Fotografía de archivo del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi. (Foto: EFE/Thais Llorca)

San Juan, Puerto Rico.- El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, dijo este viernes que la pugna legal sobre la reforma laboral acabará en una solicitud de revisión ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

La reforma fue anulada este mes por la jueza federal Laura Taylor Swain, a recomendación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el ente creado por el Congreso estadounidense para controlar la política económica de la isla y reestructurar su multimillonaria deuda pública.

«Vamos a seguir en pie de lucha porque esa medida (la reforma laboral) es justa y razonable», afirmó a los periodistas el gobernador, quien rechazó las alegaciones de la JSF de que la ley tendría un impacto económico negativo.

Pierluisi recordó que el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto certificaron que la medida no tenía impacto fiscal significativo.

«Esta medida no tiene absolutamente nada que ver con los gastos del Gobierno; es una medida dirigida exclusivamente al sector privado de nuestra economía», agregó.

La reforma laboral reducía de nueve a tres meses los periodos probatorios a empleados nuevos, ampliaba a 15 días las licencias de vacaciones y reducía las horas reglamentarias para la obtención del bono de Navidad, entre otros beneficios para los trabajadores del sector privado.

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael «Tatito» Hernández Montañez, anunció también esta semana que continuará defendiendo los derechos de los trabajadores del sector privado en todos los foros pertinentes, incluyendo el ámbito judicial, legislativo y congresional.

La pugna judicial comenzó en septiembre pasado, cuando la JSF anunció que iba a presentar una demanda contra el gobernador ante el tribunal federal con el objetivo de anular la reforma laboral implementada en la isla.

Según la JSF, dicha ley añade requisitos a la legislación laboral que «afectan negativamente la flexibilidad del mercado laboral» y conllevará «menos puestos de empleo, una mayor emigración, un menor crecimiento económico y menores ingresos fiscales».

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