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Solicitan que se declare el estado de emergencia en Puerto Rico ante crisis de seguridad

Fotografía de archivo donde aparece el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi. (Foto: EFE/Thais Llorca)

San Juan, Puerto Rico.- El presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Luis Javier Hernández Ortiz, solicitó este miércoles al gobernador Pedro Pierluisi que declare el estado de emergencia ante la crisis de seguridad en la isla.

Esta solicitud llega después de que en la última semana se registrara la tercera masacre del año en la isla, fueran asesinadas dos menores de 13 y 15 años y muriera un sargento en un tiroteo, entre otros crímenes.

Hernández Ortiz pidió en un comunicado al gobernador y al comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, que declaren una emergencia y que apliquen «un plan que pueda darle tranquilidad al país».

«Cada día estamos más preocupados. Hay que aceptar que estamos viviendo una crisis terrible de seguridad», señaló el presidente de la asociación, que engloba a los alcaldes del opositor Partido Popular Democrático (PPD).

El también alcalde del municipio de Villalba lamentó en su nota la muerte del sargento Pedro Torres Santos, de 59 años, el pasado lunes frente a una panadería en Trujillo Alto, donde trabajaba a tiempo parcial como guardia de seguridad.

Hernández Ortiz explicó que los sicarios ya no respetan ni a los uniformados y denunció una merma de policías estatales en los cuarteles.

«Hay una realidad, y es que policías municipales han asumido responsabilidades que, desde un inicio, no les competen, puesto que dicho cuerpo fue creado para apoyar la labor de agentes estatales y no para sustituirlos», comentó.

Junto al caso del sargento, la sociedad puertorriqueña quedó conmocionada la semana pasada con el mencionado asesinato de las dos menores en Piñones y de un adolescente y dos jóvenes en Carolina.

Estos crímenes, que están relacionados, llevaron al comisionado de la Policía a instar a los jóvenes a alejarse de «las malas influencias».

Según los últimos datos proporcionados por la Policía, en lo que va de año se han registrado 245 asesinatos en Puerto Rico, una isla con poco más de 3 millones de habitantes donde estos crímenes están en general ligados a ajustes de cuentas entre bandas.

Ejército de EE. UU. creará viviendas asequibles para sus miembros en Miami

Archivo. EFE/EPA/ADAM WARZAWA

El Ejército estadounidense anunció este martes un primer proyecto de construcción de «viviendas privatizadas» y «asequibles» cerca de Miami para sus miembros, ante el alto coste de muchas áreas próximas a la sede del Comando Sur de EE. UU.

Desde la inauguración en 2010 de la sede actual del Southcom (Comando Sur) en Doral, aledaña a Miami, los miembros del servicio estacionados en la guarnición del Ejército en Miami «han luchado para encontrar viviendas adecuadas y asequibles que estuvieran cerca de su lugar de destino», dijo Rachel Jacobson, Subsecretaria del Ejército para Instalaciones, Energía y Medio Ambiente.

Jacobsons señaló en un comunicado que el nuevo proyecto, denominado Cadence Communities, proporcionará viviendas de calidad «que se necesitan desesperadamente para quienes están estacionados en Miami».

Se prevé la construcción de un complejo con 75 viviendas familiares y 60 apartamentos de dos habitaciones para miembros del servicio no acompañados en un terreno federal de 51 acres (20.655 hectáreas), unas tierras que fueron recientemente transferidas al Ejército por la Administración Federal de Aviación sin costo alguno, indicó el comunicado.

Lendlease, la firma seleccionada por el Ejército para llevar a cabo el proyecto invertirá 110 millones de dólares en la construcción del nuevo complejo de viviendas.

Bajo Cadence Communities se reconstruirá también un complejo de viviendas existente de 8,5 acres (3.400 hectáreas) en Tobyhanna Army Depot, en Pensilvania, lo que implicará la demolición de 26 vivienda antiguas y la construcción de 35 nuevas.

El objetivo del proyecto Cadence Communities, que actuará en otras cuatro instalaciones, es privatizar centenares de unidades de vivienda familiar que actualmente son propiedad del Gobierno.

Así, el nuevo proyecto logrará el «objetivo estratégico de privatizar el inventario restante de viviendas donde sea factible y apoyará la construcción de nuevas viviendas para cumplir con los requisitos de vivienda de misión crítica para los miembros del servicio», dijo Jacobson.

Miembros de la construcción mecánica en Puerto Rico busca hacer negocios con España

Una delegación de 80 representantes de la industria de la construcción mecánica de Puerto Rico se ha desplazado a España para identificar oportunidades de negocio con funcionarios y empresarios españoles. (Foto: EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo)

San Juan, Puerto Rico.- Una delegación de 80 representantes de la industria de la construcción mecánica de Puerto Rico se ha desplazado a España para identificar oportunidades de negocio con funcionarios y empresarios españoles.

Así lo informó este miércoles Chaucey Ching, presidente de la Asociación de Contratistas Mecánicos de Puerto Rico (MCA, en inglés), quien en un comunicado de prensa explicó que la agencia de la delegación del ente está enfocada en dos pilares fundamentales.

