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Meyer y 2 relevistas se combinan en juego de 1 hit en triunfo 4-0 de Marlins ante Filis

Filis
El lanzador de los Marlins de Miami, Max Meyer, lanza durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Filis de Filadelfia, el sábado 2 de mayo de 2026, en Miami. (AP Foto/Michael Laughlin)

Max Meyer y dos relevistas de Miami se combinaron para permitir un solo hit, Xavier Edwards conectó un jonrón y los Marlins vencieron el sábado 4-0 a los Filis de Filadelfia.

Meyer (2-0) ponchó a siete en siete entradas, la mayor cantidad de su carrera. Su actuación terminó tras 83 lanzamientos.

Anthony Bender y Andrew Nardi lanzaron cada uno una entrada perfecta para ayudar a cortar la racha de cuatro victorias seguidas de los Filis bajo el mánager interino Don Mattingly.

Edwards también conectó un sencillo por los Marlins, el dominicano Otto López y Connor Norby aportaron dos hits cada uno e impulsaron una carrera.

El toletero de los Filis Kyle Schwarber se ha ponchado en cada una de sus nueve apariciones al plato en los dos primeros juegos de la serie.

Andrew Painter (1-3) permitió tres carreras y siete hits en cinco entradas. Dio tres bases por bolas y ponchó a siete.

Tanner Banks relevó a Painter en la sexta y permitió el sencillo dentro del cuadro impulsor de López. El dominicao Esteury Ruiz abrió con un doble y Jakob Marsee recibió una base por bolas con un out.

Sindicatos de la construcción en EE. UU. se alían con empresas para impulsar centros de datos de IA

sindicatos
El complejo del Centro de Datos Google en el condado Douglas, el 6 de marzo de 2026, en Lithia Springs, Georgia (AP Foto/Mike Stewart, Archivo)

HARRISBURG, Pensilvania, EE. UU.— Los sindicatos de la construcción —durante mucho tiempo considerados la voz del trabajador estadounidense— ahora están entrelazados con las empresas más ricas del mundo mientras crean la economía de la inteligencia artificial de Estados Unidos.

Trabajadores sindicalizados están empleados en una enorme cantidad de proyectos masivos de centros de datos y se afanan por reclutar nuevos aprendices para alimentar la demanda explosiva.

También se han convertido en aliados de los gigantes tecnológicos y de funcionarios gubernamentales favorables a la tecnología, repitiendo el argumento de que Estados Unidos está en una carrera crítica de seguridad nacional con China por la supremacía en IA.

Los sindicatos son una fuerza visible para ayudar a contrarrestar la feroz oposición en las comunidades y la legislación hostil en el Congreso y en las legislaturas, a menudo alineándose con los tradicionales sectores republicanos proempresariales y obligando a los demócratas a elegir entre ellos y los progresistas que quieren adoptar una postura más dura.

Los sindicatos han respondido con agresividad a las quejas sobre los centros de datos de maneras que los ejecutivos de los gigantes tecnológicos y las empresas desarrolladoras rara vez adoptan, sin temor a confrontar de forma directa las preocupaciones por la escasez de energía y agua, el aumento de las facturas de electricidad y agua, o las objeciones por el ruido y la calidad de vida.

“Cuando la gente dice, ya sabes, ‘los centros de datos son la raíz de todo mal’, nosotros simplemente decimos: ‘miren, sí crean un montón de empleos de construcción, y nosotros vivimos y trabajamos en sus comunidades’”, dice Rob Bair, presidente del Pennsylvania Building and Construction Trades Council.

En lugar de “ser simplemente un rotundo ‘no’”, señaló Bair, las comunidades deberían determinar qué necesitan y pedírselo a las empresas tecnológicas, como mejoras a los planes del proyecto o millones de dólares para las escuelas locales. “Si no lo pides, nunca lo vas a conseguir”, afirmó.

Los centros de datos, una bendición para los sindicatos

Con la construcción de centros de datos acelerándose, los sindicatos están ampliando centros de capacitación y viendo crecer sus filas más rápido de lo que muchos líderes sindicales habían visto jamás.

Sindicatos en varios estados informan un aumento vertiginoso de horas-hombre, clases de aprendices que duplican su tamaño y centros de capacitación que se están ampliando ante la expectativa de más trabajo por venir.

Los centros de datos consumen al menos el 40% de las horas de trabajo realizadas por miembros del Columbus-Central Ohio Building and Construction Trades Council, estimó un alto funcionario, Dorsey Hager. Es al menos el 50% para la International Brotherhood of Electrical Workers Local 26 en el área metropolitana de Washington, D.C., indicó el portavoz Don Slaiman.

La organización paraguas North America’s Building Trades Unions dijo que alcanzó un número récord de miembros y aprendices en 2025.

El presidente de la organización, Sean McGarvey, lo comparó con la expansión de los oficios de la construcción en la década de 1950. Atribuye el crecimiento actual a los centros de datos, las plantas eléctricas y la legislación bajo el expresidente Joe Biden que subsidió la construcción de fábricas de semiconductores y baterías para vehículos eléctricos, proyectos de eficiencia energética y mejoras en la transmisión de la red.

Las voraces necesidades energéticas de los centros de datos están desatando un auge en la construcción de plantas eléctricas y asestando un golpe doble de nueva vida a los sindicatos cuyos miembros también construyen y mantienen calderas, ductos, tuberías y otra infraestructura energética.

El sindicato Boilermakers Local 154, cuyos miembros han visto cerrar plantas eléctricas en el suroeste de Pensilvania, pasó de no reclutar ningún aprendiz durante cuatro años a ahora reunir una clase de más de 200 —y necesitan más—, indicó el dirigente sindical Shawn Steffee.

Por su parte, los gigantes tecnológicos dicen que necesitan capacitar a cientos de miles de trabajadores más en oficios especializados. Están gastando decenas de millones de dólares en programas de formación, incluidas alianzas con sindicatos a los que contratan para construir sus proyectos de miles de millones de dólares.

Sam Altman, cofundador y director ejecutivo de OpenAI, expresó en un comunicado conjunto en marzo con la organización de McGarvey: “En todo el país, trabajadores sindicalizados de la construcción altamente calificados están sentando las bases de la economía de la IA”.

Google dijo que la mayoría de la mano de obra utilizada para construir sus centros de datos está sindicalizada, y señaló una subvención de 10 millones de dólares a un programa de capacitación de electricistas respaldado por sindicatos que, según afirmó, ayudaría a ampliar en un 70% el flujo de incorporación de electricistas.

