Durante los últimos dos meses de su vida en EE. UU., José Alberto González y su familia pasaron casi todo el tiempo en su departamento de un dormitorio en Denver. No hablaron con nadie excepto con sus compañeros de vivienda, otra familia originaria de Venezuela.
Consultaban mensajes de WhatsApp para enterarse de alertas de agentes de inmigración en el área antes de salir a hacer algún trabajo ocasional de jardinería o para comprar comida o cosas para la casa.
Pero casi todos los días, a las 7:20 a.m., la esposa de González llevaba a sus hijos a la escuela.
La idea de que sus hijos aprendieran inglés en escuelas estadounidenses y el deseo de ganar dinero fueron lo que impulsaron a González y a su esposa a llevar a sus hijos de 6 y 3 años a Estados Unidos.
Llegaron hace dos años con el plan de quedarse una década. Pero el 28 de febrero, González y su familia subieron a un autobús de Denver a El Paso, donde cruzarían la frontera a pie y emprenderían el largo viaje de regreso a Venezuela.
Aunque los inmigrantes en Estados Unidos evitan salir en público por el miedo de encontrarse con las autoridades migratorias, familias de todo el país envían casi todo el tiempo a sus hijos a la escuela.
Eso no significa que se sientan seguros. En algunos casos, las familias informan a las escuelas de sus hijos que van a dejar el país.
Miles de inmigrantes ya han notificado a las autoridades federales que planean “autodeportarse”, según el Departamento de Seguridad Nacional. El presidente Donald Trump ha alentado a más familias a irse al avivar su temor al encarcelamiento, intensificar la vigilancia gubernamental y ofrecer 1.000 dólares y transporte para dejar el país.
Y el lunes, la Corte Suprema permitió que la administración Trump quitara de las protecciones legales a cientos de miles de inmigrantes venezolanos, lo que podría exponerlos a la deportación. Sin el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), aún más familias considerarán abandonar Estados Unidos, aseguran algunos defensores.
Que una cantidad importante de alumnos se vaya podría ocasionar problemas a las escuelas, las cuales reciben financiación según el número de estudiantes que matriculan.
“Con el terrible miedo e incertidumbre en la mente de los padres, ¿quién podría culpar a alguien por tomar la decisión de irse?”, dijo Andrea Rentería, directora de una escuela primaria de Denver que atiende a estudiantes inmigrantes. “Puedo decirles como directora que no dejaré entrar a nadie a esta escuela. Nadie va a llevarse a tu hijo. Pero no puedo decirles lo mismo como parte de la fuerza laboral o al conducir a algún lugar”.
Rumores de redadas migratorias en las escuelas fueron un punto de inflexión
Cuando Trump fue elegido en noviembre, tras prometer deportar inmigrantes y retratar a los venezolanos —en particular— como pandilleros, González supo que era el momento de irse. Estaba dispuesto a aceptar la compensación de ganar solo 50 dólares semanales en su país natal, donde las escuelas públicas funcionan sólo unas pocas horas al día.
“No quiero que me traten como delincuente”, dijo González en español. “Soy de Venezuela. Tengo tatuajes. Para él, quiere decir que soy criminal”.
A González le tomó meses ahorrar los más de 3.000 dólares que necesitaba para llevar a su familia a Venezuela en varios autobuses y a pie. Él y su esposa no le comunicaron a nadie su plan, excepto a la madre soltera con quien compartían su apartamento, por miedo a llamar la atención. Decirle a la gente que querían irse sería señal de que vivían aquí ilegalmente.
Enviaron a sus hijos a la escuela de Denver con regularidad hasta finales de febrero, cuando el teléfono de González se llenó de mensajes que aseguraban que agentes de inmigración planeaban redadas dentro de las escuelas. Esa semana, mantuvieron a su hijo en casa.
“De verdad teníamos miedo por el niño”, dijo González. “Porque no teníamos un estatus legal”.
