La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos federales por narcotráfico, ha sacudido el panorama político regional. Sin embargo, más allá del impacto mediático, este hecho ha abierto un debate crítico con consecuencias directas para miles de venezolanos que hoy solicitan asilo en Estados Unidos.

Desde la perspectiva del gobierno estadounidense, la detención de Maduro podría interpretarse como una “mejora” en las condiciones de Venezuela, lo que serviría de argumento para cuestionar la existencia de un temor fundado de persecución. Pero esta lectura ignora una realidad esencial: la caída de un líder no equivale al desmantelamiento de un régimen.

En Venezuela, las estructuras represivas permanecen intactas. Organismos como el SEBIN, la DGCIM, fuerzas especiales y colectivos armados siguen operando bajo el control del mismo aparato político. Los funcionarios responsables de detenciones arbitrarias, torturas y persecución política continúan en sus cargos. En términos jurídicos, esto es clave: la persecución pasada no se borra con un cambio de figura en el poder.

El derecho de asilo en Estados Unidos reconoce dos vías independientes: demostrar persecución pasada o probar un temor fundado de persecución futura. Cuando una persona acredita persecución pasada por motivos protegidos —como opinión política—, la ley presume automáticamente que el riesgo continúa. En ese escenario, la carga de la prueba recae en el gobierno, que debe demostrar un “cambio fundamental de circunstancias”. La simple captura de Maduro no cumple con ese estándar legal.

A este escenario ya complejo se suman cambios procesales preocupantes. En los últimos meses se han reactivado Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA), que permiten al gobierno cerrar casos sin una audiencia completa y deportar a los solicitantes a terceros países. Estas decisiones pueden tomarse con muy poco aviso, dejando a personas con años de espera sin la oportunidad de presentar su historia de persecución.

Frente a este contexto, persisten mitos peligrosos: que no se necesita abogado en audiencias iniciales, que hay tiempo porque la audiencia final está lejos o que cualquier representante puede manejar un caso de asilo. La realidad es otra. El asilo es una de las áreas más técnicas y cambiantes del derecho migratorio, y hoy más que nunca exige preparación estratégica y representación calificada.

La captura de Maduro no significa el fin del asilo venezolano, pero sí marca el inicio de una etapa más compleja y riesgosa. En 2026, la representación legal competente ya no es una opción: es una herramienta de supervivencia legal.

* Héctor Benítez Cañas es abogado de inmigración en Miami. Su firma Benme Legal se dedica a la práctica exclusiva de la Ley de Inmigración. https://www.benmelegal.org/