Estos son: brindar una amplia capacitación a sus miembros con el objetivo de fortalecer sus habilidades y conocimientos técnicos mediante conferencias, visitas técnicas al Estadio Santiago Bernabéu y relaciones de negocio que permitan compartir mejores prácticas y explorar la última tecnología en el campo de la ingeniería mecánica.

Y, en segundo lugar, explorar oportunidades para fortalecer la industria y promover su crecimiento.

«Durante la Convención de la MCA, los delegados establecerán conexiones estratégicas con profesionales y empresas destacadas del sector en España, especialmente en las ciudades de Madrid y Barcelona», especificó Ching.

«Estas alianzas buscarán fomentar la transferencia de conocimientos, la colaboración y la identificación de oportunidades de negocio para los socios de la MCA y las 30 empresas puertorriqueñas que estos representan», añadió.

Además, durante la Convención Anual se ha puesto un énfasis especial en explorar oportunidades para atraer materiales de construcción de alta calidad a Puerto Rico.

«La MCA reconoce la importancia de contar con materiales de primera categoría para impulsar proyectos de ingeniería mecánica de vanguardia en la isla», sostuvo Ching.

«Por ello, se han establecido contactos clave con proveedores internacionales y se han evaluado opciones de materiales que cumplan con los más altos estándares de calidad y sostenibilidad», resaltó.

Ching dijo además que se reunirá con representantes de Madrid Nuevo Norte, quienes lideran el proyecto de «smart city» más importante y ambicioso de Europa, cuya inversión fluctúa en 28.000 millones de dólares y alrededor de 350.000 empleos.

ONG denuncian la persistencia de la guerra en zonas indígenas zapatistas del sur de México

(i-d) El abogado y coordinador del congreso nacional indígena, Carlos González, la integrante de la Red de Apoyo Iztapalapa Sexta RAIS, Malinalli Vega, la activista Araceli Osorio, la coordinadora de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Dolores González y la abogada especialista en derecho indígena, Magdalena Gómez participan durante el Foro Nacional del Horror a la Guerra a la resistencia a la vida, hoy, en la Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán

La región de Chiapas, en el sur de México, se encuentra sumida en un conflicto bélico que ha concentrado gran atención debido a la creciente intensidad de los carteles criminales y los procesos de militarización, denunciaron este lunes organizaciones indígenas y civiles.

En este escenario, los pueblos indígenas conocidos como «zapatistas» padecen un entorno marcado por el miedo y el terror, mientras luchan por alcanzar su anhelado objetivo: la paz.

Es por ello que el Foro Nacional, con la consigna Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas, organizó este lunes y martes, cuatro mesas de trabajo (violencia, justicia, paz y arte).

La finalidad del evento fue aportar ideas, reflexiones y propuestas que permitan combatir la violencia hacia los pueblos indígenas chiapanecos y promover la justicia y la paz con autonomía, así como de impulsar que se reconozca que en el sureño estado mexicano de Chiapas se vive una guerra.

Araceli Osorio, activista, respondió a EFE que, para lograr la paz, es imperativo transitar el dolor, organizar la rabia y defender la alegría.

Además, enfatizó la importancia de reconocer las pequeñas luchas que contribuyen a evitar la guerra, señalando que si no se atienden estos aspectos, se enfrentará un horizonte difícil en el sureste mexicano.

«La paz y la guerra están intrínsecamente relacionadas; si no existiera la paz, tampoco habría guerra, y viceversa. Buscar la paz implica abordar las causas de los conflictos y trabajar para resolverlos pacíficamente. La verdadera paz no es solo la ausencia de guerra, sino la construcción de un mundo más justo y equitativo para todos», reflexionó.

GUERRA EN CHIAPAS

La guerra que asola a Chiapas ha dejado a su paso un doloroso rastro de numerosas víctimas, desapariciones y la devastación de territorios y se incrementa día a día, reconocieron miembros de las comunidades zapatistas y defensores de los pueblos originarios.

Dolores González, coordinadora de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), indicó que los grupos del crimen organizado y paramilitares, que infunden miedo y terror en la población mexicana en el sur del país, cuentan con la protección de las instituciones del Estado mexicano.

Esta preocupante complicidad, ahondó González, ha generado una situación alarmante, donde la seguridad y los derechos de la población están en riesgo, resaltando la necesidad urgente de abordar este grave problema para restaurar la paz y la tranquilidad en la región.

“Tenemos en el país dos componentes fundamentales de la creciente guerra: la intensidad de los carteles criminales en la vida del país y su complicidad de siempre con funcionarios e instituciones del estado», refirió Carlos González, abogado y coordinador del congreso nacional indígena.

Asimismo, el defensor legal estimó que un segundo factor son los procesos de militarización que se han incrementado desde 2018, con la creación de la Guardia Nacional, que sustituyó a la hoy extinta Policía Federal.

La coordinadora de Serapaz insistió en que la guerra ha dejado de ser simplemente un medio para alcanzar un fin, convirtiéndose en un generador de mercados enormes y altamente lucrativos para la delincuencia organizada.

Para impedir que la guerra avance aún más, es esencial promover el diálogo y la acción entre los afectados por estos conflictos, alentándolos a no permanecer en silencio.

