Personas caminan frente a un crucero en el Puerto de San Juan, en San Juan (Puerto Rico). (Foto: EFE/ Thais Llorca/Archivo)
Laressa Morales, directora de Investigación y Análisis de Mercado de Discover Puerto Rico, informó esta semana de que el sector turístico de Puerto Rico registró 5.300 nuevos empleos en este año y un aumentó en la llegada de turistas a la isla caribeña.
«Aunque todavía nos quedan un par de semanas más para finalizar el año, estoy segura de que tendremos mucho que celebrar en lo que respecta al 2024», enfatizó Morales en un comunicado tras el informe de actualización para el sector de Discover Puerto Rico, celebrado en el Recinto de Carolina de la Universidad Ana G. Méndez.
Asimismo, precisó que el sector terminará 2024 con alzas interanuales en la llegada de pasajeros a Puerto Rico del 8 %, incremento del 8 % en ingresos de las hospederías y del 7 % en la demanda de noches de alojamiento.
En este contexto, el Negociado de Estadísticas Laborales de EE. UU. estimó en octubre que había 101.300 personas empleadas en los sectores de recreación y alojamientos en la isla caribeña.
Morales aseguró que es el cuarto año consecutivo el turismo puertorriqueño rompe sus propias marcas de rendimiento.
Del mismo modo, la titular de Investigación y Análisis de Mercado de Discover Puerto Rico detalló que la familiaridad, la percepción positiva del destino y la probabilidad de visita a la isla registraron avances extraordinarios en 2024, según encuestas de la firma Strategic Marketing Research & Insights que mide la percepción de los viajeros en los principales mercados de la isla.
Además, los datos muestran que cerca de la mitad de los viajeros, 48 % tiene una percepción positiva del destino.
Esto implica un alza de dos puntos porcentuales en el último año y un progreso enorme si se compara con el 37 % que se reportó en el 2019.
Por su parte, la familiaridad de los viajeros con el destino aumentó de 39 % a 45 % en el último año.
Durante el evento también se informó de la gran acogida que ha tenido Puerto Rico como sede de eventos deportivos.
Este segmento de viajes registró 49,6 millones de dólares en el 2024, informó Carlos Deliz, director de Turismo Deportivo de Discover Puerto Rico.
«Hemos alcanzado o sobrepasado las metas establecidas de habitaciones noches e impacto económico cada año desde el 2019. Han sido años de dedicación y esfuerzo y el éxito está directamente atado a las relaciones claves que hemos establecido con hoteles, organizadores deportivos, suplidores de servicios y productores independientes de eventos deportivos», concluyó Deliz.
El 2024 trajo una nueva norma del IRS para las LLC (forma societaria, elegida por una buena parte de los emprendedores de pequeños negocios para manejar sus empresas y por los latinos –incluidos los que invierten en EE. UU.) y corporaciones.
A partir del 1 de enero de 2024, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. en relación con la Ley de Transparencia Corporativa (CTA), requiere que los propietarios de LLC y corporaciones presenten la información de titularidad real, en inglés Beneficial Ownership Information (BOI) de la compañía ante el Departamento del Tesoro de los EE. UU. dentro de los 90 días posteriores a la recepción del aviso público de la creación de su compañía o de su registro efectivo (la fecha que sea la más temprana).
¿Y si usted constituyó su compañía antes del 1 de enero de 2024?
Si se encuentra en los supuestos previstos por esta norma, tiene igualmente la obligación de presentar el informe BOI antes del 31 de diciembre de 2024. Las empresas que no presenten este reporte antes de la fecha límite –o que proporcionen deliberadamente información falsa– están sujetas a severas sanciones civiles y penales (que incluyen multas desde $591 por cada día de retraso hasta $10,000 y/o dos años de prisión).
El reporte BOI supone informar acerca de quiénes son los propietarios reales que poseen o controlan una empresa y de los que se solicita su nombre legal completo, fecha de nacimiento, dirección postal y un número de identificación único. Este número de identificación puede ser de un pasaporte estadounidense vigente, una licencia de conducir estatal u otra tarjeta de identificación emitida por el gobierno. También se debe incluir con el informe una imagen del documento que muestre el número de identificación único.
Deben informar corporaciones, sociedades de responsabilidad limitada (LLC) o creadas de otro modo en EE. UU. mediante la presentación de documento ante un secretario de estado u oficina similar conforme a la ley de un estado o jurisdicción tribal.
Algunas entidades están exentas del requisito de presentación de este informe: la excepción más común es la de grandes empresas operativas (tienen al menos 20 empleados a tiempo completo, más de $5 millones en ingresos brutos o ventas y una presencia operativa en una oficina física dentro de los EE. UU.), también están exentas las compañías que cotizan en Bolsa y organizaciones sin fines de lucro, entre otras.
