El pasado 12 de febrero la concejala del Distrito 7 de Filadelfia, Quetcy Lozada, presentó una serie de resoluciones que buscan atender tres crisis interrelacionadas que afectan de manera significativa a residentes de Filadelfia, particularmente en comunidades negras y latinas: el aumento de las tasaciones de propiedades, la presencia de armas en espacios públicos y los títulos de propiedad enredados, un problema que amenaza la estabilidad de familias de bajos recursos.

Un panorama crítico para las comunidades latinas y negras

Aunque la pobreza ha disminuido en la ciudad —de 27 % en 2013 a 22 % en 2023— los latinos siguen siendo el grupo con mayor tasa de pobreza, alcanzando un 33 %, pese al crecimiento de hogares latinos de mayores ingresos. La comunidad latina sigue enfrentando desigualdad estructural y cargas desproporcionadas en vivienda y seguridad pública.

Audiencia solicitada sobre tasación de propiedades y carga fiscal

Lozada presentó una resolución para autorizar al Comité de Vivienda, Desarrollo Vecinal y Personas sin Hogar a investigar la Oficina de Tasación de Propiedades (OPA), su metodología, el proceso de apelaciones y el impacto que las recientes valuaciones tienen sobre los propietarios de vivienda.

Según la resolución, el 26 % de los propietarios gasta más del 30 % de sus ingresos en vivienda, una carga que se agrava con los aumentos acumulados de impuestos prediales tras años de retrasos en las tasaciones. El ajuste reciente provocó incrementos que equivalen a tres años de aumentos en uno solo, dejando a muchos residentes en una situación económica precaria.

Los efectos son especialmente severos en vecindarios latinos y negros, donde las tasaciones han aumentado de manera desproporcionada, y es que las revaluaciones de 2024 incrementaron los valores más rápidamente en barrios de bajos ingresos y comunidades racializadas, reproduciendo patrones de sesgo histórico en la valuación de viviendas.

Además, estudios académicos han demostrado que propietarios negros y latinos enfrentan tasaciones por debajo del valor real, afectando su capacidad de acceder a créditos y construir patrimonio, lo que profundiza desigualdades ya existentes.

El problema se agrava en el contexto del reciente proceso de revaluación de propiedades de la ciudad para 2025, que elevó el valor de las viviendas en más de 30 % en algunas zonas, especialmente en áreas en proceso de gentrificación, afectando a propietarios con ingresos bajos o fijos.

Audiencia sobre armas de fuego en parques y espacios recreativos

En una segunda resolución, Lozada solicitó una audiencia conjunta entre el Comité de Seguridad Pública y el Comité de Parques y Recreación para examinar la presencia de armas de fuego en áreas recreativas de la ciudad, la efectividad de las leyes vigentes y estrategias de prevención de violencia.

Aunque la tasa de homicidios en Filadelfia cayó a su nivel más bajo en 60 años en 2025, la ciudad registró 935 víctimas de tiroteos, y casi el 40 % de los incidentes se concentraron en solo 12 vecindarios, muchos de ellos con altas poblaciones afroamericanas y latinas.

De acuerdo con datos presentados en la resolución, entre 2019 y 2022 hubo 300 incidentes de violencia armada en parques e instalaciones recreativas. Las políticas de “zonas libres de armas” no han sido suficientes por sí solas; estudios en salud pública muestran que estas medidas requieren combinarse con aplicación consistente de la ley, estrategias de prevención y participación comunitaria para reducir la violencia de manera efectiva.

El impacto es particularmente grave entre jóvenes afroamericanos: uno de cada ocho hombres negros en Filadelfia recibe disparos o muere antes de los 25 años, según datos de la Universidad de Pensilvania.

Para familias latinas, especialmente en vecindarios donde las instalaciones recreativas son un recurso central para la niñez, esta situación incrementa el miedo y reduce el acceso a espacios seguros para la comunidad.

Audiencia sobre títulos de propiedad enredados

El Comité de Derecho y Gobierno celebró una audiencia sobre la resolución 260029 para examinar el problema de los títulos de propiedad enredados, que se produce cuando una vivienda pasa de un miembro de la familia a otro sin que la escritura se actualice legalmente.

Este problema afecta de manera desproporcionada a familias de bajos ingresos, muchas de ellas latinas y afroamericanas, y puede derivar en:

Pérdida de acceso a programas de ayuda

Impedimentos para realizar reparaciones o solicitar asistencia

Riesgo de robo de escrituras

Acumulación de deudas fiscales

Para enfrentar la situación, la Oficina del Registro de Testamentos creó la Unidad de Autorización de Títulos, que ya ha logrado resolver 118 títulos en el último año. Se estima, sin embargo, que miles de propiedades en la ciudad presentan algún tipo de irregularidad en su escritura.

El registrador de testamentos, John Sabatina, afirmó que la unidad “ayuda a los residentes a pasar de la sucesión a la propiedad mediante asistencia legal”, un paso clave para evitar que familias pierdan sus hogares.

Este problema afecta de manera particular a comunidades latinas, donde las transferencias informales de vivienda entre familiares son comunes y el acceso a servicios legales puede ser limitado. Combinado con aumentos en las tasaciones y el riesgo de ejecuciones fiscales, los títulos enredados representan una amenaza real para la estabilidad intergeneracional de la propiedad.

Las resoluciones impulsadas por Lozada buscan abordar problemas profundos que afectan directamente a la estabilidad económica, la seguridad y el derecho a la vivienda, especialmente en comunidades latinas históricamente marginadas.