-4.6 C
Philadelphia
spot_img
Inicio Blog Página 807

¿Poinsettia? ¿Nochebuena? La flor que es un símbolo de la Navidad tiene varios nombres

La productora Rosalva Cuaxospa camina entre sus flores de Nochebuena, o poinsettias, en un invernadero de San Luis Tlaxialtemalco, Ciudad de México, el jueves 14 de diciembre de 2023. (AP Foto/Marco Ugarte)

Al igual que los árboles de Navidad, Santa y los renos, la poinsettia ha sido desde hace tiempo un símbolo omnipresente de la temporada navideña en Estados Unidos y Europa.

Pero ahora, casi 200 años después de que la planta de brillantes hojas carmesí fuera introducida al norte del Río Grande —o Río Bravo, como se le conoce en México_, la atención vuelve a centrarse en los orígenes de la poinsettia y en la accidentada historia de su nombre.

Esto es lo que hay que saber:¿DE DÓNDE VIENE EL NOMBRE DE POINSETTIA?

El nombre “poinsettia” procede del botánico y estadista aficionado Joel Roberts Poinsett, que encontró la planta en 1828 en un viaje durante su mandato como primer ministro de Estados Unidos a un México recién independizado.

Si bien Poinsett es conocido por introducir la planta a Estados Unidos y Europa, su cultivo, bajo distintos nombres en lenguas indígenas y español, se remonta al imperio azteca en lo que hoy en día es México hace 500 años.

Entre las comunidades de habla náhuatl de México, la planta se conoce como cuetlaxóchitl, que significa “flor que se marchita”. Es una descripción acertada de las finas hojas rojas de las variedades silvestres de la planta que alcanzan más de 3 metros (10 pies) de altura.

Los mercados navideños de América Latina rebosan de la planta en maceta conocida en español como “flor de Nochebuena”, que está ligada a las celebraciones de la noche anterior a la Navidad. El nombre de “Nochebuena” se remonta a los primeros frailes franciscanos que llegaron de España en el siglo XVI. Los españoles la llamaban “tela escarlata”.

Abundan los apodos adicionales: “Santa Catarina” en México, “estrella federal” en Argentina y “penacho de Inca” en Perú.

Atribuido en el siglo XIX, el nombre latino, Euphorbia pulcherrima, significa “la más bella” de un género diverso con una savia lechosa de látex.LA DEMANDA DE LA FLOR SE PROPAGA A TODO EL MUNDO

Poco tiempo después de que Poinsett llevó la flor a Estados Unidos, el interés por esta vibrante flor en forma de estrella se propagó rápidamente debido a que, en una dosis de alegría navideña, florecía con la llegada del invierno a medida que la luz del día menguaba.

La demanda se extendió a Europa. El siglo XX trajo consigo la producción industrial de poinsettias en medio de una horticultura astuta y la mercadotecnia hollywoodiense de los viveristas padre-hijo del rancho Ecke, en el sur de California.

LAS RAÍCES MEXICANAS DE LAS POINSETTIAS

En los últimos años, biólogos mexicanos han rastreado el tronco genético de las plantas de poinsettia estadounidenses hasta una variante silvestre en el estado de Guerrero, en la costa mexicana en el Pacífico, verificando así la tradición sobre el encuentro crucial de Poinsett allí. Los científicos también están investigando una rica e inexplorada diversidad de otras variantes silvestres, en un esfuerzo que puede ayudar a evitar la caza furtiva de plantas y el robo de información genética.

La flor sigue creciendo en estado salvaje a lo largo de la costa mexicana en el Pacífico y en partes de Centroamérica hasta Costa Rica.

Plan de EE. UU. para empoderar a la Autoridad Palestina en Gaza enfrenta oposición de Israel

Soldados israelíes realizan maniobras en las calles de Little Gaza. (Foto: VOA/Archivo)

EE. UU. prepara un plan posguerra que prevé una Autoridad Palestina revitalizada que se haga cargo de la Franja de Gaza. Israel se opone y considera que sólo sus Fuerzas de Defensa pueden desmilitarizar Gaza. 

Estados Unidos está trabajando en una hoja de ruta de posguerra que prevé una Autoridad Palestina “renovada y revitalizada” que en última instancia se haga cargo de la Franja de Gaza y se convierta en un socio creíble de Israel para la negociación de una solución de dos Estados.

Una propuesta que se está considerando es empoderar a los miembros restantes de las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina en Gaza para que formen el “núcleo” de una fuerza de paz de posguerra más amplia, según un alto funcionario de la administración que habló con los periodistas bajo condición de anonimato la semana pasada.

Israel se opone al plan. El Primer Ministro Benjamín Netanyahu ha dicho que sólo se puede confiar en las Fuerzas de Defensa de Israel para desmilitarizar Gaza y ha prometido bloquear cualquier intento de reinstalar la Autoridad Palestina en el enclave palestino.

La propuesta y la posición israelí a ella llegan en medio del aumento de la presión sobre la administración Biden para que frene la campaña militar de Israel que ha matado a más de 19.000 personas en la Franja de Gaza, según el recuento palestino. Un ataque sorpresa perpetrado por Hamás el 7 de octubre se cobró más de 1.200 vidas en Israel.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pronuncia un discurso durante su visita a un centro israelí de vehículos aéreos no tripulados, en la base aérea de Palmachim, el 5 de julio de 2023. (Foto: VOA/Archivo)

Desafíos inmediatos

El plan de Estados Unidos enfrenta dos desafíos inmediatos: lograr que los israelíes se unan y que los palestinos estén listos.

La Autoridad Palestina carece actualmente del mandato creíble que necesitaría para participar en las decisiones sobre la seguridad y el futuro de Gaza.

Una encuesta de opinión en tiempos de guerra publicada la semana pasada por el Centro Palestino de Políticas e Investigación de Encuestas muestra que una abrumadora mayoría de los palestinos rechaza al líder de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, y casi el 90 % dice que debe dimitir. Encuestas anteriores muestran que la mayoría de los palestinos creen que la Autoridad Palestina es corrupta.

«Abbas es muy débil», dijo Aaron David Miller, miembro del Carnegie Endowment for International Peace que participó en las negociaciones de paz de Estados Unidos en Oriente Medio durante las administraciones de Reagan, Clinton y ambas de Bush.

Miller dijo a la VOA que se percibe a Abbas como un “subcontratista israelí” en lo que respecta a seguridad.

Desde su creación en virtud del Acuerdo de El Cairo de 1994, las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina han operado en zonas de aproximadamente el 40 % de Cisjordania y han sido esenciales para mantener el orden en medio de las incursiones de las Fuerzas de Defensa de Israel y las actividades expansionistas de los colonos israelíes.

Israel controla el resto de Cisjordania y restringe el movimiento de personas y bienes a través del territorio. Ha mantenido un bloqueo sobre Gaza desde 2007, tras la victoria de Hamás en las elecciones legislativas de 2006 en la franja.