“Los centros de datos igual se construirían”

Mark McManus, presidente general de la United Association of Union Plumbers and Pipefitters, cuyos miembros trabajan en tuberías, centros de datos y plantas eléctricas, reconoció las críticas de que el movimiento sindical se está acostando con las empresas más ricas y poderosas del mundo.

Pero las rechazó por considerarlas poco realistas.

“Si como sindicato decidiéramos imponer una moratoria a la construcción de los centros de datos porque no creíamos que fuera lo correcto para Estados Unidos, los centros de datos igual se construirían”, expresó McManus. “No se van a detener por el movimiento sindical”.

Su sindicato mantiene una relación sólida con empresas tecnológicas, está alcanzando máximos históricos de afiliación y, según una encuesta interna, tiene miembros trabajando en más del 90% de los proyectos de centros de datos en Estados Unidos.

“Esa es una cuota de mercado que no tenemos en muchas otras industrias”, comentó McManus. “Así que es algo muy cercano y muy importante para nosotros”.

Es difícil precisar exactamente cuántos proyectos de centros de datos involucran mano de obra sindicalizada. Una encuesta de Associated General Contractors of America a finales del año pasado sugirió que la composición laboral de la construcción de centros de datos probablemente refleja la de la construcción comercial, que es aproximadamente un tercio sindicalizada, dijo un portavoz de AGC.

Presentes en pueblos y capitolios estatales

Sindicatos nacionales han negociado acuerdos laborales en proyectos importantes, incluido un campus Stargate de Oracle y OpenAI en Michigan y el campus de centros de datos “Project Blue” en Arizona, con más en preparación.

Cuando el gobernador Josh Shapiro se colocó junto a ejecutivos de Amazon para anunciar que el gigante tecnológico gastaría 20.000 millones de dólares en dos proyectos de centros de datos en el este de Pennsylvania, Bair estuvo con ellos.

“Esto es realmente único, lo que estamos construyendo aquí en esta mancomunidad. Gente que se une con un propósito común para hacer que las cosas sucedan”, señaló Shapiro.

En los capitolios estatales, los sindicatos han trabajado contra la propuesta de Maine —vetada posteriormente— de una moratoria estatal a los centros de datos; contra estándares propuestos en Illinois, incluido exigir que los centros de datos suministren su propia energía; y contra el fin de la exención del impuesto sobre las ventas de Virginia que ayudó a convertirla en el mayor destino de centros de datos del mundo.

La senadora estatal de Pennsylvania Katie Muth dijo que ha sido difícil reunir apoyo de otros demócratas para su legislación para regular los centros de datos cuando compite con una iniciativa respaldada por sindicatos que ella considera más débil.

“Los sindicatos no quieren promover nada que pudiera obstaculizar el desarrollo de centros de datos”, señaló Muth.

Representantes sindicales han hecho sentir su presencia en abarrotadas reuniones de concejos en edificios municipales desde St. Louis hasta Spring City, Pennsylvania.

A veces no es de buena manera.

Al dirigirse al Concejo Municipal en Joliet, Illinois, Alicia Morales se quejó de que miembros sindicales —que estaban sentados en la primera fila sosteniendo carteles de “voten sí por empleos sindicalizados”— habían sido irrespetuosos y “acosaron a mucha gente” que entraba a la reunión.

A veces, los representantes sindicales son las únicas personas en una sala municipal llena que hablan a favor de un proyecto.

“Solo quiero felicitarlos, gracias por ser los adultos en la sala”, les dijo Chuck Curry, presidente de Ironworkers Local 395, a los miembros del Concejo Municipal en Hobart, Indiana, en una reunión de enero sobre un centro de datos de Amazon. “Por conocer la estructura fiscal, por conocer los negocios, cosas que la mayoría de la gente aquí no conoce”.

JetBlue aumenta frecuencias a Puerto Rico y anuncia nuevas rutas tras salida de Spirit

Aeronave de JetBlue. (Foto: ALLISON DINNER)

San Juan.- La Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) anunció este sábado una expansión en la conectividad aérea hacia la isla, que incluye el aumento en frecuencias y la incorporación de nuevas rutas desde Estados Unidos, lideradas por JetBlue Airways.

«La respuesta inmediata de JetBlue y la expansión de su red desde mercados estratégicos como Fort Lauderdale y Baltimore demuestran la solidez de nuestras alianzas y la capacidad del destino para adaptarse con agilidad», expresó la directora ejecutiva de la CTPR, Willianette Robles Cancel.

A partir de julio de 2026, la ruta entre Fort Lauderdale (FLL) y Aguadilla (BQN) experimentará un incremento en su servicio, mientras que se incorpora nueva conectividad entre Fort Lauderdale y Ponce (PSE).

Además, a partir de noviembre de 2026, se añadirá una nueva ruta entre Baltimore (BWI) y San Juan (SJU).

El cese de operaciones de Spirit representa un impacto de un 5 a 6 % en la capacidad de asientos en Puerto Rico, según informó este sábado la compañía Aerostar, que administra el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU).

Los nueve destinos que servía Spirit desde San Juan son Atlanta (ATL), Baltimore (BWI), Chicago (ORD), Dallas (DFW), Filadelfia (PHL), Fort Lauderdale (FLL), Miami (MIA), Newark / Nueva York (EWR) y Orlando (MCO).

No obstante, las mencionadas rutas son operadas también por aerolíneas como Frontier Airlines, United Airlines, American Airlines JetBlue y Southwest Airlines.

¿Qué hacer para volver a casa y obtener reembolsos tras el cierre de Spirit Airlines?

Un letrero anuncia el cierre de Spirit Airlines el sábado 2 de mayo de 2026 en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson en Atlanta. (AP Foto/Jeff Amy)

SALLY HO

Story

SEATTLE (AP) — La quiebra de la aerolínea estadounidense Spirit Airlines podría marcar el fin de una era para los viajeros con cierta sensibilidad financiera.

Pero si te has quedado varado en su calendario de vuelos, ahora desaparecido, estas son algunas cosas que conviene saber para volver a casa y recuperar tu dinero.