El informe BOI tiene como finalidad reforzar la transparencia corporativa para ayudar a detener el fraude, la corrupción, el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y actividades similares.
Para ayudar con la presentación electrónica del informe BOI, FinCEN ha preparado un sencillo tutorial de ayuda de menos de 5 minutos disponible en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=GydCvfbKxPw
Sin embargo, la obligación de presentar el informe BOI se ha pausado por el momento (se puede seguir presentando el informe aunque no podrán sancionarle, por el momento, si no lo hace en el plazo límite dado por la ley): el pasado 3 de diciembre, el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Este de Texas emitió una orden a favor de los demandantes en Texas Top Cop Shop, Inc. vs. Garland, No. 4:24-CV-478 (E.D. Texas 12/3/24), concediendo la moción de los demandantes de una medida cautelar contra la aplicación de la información de propiedad beneficiosa. Por la misma, se prohíbe la aplicación de la CTA y la norma de presentación de información sobre la titularidad real en las regulaciones que acompañan a la misma.
Esta orden judicial según el tribunal, debe aplicarse a nivel nacional y por tanto, las empresas que deban presentar informes no necesitan cumplir con la fecha límite de presentación del BOI quedando a la espera de una nueva orden del tribunal.
FinCEN está no obstante revisando la orden bajo el argumento de que otros tribunales han denegado solicitudes similares y el Departamento de Justicia ha presentado notificación de apelación el 5 de diciembre.
Una declaración del American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), publicada antes de la mencionada notificación de apelación, reconoció los posibles efectos de la orden judicial e instó a los contadores públicos que asisten a los clientes con la presentación de informes BOI a estar preparados.
Debe quedar claro que si bien esta orden judicial, hace que FinCEN no pueda hacer cumplir los requisitos de presentación de informes BOI mientras el caso esté pendiente (y por tanto pausa por el momento las sanciones derivadas del no cumplimiento de la presentación del informe), la ley aún existe: la CTA en sí no ha sido revocada, solo se ha suspendido su aplicación.
Las mejores prácticas dictan que, como mínimo, quienes asisten a los clientes con la presentación de informes BOI recopilen la información requerida de los clientes y estén preparados para presentar el informe si se levanta la orden judicial. Si bien es poco probable que se levante la orden judicial antes del resultado final de los procedimientos, hay que estar preparados en caso de que haya una revocación.
Si la decisión fuese revocada habría que cumplir inmediatamente con la obligación –de no haberse hecho con anterioridad–, algo que puede conllevar riesgos como es el de que se le pase la fecha límite para realizarlo con las consiguientes penalizaciones.
Lo más recomendable es que si tiene una empresa acuda a su contador o preparador de impuestos para que le explique sus opciones respecto al informe BOI. Manténgase informado.
Harrisburg – Yesterday, members of the Pennsylvania Commission on Crime and Delinquency (PCCD),took action to approve $40 million in a variety of grants to support services for victims of crime including funding for county victim/witness offices, victim service providers, and children’s advocacy centers (CACs) as well as provide supports for county adult probation and parole services and the formation of new regional police departments.
“Investing in victim services is essential to supporting survivors and strengthening our communities, and today’s actions by the Commission demonstrate our commitment to justice, dignity, and resilience,” said Mike Pennington, PCCD Executive Director. “As we close out 2024, I am proud of our collective efforts to make Pennsylvania’s communities safer, including through the millions of dollars in funding we’ve invested in Pennsylvania’s juvenile and criminal justice systems, victims’ services, school safety, community organizations, and beyond.”
Today’s approved $19 million in funding for supporting crime victims includes:
$1 million total across five statewide and four local federal STOP Violence Against Women grants to provide training and technical assistance across the Commonwealth and identify and meaningfully address barriers to service for culturally specific populations in Pennsylvania;
$12 million to support local services for victims of adult and juvenile offenders;
$453,000 for a Statewide Victim Witness Training Project;
$915,000 for supporting victims in the aftermath of the mass shooting that occurred in Philadelphia in July 2023, through the federal Antiterrorism and Emergency Assistance Program (AEAP); and
$5.8 million in State Endowment Act and Children’s Advocacy Center funds to support operating costs of CACs throughout the state, technical assistance and training, and a child sexual abuse prevention initiative.
The Commission also approved over $16 million in state funding to support the Continuing County Adult Probation and Parole Grant program. This state funding is provided to 65 Pennsylvania counties with adult probation and parole staff to cover costs associated with the supervision of adult offenders, including staff salaries and benefits, evidence-based programming, pretrial supervision, training, and more.