El Coordinador de Seguridad de Estados Unidos para Israel y la Autoridad Palestina ha estado proporcionando desde 2007 a las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina en Cisjordania entrenamiento, financiación, armas y otro tipo de asistencia. Sin embargo, las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina en Gaza han estado en gran medida inactivas tras su expulsión luego de la victoria de Hamás.

«Estados Unidos debería apoyar a algunos miembros de las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina de Cisjordania que ingresan a Gaza, al mismo tiempo que intenta rehabilitar al personal de seguridad existente allí», dijo el analista político de Medio Oriente Ahmed Fouad Alkhatib.

La clave para esto es distinguir entre el personal que simplemente trabaja bajo el gobierno de Hamás porque es el único empleador en la ciudad, y aquellos con vínculos directos y afiliación ideológica con las Brigadas al-Qassam, el ala militar de Hamás, dijo Alkhatib a la VOA.

Señaló las lecciones aprendidas tras la invasión estadounidense de Irak en 2003, cuando Estados Unidos promulgó políticas de -desbaazificación- en referencia al partido dominante en Irak y disolvió el ejército iraquí para expulsar a los restos del régimen de Saddam Hussein e impedirles ocupar posiciones en el nuevo Irak.

«Esto contribuyó en gran medida al caos y la guerra civil que siguieron», dijo Alkhatib.

Al igual que el Partido Baaz, Hamás ha sido durante años la fuerza política dominante en la sociedad de Gaza, proporcionando servicios públicos y manteniendo la ley y el orden antes del 7 de octubre.

Separar a los profesionales de los militantes y luego utilizar su experiencia, conocimientos y contactos locales será clave para estabilizar la Gaza de posguerra, dijo. Será más probable que la población local coopere con ellos que con fuerzas extranjeras que se lanzan en paracaídas.

Propuestas de custodia

Se han planteado varias propuestas de custodia internacional, incluido el despliegue de una fuerza internacional de mantenimiento de la paz de los países de la OTAN, como sugirió el ex primer ministro israelí Ehud Ohlmert. O el despliegue de misiones árabes para reconstituir las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina y reconstruir el aparato estatal palestino.

«No creo que estemos en una etapa en la que podamos respaldar una opción particular u otra», dijo a la VOA John Kirby, coordinador del Consejo de Seguridad Nacional para comunicaciones estratégicas, durante una conferencia de prensa el martes.

Hizo hincapié en que la Autoridad Palestina debe reformarse para “participar de manera creíble” en la gobernanza de Gaza de posguerra. Las últimas elecciones legislativas palestinas se celebraron en 2006 y llevaron a Hamás al poder en Gaza. Los últimos comicios presidenciales, ganados por Abbas, se celebraron en 2005.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EE. UU., John Kirby, habla en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el 26 de octubre del 2023. (Foto: VOA)

Los activistas palestinos llevan mucho tiempo presionando por una reforma interna. Según un documento político del grupo de expertos palestino Al Shabaka, el movimiento nacional palestino se encuentra “en un agudo estado de crisis, y el sistema político y las instituciones palestinos son incapaces de acercar al pueblo palestino a la realización de sus derechos”.

Incluso con un mandato más fuerte, la Autoridad Palestina está dispuesta a evitar la percepción de que está recuperando Gaza aprovechando el derramamiento de sangre. En una entrevista reciente, el Primer Ministro palestino, Mohammad Shtayyeh, dijo que estaría abierto a gobernar Gaza junto a Hamás como un “socio menor”, lo que llevó a Netanyahu a afirmar que está justificado en su oposición a permitir que la Autoridad Palestina controle el territorio después de la guerra.

El día después

El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, dijo el lunes que partes de Gaza están cerca de poder pasar a un estatus de “día después”, pero que otras partes probablemente seguirán enfrentándose a intensos combates.

Israel comenzó los bombardeos aéreos el 9 de octubre, seguidos de una invasión terrestre el 27 de octubre. Estados Unidos ha presionado al gabinete de guerra de Netanyahu para que haga su campaña más quirúrgica, pero se espera que la guerra intensa dure al menos algunas semanas más, si no meses.

La administración Biden ha trabajado en un plan de posguerra desde las primeras semanas del conflicto.

“En algún momento, lo que tendría más sentido sería que una Autoridad Palestina eficaz y revitalizada tuviera la responsabilidad de la gobernanza y, en última instancia, de la seguridad de Gaza”, dijo el secretario de Estado Antony Blinken a los legisladores estadounidenses el 31 de octubre.

Dos muertos al estrellarse un helicóptero de noticias en Nueva Jersey

Un helicóptero de noticias se estrelló en Nueva Jersey, según dijo la televisora que lo operaba. El piloto y el fotógrafo que iban a bordo murieron.

“Un piloto y un fotógrafo de nuestro equipo estaban en el helicóptero cuando se estrelló a su regreso de una cobertura en la costa de Jersey”, indicó el martes por la noche WPVI-TV, de Filadelfia. “Los dos tripulantes murieron”.

El suceso ocurrió en algún momento después de las 20:00 en una zona de bosques en el municipio de Washington, condado Burlington, señaló la cadena.

No estaba claro qué había provocado el siniestro, añadió.

Editorial Roundup: Pennsylvania

Pennsylvania

Philadelphia Daily News/Inquirer. December 14, 2023

Editorial: Despite Magill’s departure, Penn must stay the course on free speech issues

It is essential that the university does not allow the recent chaotic series of events to further compromise its commitment to open expression and academic inquiry.

University of Pennsylvania president Liz Magill’s tenure came to a premature end last Saturday, and her tumultuous exit after just 18 months on the job will endure as a symbol of the broader chaotic national conversation about freedom of expression and antisemitism on college campuses.

Magill’s difficulties began in September when a festival devoted to Palestinian literature was held on Penn’s campus over the objections of the Anti-Defamation League, prominent university donors, and others who condemned the inclusion of speakers who had expressed antisemitic views.

While Magill allowed the festival to proceed, she also denounced some of the speakers and issued a statement pledging to review the process by which groups can reserve space and host events on campus. Things might have ended there.

But on Oct. 7, Hamas terrorists launched a vicious raid into Israel, killing more than 1,200 people and taking an estimated 240 hostages back to Gaza. The already intense debate over the festival erupted on Penn’s campus.

Some students, staff, and faculty were captured on video taking down awareness posters for people taken hostage. Pro-Israel groups began hiring trucks to drive around the neighborhood bearing digital billboards calling for Magill’s resignation.

When Penn Chavurah, a progressive Jewish student group, announced that it planned to show the film Israelism — a documentary critical of the Israeli government’s policies — the administration threatened sanctions. The head of the university’s Middle East Center resigned his position in protest.