Por ende, Magdalena Gómez, abogada especialista en derecho indígena, recalcó que en la búsqueda de la paz, resulta indispensable librar una guerra contra el silencio.

PAZ EN MÉXICO

El objetivo de paz se ve complicado de alcanzar con los altos índices de violencia registrada en el país y estas comunidades indígenas.

Sin embargo, la activista Osorio confió que la paz se puede alcanzar con la colectividad y solidaridad de las personas, pues acentuó: «queremos y tenemos derecho a una vida libre de violencia”.

Mientras la abogada Gómez destacó la importancia de la participación y visión de los jóvenes para atender estos fenómenos de violencia.

PROYECTOS NEGATIVOS PARA LOS PUEBLOS

El Tren Maya, proyecto emblemático del presidente Andrés Manuel López Obrador para el sureste del país, y el Corredor Interoceánico del Istmo Tehuantepec, en la zona más angosta de México, entre el océano Pacífico y el Atlántico, representan dos grandes impactos negativos en las comunidades del sur de México, agregaron los defensores de los pueblos zapatistas en Chiapas.

Además, González subrayó que la finalidad principal de estos proyectos es construir barreras para frenar la migración.

Editorial Roundup: Pennsylvania

storm

Pittsburgh Post-Gazette. August 1, 2023

Editorial: Liquor Control Board racket must end

There are many inane and inefficient aspects of Pennsylvania’s alcohol laws, as most residents of the commonwealth know, usually from frustrating experience. But one of the most wasteful aspects is one most people don’t see: the way the state’s alcohol bureaucracy needlessly places itself between restaurants and their suppliers of specialty wine and liquor.

As the Post-Gazette’s Hal B. Klein reported on Sunday, a botched rollout of new Pennsylvania Liquor Control Board (PLCB) software has laid bare the way the state-run system makes offering distinctive items unnecessarily difficult and expensive.

Special orders — that is, requests for wines and spirits that are not in the PLCB catalog — make up a small proportion of PLCB revenues, about 4%, but are vitally important to the restaurants and boutiques that offer options that can’t be easily found elsewhere. In other words, they’re essential to the kind of establishments that contribute in unique ways to residents’ quality of life, and to attracting visitors to the state.

Besides making it harder for these businesses to stay afloat, PLCB markups make specialty wine and liquor options affordable for fewer people to enjoy.

In the current system, the PLCB inserts itself into the transaction between supplier and client, while ratcheting up costs (and gobbling up revenue) in several places. First, there’s a 10% PLCB markup on the supplier’s selling price. Then, there’s the 18% liquor tax. After that, the board charges a “logistics, transportation and merchandising factor,” or LTMF, that was just quietly increased as part of a botched software upgrade.

But there’s more! The LTMF is taxed at the liquor rate, then the entire sum is taxed at the state sales rate. Lastly, the PLCB charges an extortionate $3 per bottle “freight charge” — even though it’s already charged for transportation.

The result: A specialty bottle of wine that starts at around $6 from the supplier — and that might be sold to a restaurant in another state for $9 — costs $15 in Pennsylvania. Scaled to the thousands of bottles a restaurant might use annually, the result is an enormous and unnecessary tax on creativity and entrepreneurship.

The system, including new software that has confounded the PLCB’s clients, seems designed to make working outside the established catalog as unwieldy as possible. It’s the stifling and flattening logic of bureaucracy applied to the art of food and drink service.

This is all the more infuriating because Act 39 instituted direct delivery of such orders, bypassing PLCB warehouses, seven years ago. But the bureaucracy used a tendentious reading of the law to delay implementation — and still charges all the same fees even when bottles are delivered directly to clients. It’s a racket that can only exist because it’s a state-enforced monopoly.

And it doesn’t make sense. There’s hardly anything Gov. Josh Shapiro could do that would be more popular than ending this insanity. Offering to consider further privatization of that inefficient and exploitative bureaucracy could help to break the current budget stalemate in Harrisburg.

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Pittsburgh Tribune-Review. July 27, 2023

Editorial: Pennsylvania lawmakers need training camp

he Pittsburgh Steelers are back in training camp. The team descended on Saint Vincent College in Unity on Wednesday prepared to settle in for the long haul, bringing TVs, pillows and snacks.

They will spend their time at the school focused on developing their skills as individuals and a team to better perform when it comes time to kick off the season.

“Everyone’s ready to get back to it,” said this year’s first-round draft pick, offensive tackle Broderick Jones.

Great idea. Now, how can we get the Pennsylvania General Assembly to do this?

Senators packed up and left Harrisburg weeks ago despite the lack of a signed budget after Gov. Josh Shapiro backed off support for a voucher program. The House, meanwhile, departed without resolving the funding for state-related universities. It takes a two-thirds majority to get the money needed for Pitt, Penn State, Temple and Lincoln — and, after the resignation of Democratic Allegheny County Executive nominee Sara Innamorato, there isn’t a majority at all.

The Senate isn’t due back in town until Sept. 18. The House stands adjourned until Sept. 26. Until then, nothing is getting done, despite the budget already being overdue for a Senate signature that will then allow the governor to sign it and despite college students being back on campus in a month.