“Tarifas de rescate”, precios reducidos para nuevos vuelos

Muchas aerolíneas que antes competían con Spirit ahora ofrecen ofertas para ayudar a sus viajeros. Aerolíneas como American Airlines, United Airlines, Delta Air Lines, JetBlue Airways, Frontier Airlines y Southwest Airlines están fijando un tope o reduciendo los precios de los boletos para que la gente reserve nuevos vuelos.

Hay un plazo limitado para esta oferta, que prioriza a los viajeros que han quedado varados y necesitan encontrar una nueva forma de llegar a su próximo destino.

Por ejemplo, la oferta de Southwest solo está disponible de manera presencial en un mostrador de boletos del aeropuerto hasta el miércoles 6 de mayo, según el grupo comercial del sector Airlines for America y el Departamento de Transporte de Estados Unidos. United, por su parte, permite este tipo de reservas durante un máximo de dos semanas, y se puede acceder a ellas en línea.

Para quienes planeaban volar con Spirit y ahora necesitan encontrar una alternativa a la aerolínea de ultrabajo costo, American, Allegiant, Frontier y Delta anunciaron tarifas reducidas en las mismas rutas que Spirit operaba.

Muchos anuncios de las compañías incluyen mapas que muestran dónde se superponían sus rutas con las de Spirit, lo que puede ayudar a acotar la búsqueda para encontrar un vuelo comparable.

“Spirit Airlines desempeñó un papel importante al ampliar el acceso a viajes asequibles y llevar más tarifas bajas a más personas”, afirmó Bobby Schroeter, director comercial de Frontier. “Reconocemos que este es un momento difícil para sus clientes y miembros del equipo”.

Recupera tu dinero mediante reembolsos

Spirit Airlines indicó que prepara una “reducción ordenada” de sus operaciones y que procesará automáticamente los reembolsos de cualquier vuelo pagado con tarjeta de crédito o débito.

Los viajeros que reservaron a través de agencias de viajes de terceros deben dirigir sus solicitudes de reembolso a dichas agencias.

Sin embargo, quienes obtuvieron su reserva mediante vales, crédito o puntos tendrán que esperar y ver qué ocurre durante el proceso de quiebra de Spirit.

Si hay dudas de que tu dinero regrese de forma segura a tu cartera, hay otras maneras de intentar recuperar el efectivo del vuelo de Spirit que no se realizó.

El Departamento de Transporte sugiere que contactes a la compañía que emite tu tarjeta de crédito y ejerzas tus derechos conforme a la Ley de Facturación Imparcial de Crédito, solicitando una “devolución del cargo” por servicios no prestados.

Si compraste un seguro de viaje o si este está incluido en la póliza y en los beneficios de tu tarjeta de crédito, llama para ver si cubren la “insolvencia” o el “cese del servicio”.

El último recurso sería presentar una reclamación en el proceso de quiebra, pero las autoridades advierten que esta vía consume tiempo y dinero y, en última instancia, puede que solo genere un reembolso parcial.

La National Consumers League recomendó a los viajeros que conservaran toda la documentación para demostrar que tenían vuelos reservados con Spirit, incluidos recibos, confirmaciones de reserva, avisos de cancelación y cualquier correspondencia con la aerolínea. La organización de vigilancia sin fines de lucro también instó a los afectados a actuar de inmediato, ya que las compañías de tarjetas de crédito y de seguros pueden tener plazos estrictos.

“No todos los clientes de Spirit deberían asumir que un reembolso aparecerá automáticamente”, afirmó John Breyault, vicepresidente de políticas públicas, telecomunicaciones y fraude de la liga. “Cuando una aerolínea cierra de manera tan repentina, depende de los viajeros tomar medidas proactivas para tener la mejor oportunidad de recuperar su dinero”.

Ampliación de capacidad y beneficios

American y United señalaron que intentan ajustar sus flotas para poder ayudar a más pasajeros varados. American afirmó que está evaluando el uso de aviones más grandes, y United dijo que posiblemente agregará vuelos adicionales en rutas donde se superponían con Spirit.

“Estamos revisando oportunidades para añadir capacidad adicional, incluido el uso de aeronaves más grandes en rutas críticas, para apoyar a tantos pasajeros afectados como sea posible”, indicó American en un comunicado de Airlines for America.

Southwest también dijo que ofrecerá una equiparación de estatus, al reconocer a los miembros con estatus Plata y Oro de Spirit dentro de su propio programa A-List.

La empresa de alquiler de autos Hertz también ha anunciado ofertas de transporte alternativo, ofreciendo vehículos de ida y hasta 25% de descuento para quienes consideren que “la carretera podría ser la forma más rápida de volver a casa en situaciones como esta”.

Soy empleado. Sáquenme de aquí.

A los miembros de la tripulación de Spirit que estén varados en su destino deberían concedérsele beneficios de viaje en aerolíneas, incluidos asientos plegables adicionales cuando estén disponibles, en la mayoría de las principales aerolíneas.

“Proporcionaremos transporte a los miembros del equipo de Spirit que hayan quedado desplazados durante un viaje de trabajo”, afirmó American, según un comunicado de Airlines for America.

El Departamento de Transporte también dijo que las otras compañías ofrecen entrevistas preferenciales para agilizar la búsqueda de empleo de los expilotos, auxiliares de vuelo y otros empleados de Spirit. American indicó que organizará eventos de reclutamiento para esos exempleados.

Miles marchan en Puerto Rico contra la «dictadura» del ente fiscal impuesto hace diez años

Una persona ondea una bandera en una manifestación durante la conmemoración del Día Internacional del Trabajo este viernes en San Juan (Puerto Rico). EFE/ Thais Llorca

Varios miles de personas marcharon este viernes en Puerto Rico por el Día del Trabajador para repudiar la que denuncian como «dictadura» de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), impuesta hace diez años por Estados Unidos a la isla, entre otros reclamos.

Con carteles como ‘Junta, opresión colonial’ o ‘Grita Puerto Rico: Junta vete ya’, los manifestantes marcharon desde la entrada del centro comercial Plaza Las Américas hasta las oficinas centrales de la JSF en ‘La Milla de Oro’, nombre con el que se conoce a la zona bancaria de Hato Rey, en San Juan.

La JSF fue impuesta por el Congreso estadounidense en 2016 con el fin de reestructurar la multimillonaria deuda pública del archipiélago, un Estado Libre Asociado a EE.UU., y supervisar sus finanzas públicas.

«Hoy, diez años después de la imposición de la Junta, el país vive las consecuencias de un modelo económico que castiga a quienes trabajan y protege a quienes se enriquecen a costa del sufrimiento ajeno», expresó Israel Marrero, presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras (SPT).

