Las organizaciones plantean que la mala ubicación de proyectos industriales de energía renovable viola el Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico y leyes de política pública, en vez de optar por lugares previamente impactados y en las azoteas de residencias o comercios. Fotografía de archivo. (Foto: EFE/Thais Llorca)

San Juan, Puerto Rico.- Seis organizaciones demandaron al Gobierno de Puerto Rico por aprobar la construcción de proyectos industriales de energía renovable en terrenos de alto valor agrícola y ecológico en violaciones de varias leyes y del Plan de Uso de Terrenos local, se informó este martes.

La demanda, presentada el lunes, solicita que se le prohíba al Negociado de Energía, la Junta de Planificación (JP), la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), el Departamento de Desarrollo de Económico y Comercio (Ddec) y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico que apruebe la construcción de estos proyectos.

Estas agencias públicas, así como el Gobierno local, son demandadas por la aprobación de proyectos industriales de energía en áreas de reservas agrícolas y que se ubiquen en terrenos previamente contaminados, impactados o en techos, según explicaron las organizaciones demandantes en un comunicado de prensa.

Las organizaciones plantean que la mala ubicación de proyectos industriales de energía renovable viola el Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico y leyes de política pública, en vez de optar por lugares previamente impactados y en las azoteas de residencias o comercios.

Argumentaron que las propias leyes de política pública establecen que los lugares aptos para proyectos de energía renovable son los vertederos en desuso, los terrenos previamente contaminados, estacionamientos y los techos.

Sin embargo, mencionaron que el Negociado de Energía aprobó una primera fase de 18 proyectos que ocupan 20.033 metros cuadrados en suelos clasificados como Reserva Especial Agrícola y Suelo Rústico Especialmente Protegido que, de según el Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico, deben protegerse.

Alertaron que queda «la consideración de probablemente más de 80 proyectos industriales de energía renovable, sin que antes se identifique la ubicación y los lugares aptos» como requieren la Ley de Política Pública Energética y la Ley de Transformación y Alivio Energético.

Las entidades demandantes son la Organización Boricuá de Agricultura Eco-Orgánic, el Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas, el Comité Diálogo Ambiental, Puente de Williamsburg (Enlace Latino de Cambio Climático), Sierra Club Puerto Rico y Liga de Ciudades de Puerto Rico.

«La pérdida de tierras agrícolas de primera calidad para instalar proyectos solares de una magnitud industrial es un atentado grave a la seguridad alimentaria de Puerto Rico que ya está en precario», dijo David Sotomayor, catedrático en suelos del Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico.

«Hay que recalcar que casi ningún producto puede sembrarse de forma productiva debajo de las placas y la instalación conlleva destrucción de esos suelos con los movimientos de la construcción cambiando incluso la hidrografía», enfatizó.

Añadió que en 70 años (1935 a 2002), se documentó la pérdida de alrededor de 1.300.000 cuerdas de terrenos agrícolas por diversos factores, principalmente el desparrame urbano, de acuerdo con datos del Departamento de Agricultura y el Departamento de Geografía del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.

«Esas son tierras que no recuperaremos y se torna imprescindibles en una isla como la nuestra que depende casi exclusivamente de la importación de productos para podernos alimentar que no se pierdan más tierras porque se atenta contra la seguridad alimentaria particularmente en momentos de crisis por el cambio climático y por aspectos internacionales del mercado», sostuvo Sotomayor.

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