Arab, Muslim, and Palestinian students called on Penn to stand up for them, describing the campus and community as a hostile environment. Some Jewish students cited chants like “ From the river to the sea ” as calls for genocide, and demanded more action from the school.

The tipping point for Magill, however, was her testimony before the House Committee on Education last week, where she gave a muddled answer to a question on student discipline. The moment led the White House, Gov. Josh Shapiro, and other civic leaders to openly criticize her response.

Four days after Magill’s congressional testimony, her tenure ended, along with that of Scott L. Bok, chair of the university’s board of trustees.

It is essential that Penn does not allow the turbulence of this unfortunate series of events to further compromise its commitment to freedom of speech and academic expression. While Magill may not have been up to the challenge of navigating through the current crisis, the difficulty was inflated by others, many of whom were clearly not operating in good faith.

From Florida Gov. Ron DeSantis’ “war on woke” to the proposals in nearly two dozen state legislatures to eliminate diversity, equity, and inclusion programs, higher education has in recent years become a focal point for conservative activists who are threatened by what they see as rampant liberalism on the nation’s college campuses.

Instead of listening to donors and outside voices, Penn should pay heed to some of the students and institutional leaders who have already offered sound advice.

As the editorial board of Penn’s student-run newspaper, the Daily Pennsylvanian, wrote earlier this week, the ongoing debate has made campus “feel less like a community and more like a political battleground.” Given the evidence-free statements, entrenched positions, and general ignorance that American politics have become known for, that can hardly be conducive to learning.

Instead, as the students wrote, “The path forward for Penn must be paved with more, not less, speech.”

At times, that will include speech that makes some uncomfortable, across a number of intractable political divides. The inevitable questions surrounding any speech code are limitless, something Magill learned the hard way. Bok, writing in an op-ed this week, also emphasized the importance of academic freedom and avoiding being pushed around by angry donors.

By making a clear commitment to free speech, Penn’s administration can avoid weighing in on every campus controversy, and can instead focus on keeping students, staff, and faculty safe from genuine incidents of harassment and vandalism, which are already punishable offenses.

The alternative is to capitulate to those who would eviscerate higher education for their own benefit.

___

Pittsburgh Post-Gazette. December 19, 2023

Editorial: A humane reform for pregnant inmates

Pennsylvania’s existing legal framework provides scant guidance on the proper treatment of pregnant inmates, relying largely on correctional facilities to self-regulate. Urgent legislative action is needed to address these shortcomings, and the Dignity for Incarcerated Women Act (DIWA), signed into law by Gov. Josh Shapiro last Thursday after unanimous support in both legislative chambers, represents a crucial step forward.

Until DIWA, Pennsylvania law offered minimal protections for pregnant inmates, with sporadically enforced reporting requirements that only prohibited restraining women during labor, pregnancy-related medical complications and the immediate postpartum period. DIWA establishes comprehensive and compassionate standards, including restrictions on intrusive body cavity searches and solitary confinement for pregnant and postpartum inmates, ensuring free access to hygiene products, and providing essential education for staff who work with pregnant inmates who are minors.

The treatment of pregnant inmates had been left largely to the discretion of individual correctional facilities, with information only available through annual reports. Even these sanitized reports showcase negligence and cruelty: In Berks County, officers deployed a taser on a woman in her second trimester. A postpartum woman in Lehigh County was pepper sprayed, handcuffed and shackled at the ankles. In Dauphin County, a woman in her third trimester was pepper sprayed and placed in a restraint chair.

And these were the reports the institutions gave up willingly.

DIWA aims to bring greater transparency to the use of restraints, solitary confinement and body cavity searches on pregnant inmates through documentation, and, more importantly, the justification that goes along with it. Identifying information for personnel involved will also be disclosed, ensuring that staff remain accountable.

As for incentivizing reporting compliance: DIWA stipulates that correctional institutions that file no reports will have to publicly certify that zero incidents occurred, ensuring that institutions failing to properly document (or maybe aiming to hide) their conduct will have to sign off on their deception. It’s a small tweak that will move the blame for negligent oversight exactly where it belongs: on the facilities themselves.

The benefits to the law are numerous. It will allow mothers to spend three days with their infants after birth — vital time for newborns and parents to bond that they aren’t currently afforded. Previously, the law’s “postpartum” period ended when a woman returned from the hospital where she delivered. DIWA, instead, reflects reality: This healing period lasts 8 weeks or longer. Pregnant inmates, especially minors, will be afforded more privacy, better hygiene products, and more fair treatment.

The Dignity for Incarcerated Women Act is a fine example of well-informed legislation that will help protect a highly vulnerable group within our correctional facilities.

___

Pittsburgh Tribune-Review. December 17, 2023

Editorial: The best use of opioid settlement funds

Pennsylvania’s share of settlements with opioid manufacturers and from retailers like CVS and Walgreens is huge.

The state will receive more than $2 billion. It’s the kind of significant outlay that hasn’t been seen since the tobacco settlement of 1998. The money will roll in over 18 years and be distributed to let the state, counties and municipalities battle the epidemic of opioid addiction.

It’s a terrible disease that can get bogged down in anger and disappointment with the victims, who can be seen as bringing it on themselves, despite the large number of people who became addicted to legally obtained pharmaceuticals prescribed for legitimate injuries. The number of opioid overdose deaths since 1999 has passed 1 million nationwide.

But blaming the addicts isn’t productive. It also ignores the most vulnerable victims of the epidemic — children.

TribLive’s research points to more than just the children living in homes where addiction is a reality. It shows the ones who are dying there.

Babies are not seeking out drugs on street corners. Toddlers are not going to the emergency room to try to score a new prescription. These youngest victims of opioids are encountering drugs through contact in their homes — a pill on the carpet or fentanyl on the coffee table.

That is where the state needs to come in and where some of the opioid settlement money might be best used.

“There is no question that we are not on top of this thing,” said state Sen. Jim Brewster, D-McKeesport.

While the best way to save the lives of children living with addiction is to treat the addicted, there must be additional attention paid to the critical needs of children living with addicted family members and the unique dangers that exist there.

That is not to say that parents struggling with addiction should lose their children. People like Jillian Hauser show that family can be an important part of recovery. Indeed, additional programs to protect children while supporting parents in treatment would be helpful.

The opioid money could be seen like so many grants or windfalls that government agencies might receive. They are often duct tape to help fix another problem, like the American Rescue Plan Act funds that were meant for big picture investments and have found their way into bridging budget gaps.

Pennsylvania should take this opportunity to not just change the lives of those living with addiction, but find a way to save the lives of the children caught up in it.

___

Scranton Times-Tribune. December 17, 2023

Editorial: Harrisburg plays the Grinch in taking away Level Up school funding

Pennsylvania’s neediest schools received the political equivalent of coal in their stockings last week when $100 million of Level Up funding was removed from the state’s final budget.

