julio de 2021, pero nació a fines de mayo.
El bebé pasó sus primeros cinco días en la unidad de cuidados intensivos, y luego estuvo hospitalizado otras dos semanas por algunos problemas respiratorios iniciales.
Las tasas de parto por cesárea son más altas para las mujeres negras que para las mujeres blancas: 36,8% y 31%, respectivamente, en 2021.
Los problemas continuaron para Ansonia después del parto. Necesitó una transfusión de sangre y no pudo ver a su hijo durante sus primeros días de vida.
Unos meses después del parto, aún vomitaba y tenía episodios de desvanecimiento que la llevaron a ser internada en el hospital varias veces. Tenía moretones en los brazos por las agujas que usaron para tratarla durante todo el embarazo. Siempre había tardado en mejorar de cualquier hematoma, un problema común entre los diabéticos.
Sin embargo, un médico que había estado involucrado durante todo su embarazo preguntó por qué tenía moretones en los brazos y si “fumaba hierba” o tomaba otras drogas recreativas. El hospital se negó a hacer comentarios y citó las leyes de privacidad del paciente.
“Le dije: ‘Esto es porque me han pinchado muchas veces y por tener que estar en el hospital’. Le dije que no consumo ninguna droga”, añade.
De todos modos, pidió una prueba con sus análisis de sangre. Las pruebas resultaron negativas.
“Eso me hizo no confiar en ellos, me hizo no querer regresar”, afirma.
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Hay indicios de que ya comienzan a reconocerse públicamente los sufrimientos de las madres negras y sus bebés, aunque sea tarde.
En 2019, la representante estadounidense Lauren Underwood, demócrata por Illinois, y la representante Alma Adams, demócrata por Carolina del Norte, lanzaron el Black Maternal Health Caucus (Reunión de Salud Maternal Negra). Ahora es una de las reuniones bipartidistas más grandes del Congreso. La Reunión presentó la Black Maternal Health Momnibus Act (Ley Momnibus de Salud para las Madres Negras) en 2019 y nuevamente en 2021, y propuso cambios radicales que aumentarían el financiamiento y fortalecerían la supervisión. Se han adoptado partes clave de la legislación, pero el proyecto de ley en sí aún no ha sido aprobado.
El presupuesto del presidente Joe Biden para el año fiscal 2024 incluye 471 millones de dólares en fondos para reducir las tasas de mortalidad y morbilidad maternas, expandir las iniciativas de salud materna en las comunidades rurales y la capacitación sobre prejuicios implícitos y otras iniciativas. También requiere que los estados brinden cobertura continua de Medicaid durante 12 meses después del parto, para eliminar las brechas en el seguro de salud. Además, incluye 1.900 millones de dólares en fondos para programas de salud para mujeres y niños.
Xavier Becerra, secretario de Salud de Estados Unidos, dijo a The Associated Press que se debe hacer más en todos los niveles del gobierno para erradicar el racismo y los prejuicios en la atención médica.
“Sabemos que si brindamos acceso a la atención para la madre y el bebé durante un año completo, es probable que ayudemos a producir no sólo buenos resultados de salud, sino también un futuro prometedor para la madre y el bebé en adelante”, afirmó.
Shelonda Lyons siempre enseñó a sus dos hijas la amarga verdad del racismo, con la esperanza de prepararlas para navegar por la vida al crecer en Birmingham, una ciudad del “Deep South”, una zona geográfica y cultural del sureste de Estados Unidos conocida por su lugar en la historia de los derechos civiles.
“Cuando éramos jóvenes, nos mostraba esas imágenes de todos los negros que eran colgados y quemados en los árboles”, relata Angelica, mientras señala un libro que permanece en la mesa de centro de la familia. “Quería que lo entendiéramos, que supiéramos dónde vivíamos y que el racismo era algo con lo que probablemente tendríamos que lidiar”.
Pero Shelonda nunca podría haberse preparado para el trato que soportaron sus hijas durante sus embarazos. Recuerda sentirse impotente y furiosa.
“Para mí es como una bofetada porque, ¿en qué momento te das cuenta de que estás tratando con seres humanos? Que no importa de qué color sean”, dijo, y agregó que ahora se preocupa cada vez que ellas o sus nietos necesitan ir al médico. “No tengo mucha confianza”.
Angelica se sometió a dos cirugías en las semanas posteriores a su cesárea para reparar el daño interno y tratar su infección. Tuvo que usar una bolsa de colostomía durante varios meses hasta que se curó.
Más de tres años después, su estómago sigue desfigurado.
