El mundo —y tú— deberían estar conmocionados por las acciones de nuestro actual presidente, quien está haciendo el ridículo públicamente, y hace quedar en ridículo a nuestro país, al reunirse con líderes de Medio Oriente, entre los que se les ha acusado de financiar a terroristas.

Muchos ya sabían que Trump y su familia están recibiendo regalos lujosos y concesiones comerciales de estos dictadores. Esto incluye un avión 747 de Qatar, valorado en más de 400 millones de dólares, que tomaría de 3 a 4 años adaptarlo para que el presidente pueda usarlo en asuntos oficiales.

El tema candente de los regalos de extranjeros, para el Partido Republicano durante años ha sido que Hunter Biden estaba recibiendo un par de millones de los chinos, y que su padre influía en esas transacciones y también se beneficiaba de ellas.

La derecha nunca pudo probar que Hunter o su padre hayan cometido alguna ilegalidad.

Esta Administración hizo creer que había una crisis en la frontera, afirmando que Biden había dejado entrar a millones de criminales a EE. UU. que estaban violando y matando. También dijeron que el Tren de Aragua, la conocida banda venezolana, estaba siendo usada por el Gobierno de Maduro para atacar a EE. UU.

La banda del Tren de Aragua llamó la atención de la campaña de Trump por información falsa que sugería que estaban tomando el control del proyecto de viviendas de Aurora y gran parte de Aurora, Colorado. Aunque todos los funcionarios electos importantes de Colorado negaron esto, Trump y compañía mantuvieron el discurso, junto con otra mentira: que los haitianos estaban comiéndose a los gatos y perros.

Y recientemente, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, despidió a los altos funcionarios del Consejo Nacional de Inteligencia, pocas semanas después de que el NIC escribiera un informe de inteligencia refutando algunas afirmaciones del Gobierno de Trump sobre el Tren de Aragua.

Según un informe de Fox News, Gabbard despidió al presidente interino del Consejo Nacional de Inteligencia, Mike Collins, y a su subdirectora, Maria Langan-Riekhof, el martes 20 de mayo. Según se informa, Collins y Langan-Riekhof fueron acusados por denunciantes de estar “radicalmente opuestos a la agenda de Trump.”

Los despidos ocurrieron pocos días después de que la oficina de Gabbard autorizara la desclasificación parcial de un informe del NIC que concluyó que el Gobierno de Venezuela no estaba dirigiendo el traslado de miembros del Tren de Aragua hacia Estados Unidos, y que no tenía control efectivo sobre las operaciones de la banda.

La evaluación de inteligencia contradijo las afirmaciones del Gobierno de Trump de que la banda estaba “llevando a cabo acciones hostiles y conduciendo una guerra irregular contra el territorio de Estados Unidos, directa o indirectamente, bajo la dirección, clandestina o no, del régimen de Maduro en Venezuela,” según escribió Trump en su comunicado invocando la Ley de Enemigos Extranjeros, la misma que usó para suspender los derechos de debido proceso de los inmigrantes venezolanos.

El informe del NIC es prueba de que no existía habeas corpus —es decir, no había cuerpo ni evidencia para que Trump pudiera invocar dicha ley.

Al mismo tiempo, Trump se reúne con Qatar, que se dice financia a Hamas —quienes, como saben, lideraron un ataque contra Israel, matando a muchos y tomando muchos rehenes. Y luego está Arabia Saudita, de donde vinieron los autores y ejecutores del 11 de septiembre. Sin mencionar que este supuesto “amigo” de Trump ha torturado y asesinado a un periodista estadounidense.

En ningún registro se encuentra que el Tren de Aragua o la MS-13 sean como Arabia Saudita o Qatar. Estos son países con graves acusaciones de violaciones de derechos humanos tanto en su territorio como internacionalmente.

Nadie en el Partido Republicano está cuestionando estos hechos, ni están pidiendo ver las computadoras portátiles de los hijos de Trump.

Tampoco la derecha ha cuestionado todas las acciones en la frontera ni las declaraciones escandalosas de Trump y su gabinete. Deberían exigir la publicación de sus registros, que mostrarían que sus mentiras están construidas sobre mentiras.

La Administración Trump dijo inicialmente que deportaría a todos los inmigrantes indocumentados, que según algunas estimaciones, suman hasta 12 millones. Esto significaría que tendrían que expulsar a 3 millones por año. Actualmente, se estima que el número de deportados hasta fines de mayo podría ser de entre 80,000 y 90,000. De estos, probablemente el 50% o más fueron deportados ilegalmente, sin audiencias de habeas corpus.

Trump ahora ha reducido su objetivo a 1 millón para el final de su primer año. Esto implicaría deportar a 115,000 por mes.

Los expertos estiman que después de un año, es casi imposible que la Administración alcance el millón, y que una cifra más realista sería 300,000. Sin mencionar que están abriendo las puertas a sudafricanos blancos, afirmando que está ocurriendo un genocidio contra ellos; otra mentira asombrosa. No hay evidencia de un genocidio contra los sudafricanos blancos.

Al mismo tiempo, los medios deben exponer todo el dinero que se está gastando en esta campaña de deportación: internamientos, contratos de encarcelamiento en el extranjero (como el de El Salvador) y el costo de tener personal militar desplegado en la frontera. ¿Cuál es el costo de deportar a una sola persona?

Así que, mientras la Casa Blanca proclama que solo está deportando inmigrantes criminales y terroristas, están haciendo negocios y durmiendo con terroristas evidentes.

En ningún lado se encuentra que el Tren de Aragua o la MS-13 estén vendiendo armas a grupos terroristas como Hamas, o implicados en las muertes relacionadas con el 11 de septiembre, o en el asesinato de un periodista estadounidense.

Al mismo tiempo, muchos de nuestros activistas por los derechos humanos no mencionan a las dos pandillas usadas como punta de lanza de toda la retórica antiinmigrante de Trump. Nuestros amigos, al no defender el derecho a pertenecer a una pandilla y tener un tatuaje, están cayendo directamente en la política de esta Administración.

Los pandilleros tienen derechos humanos como el resto de nosotros, y por supuesto, también los tienen todos los inmigrantes y refugiados.