En la historia familiar de Raul Valdes-Fauli está profundamente arraigado el día de noviembre de 1960 en que un agente de la revolución de Fidel Castro apareció en el Banco Pedroso de su familia en La Habana, con una ametralladora, y exigió que se fueran.

Llamando a su padre y a su tío “gusanos” —un término en español acuñado por Castro para denigrar a quienes huían de la isla—, el agente confiscó el banco y, en un instante, despojó a una familia que había llegado desde España en el siglo XVI.

“Les dijeron que ahora este era el banco del pueblo. Ni siquiera pudieron sacar las fotos familiares de las paredes de su oficina”, relató Valdes-Fauli, abogado y exalcalde del suburbio de Miami de Coral Gables.

Siete décadas después, episodios tan traumáticos están resurgiendo con urgencia, mientras las amenazas del presidente Donald Trump de una intervención militar, respaldadas por un bloqueo naval de los envíos de combustible que golpeado a la ya renqueante economía de la isla, han generado negociaciones entre Washington y La Habana. Muchos cubano-estadounidenses están convencidos de que 2026 podría —por fin— ser el año del cambio de régimen en la isla gobernada por comunistas.

Pero ese optimismo cauto entre los exiliados se ve moderado por la preocupación de que puedan quedar al margen. Su escenario de pesadilla: una repetición de lo ocurrido recientemente en Venezuela, donde Trump derrocó a Nicolás Maduro solo para unir fuerzas con sus antiguos aliados en una asociación en la que las exigencias de democracia pasan a un segundo plano frente a la negociación de acuerdos en la industria petrolera.

“Espero que no haga lo que hizo en Venezuela, que es mantener a los ladrones en el poder”, dijo Valdes-Fauli, quien se casó con una venezolana.

Un elemento emocional de las conversaciones, y uno de los más difíciles de resolver, es la posibilidad de cientos de miles de reclamaciones legales por parte de cubano-estadounidenses cuyas viviendas, negocios y tierras fueron confiscados después de que Castro llegó al poder en 1959.

Nueva esperanza de obtener compensación

La casa de Nick Gutiérrez está llena de títulos de propiedad descoloridos, fotografías en blanco y negro y libros poco conocidos, incluido un volumen hecho pedazos —“The Owners of Cuba, 1958”— que describe las 550 mayores fortunas tomadas por la revolución.

Como presidente de la Asociación Nacional de Propietarios de Tierras Cubanas en el Exilio, Gutiérrez asesora a familias del exilio cubano sobre cómo buscar compensación por el colectivismo forzado. Durante décadas, esa fue una misión solitaria relegada a los márgenes legales, porque nunca hubo esperanza de lograr que Cuba pagara.

“Gran parte de eso simplemente cayó en oídos sordos”, comentó Gutiérrez.

Pero, con el aumento de las especulaciones sobre un posible cambio de régimen, el interés real por el tema se ha disparado entre quienes antes veían el costoso litigio como una empresa inútil, así como entre jóvenes emprendedores cubano-estadounidenses deseosos de ayudar a reconstruir un país que apenas conocen, pero cuya herencia llevan con orgullo.

Gutiérrez, cuyos padres huyeron de la isla dos años antes de que él naciera, señaló: “Ahora estamos hablando del asunto existencial de si la dictadura cubana sobrevivirá hasta el próximo mes”.

Resolver las reclamaciones

Desentrañar las reclamaciones de propiedad en Cuba es parecido a luchar contra una hidra de múltiples cabezas, afirmó Robert Muse, un abogado de Washington especializado en leyes de Estados Unidos relacionadas con Cuba.

En la jerarquía de pérdidas de propiedad, quienes tienen la posición más sólida bajo la ley de Estados Unidos son las 5.913 reclamaciones certificadas por el Departamento de Justicia en 1972 por 1.900 millones de dólares. Incluyen corporaciones como ExxonMobil y Marriott International, cuyos activos fueron confiscados como parte del impulso de nacionalización de Castro de todo, desde refinerías de petróleo y el sistema telefónico hasta peluquerías y puestos de limpiabotas.

Según la ley de Estados Unidos, esas reclamaciones —valoradas hoy en 10.000 millones de dólares— deben resolverse para una restauración plena de las relaciones económicas y diplomáticas. En la práctica, sin embargo, el poder ejecutivo está autorizado a asumir el control de las pérdidas privadas a cambio de un pago global e incorporar la disputa a cualquier acuerdo con La Habana.

En una ruptura con el pasado, Cuba ha señalado su disposición a comentar las reclamaciones, como parte de una conversación más amplia sobre su exigencia de compensación por los daños causados por el embargo comercial de Estados Unidos, promulgado en 1962.

Un asunto más espinoso es el Título III de la Ley Helms-Burton de 1996. La ley permite a los exiliados demandar a cualquier empresa que se considere que está “traficando” con propiedad confiscada por Cuba.

Todos los presidentes anteriores de Estados Unidos suspendieron el Título III debido a las objeciones de aliados de Estados Unidos que hacían negocios en Cuba. Del mismo modo, muchos exiliados consideraban la legislación una amenaza vacía por la remota posibilidad de llegar a cobrarle alguna vez a un gobierno en bancarrota.

Pero Trump levantó la suspensión en 2019, y desde entonces se han presentado unas 50 demandas. Las compuertas para más reclamaciones podrían abrirse pronto, dependiendo de dos casos argumentados ante la Corte Suprema de Estados Unidos este año.

Uno de los casos, presentado por Exxon, busca 1.000 millones de dólares de entidades estatales cubanas. El otro fue interpuesto por la empresa con sede en Delaware, Havana Docks, contra cuatro líneas de cruceros que pagaron al gobierno de Cuba para desembarcar a casi 1 millón de turistas en un puerto que antes operaba, después de que el presidente Barack Obama restableciera las relaciones diplomáticas.

¿Llegará Trump a un acuerdo?

Muse comparó los riesgos legales de hacer negocios en Cuba con una “estalactita” formada durante varias décadas, que disuade la inversión y el compromiso político.

“No se puede tener un remedio de restitución para cientos de miles de reclamantes. Es inviable”, sostuvo Muse.

Sin embargo, si el objetivo declarado de La Habana de atraer capital extranjero es sincero, tiene incentivos para cerrar acuerdos con cubano-estadounidenses dispuestos a invertir en el país, dijo Gutiérrez. Un modelo para ello serían los antiguos estados comunistas de Europa del Este, que compensaron por las confiscaciones de propiedad al concluir la Guerra Fría, ayudando a que sus economías se dispararan.

Muse indicó que Trump podría tener la combinación adecuada de sentido empresarial, impaciencia con las convenciones y libertad política como presidente en un segundo mandato para abrirse paso en el complejo enredo. Una señal de que es poco probable que quede atrapado en regateos legales, añadió Muse, fue cuando recibió a ejecutivos petroleros en la Casa Blanca tras el derrocamiento de Maduro y les dijo que tendrían que dar por perdidas cualquier reclamación impagada por confiscaciones de activos en Venezuela.

A Gutiérrez le preocupa que el afán de Trump por un trofeo que se les ha escapado a 12 presidentes demócratas y republicanos pueda imponerse. Pero le tranquiliza la prolongada amistad del presidente con cubano-estadounidenses que están entre sus partidarios más fervientes.

“Trump no tiene reparos morales en hacer negocios con tipos malos. Pero sabe lo importante que esto es para nosotros, y eso nos da cierta tranquilidad de que no nos va a traicionar”, afirmó Gutiérrez.