That means fewer supplies for science labs in the Scranton School District, likely delays in roof and boiler repairs at one of Wyoming Valley West’s elementary schools and possibly fewer teachers and larger class sizes at Pottsville Area.

Since 2021-22, the Level Up program has earmarked extra state education funding to 100 school districts with inadequate local tax bases. Those districts, which on average spend $4,800 less per student than wealthier districts, teach nearly one-third of the state’s students, including 65% of its Black students, 64% of those learning English and 58% of those living in poverty.

Sixteen of those districts lie in Lackawanna, Luzerne and Schuylkill counties and they would have received more than $10 million this year under Level Up.

But the $100 million designated for the program was traded away in a year-end deal to resolve remaining disputes between Republicans and Democrats over the 2023-24 state budget passed earlier this year. That money will be redirected to the Commonwealth Financing Authority for school infrastructure improvement grants, but there is no indication those grants will be targeted for underfunded districts.

To add insult to injury, the budget deal does include a $130 million increase in tax credits for businesses that donate to private school scholarship funds, raising the total tax forgiveness to $470 million. The Republicans who favor that measure say it is necessary to help children escape struggling public school districts, the very districts being denied Level Up funding.

Last week’s budget deal perpetuates the longstanding inequities in Pennsylvania’s education funding system, which rewards wealthier districts with a disproportionate share of state funding. That system was declared unconstitutional in a landmark ruling in Commonwealth Court earlier this year.

A commission report on steps necessary to reform the system in line with the ruling is expected next month, the first step in what promises to be a long, contentious legislative process.

Until then, the withdrawal of Level Up Funding means the state’s underfunded districts will continue to play the role of poverty-stricken Tiny Tims waiting for the Scrooges in Harrisburg to realize the errors of their ways.

Bah humbug!

___

Uniontown Herald-Standard. December 15, 2023

Editorial: Veterans deserve proper burial

Later this month, the cremated remains of four veterans whose bodies were unclaimed when they died will be buried at the National Cemetery of the Alleghenies near the border of Washington and Allegheny counties. This is happening due to the efforts of volunteers who are working to make sure veterans receive final rites that highlight their service and accomplishments.

This is a story of local and regional interest, of course, but it’s also part of a larger national story. Thousands of bodies go unclaimed every year in the United States – some estimates place it as high as 3% of all deaths, and that would put it at about 100,000 deaths every year.

And many of those bodies are the remains of U.S. veterans.

There are many reasons bodies go unclaimed, but primary among them are poverty, estrangement from family and simple isolation. These problems can sometimes be compounded for veterans, who can carry physical and emotional scars from being in combat.

Linda Smith, who is with the Missing in America project, a nonprofit organization that seeks to locate and inter the bodies of unclaimed veterans, told The Washington Post in 2021, “They’re estranged from their family. They die alone. They commit suicide. They don’t have anyone to mourn them. That’s what we do. The number is huge. It’s really sad.”

In fact, a quick internet search found that last year the cremated remains of five military veterans were buried at a military cemetery in Southwestern Michigan, and 15 veterans whose cremated remains were in a Westmoreland County forensics lab, some dating back to the 1990s, were finally laid to rest. The number is likely to increase in the years ahead with veterans of the Vietnam War now in their 70s and 80s.

There is no simple, silver-bullet solution to this problem. The inspector general of the U.S. Department of Veterans Affairs did find in a 2021 report that the department’s oversight of benefits for veterans, no matter their economic circumstances, had frequently been weak. Veterans need to be reminded that they are entitled to some burial benefits if they or their families have not already made arrangements.

It’s profoundly sad when anyone dies alone, and it’s particularly sad when a veteran dies alone. Making sure they receive a proper burial is one of the best ways to repay them for their service.

___

Wilkes-Barre Times Leader. December 13, 2023

Editorial: NEPA rail passenger proposal sounds promising

It wasn’t so long ago that rail travel in general and support of Amtrak in particular seemed to be waning in this country. Attacking Amtrak has long been a Republican favorite. In the 2012 presidential election Republican Candidate Mitt Romney called for Amtrak “to stand on its own two feet, or its own wheels, or whatever you say.”

More recently U.S. House Republicans this summer proposed a 64% cut in Amtrak’s budget for fiscal 2024. Rail Passengers Association President Jim Mathews had a blunt response, as reported on trains.com: “This proposed budget does not take the task of governing seriously, ignoring the needs of hundreds of Amtrak-served communities in favor of scoring cheap political points.”

This space has periodically included support for train service. The value of a modern and safe rail passenger leg in the nation’s transportation tripod cannot be understated. Personal cars on highways and easy access to air travel is great (federal spending on highways is substantially higher than on rail and mass transit), but rail has shown its value for years as well, helping reduce road congestion and pollution. Perhaps it has been too long for some to recall what happened after the Sept. 11, 2001 terrorist attacks, when virtually all air traffic was stopped nationwide. It’s just common sense to keep the rails running.

So yes, we consider it very good news that efforts to restore rail passenger service to our region took another step forward when the Federal Railroad Administration included Northeastern Pennsylvania in its Corridor Identification and Development (“Corridor ID”) program. The ID program was set up through the bipartisan Infrastructure Investment and Jobs Act signed into law November of 2021. It is meant to assist the development of intercity passenger rail service.

This is a big deal, though U.S. Rep. Matt Cartwright, D-Moosic, may have oversold this particular accomplishment when he said “we now have a once-in-a-lifetime opportunity to do something transformational for our economy and quality of life.” The plan may have moved forward, but with the constant battles over funding, we prefer not to count our passenger rail cars until they roll into Scranton as proposed.

If Cartwright’s best-case prediction holds, we could have Scranton to New York service within four years, and we’ll know then just how transformational it is. But he and U.S. Sen. Bob Casey, D-Scranton, make good arguments for how much this can help the area. As Bill O’Boyle reported, this could make it easier for area colleges to lure out of area students. It could dramatically reduce stress, risk and time for those who already live here but work there and drive or take slower bus rides into the Big Apple.

And trains really do fit the preferences of younger people who drive less, often look for more environmentally friendly ways to travel and live, and have shown a lower interest in even owning cars.

The role of passenger rail (no pun intended) itself may change moving forward. Working remotely may diminish the need for daily trips, though there are signs that both workers and employers are finding it less than satisfactory in many professions. Electric cars that increasingly assist in making driving safer with less human interaction could upend much of the transportation system. And despite surges in gas and oil production, we must remember they are still fossil fuels that will run low at some point.

But rail passenger service done well should have a part to play in any future. We welcome its (potential) return to the area, and hope someday for an expansion bringing the trains into Luzerne County.