Una persona sostiene un cartel en una manifestación durante la conmemoración del Día Internacional del Trabajo este viernes en San Juan (Puerto Rico). EFE/ Thais Llorca

Marrero señaló que también protestaron en defensa de la Universidad de Puerto Rico, tras las decisiones de su presidenta de despedir a varios rectores de sus recintos; de las comunidades migrantes, víctimas de redadas; y de mejores condiciones laborales y salariales.

Al respecto, el secretario general del Local Sindical de la Asociación de Maestros, Ángel Pérez Hernández, sostuvo —en un comunicado— que el 1 de mayo obliga a fiscalizar las deudas pendientes con el magisterio y a exigir respuestas claras del Gobierno y del Departamento de Educación.

Entre las exigencias que mencionó Pérez Hernández están el pago de la carrera magisterial, salarios dignos para los maestros activos, un presupuesto justo para las escuelas públicas, la recuperación de derechos y beneficios, la protección del poder adquisitivo de las pensiones y el rechazo a la privatización de las escuelas.

«Hablar de una educación de calidad para el país exige atender con seriedad las condiciones de quienes la hacen posible. Cada reclamo del magisterio tiene un impacto directo en la escuela, en los estudiantes y en las comunidades», apuntó el líder sindical.

Por su parte, Rocío Sáenz, secretaria-tesorera del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), expresó la solidaridad internacional con la clase trabajadora de Puerto Rico.

«Esta lucha es una sola. Desde EE.UU. también enfrentamos políticas neoliberales y antiobreras que afectan a nuestras comunidades. En el día de hoy, reafirmamos nuestro compromiso de combatirlas juntos, con organización y solidaridad internacional», resaltó Sáenz.

Las marchas de este año transcurrieron de forma pacífica, a diferencia de otras ocasiones. En 2017, varios edificios sufrieron daños graves, entre ellos el del Banco Popular, al ser atacados con bates, palos y piedras por los manifestantes.

León XIV nombra obispo en Virginia Occidental a un migrante salvadoreño crítico con Trump

Fotografía divulgada por la Arquidiócesis Católica Romana de Washington donde aparece el hasta ahora obispo auxiliar en Washington, Evelio Menjívar Ayala, de 56 años, quien fue designado en el cargo de obispo en Virginia Occidental de acuerdo con un comunicado del Vaticano. (Foto: EFE/Paul Fetters/Arquidiócesis Católica Romana de Washington)

El papa León XIV nombró este viernes al salvadoreño Evelio Menjívar Ayala, quien vivió como indocumentado en Estados Unidos tras llegar en 1990 y ha sido crítico de las políticas migratorias del presidente, Donald Trump, como nuevo obispo de la diócesis de Wheeling-Charleston, en Virginia Occidental.

Menjívar Ayala, de 56 años, fue designado en el cargo de acuerdo con un comunicado del Vaticano y se ha desempeñado hasta ahora como obispo auxiliar en Washington.

La decisión de León XIV se produce después de que el obispo Mark Edward Brennan dejara el cargo tras presentar su renuncia por edad, conforme a lo establecido por el derecho canónico, que fija en 75 años la edad de retiro de los obispos.

El salvadoreño, que asumirá el cargo en la diócesis de Virginia Occidental, ha relatado en entrevistas con medios católicos como el Catholic Standard cómo migró a Estados Unidos en 1990 debido a la pobreza, en medio del conflicto armado interno en su país, que dejó más de 75.000 muertos entre 1980 y 1992.

Menjívar Ayala se estableció en Washington, donde inició su camino hacia el sacerdocio y estudió Filosofía y Teología en instituciones religiosas, hasta que fue ordenado sacerdote en 2004.

El nuevo obispo ha sido descrito por medios estadounidenses como crítico de las políticas migratorias impulsadas durante la Administración de Donald Trump, en particular aquellas orientadas al endurecimiento de las deportaciones y el control fronterizo.

Según estos reportes, ha cuestionado el enfoque que asocia la migración irregular con criminalidad.

Durante sus 20 años de servicio religioso, ha desarrollado la mayor parte de su ministerio en comunidades hispanas y migrantes en la capital estadounidense y sus alrededores, donde se ha desempeñado como párroco y formador, además de asumir responsabilidades diocesanas.

En 2022 fue nombrado obispo auxiliar de Washington, hasta su reciente designación como obispo titular de la diócesis de Wheeling-Charleston, en un estado de 1,8 millones de habitantes donde cerca del 6 % de la población es católica.

El nombramiento de León XIV se produce dos semanas después de que fuera criticado por Trump, quien lo calificó de «débil» por cuestionar la actuación militar estadounidense en Irán.

Retrasos en renovación del DACA dejan a “dreamers” sin empleo y con miedo a la deportación

Melani Candia, cuyo estatus del DACA fue puesto en pausa, en un vecindario de Orlando, Florida, el 23 de abril de 2026. (Foto: AP/John Raoux)

Cada dos años, durante más de una década, Melani Candia ha obtenido la aprobación para permanecer en Estados Unidos con su esposo y sus dos gatos y, más recientemente, seguir trabajando en educación especial en Florida.

Pero este año, los retrasos en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que la ha protegido a ella y a cientos de miles de personas contra la deportación, hicieron que no cumpliera con su fecha límite de renovación, perdiera su empleo y temiera ser detenida en el país al que ha considerado su hogar desde que tenía 6 años.

Como inmigrante en Estados Unidos, el miedo se ha convertido en su “nuevo punto de referencia”, señaló. “Pero ahora, al tener un nuevo nivel de vulnerabilidad, el aumento del miedo fue muy rápido”.

Los tiempos de espera para renovar el programa, establecido en la era Obama, que permite que las personas que fueron llevadas a Estados Unidos cuando eran menores de edad permanezcan temporalmente en el país y trabajen han aumentado a niveles no vistos desde 2016, cuando hubo importantes problemas técnicos.

Algunos de los más de 500.000 beneficiarios del programa, a quienes suele llamárseles “dreamers”, han esperado durante meses una respuesta solo para ver que su fecha límite vence sin una decisión. Ahora están atrapados en una especie de limbo en el que su autorización de trabajo desaparece, muchas veces junto con su licencia de conducir, y su capacidad de permanecer en Estados Unidos queda en riesgo.