What if we found a big place we could lock down the Legislature until lawmakers actually got things done? Hey, Hempfield just bought a former state property with lots of bedrooms. Let’s throw the governor in for good measure. It’s not like this happened without his involvement. Don’t allow TVs or video games. We need them to focus. No snacks or pillows. This isn’t summer camp.

Make them buckle down, not leaving until they do the job, like cardinals electing a new pope. Maybe one year of this is all it would take to make our leaders realize that June 30 deadline means June 30.

But we can’t. The power to make the Legislature do anything rests, unfortunately, with the Legislature.

At least it does until lawmakers come up for reelection next year.

These officials need to take a look at Steelers training camp — not just at how players show up to do their job in the hottest part of summer. They need to take a look at the people who show up to watch.

Putting in the effort is popular with the people. Politicians could learn a little something from that.

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Scranton Times-Tribune. July 31, 2023

Editorial: Legislative negligence on guns

Pennsylvania’s worst gun-related tragedy of the past week (as of Friday) occurred Thursday in the Brewerytown section of Philadelphia.

A 14-year-old boy with severe developmental disabilities found an unsecured handgun in his grandmother’s bedroom and accidentally shot his cousin, a 2-year-old girl, in the head. The toddler died a short time later at Temple University Hospital.

A spokesman for the Philadelphia district attorney’s office police later said it would charge the boy’s 54-year-old grandmother with reckless endangerment and endangering the welfare of children.

The case checks many boxes regarding anything-goes gun culture and the state Legislature’s refusal to do anything that would help convert that into a culture of gun safety.

According to police, the woman did not own the weapon, but was holding it temporarily at the request of an acquaintance or relative. That person, however, later reported the gun stolen in South Carolina.

The investigation continues, as do shrugs from Pennsylvania lawmakers, most Republicans who not only refuse to enact sensible gun-safety measures to help create a safer gun culture, but who refuse to allow Philadelphia and other cities to take such measures on their own.

Pennsylvania does not require safe storage of weapons in gun safes or with trigger locks. It requires no gun-safety training for gun ownership. State law does not require gun owners to report to police when a weapon is lost or stolen, which they often do only after the weapon is used in a crime.

No one believes that any single law or series of laws will resolve gun crime and gun safety issues. But no one believed generations ago that Americans instantly would comply with mandatory seat-belt use, or that initial educational programs and laws would reduce adult cigarette use from nearly 50% of the population in the 1950s to less than 10% today.

Those efforts weren’t matters of simple enforcement. They changed entrenched culture over the course of generations. That same transition is needed now to make safety, rather than “do whatever you like and pick up the pieces later,” the standard for gun culture. Unfortunately, it has to begin with leadership that the state and federal legislatures not have.

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Uniontown Herald-Standard. July 29, 2023

Editorial: Primary runoff elections a bad idea for Pennsylvania

In May 2022, state Sen. Doug Mastriano secured the Republican nomination for governor with 44% of the vote, beating by more than 2-to-1 his closest challenger, former U.S. Rep. Lou Barletta.

It was an impressive victory for Mastriano, but the fact that he received 44% of the vote means that 56% of GOP voters preferred another candidate, whether it was Barletta, former U.S. attorney Bill McSwain, former U.S. Rep. Melissa Hart or another candidate in the crowded field. Mastriano’s primary win was about as good as it got for his campaign, since he was clobbered by Josh Shapiro in the general election.

Two Republican state senators have introduced a measure that would institute primary runoff elections to ensure that whatever candidate advances to the general election is backed by at least half-plus-one of his or her party. While denying that the runoff proposal has anything to do with Mastriano, one of the bill’s co-sponsors, Lancaster’s Ryan Aument, believes that runoffs would produce a “better choice,” bring candidates who are “broadly supported” before voters and generate more enthusiasm among the electorate.

There is an argument to be made for runoff elections. A candidate would, at least in theory, have more of a mandate if they secured majority support, whether in a primary or general election. But the arguments against runoffs are stronger.

First, runoff elections mean that voters would have to head back to the polls again, not too long after they’ve already cast their ballots. And runoff elections tend to have lower turnout than the main contest. The organization Fair Vote looked at runoff elections between 1994 and 2022 in the states that have them and found that 96% of the time, turnout fell from the primary election to the runoff, sometimes by as much as 40%. And even if a runoff election had been in place last year, it seems likely that Mastriano would have won that, too — the 56% of Republicans who did not vote for him in the primary were almost certainly not going to coalesce entirely behind an alternative candidate. A firebrand is what GOP voters seemed to want in 2022, rather than a centrist who might have been more palatable to general election voters.

A better option would be adopting some form of ranked-choice voting. In that system, each voter would rank candidates in order of preference. If a candidate secures a majority of first-choice votes, they win outright. However, if there is not a majority first-choice candidate, the second-choice votes of the candidate with the fewest first-choice votes are distributed to other candidates until a candidate receives a majority. That would be more fair, and less time-consuming, than holding a runoff election.

There are now 10 states that have primary runoff elections, most in the South. Pennsylvania should not join their ranks.

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Wilkes-Barre Citizens’ Voice. July 31, 2023

Editorial: Repeal law on drilling bonds

The state Environmental Hearing Board recently issued a ruling that illustrates the degree to which too many state lawmakers have rolled over for the natural gas industry against the public interest.