END

Drilling under Pennsylvania’s ‘Gasland’ town has been banned since 2010. It’s coming back

A drilling rig is seen on Oct. 14, 2011, in Springville, Pa. A year after pleading no contest to criminal charges, Coterra Energy Inc., one of Pennsylvania’s biggest natural gas companies, is poised to drill and frack in the rural community where it was banned for a dozen years over accusations it polluted the water supply. (Photo: AP/Alex Brandon/File)

A year after pleading no contest to criminal charges, one of Pennsylvania’s leading natural gas companies is poised to drill and frack in the rural community where it was banned for a dozen years for polluting the water supply.

Coterra Energy Inc. has won permission from state environmental regulators to drill 11 gas wells underneath Dimock Township, in the state’s northeastern corner — the sweet spot of the largest natural gas field in the United States, according to well permit records reviewed by The Associated Press. Billions of dollars worth of natural gas, now locked in shale rock deep underground, await Coterra’s drilling rigs.

Some landowners, long shut out of royalties because of the state’s lengthy moratorium, can’t wait for the Houston-based drilling giant to resume production in Dimock. Other residents dread the industry’s return. They worry about truck traffic, noise and the threat of new contamination.

Coterra has not set a date for the resumption of drilling. A company spokesperson, George Stark, said “Coterra is committed to safe and responsible operations wherever we work.” Under its deal with the state, the driller agreed to monitor drinking water supplies within 3,000 feet of the new gas wells and take other steps designed to mitigate risk.

This Feb. 13, 2012, file photo shows a Cabot Oil Gas Corp. wellhead in Dimock, Pa. A year after pleading no contest to criminal charges, Coterra Energy Inc., one of Pennsylvania’s biggest natural gas companies, is poised to drill and frack in the rural community where it was banned for a dozen years over accusations it polluted the water supply. (Photo: AP/Matt Rourke/File)

Dimock, a tiny crossroads 15 miles (24 kilometers) south of the New York state line in northeastern Pennsylvania, became ground zero in a national debate over fracking — the extraction technique that spurred a boom in U.S. oil and gas drilling — after residents began reporting that methane and drilling chemicals in the water were making them sick.

A state investigation concluded that faulty gas wells drilled by Coterra’s corporate predecessor, Cabot Oil & Gas, had allowed methane to leak uncontrolled into the community’s aquifer. Cabot was banned from Dimock in 2010 after regulators accused the company of failing to keep its promise to restore or replace the water supply. An Emmy Award-winning documentary, “Gasland,” showed residents lighting their tap water on fire.

After years of litigation and a grand jury probe that resulted in criminal charges, the company pleaded no contest to a single misdemeanor count Nov. 29, 2022. Under a plea agreement, Coterra agreed to foot the bill for a $16 million public water system to supply 20 homes whose water wells had been damaged, and to pay for temporary treatment systems for those who want them.

Pennsylvania Attorney General Josh Shapiro, center, speaks with members of the media during a news conference at the Susquehanna County District Courthouse in Montrose, Pa., Tuesday, Nov. 29, 2022. A year after pleading no contest to criminal charges, Coterra Energy Inc., one of Pennsylvania’s biggest natural gas companies, is poised to drill and frack in the rural community where it was banned for a dozen years over accusations it polluted the water supply. (Photo: AP/Matt Rourke/File)

But for some of the residents, elation about the water line turned to anger when they learned the Department of Environmental Protection had quietly lifted its long-term moratorium on gas production in Dimock. State officials have denied that Coterra pleaded no contest in exchange for being allowed to drill, but residents like Victoria Switzer said they felt deceived.

“I have seen how justice played out here, and it’s not justice,” said Switzer, whose well was among those found to be contaminated, and who has not had a drink from her kitchen faucet since 2009.

Coterra remains prohibited from drilling inside the 9-square-mile (23-square-kilometer) moratorium area itself. The company plans to start the wells outside of Dimock and drill horizontally underneath the community. Some of the planned wells will be nearly 5 miles (8 kilometers) long and well over a mile deep, snaking under the land of more than 80 individual property owners, according to permit records.

The landowners are sitting on a gas gusher. Dimock’s natural gas could be worth $2.5 billion to $3.8 billion, according to Terry Engelder, a retired Penn State geologist whose 2008 calculation of enormous reserves in the vast Marcellus Shale natural gas field helped spur a drilling frenzy in Pennsylvania.

The area’s state representative, Jonathan Fritz, said an overwhelming number of his constituents favor natural gas drilling, an important economic engine in a county where farming, logging and bluestone quarrying were primary industries. A Coterra subsidiary is the No. 1 employer in Susquehanna County, a mountainous region with a population of 38,000.

“Natural gas development has been a godsend,” Fritz said. The residents of Dimock, he said, “were harmed, they did realize a hardship, but I believe they have been made whole.”

Ron Teel, a township supervisor, once had to draw water from a large plastic tank in his yard because his water pipes were clogged with sediment from Cabot’s nearby drilling operation. But Teel, who will have at least three new wells running under his land, said he’s satisfied it will be done safely this time.

“It’s doing a good thing for the country to supply the energy we need so we don’t have to get it from overseas,” he said. “These people who hate us for this, they should be thanking us when they turn on their heat and stove.”

The public water system Coterra agreed to pay for is still years away from being operational, and Pennsylvania American Water Co. – which agreed to build and operate the water line – faces numerous obstacles as it tries to meet a 2027 deadline.

It’s seeking a place away from the region’s dense network of gas wells, pipelines and other infrastructure, no easy task in Susquehanna County, which has over 2,000 gas wells, more than anywhere else in Pennsylvania. Then the utility needs to coax property owners to allow site access. The utility says it’s identified three potential locations for a new public water well.

“We are confident that a water system is feasible in this area and will move ahead addressing the challenges and completing this project,” said Susan Turcmanovich, a spokesperson for Pennsylvania American.

Switzer has her doubts, calling the planned water line “imaginary” and “pretend.”

The retired schoolteacher had been at Democratic Gov. Josh Shapiro’s side when — as the state’s attorney general — he traveled to Susquehanna County to announce the Coterra plea deal and water line. Shapiro praised the agreement with Coterra as a good outcome for residents who were unable to use their well water. Switzer followed Shapiro to the podium and praised him as “the people’s lawyer.”

More than a year later, she denounces Shapiro and said she would never have agreed to speak in support of the deal if she had known about the DEP’s decision to allow Coterra to resume drilling.

Dimock, Pa., resident Victoria Switzer speaks with members of the media during a news conference at the Susquehanna County District Courthouse in Montrose, Pa., Tuesday, Nov. 29, 2022. A year after pleading no contest to criminal charges, Coterra Energy Inc., one of Pennsylvania’s biggest natural gas companies, is poised to drill and frack in the rural community where it was banned for a dozen years over accusations it polluted the water supply. (Photo: AP/Matt Rourke/File)

“I was played a fool,” said Switzer, who will have a gas well running under her land. “This was the most egregious betrayal I’ve experienced in all of the gas wars I’ve been in.”