“No es solo anecdótico; ocurre a una escala mayor de la que hemos visto jamás”, afirmó Greisa Martinez Rosas, directora ejecutiva de United We Dream, una red liderada por jóvenes inmigrantes.

No había cifras disponibles sobre cuántas personas han incumplido recientemente su fecha límite de renovación pese a haberla solicitado entre 120 y 150 días antes de que venciera su DACA, que es lo que recomienda el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, el USCIS protege al pueblo estadounidense al examinar y verificar con mayor rigor a todos los extranjeros, lo que puede alargar los tiempos de tramitación”, señaló en un comunicado Zach Kahler, portavoz de la agencia.

Tiempos de espera casi 5 veces más largos

El DACA otorga permisos renovables de dos años para vivir y trabajar en Estados Unidos a quienes cumplen los requisitos. No confiere estatus legal, pero busca ofrecer protección contra la deportación.

De octubre de 2025 a finales de febrero de 2026, el tiempo medio de espera para las renovaciones fue de unos 70 días, frente a unos 15 días en el año fiscal 2025, según el USCIS. Se trata del periodo más largo desde 2016, cuando fue de unos 79 días, de acuerdo con los datos de la agencia, que no incluyeron 2020 debido a la pandemia.

El Departamento de Seguridad Nacional atribuyó los retrasos de 2016 a problemas técnicos que surgieron mientras hacía la transición al procesamiento total de las renovaciones del DACA en su sistema electrónico de inmigración.

A finales de abril de 2026, el USCIS informaba que la mayoría de las solicitudes de renovación se completaban en unos 122 días. Eso representó un aumento de dos semanas respecto de los tiempos de tramitación que figuraban a principios de ese mes.

Legisladores federales y grupos de inmigrantes sostienen que, recientemente, algunos solicitantes han tenido que esperar 6 meses —unos 183 días— o más.

“Los retrasos que preocupaban a la gente solían ser, en cierto modo, cuestión de semanas”, dijo en una entrevista el senador demócrata por California Alex Padilla. “Ahora van de unos pocos a muchísimos meses”.

Padilla forma parte de las decenas de legisladores que han enviado cartas a agencias federales donde cuestionan los tiempos de espera inflados y preguntan si las personas que han incumplido su fecha límite de renovación pueden ser objeto de arresto o deportación.

Más de cinco meses después de que Elsa Sanchez presentara su solicitud de renovación de DACA, todavía espera una respuesta. Cuando venció el plazo a principios de abril, la pusieron en licencia en su empleo en una empresa de tecnología de la información para el sector salud y ahora, como madre soltera de un estudiante de primer año de universidad, no tiene ingresos.

Eso la ha hecho preocuparse por todo, desde viajar hasta gastar dinero en productos domésticos más caros, como champús y detergentes.

“Pienso, ‘No sé, quizá pueda reducir eso. Quizá no necesito esto’”, comentó. “Porque estoy ahorrando cada centavo”.

Sanchez dijo que algo similar ocurrió hace aproximadamente una década, pero esta vez teme las posibles repercusiones en medio de la agenda de deportaciones masivas de Trump.

Desde la introducción del DACA en 2012, el programa ha enfrentado innumerables batallas legales, incluidas dos que llegaron hasta la Corte Suprema. Y ahora, aunque el gobierno sigue aprobando renovaciones, una decisión de un tribunal federal de 2025 implica que no está tramitando solicitudes por primera vez y ha dejado abierta la puerta a otra posible ronda en la Corte Suprema.

Cientos de beneficiarios del DACA han sido arrestados

En los primeros 11 meses de 2025, más de 250 beneficiarios del DACA fueron arrestados y 86 deportados, dijo a principios de este año la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Indicó que la mayoría de los arrestados tenía “antecedentes penales”, sin precisar la naturaleza de los delitos ni si se trataba de arrestos, acusaciones o condenas. En una respuesta separada a la consulta de una congresista demócrata, el Departamento de Seguridad Nacional reportó cifras contradictorias al señalar que 270 fueron arrestados y 174 solicitantes del DACA fueron expulsados en los primeros nueve meses de 2025.

Su elegibilidad depende, en parte, de no tener una condena por delito grave, un delito menor importante o tres delitos menores. Antes, si su estatus estaba en peligro, recibían una advertencia y tenían la oportunidad de impugnarlo antes de que los agentes de inmigración los detuvieran e iniciaran esfuerzos para deportarlos.

Kahler, del USCIS, indicó que los beneficiarios del DACA no están protegidos automáticamente contra la deportación.

“Cualquier extranjero ilegal que sea beneficiario del DACA puede estar sujeto a arresto y deportación por diversas razones, incluida la comisión de un delito”, sostuvo.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) no respondió a preguntas sobre si los beneficiarios del DACA se convertían en objetivos después de que vencieran sus renovaciones.

Pero recientemente, legisladores federales han señalado casos de personas detenidas por el ICE después de que su DACA expirara.

Sus protecciones podrían haberse debilitado aún más con una decisión de precedente la semana pasada, en la que la Junta de Apelaciones de Inmigración determinó que el estatus de DACA por sí solo no basta para frenar una deportación.

Personas de ciertos países podrían estar en mayor riesgo

Expertos han sugerido que el aumento en los tiempos de espera podría estar relacionado con la reanudación de las citas biométricas, que se pausaron durante la pandemia. También es posible que algunas personas no reciban la aprobación antes de su fecha límite porque no envían la solicitud dentro del plazo recomendado.

Maria Fernanda Madrigal es abogada de inmigración y beneficiaria de DACA, y presentó su solicitud de renovación aproximadamente un mes y medio antes de la fecha límite porque, según explicó, ese es todo el tiempo de tramitación que se ha necesitado en el pasado. Señaló que esperaba a que su trabajo organizara un taller sobre DACA para que le eximieran el pago de más de 550 dólares de la renovación.

A principios de este mes, su DACA venció y la madre de tres hijos fue despedida de su empleo.

“Para ser honesta, mi primera preocupación fueron mis casos, porque sabía que iba a tener que entregar todo, y mi equipo ya está sobrecargado de trabajo”, expresó Madrigal.

Abogados de inmigración también han dicho que el USCIS ha pausado el procesamiento de renovaciones para personas de decenas de países descritos por la agencia como de “alto riesgo” en memorandos de política recientes tras proclamaciones presidenciales. El National Immigration Law Center estimó que hasta 3.000 o 4.000 personas podrían verse afectadas.

