Los romanos establecieron normas extraordinarias para corregir casos en los que la aplicación literal de la ley escrita pudiese derivar en una injusticia: los Principios Generales del Derecho.

¿Podrían aplicarse estos factores “correctivos” hoy en ciertas situaciones migratorias extraordinarias? ¿Podría ser la “Dignity Act” (H.R. 4393), una solución a esos casos?

Así lo cree la “American Business Immigration Coalition” (ABIC), que el 22 de abril se manifestó en el Capitolio para poner de relieve “soluciones de sentido común en materia de inmigración” para inmigrantes que lleven años trabajando y residiendo en los Estados Unidos sin estatus legal.

Para ellos, la “Dignity Act” (Ley de Dignidad), es el camino. Este proyecto de ley patrocinado por la US rep. María Elvira Salazar (R–Fl) busca establecer una vía legal para inmigrantes que han vivido y trabajado en los EE. UU. durante años sin antecedentes penales, permitiéndoles permanecer junto a sus familias sin la amenaza de ser deportados.

El senador Mark Kelly (D-AZ), el representante Don Bacon (R-NE) y el representante Jake Auchincloss (D-MA) destacan el creciente apoyo bipartidista a la reforma (de la ley migratoria) y comparten lo que están escuchando en sus estados de origen: un sistema que funcione.

La “Dignity Act” es una de las varias propuestas bipartidistas pendientes, entre las que se incluyen la Ley Dream (Durbin/Murkowski) y la Ley de Familias Estadounidenses Unidas (American Families United Act). Cuenta con 40 copatrocinadores bipartidistas y el respaldo de más de 75 organizaciones, entre ellas ABIC Action, la Asociación Nacional de Fabricantes, la Legión Americana, la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas y la Conferencia Nacional de Liderazgo Cristiano Hispano.

Personas como Carlos Della Valle –quien narró su historia junto a su esposa el 29 de abril (día siguiente a su liberación de un centro de detención de ICE en Luisiana)– podrían acogerse a esta ley y legalizar su situación.

Antecedentes

Carlos, reside en los suburbios de Filadelfia, es ciudadano mexicano, cruzó la frontera sur en 1997. Sufrió agresiones por cárteles. Fue detenido y deportado. Volvió a cruzar la frontera ese mismo año. Según señala Ryan Brown, su cuñado, “le ordenaron firmar sin explicarle qué estaba firmando, le entregaron una orden de expulsión y lo dejaron en libertad en la misma frontera”.

Della Valle lleva 30 años viviendo en Estados Unidos, los últimos 24 casado con la ciudadana estadounidense y maestra, Ángela. Tienen un hijo, Allesandro, también ciudadano, que estudia en la universidad. Carlos es gerente de planta en una empresa de adhesivos, ha pagado sus impuestos anualmente y nunca ha aceptado beneficios gubernamentales. La familia reside en Downington, PA.

Al regresar de unas vacaciones familiares en US Virgin Islands fue detenido. Tras su arresto, fue puesto en libertad bajo fianza y, posteriormente, regresó para el juicio. Un jurado lo declaró no culpable del cargo de reingreso ilegal. A pesar del veredicto, el pasado agosto fue detenido nuevamente por las autoridades de inmigración, y permaneció por ocho meses y medio en diferentes centros de detención de ICE.

Aspectos legales

Si bien el matrimonio con ciudadano estadounidense puede ofrecer una vía para obtener un estatus legal, dicho proceso requiere haber ingresado legalmente al país. Bajo la ley estadounidense, además, reingresar a los Estados Unidos después de haber sido deportado constituye un delito grave castigado con hasta dos años de prisión. Los Della Valle llevan consultados más de tres docenas de abogados de inmigración desde que se casaron, con la esperanza de regularizar el estatus de él. Sus esfuerzos han sido infructuosos.

La republicana María Elvira Salazar y un grupo bipartidista de miembros del Congreso han lanzado la Coalición Dignity: una alianza para promover una solución seria y bipartidista reparadora del disfuncional sistema migratorio de Estados Unidos.

La liberación de Carlos hace unos días fue obtenida tras su defensa conjunta por American Families United (AFU), ABIC, líderes religiosos, empresariales y un grupo bipartidista de aliados en el Congreso, además de su esposa Ángela.

Para Marielena Hincapié, investigadora jurídica en la Universidad de Cornell, “Se necesita de toda una comunidad para llevar justicia a la vida de las personas y para hacer frente a las injusticias en el mundo”.

Ashley DeAzevedo, directora ejecutiva de AFU –organización que representa a ciudadanos estadounidenses cuyos cónyuges afrontan o pudieran afrontar deportación debido a que carecen de una vía para obtener un estatus legal– señala que “Hay 1.4 millones de familias estadounidenses —tal como los Della Valle— que viven con este temor en este preciso momento”.

El profesor Jordan Liz aboga por una Ley de la Dignidad. Para él esta ley no es perfecta, pero afirma que constituye un paso realista hacia la reforma migratoria y la justicia. “De aprobarse, beneficiaría a ciudadanos estadounidenses casados ​​con cónyuges que carecen de una vía legal bajo el sistema actual”, señala.

Carlos Della Valle –y muchos otros en situaciones similares– continúan explorando todas las vías legales para permanecer en el país de manera lícita junto a sus familias.