“Amo a mi hijo, lo amo igual a pesar de todo, pero este no es el cuerpo con el que nací”, sostiene. “Este es el cuerpo que me causaron por no prestarme atención, no escucharme”.
Fotografía cedida por la compañía mexicana de danza Calpulli de su obra "Monarcas", que lleva el nombre de "la inmigrante más inspiradora", la mariposa monarca, "cuyo viaje por América del Norte recuerda un mundo sin fronteras", de acuerdo a este grupo de danza fundado en 2003 por los coreógrafos Alberto López y Juan Castaño, con sede en Nueva York. EFE/Julieta Cervantes/Calpulli
La compañía mexicana de danza Calpulli presentará el 27 y 28 de mayo en Nueva York «Monarcas», un espectáculo que a través de dos historias diferentes celebra las contribuciones y sacrificios de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos.
«Monarcas», lleva el nombre de «la inmigrante más inspiradora», la mariposa monarca, «cuyo viaje por América del Norte recuerda un mundo sin fronteras», de acuerdo con Calpulli, con sede en Nueva York y fundada en 2003 por los coreógrafos Alberto López y Juan Castaño, codirectores del grupo.
Calpulli, que este año celebra su 20 aniversario, llevará en primer lugar al público en el Teatro Queens, en el Flushing Meadowd Park, la obra «Viñedos», escrita por López, que recuerda el arduo trabajo de generaciones de mexicanos que se convirtieron en dueños de sus viñedos y orgullosos productores del vino de California.
«Durante los años 1940 y 1950 vinieron familias mexicanas a EE. UU. bajo el programa Bracero (1942-1964) y comenzaron a trabajar en los viñedos. La pieza muestra el trabajo que realizaron y su lucha en tiempos de discriminación y que pese a ello triunfaron», dijo a EFE Castaño.
La segunda historia, «Compañía E», escrita por Castaño y que se representa tras «Viñedos» conmemora a los soldados mexicanos y mexico-americanos que a mediados de 1900 sirvieron a un país que los abrazó pero también los rechazó.
Durante el duro entrenamiento, los soldados recuerdan su hogar, el espíritu de su comunidad y perseveran. En sus barracas, comparten la música norteña de su hogar y se unen como una nueva familia. «Muchos murieron por un país que en esa época no los aceptaba por completo», comentó.
Castaño recordó que la Compañía E existió y que fue el único batallón integrado por mexicanos y méxico-americanos. «La intención con esta historia es reconocer esa historia y legado que tenemos los hispanos. Mi padre fue parte del ejército, amó el tiempo que estuvo allí, así que para mi tiene algo personal», indicó.
CONTRA LA IDEA DE QUE EL EMIGRANTE ES AMENAZA
«Esta historia es de mexicanos, pero puertorriqueños y otros hispanos en general han dedicado mucho al ejército de EE.UU y creo que no se habla lo suficiente de eso. Lo mismo ocurre con los trabajadores de los viñedos. Estamos viviendo una época en que los inmigrantes son percibidos como un problema, una amenaza. Sabemos como hijos de inmigrantes que ese no es el caso», señaló Castaño, que nació en Texas.
Ambas historias se cuentan totalmente a través de la danza, la danza teatro, vestuario, las canciones, proyecciones y escenografía. «Es más difícil contar historias de esa forma pero lo bueno es que se crea un lenguaje universal, no importa el idioma que se hable», indicó.
Por ejemplo, -agregó- en una de las escenas hay una persona reclutando para el ejército y va a un campo donde hay trabajadores cosechando algodón.
«Tenemos una escenografía de una planta de algodón, a la persona del ejército en uniforme, hay proyecciones que muestran que estamos en la frontera de Texas y México y la música es tradicional del norte de México», destacó.
En la historia de los viñedos se mostrará una escena de un grupo antiinmigrante que amenaza a los trabajadores y cuando los mexicanos deciden no prestarles atención, regresan en la noche y queman el viñedo y para ese momento usan vestuarios más oscuros.»Cuando queman el viñedo, el vestuario de los bailarines parece en llamas y se verá a las familias combatiendo el incendio», explicó.
Castaño, con más de 20 años de experiencia en la danza folclórica mexicana, señaló que aunque ambas historias están inspiradas en hechos reales también se les ha agregado otros elementos.
«Monarcas» iba a ser presentada en 2019 pero la pandemia la detuvo. Al terminar la emergencia sanitaria se dedicaron de lleno al proyecto. Parte de la música fue escrita por el director musical de Calpulli, George Sáenz.
Calpulli consta de 20 bailarines, en su mayoría mexicanos pero también de Ecuador, Puerto Rico y Argentina.