At the same time that Pennsylvania taxpayers must pay millions of dollars to cap gas wells abandoned by drillers, the EHB ruled in a way that provides drillers with an incentive to continuing abandoning wells at public expense.

The EHB had little choice because two years ago, Republican majorities in both legislative houses passed a law capping, for 10 years, the absurdly low costs for bonds that drillers must acquire when seeking well-drilling permits. That replaced a law by which the independent Environmental Quality Board could adjust bond rates every two years.

A bond is akin to a security deposit that a renter puts down when signing an apartment lease to cover any damages to the apartment when the lease ends. The drilling bond is supposed to pay the cost of capping a spent well. But the law caps the bond cost for a single conventional gas well (not the deep wells associated with the Marcellus Shale) at just $2,500, whereas the DEP has said that the cost of actually capping ranges from about $33,000 to as much as $800,000. Pennsylvania has more than 100,000 known abandoned wells.

The Legislature should act in behalf of the environment, public safety and taxpayers by repealing the existing law and establishing realistic bond rates.

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LNP/LancasterOnline. July 30, 2023

Editorial: Railroad companies must be required to keep emergency responders informed about what’s on the toxic trains moving through our communities

We were both shocked and impressed by the in-depth reporting done by LNP ‘ LancasterOnline and WITF on what the news organizations called “toxic trains.”

The reporting sharply illustrated the importance of investigative journalism to the safety and well-being of communities such as ours.

Requests for information were met with a mix of resistance and deflection from the railroad companies and the Association of American Railroads. Right-to-Know requests were filed to 12 central Pennsylvania county governments, including our own. And calls to municipal officials throughout Lancaster County requesting records of hazardous materials moving on trains proved to be fruitless. Worryingly, some counties don’t even keep those records.

Nonetheless, the journalists — led by LNP ‘ LancasterOnline’s Rejrat — pieced together an alarming picture of how trains move through our communities carrying huge quantities of dangerous materials such as ammonium nitrate and vinyl chloride.

As Rejrat noted, “About 115,000 households in Lancaster County are within 1.3 miles of rail lines — or the recommended evacuation distance for a situation similar to the Ohio derailment, according to county commissioners and Lancaster Emergency Management Agency.”

That, of course, was a reference to the catastrophic derailment of a Norfolk Southern train carrying toxic chemicals last February in East Palestine, Ohio. More than 1,500 residents near the Ohio-Pennsylvania border were ordered to evacuate.

What made that incident worse was that emergency responders were unable to access real-time information about the toxic materials that had been released into the air, soil and water.

That is precisely the scenario Lancaster County emergency responders fear — and with good reason. As the LNP ‘ LancasterOnline and WITF investigation found, railroad companies are not required to disclose what materials they are transporting. So emergency responders may turn up to the scene of a derailment or some other disaster without the information they need to safely and effectively respond.

And because of the size of some trains, which often have different materials on different cars, more than one municipality may have to deal with a train disaster. It’s difficult to coordinate a response without knowing what you’re dealing with.

“There’s not enough information upfront, and it is frustrating,” Duane Hagelgans, emergency management coordinator for Millersville and Manor Township, told LNP ‘ LancasterOnline. He’s also the fire commissioner for Blue Rock Fire Rescue and a professor of emergency management at Millersville University.

“When you have an event like a train derailment, and if you throw hazardous materials on top … it is such a low-frequency event for the average fire department that it can be quickly catastrophic,” Hagelgans said.

Jay Barninger, emergency management coordinator for Columbia, said anytime “you’re facing the unknown, it’s scarier than when you know what you’re going into.”

He added: “If you know what the chemical is ahead of time, it would be different.”

Post-9/11 secrecy

It seems ludicrous that railroad companies are not required by law to make that information available to emergency responders. The reason for the secrecy — that information might fall into the hands of those intent on causing maximum harm — doesn’t seem adequate, particularly as one of the lessons of 9/11 was the critical need to be prepared to deal with unthinkable catastrophes.

Those who mean to cause harm can do so just by assuming it’s hazardous material. And not having the ability to respond is a hazard of its own.

We also found it unbelievable that the state requires county officials to compile hazardous commodities transportation lists only every five years.

To their credit, Lancaster County officials aim to compile such a list every other year. To do so, they need to go to rail lines, observe trains and record the hazardous material codes from placards on the side of the cars — one of the most low-tech and inefficient information collection methods we can imagine.

As Rejrat wrote last Sunday, emergency responders can — in the event of a disaster — access hazardous material manifests through the AskRail app, which was developed in 2014 by Class 1 railroads like Norfolk Southern and Amtrak to provide real-time data. But the app is not mandated and, as Rejrat noted, “since the East Palestine disaster, questions have been raised about the effectiveness of the communication system.”

Trains carry a manifest, or train inventory, that must be kept within arm’s reach of the train’s engineer. But if the engineer is incapacitated by injury and the train car containing the manifest is seriously damaged, that wouldn’t be much help.

Promising measures

We wish this issue had been addressed before the East Palestine catastrophe, but at least there are efforts in both Harrisburg and Washington, D.C., to do so now.

