La congresista opositora María Corina Machado habla con los medios y simpatizantes frente a una fila de la elementos de la Guardia Nacional Bolivariana durante una marcha antigubernamental en Caracas, Venezuela, el 16 de marzo de 2014. La decisión del gobierno en 2023 de vetarla de un cargo público ayudó a reunir a la fracturada oposición y a centrar la atención en su esfuerzo por celebrar unas elecciones primarias presidenciales independientes. (Foto: AP/Esteban Félix/Archivo)

Caracas, Venezuela. — María Corina Machado ha sido desde hace tiempo una enemiga del gobierno de Venezuela, aunque no precisamente una figura unificadora entre la oposición. Sin embargo, la decisión del gobierno de inhabilitarla para ejercer cargos públicos ha contribuido a unir a la fracturada oposición venezolana y a concentrar una atención muy necesaria en su empeño por celebrar unas primarias presidenciales independientes.

La inhabilitación se emitió solo unos días después de que ella ingresara a la contienda, y Machado dice que demuestra que el gobierno sabe que podría ser derrotado.

“Si alguien tenía duda de la importancia estratégica, del valor, que tienen las primarias… con las acciones del régimen esto ha quedado claro: La primaria es una oportunidad para construir fuerza cívica, ciudadana”, manifestó Machado a los periodistas.

Las facciones de la oposición han estado organizando una primaria desde fines del año pasado para elegir a quien tenga la ardua tarea de enfrentar al presidente Nicolás Maduro en las elecciones de 2024, bajo un sistema que —según observadores independientes— le da todas las ventajas a su Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Los desacuerdos sobre quién puede votar, cómo y dónde llevaron a críticos y simpatizantes a cuestionar la viabilidad de las primarias opositoras, pero el esfuerzo ganó tracción —y atención adicional del gobierno—, gracias a dos decisiones recientes de la comisión organizadora principal, que es independiente del gobierno.

Primero, el panel permitió que los venezolanos que viven en el extranjero puedan participar en las primarias del 22 de octubre, creando un sistema de registro en línea y anunciando 90 centros de votación en más de 30 países, con lo que 217.000 se han registrado hasta ahora. Segundo, el grupo optó por organizar la elección sin la ayuda de las autoridades electorales de Venezuela, evitando el uso del sistema de votación electrónica que es propiedad del gobierno.

La campaña llega en momentos de una crisis económica que ha empujado a 7,3 millones de personas a migrar y que ha hecho que los alimentos y otros bienes básicos sean inasequibles para quienes se quedan. El salario mínimo mensual equivale aproximadamente a 5 dólares, pero alimentar a una familia puede costar alrededor de 390 dólares.

Catorce personas se apuntaron a la primaria, pero el proceso no había llamado mucho la atención de una comunidad internacional cuyo enfoque en Venezuela disminuyó desde el comienzo de la pandemia y por la guerra en Ucrania.

El veto a Machado generó precisamente ese tipo de atención.

Generó una condena rápida de jefes de Estado, organizaciones regionales y la figura rival de la oposición Juan Guaidó, a quien Machado ha criticado ferozmente en los últimos años desde que se autoproclamó presidente interino de Venezuela después de la reelección de Maduro en 2018.

Incluso el presidente de Colombia, Gustavo Petro —un aliado clave de Maduro— se pronunció en contra de la inhabilitación.

“Es claro que ninguna autoridad administrativa debe quitar derechos políticos a ningún ciudadano(a)”, tuiteó Petro, a quien en 2013 se le impuso una prohibición similar de 15 años y la desafió con éxito a través de un organismo regional de derechos humanos.

Machado es una conservadora fanática del libre mercado y ha sido vista como radical, incluso entre la oposición de derecha por su renuencia a negociar con el gobierno de Maduro. No obstante, ella se ha convertido en la precandidata favorita.

Su inhabilitación, emitida apenas tres días después de su incorporación a la contienda, menciona señalamientos de fraude e infracciones fiscales y la acusa de promover las sanciones económicas que el gobierno de Estados Unidos impuso a Venezuela la década pasada.

El gobierno venezolano suele marginar a sus adversarios al vetarlos de cargos públicos, y no sólo en las contiendas presidenciales. Dicha inhabilitación se usó retroactivamente en 2021 para destituir al candidato a gobernador Freddy Superlano cuando aventajaba a un hermano del difunto presidente Hugo Chávez, pero aún no había sido declarado ganador.

Superlano y el líder de la oposición Henrique Capriles, que también tienen prohibido oficialmente postularse para cargos públicos, se unieron a las primarias a pesar de sus inhabilitaciones.

Superlano y Machado estuvieron entre los ocho precandidatos que participaron el miércoles en un debate en Caracas patrocinado por la Universidad Católica Andrés Bello. Ambos denunciaron el empleo de las inhabilitaciones, pero a diferencia de Superlano y otros participantes, Machado insistió en que rechaza la idea de crear una lista de finalistas para reemplazar al ganador de las primarias si a ese candidato no se le permite registrarse para las elecciones de 2024.

David Smilde, un experto en política venezolana de la Universidad de Tulane, opina que Machado confía en ganar las primarias a pesar de su veto y luego apelar a los votantes, el ejército y la comunidad internacional para presionar al gobierno a fin de que le permita postularse por la presidencia.

“Es un plan ambiguo, pero comprensible dada la situación”, añade.

Smilde subraya que tanto Maduro como los dirigentes del poderoso PSUV tienen el control absoluto de las instituciones, lo que les permite colocar cuantos obstáculos quieran para inclinar la balanza a su favor. Cree que Maduro y sus aliados preferirían no reprimir a los rivales tan descaradamente como lo ha hecho el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien encarceló a los candidatos opositores para eliminar la competencia antes de las elecciones del año pasado.

“Preferirían no convertirse en Nicaragua”, comenta Smilde, pero agrega que aun así preferirían parecerse a Ortega antes que perder el control del poder.

Las campañas electorales en Venezuela generalmente involucran entregas gratuitas de alimentos, electrodomésticos y otros bienes a nombre de los candidatos del partido gobernante, quienes también obtienen una cobertura favorable de los medios estatales. En cambio, el debate de la oposición del miércoles sólo se pudo ver en línea.

Machado, quien anteriormente promovió boicots electorales, declaró a la prensa la semana pasada que cinco personas que participaron en sus recientes eventos de campaña fueron detenidas injustamente. Las autoridades decomisaron un autobús empleado para la campaña. Eso provocó, dijo, que el propietario sufriera una urgencia médica debido a la angustia de perder su medio de sustento.

Machado, de 55 años, fue acusada de traición en 2004 cuando encabezaba un grupo que intentaba organizar un referéndum para derrocar a Chávez. Abandonó la organización en 2010 y fue electa a la Asamblea Nacional, pero fue expulsada en 2014 luego de que el gobierno panameño le diera su asiento durante una reunión de la Organización de Estados Americanos para que hablara sobre la violencia que afecta a Venezuela tras la elección de Maduro.

El jefe del partido gobernante, Diosdado Cabello, ha expresado repetidamente sus dudas de que las primarias que organiza la oposición para del 22 de octubre se lleven a cabo. Machado y otros candidatos de la oposición dicen estar conscientes que enfrentan un campo de juego desigual, pero que deben seguir adelante de todos modos.

La oposición tiene “un enemigo que no tiene ningún empacho en utilizar las armas de la república y el erario de la nación para mantenerse en el poder a cualquier costo”, afirmó el precandidato Andrés Caleca.

Sin embargo, añadió, Maduro y sus aliados ya no tienen los votos suficientes. “Allí está su debilidad”, afirmó.

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