En los meses posteriores a la toma de posesión de Trump, la asistencia a las Escuelas Públicas de Denver se vio afectada, según datos del distrito.
La asistencia a nivel de distrito disminuyó un 3% en febrero en comparación con el mismo período del año anterior, con descensos aún más pronunciados de hasta un 4,7% en las escuelas que atienden principalmente a estudiantes inmigrantes recién llegados. Las tasas a la baja continuaron durante marzo, con una disminución de la asistencia a nivel de distrito del 1,7% y de hasta un 3,9% en algunas escuelas para recién llegados.
Hubo padres que informaron al personal escolar de Denver que no tenían planes de acercarse al campus de sus hijos, luego de que el gobierno de Trump pusiera fin a una política que limitaba la aplicación de la ley migratoria en las escuelas.
El distrito escolar de Denver demandó al gobierno por dicha revocación y alegó que la asistencia disminuyó “notablemente” en todas las escuelas, “en particular en aquellas que se ubican en zonas con familias recién llegadas al país y donde ya se han producido redadas de ICE”, las siglas en inglés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Un juez federal falló en marzo que el distrito no pudo demostrar que la nueva política causara la disminución de la asistencia.
La asistencia escolar disminuyó en muchas escuelas tras la toma de posesión de Trump
Datos obtenidos de 15 distritos en ocho estados adicionales, incluidos Texas, Alabama, Idaho y Massachusetts, mostraron una disminución similar en la asistencia escolar tras la toma de posesión durante algunas semanas. En la mayoría de los lugares, la asistencia se recuperó antes que en Denver.
Entre 2022 y 2024, más de 40.000 migrantes venezolanos y colombianos recibieron albergue u otro tipo de asistencia de Denver. Trump dijo durante su campaña que iniciaría sus deportaciones masivas cerca de allí —en el suburbio de Aurora— debido a la presunta actividad de pandillas venezolanas.
A nivel nacional, las escuelas aún reportan descensos inmediatos en la asistencia diaria durante las semanas en que hay control migratorio —o incluso rumores de redadas del ICE—, en sus comunidades, reportó Hedy Chang, de “Attendance Works” (La Asistencia Funciona), una organización sin fines de lucro que ayuda a las escuelas a abordar el ausentismo.
Decenas de distritos no respondieron a las solicitudes de datos de asistencia. Algunos manifestaron que temían llamar la atención de las autoridades migratorias.
A finales de febrero, González y su esposa dieron de baja a sus hijos de la escuela y dijeron a la administración que regresarían a Venezuela. Él publicó un mensaje de despedida en un grupo de Facebook de voluntarios de Denver que utilizaba para encontrar trabajo y otras ayudas. “Gracias por todo, amigos”, escribió. “Mañana me voy con el favor de Dios”.
Inmediatamente, media docena de mujeres venezolanas y colombianas le pidieron consejos para regresar a sus países. “Planeamos irnos en mayo, si Dios quiere”, publicó una mujer en español.
En Denver, 3.323 estudiantes se han dado de baja de la escuela hasta mediados de abril —un aumento de 686 en comparación con el mismo período del año pasado. Los funcionarios escolares de Denver no pudieron explicar el incremento.
En la escuela primaria de Denver de 400 estudiantes que dirige Andrea Rentería, al menos dos estudiantes se han dado de baja desde la toma de posesión de Trump debido a preocupaciones migratorias. Uno regresará a Colombia y el otro no dijo a dónde se dirigía.
Los funcionarios escolares de Massachusetts y el estado de Washington han confirmado que algunos estudiantes se han dado de baja para regresar a El Salvador, Brasil y México. Los haitianos intentan ir a México o a Canadá.
En Chelsea, Massachusetts, un distrito de 6.000 estudiantes donde casi la mitad de ellos aún aprenden inglés, algunas familias han dado de baja a sus hijos recientemente debido a preocupaciones migratorias.