We urge readers to encourage U.S. Rep. Lloyd Smucker of Lancaster County to support the Railway Safety Act of 2023 and the Assistance for Local Heroes During Train Crises Act when those bills get to the U.S. House.

Democratic U.S. Sens. Bob Casey and John Fetterman of Pennsylvania were among the lawmakers who introduced the bills.

The Assistance for Local Heroes During Train Crises Act sensibly includes a proposal that would direct the transportation secretary and the Transportation Security Administration to develop regulations requiring railroads to notify local emergency response groups, fire departments and law enforcement agencies when hazardous materials are moving through their communities. As the senators correctly pointed out, emergency responders — many of them volunteers — risk their lives to protect their communities and deserve more than just gratitude.

Additionally, the U.S. Department of Transportation’s Pipelines and Hazardous Materials Safety Administration proposed a rule last month that would require all railroads to immediately send the details of the contents of their trains to every emergency responder within 10 miles during an emergency.

In Harrisburg, Pennsylvania House Bill 1028 proposes the creation of a database of hazardous material being transported through the state on railways; that database would be accessible to emergency management agencies.

Appallingly, four Lancaster County Republicans — state Reps. David Zimmerman, Keith Greiner, Brett Miller and Tom Jones — were among 62 votes against the bipartisan bill.

They should explain their “nay” votes to the Lancaster County residents who live near the railway lines on which hazardous materials are transported. And to the emergency responders who will rush to the scene should a train carrying those materials derail or crash.

END

Críticas de Pence, apoyo de McCarthy: así ven los republicanos la imputación de Trump

Mike Pence, ex vicepresidente de los Estados Unidos. (Foto: EFE/CJ GUNTHER/Archivo)

Los republicanos se mostraron divididos ante la nueva imputación este martes del expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) por sus presuntos esfuerzos para revertir el resultado de las elecciones de 2020, en las que perdió frente al demócrata Joe Biden.

Mientras que Mike Pence, quien fuera vicepresidente de Trump y actualmente uno de sus rivales para hacerse con la nominación republicana para las elecciones de 2024, insinuó que las acusaciones deberían descalificar al exmandatario de las primarias del partido, el líder de la Cámara Baja, Kevin McCarthy, criticó el «doble rasero» del Departamento de Justicia por imputarlo.

En un comunicado recogido por el periódico The Washington Post, Pence aseguró que «cualquiera que se pone a sí mismo por delante de la Constitución no debería ser nunca presidente».

El también aspirante presidencial, y que desde el asalto al Capitolio de 2021 ha tratado de distanciarse de su antiguo jefe, dijo además que si bien no ha estudiado la imputación, la candidatura de Trump solo traerá «más distracciones».

En el mismo sentido, el también precandidato presidencial republicano Asa Hutchinson, exgobernador de Arkansas, pidió a Trump renunciar a su campaña por su «responsabilidad moral» en el ataque al Capitolio, en el que se trató de detener la confirmación de la victoria electoral del actual mandatario, Joe Biden.

Muy diferente ha sido el tono, y el mensaje, McCarthy, quien criticó lo que considera un uso partidista del Departamento de Justicia por parte del Gobierno de Biden y un intento de distraer con la imputación.

«Ayer mismo una nueva encuesta mostraba que el presidente Trump es sin duda alguna el principal oponente político de Biden. Todos en EE. UU. podían ver lo que iba a pasar a continuación», escribió McCarthy en la red social X (Twitter).

Entre los republicanos que han salido a la defensa del expresidente están el también precandidato presidencial Vivek Ramaswamy y los congresistas Marjorie Taylor Greene y Matt Gaetz.

Por su parte, el principal oponente de Trump para hacerse con la nominación republicana para las presidenciales de 2024 y actual gobernador de Florida, Ron DeSantis, rechazó referirse explícitamente al exmandatario, asegurando que no ha leído la acusación.

Sin embargo, el conservador prometió que «acabará con la instrumentalización del Gobierno» y dijo que es injusto enfrentarse a la Justicia en Washington, ya que es «un pantano».

A su vez, el líder de los republicanos en el Senado (y uno de los principales oponentes de Trump dentro del partido), Mitch McConnell, no se ha pronunciado de momento sobre la imputación.

Trump acusado de intentar ilegalmente cambiar la derrota electoral de 2020

La acusación contra el expresidente Donald Trump por parte del Departamento de Justicia por sus esfuerzos para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 fotografiada el 1 de agosto de 2023 en Washington. (Foto: VOA)

Es la primera vez en los 247 años de historia de EE. UU. que un expresidente ha sido acusado de tratar ilegalmente de permanecer en el cargo por otro período de cuatro años en lugar de entregar el poder pacíficamente. 

Un gran jurado federal en Washington acusó el martes al expresidente de Estados Unidos Donald Trump de tratar ilegalmente de cambiar su derrota en las elecciones de 2020 para retener el poder, lo que aumenta su riesgo legal mientras hace campaña para recuperar la Casa Blanca en las elecciones de 2024.

La voluminosa acusación de cuatro cargos fue presentada por el fiscal especial del Departamento de Justicia, Jack Smith, después de que el gran jurado escuchó meses de testimonios de algunos de los aliados más cercanos de Trump y sus recuerdos de cómo Trump intentó, y fracasó, anular su derrota ante el demócrata Joe Biden, quien se convirtió en presidente de Estados Unidos en enero de 2021.