The attorney general’s office said last year it plays no role in DEP’s regulatory decisions, nor does it share confidential information about criminal investigations with the environmental agency.

But Democratic State Sen. Carolyn Comitta, who recently visited Dimock in her capacity as minority chair of the Senate environmental committee, said she was “shocked and dismayed” when regulators gave permission for Coterra to return to Dimock.

“I’m not sure the moratorium should have been lifted at all,” she said. “There needs to be some leverage to make sure that clean water is is provided to the people who have been suffering all of these years.”

On Tuesday, the governor’s spokesperson, Manuel Bonder, said Shapiro “will never forget the people of Dimock,” and is working to get the public water line built “as quickly as possible.”

Shapiro, as attorney general, “secured a historic settlement for Pennsylvanians living in Dimock,» Bonder said. “The governor and his administration have been working aggressively to make good on these commitments.”

US Plan to Empower Palestinian Authority in Gaza Faces Israeli Opposition

Israeli soldiers operate in the Gaza Strip on Dec. 14. Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu has said that only the Israel Defense Forces can be trusted to demilitarize Gaza after the war. (Foto: VOA/File)

The United States is working on a postwar road map that envisions a “revamped and revitalized” Palestinian Authority ultimately taking over the Gaza Strip and becoming a credible partner for Israel for negotiation of a two-state solution.

One proposal being considered is to empower remaining members of the PA security forces in Gaza to form the “nucleus” of a broader postwar peacekeeping force, according to a senior administration official who spoke to reporters on condition of anonymity last week.

Israel opposes the plan. Prime Minister Benjamin Netanyahu has said that only the Israel Defense Forces can be trusted to demilitarize Gaza and has vowed to block any attempt to reinstall the PA in the Palestinian enclave.

Pressure is mounting on the Biden administration to curb Israel’s military campaign that has killed over 19,000 people in the Gaza Strip, by Palestinian count. A surprise Oct. 7 attack by Hamas took over 1,200 lives in Israel.

Immediate challenges

The U.S. plan faces two immediate challenges — getting the Israelis on board and the Palestinians ready.

The PA at present lacks the credible mandate that would be needed for it to participate in deciding the security and future of Gaza. A wartime opinion poll published last week by the Palestinian Center for Policy and Survey Research shows an overwhelming majority of Palestinians reject PA leader Mahmoud Abbas, with nearly 90% saying he must resign. Prior polls show that most Palestinians believe the PA is corrupt.

“Abbas is very weak,” said Aaron David Miller, a senior fellow at the Carnegie Endowment for International Peace who was involved in U.S. Middle East peace negotiations during the Reagan, Clinton and both Bush administrations.

Miller told VOA that Abbas is perceived to be an “Israeli subcontractor” when it comes to security.

Since being established under the 1994 Cairo Agreement, PA security forces have operated in pockets of roughly 40% of the West Bank and have been essential in keeping order amid raids by Israel Defense Forces and expansionist activities by Israeli settlers.

Israel controls the rest of the West Bank and restricts movement of people and goods through the territory. It has maintained a blockade on Gaza since 2007 following Hamas’ victory in the Gaza 2006 legislative elections.

The United States Security Coordinator for Israel and the Palestinian Authority has since 2007 been providing PA security forces in the West Bank with training, funding, weapons and other assistance. However, PA security forces in Gaza have been largely dormant following the PA’s expulsion after Hamas won.

“The United States should support some members of the Palestinian Authority security forces from the West Bank coming into Gaza, while also attempting to rehabilitate existing security personnel there,” said Middle East political analyst Ahmed Fouad Alkhatib.

Key to this is distinguishing between personnel that simply work under the Hamas government because it is the only employer in town, and those with direct links and ideological affiliation to the al-Qassam Brigades, Hamas’ military wing, Alkhatib told VOA.

He noted lessons learned in the aftermath of the 2003 U.S. invasion of Iraq, when the U.S. enacted de-Ba’athification policies and disbanded the Iraqi army to flush out remnants of Saddam Hussein’s regime and prevent them from holding positions in the new Iraq.

“This contributed greatly to the ensuing chaos and civil war,” Alkhatib said.

Like the Ba’ath Party, Hamas has for years been the dominant political force in Gazan society, providing public services and maintaining law and order pre-Oct. 7.

Separating professionals from militants and then using their experience, expertise and local contacts will be key to stabilizing postwar Gaza, he said. The local population will be more likely to cooperate with them than with foreign forces being “parachuted in.”

Custodian proposals

Various international custodianship proposals have been floated, including the deployment of an international peacekeeping force from NATO countries as suggested by former Israeli Prime Minister Ehud Ohlmert. Or the deployment of Arab missions to reconstitute PA security forces and rebuild Palestinian state apparatus.

“I don’t think we’re at the stage right now where we can endorse one particular option or another,” John Kirby, National Security Council coordinator for strategic communications, told VOA during a news briefing Tuesday.

He stressed that the PA must reform itself to be “credibly involved” in postwar governance of Gaza. The last Palestinian legislative elections were held in 2006 and brought Hamas to power in Gaza. The last presidential elections, won by Abbas, were held in 2005.

Palestinian activists have long pushed for internal reform. According to a policy paper by the Palestinian think tank Al Shabaka, the Palestinian national movement is “in an acute state of crisis, and the Palestinian political system and institutions are incapable of bringing the Palestinian people closer to realize their rights.”

Even with a stronger mandate, the PA is keen to avoid the perception of reclaiming Gaza by riding on the bloodshed. In a recent interview, Palestinian Prime Minister Mohammad Shtayyeh said he would be open to ruling Gaza alongside Hamas as a “junior partner,” prompting Netanyahu to claim that he is vindicated in his opposition to allowing the PA to control the territory after the war.

The day after

Israeli Defense Minister Yoav Gallant said Monday that parts of Gaza are close to being able to transition to a “day after” status but other parts will likely continue to face intensive fighting.

Israel began aerial bombardment on Oct. 9, followed by ground invasion on Oct. 27. The U.S. has pressed the Netanyahu war Cabinet to make its campaign more surgical, but heavy warfare is expected to last for at least another few weeks, if not months.

The Biden administration has worked on a postwar plan since the conflict’s early weeks.

“At some point, what would make the most sense would be for an effective and revitalized Palestinian Authority to have governance and ultimately security responsibility for Gaza,” Secretary of State Antony Blinken said on Oct. 31 to American lawmakers.

Los “tres grandes” de la Administración Parker en Filadelfia

Noche de la victoria de Cherelle Parker el 4 de noviembre de 2023. (Foto cortesía/Sinceré Harris)

Tras la victoria electoral de la demócrata Cherelle Parker para ser la primera alcaldesa de la ciudad, se inició la transición del Gobierno Municipal. El 18 de diciembre, Parker anunció a sus dos principales ayudantes de su campaña como vicealcaldes principales. Sinceré Harris ocupará ese cargo para Asuntos Intergubernamentales, Sustentabilidad y Compromiso.

