El Concejo Municipal de Filadelfia busca aprobar una legislación que forma parte del paquete presentado recientemente, “ICE OUT”, para prohibirles a los agentes del orden de la ciudad ocultar su identidad, incluyendo el uso de mascarillas y de vehículos sin identificación. La propuesta, dirigida principalmente a frenar las cuestionadas tácticas del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.), ha generado un intenso debate sobre la seguridad pública, las libertades civiles y los límites de la autoridad municipal.

La iniciativa ha surgido en medio de un creciente rechazo a los métodos utilizados por el ICE durante la campaña de deportaciones masivas  que realiza el presidente Donald Trump. Las imágenes de agentes federales con el rostro cubierto, vestidos de civil y realizando detenciones desde vehículos sin marcas oficiales se han convertido en un símbolo de la agresiva estrategia migratoria de la actual Administración.

La legislación propuesta en Filadelfia prohibiría a todos los agentes —federales, estatales y locales— ocultar sus rostros o realizar operativos desde vehículos sin identificar dentro de los límites de la ciudad. Sus impulsores afirman que el objetivo es aumentar la transparencia y garantizar que los residentes puedan identificar con claridad a quienes ejercen autoridad policial en sus vecindarios.

Sin embargo, sigue siendo incierto si la Ciudad puede hacer legalmente cumplir esta norma. La ley federal normalmente tiene prioridad sobre los intentos estatales y locales de regular operaciones federales, y funcionarios del Gobierno han argumentado que las restricciones al ICE violan la Cláusula de Supremacía de la Constitución, que establece la primacía del derecho federal.

También existen preocupaciones prácticas sobre su aplicación. Las violaciones a la prohibición de cubrirse el rostro, serían consideradas infracciones civiles, lo que implicaría que policías locales tendrían que sancionar a otros agentes del orden, incluidos funcionarios federales, por cubrírselo.

Defensores de los inmigrantes sostienen que el tema es una cuestión de seguridad pública. Argumentan que los agentes enmascarados que no se identifican claramente generan confusión y peligro, especialmente en comunidades ya desconfiadas de la policía. Aunque los agentes de ICE están obligados a portar credenciales, los activistas afirman que con frecuencia se niegan a identificarse cuando se les solicita.

Las medidas reflejan en parte la legislación de ciudades como Allentown y Reading, que aprobaron una ordenanza de no cooperación en octubre pasado, así como políticas similares vigentes en otras ciudades santuario en todo el país.

Filadelfia no es la única jurisdicción que avanza en este tipo de restricciones. Legisladores demócratas en todo el país, incluidos miembros del Congreso y de la Asamblea General de Pensilvania, han presentado propuestas similares. California ha llegado más lejos, implementando una prohibición al uso de mascarillas por agentes federales, pero el 9 de febrero de 2026, una jueza federal emitió un fallo que detuvo temporalmente la aplicación de una nueva ley de California que prohibía a los agentes federales —incluidos los de ICE— cubrirse el rostro durante operativos de inmigración. La decisión, tomada por la jueza Christina Snyder, impide que el estado exija a los agentes federales mostrar su cara mientras continúa la disputa legal.

La magistrada determinó que la ley conocida como “No Secret Police Act” violaba la Cláusula de Supremacía de la Constitución, ya que imponía restricciones únicamente a agentes federales y no a oficiales de policía estatales, lo que constituía una forma de discriminación contra el gobierno federal. Según Snyder, una regulación estatal no puede imponer reglas diferenciadas entre las fuerzas federales y estatales.

El fallo suspende la prohibición de máscaras hasta el 19 de febrero de 2026, aunque la suspensión podría extenderse si la Administración Trump solicita una nueva prórroga ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito.

Si bien la jueza bloqueó la prohibición de cubrirse el rostro, sí mantuvo otra ley estatal, la “No Vigilantes Act”, que exige que los agentes —incluidos los federales— porten identificación visible, como nombre o número de placa. Sin embargo, esta disposición también quedó en pausa temporal hasta el 19 de febrero, debido a un acuerdo previo entre el estado y el tribunal.

APOYAN LA INICIATIVA

La opinión pública parece respaldar estas iniciativas. Una encuesta reciente del Pew Research Center reveló que el 61 % de los estadounidenses cree que los agentes federales no deberían usar cubiertas faciales para ocultar su identidad mientras están de servicio.

Por su parte, funcionarios de ICE defienden el uso de mascarillas como medida de seguridad. Argumentan que los agentes operan en un entorno político altamente polarizado y enfrentan amenazas contra ellos y sus familias. El exdirector de ICE, Todd Lyons, declaró a CBS News el año pasado que, aunque no era partidario del uso de mascarillas, permitía su uso después de que información privada de agentes fuera difundida en internet, lo que derivó en amenazas de muerte.

El senador estadounidense John Fetterman, demócrata de Pensilvania, expresó preocupaciones similares en una reciente entrevista con Fox News, calificando el doxing como un “problema grave” y advirtiendo que las familias de los agentes podrían ser blanco de ataques.

A pesar de estas objeciones, los concejales de Filadelfia que patrocinan la legislación afirman que responden directamente a las preocupaciones de los residentes. La concejala Kendra Brooks señaló que la ciudad tiene la responsabilidad de proteger a su población, incluso si ello implica defender la ordenanza en los tribunales. “Nuestro objetivo es asegurarnos de que nuestra gente se sienta segura en la ciudad”, afirmó.

La prohibición de mascarillas forma parte de un paquete más amplio de siete proyectos de ley, conocido como la legislación “ICE Out”, presentado por Brooks y la concejal Rue Landau. Las propuestas limitarían la cooperación de empleados municipales con ICE y prohibirían que la agencia utilice propiedades de la ciudad para realizar operativos.

La legislación incluye excepciones para mascarillas médicas, equipos de protección, operaciones encubiertas y motivos religiosos. Aun así, algunos expertos advierten que la cciudad podría enfrentar litigios costosos y sugieren enfoques alternativos, como fortalecer el monitoreo comunitario o documentar las interacciones entre agentes federales y el público.

A medida que Filadelfia se acerca a la votación final, el debate refleja una disputa nacional más amplia sobre la aplicación de la ley migratoria, la confianza pública y los límites del poder local frente a la autoridad federal.