La acusación de 45 páginas alega que Trump, de 77 años, participó en una conspiración para defraudar a Estados Unidos, amenazar los derechos de los demás y obstruir un procedimiento oficial ante el Congreso -el conteo de votos electorales que certifica la victoria de Biden- y la obstrucción de un procedimiento oficial, el recuento de votos del Colegio Electoral realizado por el Congreso el 6 de enero de 2021, cuando 2.000 partidarios de Trump irrumpieron en el Capitolio de EE. UU. en una protesta desenfrenada.

El abogado especial Jack Smith habla con los medios sobre una acusación contra el expresidente Donald Trump, el 1 de agosto de 2023, en una oficina del Departamento de Justicia en Washington. (Foto: VOA)

Es la primera vez en los 247 años de historia del país que un expresidente ha sido acusado de tratar ilegalmente de permanecer en el cargo por otro período de cuatro años en lugar de entregar el poder pacíficamente, aunque a regañadientes, a un sucesor. Se espera que comparezca ante un juez el jueves en su primera comparecencia ante el tribunal en el caso.

Hasta el día de hoy, Trump afirma falsamente que fue estafado en la reelección por fraude electoral y otras irregularidades electorales, incluso después de que decenas de jueces rechazaran sus afirmaciones en las semanas posteriores a las elecciones de 2020.

La acusación dice: «A pesar de haber perdido, el acusado estaba decidido a permanecer en el poder. Por lo tanto, durante más de dos meses después del día de las elecciones el 3 de noviembre de 2020, el acusado difundió mentiras de que había habido un fraude que determinó el resultado de las elecciones y que en realidad había ganado”.

«Estas afirmaciones eran falsas y el acusado sabía que eran falsas», dice la acusación. Pero, indicó, Trump «las repitió y las difundió ampliamente de todos modos, para hacer que sus afirmaciones falsas a sabiendas parecieran legítimas, crear una intensa atmósfera nacional de desconfianza e ira, y erosionar la fe pública en la administración de la elección».

Oficiales de Policía del Departamento de Seguridad Nacional frente a la corte federal el martes 1 de agosto de 2023 en Washington. El Departamento de Justicia acusó al expresidente Donald Trump por sus esfuerzos para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. (Foto: AP/José Luis Magaña)

La acusación formal alega que cada una de las conspiraciones de Trump «apuntó a una función fundamental del gobierno federal de Estados Unidos: el proceso nacional de recopilar, contar y certificar los resultados de las elecciones presidenciales».

La acusación alega que Trump conspiró de varias maneras con otras seis personas, ninguna de ellas nombrada en la acusación, para cambiar el resultado nacional. Cuatro de ellos eran abogados que lo asesoraban, otro era un funcionario del Departamento de Justicia y un sexto era un consultor político que supuestamente «ayudó a implementar un plan para presentar listas fraudulentas de electores presidenciales [favoreciendo a Trump] para obstruir el proceso de certificación» que mostraba que Biden había ganado.

Es la segunda vez que Smith acusa a Trump en los últimos dos meses. En una acusación anterior de 40 cargos, el fiscal acusó a Trump de retener ilegalmente 32 documentos de seguridad nacional altamente clasificados en su propiedad junto al mar en Mar-a-Lago en Florida después de que dejó el cargo en lugar de entregarlos a los Archivos Nacionales como se le exigió, hacer por la ley de los EE. UU., se ha fijado un juicio para mayo de 2024.

Además, un fiscal del estado de Nueva York acusó a Trump de acusaciones de que falsificó registros financieros en su conglomerado de bienes raíces, la Organización Trump, para ocultar un pago de $ 130.000 a una estrella de cine para adultos antes de su exitosa campaña presidencial de 2016. El objetivo era silenciar su afirmación de una cita de una noche con Trump una década antes. Ese juicio está fijado para el próximo marzo.

En el estado sureño de Georgia, una fiscal señaló que pronto podría acusar a Trump por intentar anular ilegalmente el resultado de las elecciones de 2020 en ese estado. Allí, a principios de 2021, se grabó a Trump en una llamada telefónica pidiendo a los funcionarios electorales que le «encontraran» 11.780 votos, uno más que el margen ganador de Biden, para que Trump pudiera reclamar los 16 votos electorales del estado.

Trump ha negado haber actuado mal en los diversos casos, a menudo atacando a Smith y a los fiscales en Nueva York y Georgia

Trump atacó la acusación y afirmó que «no era más que el último capítulo corrupto en el patético y continuo intento de la familia criminal Biden y su Departamento de Justicia armado» de interferir en las elecciones de 2024. Afirmó que la acusación recordaba a la «Alemania nazi en la década de 1930, la ex Unión Soviética y otros regímenes autoritarios y dictatoriales».

Las encuestas nacionales muestran que Trump es el gran favorito entre los votantes republicanos para la nominación presidencial del partido en 2024. Una encuesta del New York Times publicada el martes horas antes de la última acusación lo mostró empatado con Biden en un 43 % cada uno si los dos terminan enfrentándose por segunda elección consecutiva.

