La semana pasada Citizens Bank anunció que pondrá fin a sus relaciones crediticias con las empresas de prisiones privadas CoreCivic y GEO Group, dos de los principales operadores de centros de detención utilizados por las autoridades federales de inmigración en Estados Unidos.
La entidad bancaria explicó que la decisión responde a cambios en la estructura de financiamiento de ambas compañías, luego de que el gobierno federal adquiriera varias instalaciones de CoreCivic y manifestara su intención de comprar otras pertenecientes a GEO Group. Según el banco, esta situación redujo las necesidades de capital de ambas empresas, por lo que consideró apropiado poner fin a las líneas de crédito que mantenía con ellas. Citizens subrayó que se trata de una decisión comercial y no de un cambio en su postura respecto del modelo de negocio de estas compañías.
La medida fue celebrada por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, entre ellas la De-ICE Citizens Bank Coalition, que durante meses promovió campañas y protestas para presionar a la institución financiera. Los activistas calificaron el anuncio como una victoria de la movilización ciudadana y sostienen que la presión pública fue determinante para que el banco abandonara este tipo de financiamiento.
La campaña incluyó manifestaciones frente a sucursales bancarias, anuncios y vallas publicitarias en carreteras y otras acciones en distintos estados. Además, gobiernos locales como los de Jersey City y Montclair, en Nueva Jersey, anunciaron el retiro de depósitos públicos de Citizens Bank en protesta por sus vínculos financieros con operadores de centros de detención migratoria.
Por su parte, Citizens Bank defendió su historial de apoyo a las comunidades inmigrantes y señaló que las regulaciones bancarias limitan la capacidad de las instituciones financieras para negar servicios a empresas que operan legalmente únicamente por razones políticas o ideológicas.
La decisión marca un nuevo capítulo en el debate sobre el papel de las instituciones financieras en el financiamiento de la industria de prisiones privadas. Desde 2019, varios de los principales bancos de Estados Unidos han anunciado políticas para reducir o eliminar su exposición a este sector, mientras que Citizens había mantenido relaciones de financiamiento con GEO Group y CoreCivic hasta este anuncio.
Aunque los activistas consideran el anuncio un avance significativo, afirman que continuarán vigilando las actividades financieras de los centros de detención migratoria y de otras empresas vinculadas a las políticas federales de deportación.
