Defensores de derechos humanos buscan garantizar acceso a alimentación sin importar estatus migratorio
Desde que Donald Trump asumió la presidencia en enero de 2025, su Administración ha implementado una política migratoria más estricta, que ha resultado en la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para varios países.
La cancelación del TPS implica que los beneficiarios pierden el permiso de trabajo, la protección contra deportación y otros beneficios legales, a menos que logren cambiar su estatus migratorio por otras vías como asilo, visa U, visas de trabajo o matrimonio con ciudadanos estadounidenses.
Desde la pasada primavera miles de inmigrantes en Estados Unidos quedaron excluidos del programa SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria). La decisión generó una fuerte reacción por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos, que alertaron sobre el riesgo de dejar sin alimentos a miles de familias vulnerables.
¿Qué estableció el cambio en las reglas?
La nueva normativa indica que los migrantes admitidos por razones humanitarias pierden automáticamente su acceso a los beneficios SNAP una vez que su estatus temporal expire.
Este cambio afecta directamente a quienes fueron admitidos bajo condiciones excepcionales y aún no han podido regularizar completamente su situación migratoria.
Las poblaciones más impactadas por esta medida son, principalmente, migrantes procedentes de Cuba, Haití y Venezuela.
En muchos casos, estas personas llegaron a Estados Unidos escapando de crisis políticas, persecución o pobreza extrema.
Durante su estancia en el país, el programa SNAP ha sido una fuente clave de apoyo alimentario. La eliminación de este beneficio representa una amenaza directa para su bienestar diario.
La pérdida de los beneficios llega en un contexto económico desafiante, marcado por inflación persistente y desempleo. Para muchas familias migrantes, los cupones SNAP son su única garantía de acceso a alimentos básicos. Si bien los indocumentados no califican para el beneficio, sus hijos ciudadanos sí.
Organizaciones sociales han advertido que esta política podría provocar un aumento en la inseguridad alimentaria, así como impactos negativos en la salud física y mental de las personas afectadas.
Defensores de derechos humanos han calificado la medida como preocupante y deshumanizante. Denuncian que afecta a miles de hogares en situación precaria, aumentando la presión sobre albergues, bancos de alimentos y servicios comunitarios.
¿Qué pueden hacer los afectados?
Si tú o alguien cercano podría verse perjudicado por esta decisión, es importante actuar:
-Consultar a un abogado especializado en inmigración para explorar opciones como el asilo.
-Contactar a organizaciones locales que ofrezcan apoyo alimentario y/o asistencia legal.
-Mantener la documentación migratoria al día y estar informado sobre nuevas medidas o recursos disponibles.
La situación migratoria de los venezolanos en Estados Unidos ha entrado en una fase crítica tras la cancelación oficial del TPS.
250,000 venezolanos que obtuvieron el TPS en 2021 pierden su estatus legal, incluyendo permisos de trabajo, licencias de conducir y acceso a servicios básicos.
¿Quiénes aún están protegidos?
Aquellos que renovaron su TPS entre el 17 de enero y el 5 de febrero de 2025 podrán mantener sus permisos hasta octubre de 2026.
Líderes opositores como María Corina Machado y Edmundo González han solicitado a EE. UU. reconsiderar la medida, argumentando que la situación en Venezuela sigue siendo crítica.
Países que perdieron el TPS en 2025 y corren el riesgo de deportación:
Haití, 2 de septiembre de 2025.
Honduras y Nicaragua, 8 de septiembre de 2025.
El Salvador aún mantienen TPS,hasta septiembre 2026