Los crímenes de odio contra latinos en EE. UU. aumentaron el 2,8 % en 2022

(Foto: EFE/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Los crímenes de odio contra los latinos en EE. UU. aumentaron el 2,8 % en 2022, aunque a un ritmo más lento que el incremento que tuvo años anteriores, según un estudio de la Universidad Estatal de California en San Bernardino.

La investigación del centro universitario para el Estudio del Odio y el Extremismo recordó que el alza de estos crímenes fue del 41 % entre 2020 y 2021.

No obstante, los investigadores advirtieron de que la cifra de crímenes de odio contra hispanos podría ser mayor porque no todos los departamentos de policía incluyen en los reportes la información racial y étnica.

Los Ángeles fue la ciudad grande que más reportó crímenes de odio contra latinos en 2022, con 90, seguida por Phoenix (15) y Chicago (12).

El reporte subraya que los aumentos en los delitos contra los latinos fueron más frecuentes en las ciudades del medio oeste o del este, con disminuciones en el suroeste del país.

«En los últimos años, los crímenes de odio contra los latinos han alcanzado su punto máximo en medio de los años electorales», recalca el informe.

En ese sentido, explica que en los últimos años electorales la inmigración fue considerada un tema importante, en medio de omnipresentes estereotipos como por ejemplo las historias de «caravanas» de 2018.

Los crímenes de odio contra los latinos en la última década aumentaron significativamente en el verano de 2018 después de los reportes de estas caravanas.

Juntos en Nueva York El Gran Combo de Puerto Rico y Héctor Acosta «El torito»

Fotografía de archivo de los integrantes de El Gran Combo posando durante la alfombra roja de los Premios Juventud 2022, en el Coliseo José Miguel Agrelot en San Juan (Puerto Rico). EFE/Thais Llorca

El Gran Combo de Puerto Rico, una institución en la música de la salsa, y el cantante dominicano Héctor Acosta «El Torito», que se dio a conocer principalmente con la bachata, se presentarán el 10 de agosto en El Bronx como parte de la serie de conciertos de verano «Rise Up NYC» que presenta la ciudad de Nueva York.

Éste será el único concierto en español que se presentará como parte de la iniciativa, que incluye además artistas de Hip-Hop,Reggae y R&B, de acuerdo con un comunicado.

El concierto que es gratis y trae a Nueva York a la «Universidad de la salsa», y al versátil cantante de bachata, merengue y bolero, y también senador, se llevará a cabo en el estacionamiento de la playa Orchad de El Bronx.

La serie «Rise Up NYC» (www.riseupnycconcerts.com), una iniciativa de la Administración del alcalde Eric Adams para promover unidad, libertad y respeto en la cuidad, culmina el 19 de agosto en Manhattan.

La ciudad de Nueva York también está promoviendo una serie de conciertos con los que celebra el 50 aniversario del Hip-Hop, que nació en El Bronx, donde será la última presentación el 12 de agosto, justo frente al lugar donde surgió este movimiento a principios de los ’70.

Las hospitalizaciones semanales por covid-19 aumentan 12,1 % en Estados Unidos

(Foto: EFE/NEIL HALL/Archivo)

Las hospitalizaciones por casos de covid-19 en Estados Unidos aumentaron un 12,1 % en la semana que concluyó el 22 de julio en comparación con la semana anterior, indican los datos más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

En la semana hasta el 22 de julio hubo 8.035 casos de covid-19 que requirieron hospitalización, en comparación con los 7.168 de la semana previa. Los aumentos no son parejos en todo el país y son más notables en el sureste.

Las hospitalizaciones por la enfermedad, que en 2020 se propagó en una pandemia que paralizó al país, han estado aumentando en semanas recientes por primera vez en lo que va del año.

En la anterior oleada de casos de la enfermedad hace un año, las hospitalizaciones alcanzaron la cifra de 15.000 por semana.

Pero la Casa Blanca sostiene que el aumento actual no es inusual y que las autoridades sanitarias están vigilando estrechamente la situación.

“La Administración ha logrado progresos históricos en cuanto a la capacidad de nuestra nación para enfrentar la covid-19 de tal forma que (la enfermedad) ya no trastorna significativamente la forma en que vivimos nuestras vidas», señaló el lunes la portavoz de la Casa Blanca, Kelly Scully.

Por su parte Brett Giroir, quien dirigió la campaña de pruebas de covid-19 en el Gobierno del ahora expresidente Donald Trump (2017-2021), dijo a medios que el incremento en los casos de covid-19 no debería considerarse como un acontecimiento mayor.

Los datos de CDC también muestran que la tasa de mortalidad por complicaciones de la covid-19 se ha mantenido sin mayores cambios en 0,9 % desde inicios de 2023.

Desde la eclosión de la pandemia a comienzos de 2020 se han registrado en Estados Unidos 6.224.831 hospitalizaciones por covid-19, y por esa enfermedad han muerto 1.135.919 personas.

Las autoridades sanitarias sostienen que las personas en riesgo más alto por la covid-19 son las de mayor edad y las que tienen condiciones de salud subyacentes, y recomiendan la actualización de las vacunas.