San Juan, Puerto Rico. — Un alto tribunal de Londres determinó el martes que dos residentes de la isla caribeña de Barbuda tienen derecho a recurrir la construcción de una pista de aviación que, según los críticos, pone en peligro ecosistemas frágiles y se inició sin ningún permiso.
El fallo del Consejo Privado de Reino Unido está considerado una gran victoria para John Mussington, un biólogo marino, y Jacklyn Frank, una maestra retirada, que iniciaron una lucha legal contra el gobierno de Antigua y Barbuda en julio de 2018.
El ejecutivo sostenía que Mussington y Frank no estaban legitimados para iniciar ese proceso legal.
Leslie Thomas, una de las abogadas británicas que representa a los barbudenses, dijo que los demandantes tienen previsto pedirle ahora al gobierno que derribe lo que se ha construido. “Esta es una auténtica batalla entre David y Goliat”, apuntó. “Nos espera otra gran lucha».
Según Mussington, la sentencia tendrá “importantes implicaciones para los ciudadanos de Antigua y Barbuda que llevan mucho tiempo sufriendo la falta de transparencia y responsabilidad de instituciones y funcionarios clave encargados de aplicar las leyes de planificación».
Se espera también que el fallo siente un precedente para otros países caribeños que luchan para proteger unas tierras en las que adinerados promotores extranjeros quieren construir, especialmente después de aprovechar las oportunidades económicas tras una catástrofe o desastre nacional.
Un vocero de la oficina del primer ministro, Gaston Browne, y un representante de la constructora no respondieron a los mensajes pidiendo comentarios.
Sarah O’Malley, abogada de la ONG británica Global Legal Action Network, que ayudó a los abogados que representaron a los barbudenses, destacó que hicieron falta casi seis años para que se alcanzase el veredicto.
“Activistas ambientales de todo el mundo se ven normalmente atrapados por impedimentos procesales que hacen que los litigios sean costosos y lentos, un subterfugio empleados por quienes destruyen el medio ambiente para su propio beneficio», dijo añadiendo que la decisión facilitaría que “todos aquellos que buscan proteger la naturaleza” puedan desafiar legalmente las acciones gubernamentales.
El veredicto del Consejo Privado permite que a los dos barbudenses impugnar la decisión tomada en abril de 2021 por la Corte de Apelaciones de la Suprema Corte del Caribe Oriental, que determinó que no estaban autorizados a emprender acciones legales contra el gobierno.
Aunque Antigua y Barbuda se independizó de Reino Unido en 1981, sigue siendo una monarquía constitucional con el rey Carlos III como su jefe de Estado y el Consejo Privado como última instancia de apelaciones.
La construcción del aeropuerto forma parte de un acuerdo entre el gobierno, el Consejo de Barbuda y PLH (Barbuda) Ltd., creada por el multimillonario estadounidense John Paul DeJoria, cofundador de la marca de productos capilares Paul Mitchell. En la operación participa también la empresa estadounidense Discovery Land Co., fundada por Michael Meldman, de Casamigos Tequila.
Las firmas tiene previsto construir 495 viviendas de lujo, un campo de golf de 18 hoyos, un club de playa y una instalación de almacenaje de gas natural en más de 240 hectáreas (600 acres) de humedales protegidos.
Los constructores empezaron a trabajar en la pista en torno a septiembre de 2017, luego de que el gobierno evacuó a toda la isla de Barbuda tras el paso del Irma, un huracán de categoría 5 que fue el más potente observado nunca en el Atlántico abierto.
Entre los que tuvieron que salir de la isla durante al menos un mes estuvo Frank, quien a su vuelta se preguntó qué sería una luz que parpadeaba en la distancia.
“Resultó que era un aeropuerto que se estaba construyendo sin los permisos adecuados», contó añadiendo que el gobierno nunca consultó a los residentes. “Estaban infringiendo sus propias leyes”.
Las obras comenzaron también sin una evaluación del impacto ambiental ni la licencia del Consejo de Barbuda para talar bosque, según Global Legal Action Network. Además, no se celebraron reuniones públicas para informar a nadie de la construcción, y la solicitud del permiso de urbanización no se remitió hasta después de que comenzaran los trabajos.
Mussington y Frank alegaron también que el proyecto urbanístico podría afectar también al suministro de aguas subterráneas de la isla.
La pista de aterrizaje está casi terminada y funcionarios del gobierno indicaron que “aunque se haya construido violando los controles de desarrollo (…) no puede ‘deshacerse’”, de acuerdo con el fallo.
El Consejo Privado apuntó que si un tribunal considera que la Autoridad de Desarrollo y Control del gobierno actuó fuera de sus competencias, “las soluciones disponibles incluirían una orden que requiera que la tierra sea devuelta a su estado original”.
Mussington y Frank celebraron el fallo, pero Frank mantuvo la cautela. Otra demanda presentada por un pescador y un guía turística contra el gobierno por la construcción de dos villas privadas en un parque nacional está pendiente de resolución.
“A pesar de haber ganado, los barbudenses sabemos que la lucha por nuestra tierra no ha terminado”, afirmó. “Pensamos seguir luchando para proteger lo que es nuestro y preservarlo para nuestras generaciones futuras, como nuestros antepasados hicieron por nosotros”.