“Este proceso, que no tiene un calendario, hace que personas de ciertos países experimenten una pausa. Y no sabemos cuánto tiempo estará vigente esa pausa”, dijo Ignacia Rodriguez Kmec, abogada del National Immigration Law Center.

Candia revisa su renovación todos los días. Lo que más teme es quedar encerrada en malas condiciones en un centro de detención de ICE, afirmó, pero también piensa en cómo sería regresar a Bolivia después de más de 25 años.

“Si, Dios no lo quiera, eso pasara, me rompería el corazón porque he estado en este país desde que tenía 6 años”, afirmó. “Toda mi vida está aquí”.

Corte Suprema de EE. UU. vacía una ley histórica que protegió el voto de las minorías durante 60 años

ARCHIVO - El presidente de Estados Unidos Lyndon B. Johnson, sostiene el documento firmado que sanciona la Ley de Derecho al Voto de 1965, mientras habla con el senador republicano de Illinois Everett Dirksen, en la Sala Presidencial, en Washington, el 6 de agosto de 1965. Las firmas que aparecen en el documento son las de Johnson (abajo, izquierda); el presidente de la Cámara de Representantes, John McCormack (arriba, derecha), y la del vicepresidente, Hubert Humphrey (abajo, segunda por la izquierda). En la esquina de la izquierda de la imagen aparece el senador Mike Mansfield. (AP Foto)

GARY FIELDS y KIM CHANDLER 

El presidente Lyndon B. Johnson sabía que la legislación que estaba a punto de firmar era trascendental, una ley cuya aprobación exigió la valentía de ciertos miembros del Congreso porque la votación podría afectar sus escaños.

Como reconocimiento, tomó la inusual decisión de trasladar la firma del Despacho Oval al Capitolio. Fue el 6 de agosto de 1965, cinco meses después de que el ataque del “Domingo Sangriento” contra manifestantes por los derechos civiles en Selma, Alabama, impulsó el proyecto de ley conocido como Ley del Derecho al Voto.

En las seis décadas transcurridas desde entonces, se convirtió en una de las normas más trascendentales en la historia del país, al impedir la discriminación contra las minorías en las urnas y contribuir a la elección de miles de representantes negros e hispanos en todos los niveles de gobierno.

El miércoles, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló un pilar importante de la ley que había servido de protección contra la discriminación racial en el voto y la representación. La decisión llegó más de una década después de que el tribunal socavara otro principio clave de la norma, lo que derivó en leyes electorales restrictivas en varios estados. Activistas del derecho al voto y los derechos civiles temen lo que pueda depararles el futuro a las comunidades minoritarias.

“Significa que hay comunidades enteras que pueden quedarse sin representación», dijo Cliff Albright, cofundador del grupo Black Voters Matter. «Literalmente nos está devolviendo a la era de Jim Crow sin ningún tipo de remordimiento, y no es una exageración”.

Kareem Crayton, vicepresidente de la oficina de Washington del Brennan Center for Justice, señaló que la constante labor del alto tribunal para erosionar la Ley del Derecho al Voto, que culminó con la decisión del miércoles, equivalía a “enterrarla sin funeral”.

Vaciando el “mayor hito legislativo” del país

El fallo de la Corte Suprema se produjo en un caso de redistribución de distritos congresionales de Louisiana, tras la creación por el estado de uno que le dio su segundo representante negro en el Congreso.

Los magistrados determinaron que ese mapa suponía una manipulación inconstitucional de distritos —una maniobra conocida como gerrymander— porque tuvo en cuenta la raza a la hora de trazar la demarcación. En una opinión escrita por el juez Samuel Alito, la mayoría conservadora del tribunal sostuvo que la disposición de la Ley del Derecho al Voto en cuestión, llamada Sección 2, fue diseñada para proteger a los votantes de la discriminación intencional.

En su voto disidente, la jueza Elena Kagan afirmó que el umbral para demostrar discriminación intencional es “una barrera casi insuperable para que las impugnaciones de cualquier asunto de derechos de voto puedan probar la discriminación”.

Expertos en derechos electorales apuntaron que el fallo deja a la Ley del Derecho al Voto como apenas una sombra de lo que fue y abrirá las puertas para que quienes diseñan los mapas políticos a todos los niveles —desde los distritos escolares a las legislaturas estatales y el Congreso— socaven la representación de las minorías.

“Estamos presenciando el desmantelamiento del mayor hito legislativo de Estados Unidos a manos de una Corte Suprema de extrema derecha”, manifestó el representante demócrata de Nueva York Ritchie Torres.

El jueves, varios grupos de derechos civiles ofrecieron una conferencia de prensa conjunta para condenar el fallo de la Corte Suprema y comprometerse a luchar contra sus consecuencias.

Marc Morial, presidente y director ejecutivo de la National Urban League, pidió que no se presente el momento actual como una mera batalla por el control político entre demócratas y republicanos.

“Esta decisión es la continuación de un asalto directo a los avances del Movimiento por los Derechos Civiles que comenzó en 1954 con la decisión Brown contra la Junta de Educación”, expresó.

La ley, herramienta clave para combatir la dilución del poder del voto

Expertos en derechos electorales dijeron que no hay duda del impacto que ha tenido la ley a lo largo de las décadas.

Sherrilyn Ifill, profesora de derecho en la Universidad Howard y expresidenta del NAACP Legal Defense Fund, señaló que en 1970 en todo el país había alrededor de 1.500 funcionarios electos negros. Hoy, esa cifra supera los 10.000.

“Y no es por la bondad de la gente”, remarcó.

Indicó que ese éxito fue el resultado directo de que las comunidades negras, los activistas por los derechos civiles y los abogados contaran con herramientas, gracias a la Ley del Derecho al Voto, para presentar recursos contra los esfuerzos para reducir el peso electoral de votantes negros e hispanos. La mayoría de los casos relacionados con la Sección 2 han abordado la representación en gobiernos locales.

No se trata solo de cifras.

La pérdida de representación, especialmente en legislaturas estatales y en el Congreso, se traducirá en que las comunidades minoritarias pierdan voz en asuntos que les importan, como la atención médica, la educación y las necesarias mejoras en las obras públicas, aseveró Sophia Lin Lakin, subdirectora del Proyecto de Derechos Electorales de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

“Los estados pueden alegar ahora objetivos partidistas para justificar mapas que despojan de representación a los votantes de color, y los tribunales federales tendrán poca base para intervenir”, agregó.