En marzo, una madre retiró a dos niños pequeños del distrito para regresar a El Salvador, según Daniel Mojica, administrador del distrito. Su hija de 19 años se quedará sola en el país para terminar sus estudios —una señal de que estas decisiones causan más separaciones familiares.
En Bellingham, Washington, dos familias dieron de baja a sus hijos tras una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas a principios de abril en una empresa local de techado, en la que los agentes arrestaron a los padres de 16 niños que asistían a escuelas de Bellingham. Ambas familias regresaron a México, informó Isabel Meaker, especialista en participación familiar.
“Existe la sensación, no sólo con estas familias, de que no vale la pena luchar. Saben cuál será el resultado final”, dijo Meaker.
Familias inmigrantes reúnen los documentos necesarios para regresar a casa
Los países con grandes poblaciones residentes en Estados Unidos han notado que más personas desean regresar a su país de origen.
Las solicitudes de pasaportes brasileños en los consulados de Estados Unidos aumentaron un 36% en marzo, en comparación con el año anterior, según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. Los registros de nacimiento, el primer paso para obtener un pasaporte brasileño para un niño nacido en Estados Unidos, aumentaron un 76% en abril en comparación con el año anterior. Guatemala reporta un aumento del 5% con respecto al año pasado en la cantidad de pasaportes que solicitan sus ciudadanos residentes en Estados Unidos.
El mes pasado, Melvin Josué, su esposa y otra pareja condujeron cuatro horas desde Nueva Jersey hasta Boston para obtener pasaportes hondureños para sus hijos nacidos en Estados Unidos.
Es una medida que se toma con urgencia en caso de que estas familias decidan que la vida en Estados Unidos es insostenible. A Melvin Josué le preocupa la política migratoria de Trump y lo que podría ocurrir si él o su esposa son detenidos, pero últimamente le preocupa más la dificultad de encontrar trabajo.
La demanda de su equipo especializado en tablarroca se detuvo inmediatamente ante la incertidumbre económica causada por los aranceles. También hay mayor reticencia a contratar a trabajadores que estén aquí sin permiso, reportó.
(The Associated Press accedió a no utilizar sus apellidos porque se encuentra en el país sin documentos y teme ser separado de su familia).
“No sé qué haremos, pero quizá tengamos que regresar a Honduras”, dijo. “Debemos estar preparados”.
La magnitud del éxodo y su impacto en las escuelas aún no está clara, pero algunos ya empiezan a preocuparse.
Una consultora que trabaja con distritos en Texas en materia de educación para inmigrantes reportó que un distrito ha tenido una caída significativa en las inscripciones a la escuela de verano para estudiantes que aprenden inglés.
“Están muy preocupados por la matrícula para el otoño”, dijo Viridiana Carrizales, directora general de ImmSchools, una organización sin fines de lucro que asesora a los distritos escolares sobre cómo satisfacer las necesidades de los estudiantes inmigrantes y sus familias.
Expertos en financiación educativa predicen problemas presupuestarios para los distritos con grandes poblaciones inmigrantes.
“Cada estudiante que entra trae consigo una buena cantidad de dinero por ello —no sólo dinero federal, sino también dinero estatal y local”, dijo Marguerite Roza, profesora de la Universidad de Georgetown especializada en financiación educativa. “Si un distrito tenía a muchos estudiantes migrantes, hay una pérdida potencial de fondos ahí. Creemos que ese es un riesgo muy alto”.
La oferta de Trump de pagar a los inmigrantes para que se marchen y ayudarlos con el transporte podría acelerar las salidas.
González, quien está ahora de regreso en Venezuela, expone que no habría aceptado el dinero porque eso habría implicado registrarse ante el gobierno estadounidense, en el cual ya no confía. Y es lo que responde a las decenas de migrantes en Estados Unidos que lo contactan cada semana para preguntarle cuál es la mejor manera de regresar a casa.
Váyanse por su cuenta, les dice. Una vez que tengan el dinero, añade, es mucho más fácil viajar al sur que llegar a Estados Unidos.