Aren Platt fue nombrado vicealcalde de planeación y de iniciativas estratégicas. Ambos son codirectores de su equipo de transición. También nombró jefa de gabinete a Tiffany Thurman, directora ejecutiva de Asuntos Gubernamentales de Greater Philadelphia YMCA.

Cherelle Parker fue endosada por los principales sindicatos de la ciudad. (Foto cortesía/ Sinceré Harris)

“No podía sentirme más orgullosa de anunciar a mis ‘tres grandes’. Tiffany, Sinceré and Aren serán los líderes de mayor jerarquía en el organigrama de la administración Parker, y sé que trabajarán incansablemente para el pueblo de Filadelfia”, afirmó la alcaldesa electa.

También mostró su alegría por tomar uno de los pasos importantes para hacer de Filadelfia una de las ciudades más seguras, limpias, verdes en la nación con oportunidad económica para todos.

Durante su campaña, la funcionaria demócrata enfatizó la importancia de cooperacion intergubernamental y a principios de este mes nombró una mesa redonda que incluye a muchos de los funcionarios electos en la ciudad, estado y gobierno federal.

Quiénes son Sinceré y Aren

Sinceré Alise Harris fue su directora de campaña y Aren su consejero senior durante las victorias de las elecciones primarias y generales. Muchos pensaron que sus posibilidades de ganar eran pequeñas.

Entre los contendientes de las primarias estaba Jeff Brown, fundador de la cadena de tiendas Brown’s Super Stores  y el concejal y urbanista Allen Domb quienes contaban con fondos cuantiosos para su campaña.

Sin embargo, las tres candidatas, Cherelle Parker, Rebecca Rhynhart y Helen Gym quedaron respectivamente en los tres primeros lugares entre los 9 candidatos de las promarias demócratas, para alcázar la silla de la alcaldía.

En las elecciones generales del 4 de noviembre, la candidata demócrata obtuvo 228, 175 votos (75.3% de los votos) en tanto su contendiente republicano David Oh contó con 75,009 (24.7%).

En el almuerzo de PCCP, de izquierda a derecha Sinceré Harris, Aren Platt y Andy Toy, presidente de PCCP. (Foto: Leticia Roa Nixon)
En el almuerzo de PCCP, de izquierda a derecha Sinceré Harris, Aren Platt y Andy Toy, presidente de PCCP. (Foto: Leticia Roa Nixon)

En un almuerzo el 14 de diciembre con integrantes de The Philadelphia Committee on City Policy (PCCP)*, Sinceré y Aren compartieron su estrategia que condujo a la victoria a Cherelle Parker.

Ella trajo a la mesa su experiencia en la Administración de la mancuerna Joe Biden-Kamala Harris de la Casa Blanca y en la administración del exgobernador del estado, Tom Wolf.

En ese entonces, cuando se dio cuenta que no había suficientes demócratas en Harrisburg, siendo directora del Partido Demócrata de Pensilvania, trabajó con empeño en las campañas de los candidatos demócratas, que ahora son la mayoría de la Cámara de Representantes Estatal; y el presidente del Senado Estatal es demócrata.

Sinceré conoció a Cherelle Parker cuando ésta era representante estatal. La funcionaria reconoció las cualidades de trabajo arduo y pasión de Sinceré y “fue muy convincente para traerme a su campaña”, enfatizó la que en unos días más será vicealcaldesa.

Dejó su trabajo de enlace con el Departamento de Protección Ambiental de la Casa Blanca, para convertirse en la directora de campaña. Era la primera vez que lo haría, pero había supervisado docenas de ellas cuando era la directora del Partido Demócrata de Pensilvania. Sabía que recaudar fondos para una candidata negra sería un desafío, pero contó con los endosos de los sindicatos de la ciudad.

Los líderes de la campaña capitalizaron las cualidades de la alcaldesa electa, hija de una madre soltera, la primera de su familia en graduarse de la universidad, y con una larga trayectoria de trabajo gubernamental, pero sobre todo, se le reconocen autenticidad y compasión.

Por su parte Aren, consultor de la alcaldesa electa, la ayudó a planificar su campaña durante tres años y también contribuyó a la victoria electoral, recaudando fondos en su red profesional y social.

Los tres viven en Mount Airy; nacieron y crecieron en Filadelfia y funcionan en armonía como un equipo armónico. Tanto Sinceré como Aren, líderes del equipo de transición, continúan trabajando de 80 a 90 horas semanales.

Cherelle Parker, miembros del concejo municipal y otros funcionarios electos de la ciudad prestarán juramento el 2 de enero de 2024 en la inauguración de la nueva Administración en el Met del norte de Filadelfia.

Las personas que deseen ser parte de la transición pueden enviar su historial de vida a transicion2023.org

*La misión de The Philadelphia Committee on City Policy  (PCCP) es mantener a sus miembros informados sobre los asuntos de políticas públicas de la ciudad de la región, ser un puente entre el gobierno, las organizaciones sin fines de lucro y un catalizador para una discusión pública profunda. El vicepresidente es Pedro A. Rodríguez, conocido activista y Amy Eusebio, directora de la Oficina de Asuntos de Inmigración de la ciudad, que es parte de la mesa directiva.

En 2023 se cometieron 427 ‘masacres’ en México, según ONG

Miembros de la Guardia Nacional resguardan el poblado de Texcapilla, en localidad de Texcaltitlán, en el céntrico Estado de México (México). Imagen de archivo. (Foto: EFE/Felipe Gutiérrez)

 

México registró este año 427 masacres, acumulando 2.130 desde el 1 de enero de 2020, aseguró este miércoles un informe de la organización mexicana Causa en Común.

El informe de cierre del ‘Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios periodísticos’ reveló que, del 1 de enero al 16 de diciembre de 2023, la organización contabilizó al menos 2.130 masacres en el país.

Los estados que acumularon mayor número de masacres -definidas como asesinato de tres o más personas en un mismo hecho violento- fueron Guanajuato con 57, Zacatecas con 43 y Guerrero con 41.

Desde 2020 hasta el tercer trimestre de 2023, Causa en Común registró 22.930 ‘atrocidades’, eventos que incluyen, además de masacres, hallazgos de fosas clandestinas, acciones de trata de personas, tortura, calcinamiento, violencia contra migrantes o asesinato de niños y adolescentes.

El pasado domingo en la madrugada 11 jóvenes fueron asesinados y 14 resultaron heridos en Salvatierra, en el céntrico estado de Guanajuato, cuando celebraban junto con otras personas una fiesta navideña.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó el lunes mediante un comunicado que el ataque en la Exhacienda de San José del Carmen se debió a que las víctimas no permitieron ingresar a un grupo de personas a una tradicional posada, informaron autoridades.