Erosión constante por parte de la corte, un futuro en duda

La histórica ley firmada por Johnson hace 61 años había sido enmendada a lo largo de los años, pero el cambio más significativo se produjo en 2013, cuando la Corte Suprema dictó sentencia en el caso Shelby County vs Holder. En esencia, esa decisión puso fin a una disposición de la Ley del Derecho al Voto que establecía cómo los estados y las jurisdicciones locales debían incluirse en una lista de aquellos que debían obtener aprobación o autorización previa del Departamento de Justicia para realizar cambios relacionados con el voto.

Ese fallo allanó el camino para que los estados, en su mayoría republicanos, aprobaran una serie de leyes electorales restrictivas, especialmente después de que el presidente Donald Trump, también republicano, afirmó falsamente que un fraude generalizado impidió su reelección en 2020 frente al demócrata Joe Biden.

En una sorpresiva decisión de 2023, la Corte Suprema ratificó la Sección 2 en un caso de redistribución de distritos en Alabama, una decisión que esencialmente se revirtió el miércoles.

La pregunta ahora es qué pasará ahora, para los representantes de las minorías y las comunidades a las que representan.

En Louisiana, la decisión coloca al representante demócrata Cleo Fields en la lista de los que corren peligro. Los principales líderes electos del estado, todos republicanos, ya planean posponer las primarias estatales del 16 de mayo para poder redibujar las circunscripciones congresionales.

No es la primera vez que la redistribución de distritos complica los planes políticos de Fields. En la década de 1990, sirvió durante dos mandatos hasta que el estado redibujara su distrito.

“Ya he pasado por esto antes, hace 33 años”, comentó.

Shomari Figures, quien ganó el escaño creado en Alabama tras la decisión del tribunal en 2023, dijo que la decisión no cambia los distritos congresionales actuales de ese estado, pero sí ha hecho que probar la discriminación racial en futuros casos de redistribución de distritos sea significativamente más difícil.

“Esto llevará a que los estados, principalmente en el sur, lancen iniciativas de inmediato para redibujar distritos de maneras que diluyan el impacto de los votantes negros y reduzcan drásticamente el número de oportunidades realistas de elegir a miembros negros al Congreso”, advirtió.

Shalela Dowdy, una residente de Alabama que figuró como demandante en el caso que permitió la creación de un nuevo distrito ahora representado por Figures, dijo que le preocupa que la decisión conduzca a revertir el distrito creado en 2023, el cual —según ella— dio más voz a los votantes negros.

“Ponerlo en manos de los estados a este nivel es peligroso”, declaró Dowdy. “Hay antecedentes de que los estados no hacen lo correcto basándose en su población”.

Chandler informó desde Montgomery, Alabama. Los periodistas de The Associated Press Jeff Amy en Atlanta; Joey Cappelletti, Matt Brown y Haya Panjwani en Washington, y Graham Lee Brewer en Oklahoma City contribuyeron a este despacho.

Primero de Mayo: defender el trabajo y la dignidad de todos los trabajadores

(Facebook: MILPA - Movimiento de Inmigrantes Líderes en Pensilvania)

Cada 1 de mayo, se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores, una fecha que no nació como un simbolismo para festejar, sino de la lucha y el sacrificio de muchos activistas y defensores de los derechos de los obreros. Inicialmente surgió de la batalla que dieron los trabajadores a finales del siglo XIX por la jornada laboral de ocho horas, especialmente en el movimiento del Haymarket en Chicago. El Primero de Mayo sigue siendo un recordatorio de que los derechos laborales no fueron otorgados de gratis ni los tenemos por descontado, sino que fueron exigidos, batallados y, muchas veces, conquistados bajo represión. Hoy, todavía son una tarea inconclusa.

En Estados Unidos, el Primero de Mayo, a diferencia de gran parte del mundo, no es un feriado oficial. El Labor Day se celebra el primer lunes de septiembre. Sin embargo, el 1 de mayo ha persistido como un día de protesta, especialmente entre trabajadores inmigrantes, sindicatos y organizaciones de base. Es una jornada no solo para conmemorar victorias pasadas, sino para medir las condiciones presentes; y en este 2026, esas condiciones son complejas, con mucha desigualdad y con un horizonte incierto.

En el papel, el mercado laboral estadounidense se sigue mostrando resiliente. A marzo de 2026, la tasa de desempleo se situaba en 4,3%, con la creación de 178.000 empleos en ese mes. Estas cifras hablarían de estabilidad, e incluso de fortaleza. Los despidos siguen siendo relativamente bajos y el crecimiento salarial, aunque lento, continúa superando levemente la tasa de inflación.

Pero debajo de estos datos generales se enmascara una realidad más frágil. Durante el último año, el crecimiento del empleo ha sido lento. En 2025, la economía añadió muchos menos puestos de trabajo de los reportados inicialmente tras revisiones, lo que representa una caída visible frente a años anteriores. La contratación se ha desacelerado hacia lo que algunos analistas describen como un equilibrio de pocos despidos y pocas contrataciones: las empresas no están recortando personal masivamente, pero tampoco están contratando con dinamismo.

Por esta razón, el desempleo de larga duración está aumentando, y millones de personas permanecen fuera de la fuerza laboral. Los jóvenes además enfrentan la incertidumbre por los cambios estructurales, como la automatización y la inteligencia artificial que ya ha comenzado a causar despidos masivos.

A esta inseguridad se suman las tensiones geopolíticas, el galopante precio del petróleo, con sus notables consecuencias en el incremento de bienes y servicios, que hacen aún más desafiantes los trabajos mal pagados.  

En este contexto, es cuando las protestas del Primero de Mayo adquieren mayor relevancia en el país, donde distintas organizaciones planificaron marchas y paros laborales, escolares, y económicos, para exigir mayores protecciones laborales, mejores salarios y en especial este año, el fin de la persecución y la violencia contra los trabajadores inmigrantes.

En Pensilvania, las acciones en la capital, Harrisburg y las principales ciudades del estado, son el reflejo de un creciente descontento por el aumento de las desigualdades, por lo que el mensaje central se resume en el lema nacional “Trabajadores por encima de los multimillonarios” (Workers Over Billionaires) y llamaron a una acción simbólica: “No work, no school, no shopping”.

