El gobernador Josh Shapiro firmó tres nuevas órdenes ejecutivas que amplían las protecciones para los habitantes de Pensilvania con discapacidades y autismo. (Foto: proporcionada)

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, firmó este jueves tres órdenes ejecutivas destinadas a ampliar las protecciones y la representación de los residentes con discapacidades y autismo, lo que, según su administración, marca la continuación de un aumento en la inversión y el enfoque en políticas sociales durante los últimos tres años.

Las medidas, que entran en vigor de inmediato, reafirman la política estatal de no discriminación, introducen nuevas salvaguardas de privacidad de datos, reautorizan el Consejo de Discapacidades del Desarrollo y crean una Comisión Asesora del Gobernador sobre Personas con Discapacidades.

Durante la firma, Shapiro afirmó que las órdenes buscan transformar la manera en que se elaboran las políticas públicas, haciendo hincapié en la inclusión de las personas directamente afectadas. “Con demasiada frecuencia, se han tomado decisiones sobre las personas con discapacidades, pero no con ellas”, dijo, y añadió que la nueva comisión ayudará a garantizar “un asiento real en la mesa”.

La primera orden ejecutiva sustituye una directiva de 2002 y refuerza las protecciones relacionadas con los derechos, la dignidad y la privacidad. También limita la recopilación de datos personales por parte de las agencias estatales a lo estrictamente necesario, incluso en ámbitos como la atención médica y la investigación.

“Estoy muy agradecido con el gobernador Josh Shapiro por brindar su atención y apoyo a la comunidad autista”, dijo Tom Bak, músico y defensor de la neurodiversidad, quien participó en la firma de hoy junto a su madre, Erin Lopes. “Esta orden ejecutiva es importante porque les da a las personas autistas una voz para proteger la privacidad de sus datos y su autonomía”.

Una segunda orden establece la nueva comisión asesora, que incluirá hasta 30 miembros voluntarios designados por el gobernador, entre ellos personas con discapacidades, familiares y expertos en la materia. El grupo recomendará cambios de política, coordinará con agencias gubernamentales y funcionará como un centro de recursos para programas y servicios. La administración ya ha comenzado a aceptar solicitudes para el cargo de director ejecutivo de la comisión.

“Desde el inicio de su administración, el gobernador Shapiro ha trabajado y acogido a la comunidad de personas con discapacidades. En esencia, una Comisión sobre Personas con Discapacidades trata de representación, equidad y voz”, afirmó Sherri Landis, de la The Arc of Pennsylvania. “Durante demasiado tiempo, las personas con discapacidades han quedado fuera de conversaciones que impactan directamente sus vidas. Esta comisión cambia eso y garantiza que las personas con discapacidades no solo tengan voz, sino también un lugar en la mesa”.

La tercera orden restablece el Consejo de Discapacidades del Desarrollo del estado, garantizando el cumplimiento de los requisitos federales en virtud de la Ley de Discapacidades del Desarrollo. El consejo continuará asesorando al gobernador y promoviendo políticas que fomenten la independencia y la inclusión en la comunidad.

La secretaria del Departamento de Servicios Humanos de Pensilvania, Val Arkoosh, señaló que estas acciones se basan en los comentarios de familias y defensores que buscan apoyo a largo plazo y recursos de planificación. Indicó que el progreso sostenido requiere tanto financiamiento como compromiso político.

La primera dama, Lori Shapiro, quien ha promovido iniciativas de empleo para personas con discapacidades, asistió al evento junto a funcionarios de la administración y defensores.

Según la administración, la Oficina de Rehabilitación Vocacional del estado ha ayudado a más de 76.000 residentes con discapacidades desde 2023, ampliando las oportunidades de colocación laboral y capacitación en colaboración con empleadores.

Defensores de la comunidad acogieron las nuevas medidas como un paso hacia una mayor inclusión en la formulación de políticas públicas y un fortalecimiento de las protecciones de privacidad y autonomía.

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