Ante ello, se retiraron, pero luego regresaron acompañados por otro grupo de personas con armas de fuego, que comenzó a disparar contra los asistentes.

Causa en Común detalló que cada 19 horas se registra una masacre en territorio mexicano.

Por otra parte, la organización compartió que entre enero y junio del 2023 se registraron 1.453 casos de torturas, 729 asesinatos de mujeres con crueldad extrema, 496 mutilaciones, descuartizaciones y destrucción de cadáveres y 399 actos violentos contra la autoridad, entre otros.

Los estados que acapararon el mayor número de masacres reportadas en medios de comunicación fueron Chihuahua, Guanajuato, Baja California, Guerrero, Morelos, Jalisco, Puebla, Zacatecas, Veracruz y el Estado de México.

Immigration and declines in death cause uptick in US population growth this year

The Miami skyline is viewed from the Rickenbacker Causeway in South Florida, Dec. 15, 2023. South Carolina and Florida were the two fastest-growing states in the U.S., as the South region dominated population gains in 2023, and the U.S. growth rate ticked upward slightly from the depths of the pandemic due to a drop in deaths, according to estimates released Tuesday, Dec. 19 by the U.S. Census Bureau. (Photo: AP/Pedro Portal/Miami Herald)

Immigration powered population gains in the United States for a second year in a row and — coupled with a drop in the number of deaths from the depths of the COVID-19 pandemic — caused an uptick in the U.S. growth rate in 2023, according to estimates released Tuesday by the U.S. Census Bureau.

The United States added 1.6 million people, more than two-thirds of which came from international migration, bringing the nation’s population total to 334.9 million people. Population gains or losses come from births outpacing deaths, or vice versa, along with migration.

After immigration declined in the latter half of last decade and dropped even lower amid pandemic restrictions at the start of this decade, the number of immigrants last year bounced back to almost 1 million people. The trend continued this year, growing to 1.1 million people, the highest number of immigrants in more than two decades, according to Census Bureau figures compiled by William Frey, a demographer at The Brookings Institution.

It is a sign of things to come in this century, as the U.S. population is projected to decline without immigration since deaths will be outpacing births by the late 2030s.

“The immigration piece is going to be the main source of growth in the future,” Frey said.

While low by historical standards, 2023’s half-percent growth rate was a slight uptick from the 0.4% rate last year and the less than 0.2% increase in 2021.

There were about 300,000 fewer deaths this year compared with a year earlier. That helped double the natural increase to more than 500,000 people in 2023, contributing to the largest U.S. population gain since 2018, according to estimates that measure change from mid-2022 to mid-2023. The population increased in 42 states, up from last year’s 31 states.

The vast majority of growth, 87%, came from the South, a region the Census Bureau defines as stretching from Texas to Maryland and Delaware. But the concentration of growth seen during the height of the pandemic in Texas, Florida, North Carolina and Georgia diminished in 2023 as other states saw declines in deaths and growth from immigration.

“We peaked in the movement of people to those Sun Belt hotshots,” Frey said. “It’s tapering off a little bit.”

South Carolina’s 1.7% growth rate topped all other states, and its population rose by more than 90,000 residents. More than 90% of the growth came from domestic migration, or people moving from another U.S. state to South Carolina. Without domestic and international migration, the Palmetto State would have lost population in 2023 with almost 1,300 more deaths than births.

Florida had the next-highest growth rate at 1.6%, adding more than 365,000 residents. That was also the second-highest growth in terms of raw numbers. Only Texas surpassed it, gaining more than 473,000 people. More people moved to Florida than any other’s U.S. state this year, with the almost 373,000 movers about evenly split between domestic and international. Significantly fewer residents died in Florida compared to last year, leading to a natural decrease of only around 7,600 people.

Of the 50 states, New York had the biggest rate of population decline, losing 0.5%. It also recorded the largest decline in pure numbers, with a drop of almost 102,000 residents, although it marks a much smaller decline than last year’s 180,000-person drop. The almost 74,000 international arrivals and the state’s natural increase of more than 41,000 residents couldn’t offset the almost 217,000 New Yorkers who departed the state from mid-2022 to mid-2023.

California was still the nation’s most populous state, with 38.9 million residents, though it lost more than 75,000 residents this year. The decline was an improvement from the more than 113,000-person drop last year. Texas was the second most populous state with 30.5 million residents.

For the first time, Georgia surpassed 11 million people in 2023, joining only seven other states above that population threshold.

La inmigración impulsa regreso de EE. UU. a pautas de crecimiento demográfico prepandémicas

Varios pasajeros se alistan a pasar por un puesto de control en el Aeropuerto Internacional de Salt Lake City, Utah (EE. UU.). (Foto: EFE/George Frey)

El retorno de la inmigración a los niveles previos a la pandemia de covid-19 y la disminución de las muertes han contribuido a la normalización en 2023 de las tendencias de crecimiento demográfico en Estados Unidos, informó este martes la Oficina del Censo.

El año pasado la población de Estados Unidos aumentó en 1,6 millones de personas, un crecimiento del 0,5 % que da un total de 334.914.895 personas, señaló un informe de la institución. El crecimiento poblacional de este año es aún históricamente bajo, pero representa un ligero aumento respecto al incremento de 0,4 % de 2022 y el de 0,2 % de 2021.

El Sur es la región más poblada de EE. UU. y allí ocurrió el 87 % del crecimiento de la población del país en 2023, con una contribución de 1,4 millones de personas para una población total de 130.124.290 personas.

«El crecimiento de la población en esa región durante 2023 puede atribuirse en gran medida a las pautas de migración con una adición de 706.266 personas por inmigración interna, y una contribución de 500.000 personas por inmigración internacional», agregó el reporte.

Según la Oficina del Censo, 42 estados y el Distrito de Columbia tuvieron un aumento de población en 2023, frente a los 31 y el Distrito de Columbia en 2022.

Texas tuvo el mayor incremento numérico en el país con una adición de 473.453 personas, seguido por Florida con 365.205 nuevos residentes.

En términos porcentuales los mayores incrementos ocurrieron en Carolina del Sur (1,7 %) y Florida (1,6 %).

El informe señaló que continúa la disminución de la población en Puerto Rico aunque la tasa de reducción se ha ralentizado con una pérdida de 0,4 %, es decir 14.422 personas en 2023, en comparación con una de 1,3 % (42.580 personas) en 2022.

«La inmigración está retornando a los niveles prepandémicos y junto con una disminución en las muertes impulsa el crecimiento de la nación», afirmó Kristie Wilder, demógrafa en la División de Población de la Oficina del Censo.

«Aunque han disminuido los nacimientos, esto fue compensado por una disminución de casi un nueve por ciento en las muertes. En definitiva: menos muertes y un resurgimiento de la inmigración resultaron en el mayor aumento de población desde 2018», añadió.