Legisladores de Puerto Rico iniciaron un debate público, sobre un proyecto de ley que pretende prohibir explícitamente la discriminación de determinados peinados, en especial los de tipo afro, en ese territorio estadounidense de gran diversidad racial.
La iniciativa ha suscitado un acalorado debate.
Funcionarios del gobierno local sostienen que la ley es innecesaria porque normas federales y locales ya prohíben ese tipo de discriminación. Pero los activistas puertorriqueños afirman que la comunidad afrocaribeña de la isla todavía sufre discriminación y necesita una protección explícita cuando se trata de servicios públicos, espacios de trabajo, educación y vivienda.
“Tengo 23 años y estoy cansada de este problema”, dijo Julia Llanos Bultrón, una maestra que lleva trenzas africanas. “Estoy muy decepcionada con un sistema que nos impulsa y nos obliga a cambiar el cabello con el que nacimos”.
Llanos dijo que una escuela en la ciudad nororiental de Fajardo le ofreció un trabajo el año pasado a condición de que se cortara el cabello porque no admitían trenzas. Ella declinó la oferta.
Casos similares fueron reportados por otras personas que intervinieron en una concurrida audiencia pública celebrada en el Capitolio en San Juan, a orillas del mar, destacando que los peinados en cuestión son culturalmente importantes y cargados de un significado histórico.
Más de 1,6 millones de personas de la isla de 3,2 millones de habitantes se identifican como de dos o más razas, mientras que casi 230.000 se identifican únicamente como negros, de acuerdo con el Censo de Estados Unidos.
Lorraine León Ramírez, madre de dos niños que llevan peinado afro, dijo que a su hijo más pequeño le prohibieron asistir a dos diferentes escuelas si no se cortaba el pelo.
“Ha sido de las peores experiencias que hemos tenido como familia”, afirmó. “La gran pregunta es: ¿es justo que nuestros niños y niñas tengan que crecer con reglamentos que laceran su identidad? La contestación es no”, dijo. “Ya es hora de romper con esos estigmas”.
Belvieu, una comunidad de Texas está lidiando con un problema similar desde hace meses a pesar de que el estado aprobó una ley que entró en vigor en septiembre para prohibir la discriminación del cabello por motivos de raza.
La familia de un estudiante negro de una escuela de educación media de Belvieu está alegando que su suspensión, iniciada en agosto, constituye una violación de la nueva ley. La escuela sostiene que el largo del cabello de Darryl George, que le recae por debajo de las cejas y los lóbulos de las orejas, viola el código de vestimenta de la escuela.
En Puerto Rico, los funcionarios del gobierno han evidenciado que las leyes y la Constitución de la isla, junto con el Título 7 de la Ley de Derechos Civiles, protegen ante la discriminación. Pero se sentó un precedente en 2016, cuando un tribunal federal de apelaciones desestimó una demanda por discriminación tras dictaminar que la directiva de un empleador en Alabama de no llevar rastas no violaba el Título 7.
En la audiencia del 21 de enero, la coautora del proyecto de ley, la senadora por Puerto Rico Ana Irma Rivera Lassén, dijo que no entendía la postura del gobierno. “¿Cuál es el problema de añadir protección de manera explícita?”, comentó.
La respaldaba la estudiante universitaria puertorriqueña Alanis Ruiz Guevara, quien dijo haber estado impulsando la redacción de la propuesta de porqué determinados peinados, como trenzas, trenzas pegadas y nudos bantú, no están cubiertos por algunas leyes.
Otra persona promotora del proyecto de ley es la famosa escritora puertorriqueña Mayra Santos-Febres.
“Todos estos trabajos de ley son tan importantes porque crean un protocolo que hace falta ya”, afirmó. “Nosotros necesitamos herramientas para defendernos del racismo sistémico”.
Es previsible que el debate en torno al proyecto de ley continúe en las próximas semanas.
En Estados Unidos continental, Texas y al menos otros 23 estados han implementado una versión de la Ley CROWN, que por sus siglas en inglés significa “Crear un mundo respetuoso y abierto para el cabello natural”. La ley prohíbe la discriminación por el peinado en el empleo, la vivienda, las escuelas y los lugares de alojamiento público. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una versión federal en 2022, pero fracasó en el Senado.
Los funcionarios de algunos gobiernos caribeños también han presionado para que se relajen los códigos de peinado en escuelas, centros de trabajo y oficinas gubernamentales.
