Un grupo de 23 estados, junto al Distrito de Columbia, demandó este martes a la Administración del presidente Donald Trump para mantener la financiación en noviembre de la ayuda alimentaria, que reciben alrededor de 42 millones de personas, y que será suspendida debido al cierre del Gobierno federal.
El Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, en inglés) publicó el fin de semana un aviso en su sitio web en el que indica que no financiará el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que otorga alimentos a cerca de uno de cada ocho estadounidenses, si el cierre continúa el próximo mes.
La demanda, encabezada por los estados de California y Massachusetts, argumenta que los beneficios del SNAP se «retrasarán por primera vez desde el inicio del programa» debido a la falta de acción del USDA, ya que los fondos fueron aprobados por el Congreso de Estados Unidos.
Además de California y Massachusetts, los estados de Minnesota, Arizona, Connecticut, Colorado, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington y Wisconsin, así como los gobernadores de Pensilvania, Kansas, Kentucky y el Distrito de Columbia, se sumaron a esta petición.
“Suspender los beneficios SNAP en estas circunstancias es contrario a la ley y arbitrario y caprichoso según la Ley de Procedimiento Administrativo”, declararon los estados en la demanda presentada ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. en Massachusetts.
California es uno de los estados más afectados por la suspensión de la ayuda que reciben 5,5 millones de sus residentes, quienes necesitan los llamados “cupones de comida”. El 63,2 % de los participantes del SNAP en el Estado Dorado son niños o adultos mayores.
“La decisión de la Administración Trump de retener la asistencia alimentaria ya financiada ha dejado a millones de estadounidenses con miedo e incertidumbre”, señaló el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, en un comunicado.
Los legisladores demócratas habían pedido a la secretaria del USDA, Brooke Rollins, que utilizara fondos de emergencia de 5.000 millones de dólares para cubrir la financiación de SNAP, pero se negó, argumentando que los necesitaba para enfrentar posibles catástrofes.
“El USDA no solo tiene la autoridad para usar fondos de contingencia, sino que también tiene la obligación legal de gastar todos los dólares disponibles para financiar los beneficios del SNAP”, argumentó el fiscal general de California, Rob Bonta.
La suspensión de las ayudas alimentarias ha salpicado incluso a los republicanos del Senado, que esta semana podrían debatir un proyecto de ley para financiar el programa
Un proyecto de ley de la Cámara de Representantes, respaldado por los republicanos y que financiaría temporalmente al gobierno federal, no logró la aprobación del Senado este martes por la decimotercera vez.