Las demandas del Primero de Mayo 2026, suman causas comunes:

Protección a las comunidades inmigrantes

Mejores salarios y condiciones laborales

Justicia económica y fiscal

Servicios públicos plenamente financiados

Defensa de la democracia y los derechos civiles

El bien común es el bienestar colectivo que se logra solo cuando las condiciones sociales permiten que todas las personas vivan con dignidad y ejerzan plenamente sus derechos; hasta entonces se podrá hablar de la verdadera paz que deriva de la justicia social.

Barriers, opportunities, and Latino leadership in construction: What the Laborers Training Center reveals

First row from Left to right: Christine Nieves (Esperanza), Melissa Santiago (Ceiba) NIlda Ruiz ( APM) Second row left to right: Ernesto Gonzalez (Finanta), Angel Hernandez (LiUNA!), Walter Diaz (LiUNA!), Erikka Goslin (Taller Puertorriqueño), Will Gonzalez (Ceiba), Manuel Delgado (APM).

Access to well‑paying jobs in the construction industry continues to be a key pathway to economic mobility for many Latino families in Pennsylvania. However, a recent visit to the Laborers Training Center made clear that alongside these opportunities, structural barriers, safety risks, and underrepresentation in positions of power persist—continuing to directly impact the Latino community.

During the visit, community representatives from Philadelphia were able to gain firsthand insight into how pre‑apprenticeship and apprenticeship programs operate, as well as the many challenges Latino workers face when seeking to enter and remain in the industry.

A highly competitive system

Entering training programs is no easy task. According to Training Center staff, as many as 400 applicants may compete for just 50 available slots. Open enrollment takes place only once a year, between January and February, leaving many people out—particularly those who lack access to information or prior preparation.

Key factors considered for acceptance include:

  • Performance during the interview
  • Math skills
  • Possession of a driver’s license and access to a vehicle to reach job sites

Although Latino participation is high, these requirements often become structural barriers that significantly limit access for many prospective workers.

 
With a resounding economic contribution of over 4 trillion dollars to the United States’ GDP (gross domestic product in 2023, Latino Workers are a cornerstone of the national economy. (Photo: provided)

Bilingual training: An exception in the State

One of the most distinctive features of the Laborers Training Center is its commitment to bilingual education. The Center offers critical trainings—including OSHA certifications—in both English and Spanish, something that remains uncommon in Pennsylvania.

Until recently, even official exams were available only in English, unlike in other states where Spanish‑language versions had already been implemented. In addition, identification requirements have had a disproportionate impact on immigrant workers, restricting their access to formal employment even when they possess the necessary experience.

Risk, discrimination, and workplace safety

One of the most alarming facts shared during the visit is that while Latino workers make up only 18 to 20 percent of the construction workforce, they account for nearly 50 percent of construction‑related fatalities.

According to instructors, workplace bias plays a major role in determining who is assigned to higher‑risk tasks. For that reason, the Training Center places strong emphasis on safety standards and on ensuring that workers understand and assert their rights—even when facing pressure on the job.

“Knowing the rules and enforcing them can make the difference between making it home to your family—or not,” instructors emphasized.

If the sum contributed by Latino workers were to be counted as its own country, it would have the 5th largest GDP in the world, beating out India, the UK, and France. (Photo: provided)

Unions, representation, and leadership

Union structures also play a critical role. Local 57, the largest of the District Council’s three locals, focuses on exterior construction—such as sidewalks and curbs—and was among the primary beneficiaries of recent infrastructure projects. However, less than 5 percent of its membership actively participates in meetings, raising questions about how to strengthen engagement among rank‑and‑file workers.

By contrast, Local 332, which focuses on interior construction, has greater Latino representation. These internal dynamics reflect not only differences in job roles but also political tensions and leadership opportunities. It is no coincidence that figures such as Esteban Vera have emerged from these spaces during key moments of reorganization and change within the labor movement.

The role of LiUNA and structural training efforts

The Laborers’ International Union of North America (LiUNA) and the Laborers District Council Training and Education Fund of Philadelphia and Vicinity have a long history of proactive initiatives to address the barriers faced by Latino members.

At the national level, instructors undergoing the ANAB (ANSI National Accreditation Board) certification process receive specialized training on how to effectively teach English as a Second Language (ESL) learners.

Locally, the Laborers District Council of Philadelphia Training School has made Spanish‑language instruction a priority. After completing an eight‑year tenure as an ANAB‑certified bilingual instructor, Angel Hernandez assumed the role of Training Director in 2020. Under his leadership, hiring a full‑time bilingual instructor became a strategic priority.

Since joining the school in 2023, Walter Diaz has also earned ANAB certification and now serves as the school’s current bilingual instructor, supporting the educational needs of Latino union members in Philadelphia. The school also offers online classes in Spanish, expanding access to training. This approach is beginning to be replicated across other construction trade unions.

A persistent challenge

Despite these advances, Latino workers continue to face daily adversities. Building a collective voice for the Latino diaspora remains a challenge, particularly within a political environment shaped by fragmented interests. While Latino representation has increased in political spaces, a critical gap remains in the effective dissemination of information.

A clear example is training in asbestos and lead abatement. For years, Pennsylvania state regulations prohibited these courses from being taught in Spanish. Although major policy changes now allow Spanish‑language instruction, poor outreach has led many workers to mistakenly believe they must leave the state to receive this training—or never receive it at all.

Voices from Latino leadership

Angel Hernandez emphasized:

“Safety is not an option—it is a right of every worker in the construction industry. Do not allow yourself to be intimidated by any employer. We must amplify our voices to meet the needs of Latino workers, who are the most vulnerable. If training is delivered in a language you do not clearly understand, do not sign safety logs under pressure. Doing so can place you at risk of serious injury or even death.”

Walter Diaz added: “Overcoming challenges and seeking justice is a defining part of Latino culture. We must continue moving forward as a people—united and fully informed about our labor rights—so we can truly enjoy the benefits of our contributions to this great nation.”

Looking ahead

One of the clearest messages from the visit was that Latino leadership is actively working to transform the industry from within, expanding access to information, strengthening safety practices, and addressing long‑standing inequalities.

Representatives from community organizations such as  LEDC Philadelphia – Latino Equitable Development Collective, participated in the visit to learn more about available resources and explore ways to better support individuals pursuing careers in construction.

The challenge ahead is clear: to inform, prepare, and protect the Latino community so that job opportunities are no longer accompanied by disproportionate risk.