El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió este jueves que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de Puerto Rico tiene «inmunidad soberana» frente a los reclamos de información por parte de los ciudadanos y medios puertorriqueños.
El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) de Puerto Rico demandó en 2017 a la JSF para obtener documentos de información pública a los que no se les permitía acceso.
La JSF, entre fiscal creado por el Congreso estadounidense para supervisar la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico, solicitó que se desestimara la demanda del CPI por motivos de inmunidad soberana y otras razones.
Los jueces, con una votación de 8 a 1, revocaron así un fallo de la corte de apelaciones a favor del CPI, que ha informado durante estos años sobre la reestructuración de la deuda y la crisis de Puerto Rico.
La magistrada Elena Kagan señaló que nada en la Ley PROMESA, que creó la JSF, deja en claro «que el Congreso privó a la Junta de inmunidad soberana».
«El estatuto no despoja explícitamente a la Junta de inmunidad. No autoriza expresamente la interposición de reclamaciones contra la Junta», agregó.
Tras la decisión del Supremo federal, la JSF afirmó en un comunicado que «acoge con satisfacción la decisión de afirmar la inmunidad soberana de la Junta de Supervisión como entidad del Gobierno de Puerto Rico».
Por su parte, el CPI criticó que la decisión del tribunal tiene el efecto de darle el poder al ente fiscal de no tener que responder al derecho fundamental que tienen los ciudadanos en Puerto Rico a conocer lo que ocurre en su gobierno
«Estamos ante otro capítulo más de la relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos, esta vez, con el resultado de obstaculizar la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas en nuestro país», denunció Carla Minet, directora ejecutiva del CPI.
Además, Minet hizo hincapié en que «las consecuencias que tiene esta decisión del Tribunal Supremo son perversas para el pueblo de Puerto Rico».
«Rechazamos de la manera más enérgica posible que el Tribunal Supremo federal haya tomado una decisión que pisotea los derechos de los puertorriqueños», sentenció Minet.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció a finales de abril que las Leyes de Transparencia de Puerto Rico no alcanzaron sus objetivos.