Additionally, $300,000 in federal Byrne Justice Assistance Grant (JAG) funds under the Regional Policing Assistance Program solicitation was approved to enhance coordination and resource sharing through the formation or expansion of regional police departments.
In 2024 alone, PCCD has:
Provided $10 million in funding through the Nonprofit Security Grant Fund Program to 208 organizations;
Awarded nearly $290 million in funding to over 1,000 public and nonpublic schools to make schools a safer place to learn by addressing both physical security enhancements and behavioral health supports;
Invested more than $40 million in state and federal funds to support gun violence prevention and reduction strategies through Violence Intervention and Prevention grants and Byrne State Crisis Intervention Program funding;
Launched Pennsylvania’s first-ever Indigent Defense Grant Program and drove much-needed money out to all 67 counties; and
Provided $8 million in funding for law enforcement recruitment and hiring of officers and to modernize and enhance crime reporting.
Un informe del Departamento de Justicia publicado este jueves concluyó que no hubo agentes del FBI encubiertos en el asalto al Capitolio de 2021, desmintiendo teorías de la conspiración que acusaban a los policías de haber instigado la violencia que se registró ese día.
Tras una investigación de cuatro años, el inspector general del departamento, Michael Horowitz, determinó que en Washington hubo 26 informantes del FBI para monitorear a algunos de los asaltantes y que actuaron apropiadamente.
El 6 de enero de 2021, una turba de seguidores de Donald Trump asaltó el edifico del Congreso para intentar frenar la ratificación de la victoria electoral de Joe Biden, una insurrección en la que fallecieron cuatro personas.
Varios aliados de Trump, incluidos algunos legisladores republicanos, acusaron al FBI de haber utilizado a agentes encubiertos para agitar la manifestación y desatar la violencia.
El informe no encontró pruebas de que hubiese a agentes encubiertos entre la multitud que atacó el Congreso y determinó que ninguno de los informantes del FBI estaba autorizado a entrar en el Capitolio ni había recibido instrucciones para alentar los disturbios.
Hasta ahora han sido acusadas unas 1.600 personas por esos hechos, en la mayor investigación llevada a cabo por el Departamento de Justicia, pero Trump ha prometido indultar a los condenados cuando asuma el poder el próximo 20 de enero.
Asimismo, el fiscal especial Jack Smith cerró la acusación contra Trump por haber instigado presuntamente el asalto al Capitolio después de que el republicano ganara las elecciones del pasado 5 de noviembre.
El director del FBI, Christopher Wray, muy criticado por Trump, anunció el miércoles que dimitirá del cargo antes de que el republicano asuma el poder.
Un hombre camina en el Barrio Chino de Filadelfia, frente a un cartel que rechaza la propuesta de construir ahí una nueva arena para los 76ers, el miércoles 18 de septiembre de 2024 (Foto: AP/Matt Slocum)
El Comité Plenario del Ayuntamiento de Filadelfia votó a favor de un plan de 1.300 millones de dólares para un estadio de los Sixers en el centro de la ciudad durante una reunión del comité el jueves por la mañana, en una votación del comité que se había retrasado varias veces.
La votación final está programada para la 19 de diciembre y es casi seguro que el proyecto superará ese último obstáculo legislativo.
La votación en el Comité Plenario del Consejo, que está compuesto por los 17 miembros, fue de 12 a 4, con un miembro, Kendra Brooks, ausente.
En una declaración publicada después de la votación, los miembros del consejo Jamie Gauthier (D-3rd Dist.) y Rue Landau (D-At-Large) señalaron que votaron en contra del paquete de proyectos de ley y tienen la intención de votar en contra nuevamente. Todo mientras que todos los demás miembros votaron a favor, incluyendo la Quetcy Lozada.
Los partidarios de la arena estallaron en aplausos después de la votación, con miembros de los sindicatos de la construcción vitoreando mientras los oponentes, que se distinguían como locales, gritaban en voz alta: «Todos ustedes son unos vendidos».
Durante varios días de intensas negociaciones, el presidente del Ayuntamiento, Kenyatta Johnson, presionó para que los 76ers aumentaran drásticamente la cantidad que el equipo estaba dispuesto a pagar como parte de un acuerdo de beneficios comunitarios. Habían ofrecido inicialmente pagar $50 millones como parte del CBA, que está destinado a compensar los impactos del desarrollo en las comunidades vecinas, pero también financiará algunos programas de toda la ciudad. El martes, los líderes del Consejo presentaron una legislación que les exigiría pagar el doble de esa cantidad; pero el equipo señaló la semana pasada que estaba dispuesto a dar más de $50 inicial el jueves a un acuerdo final que incluye un acuerdo de beneficios comunitarios de $60 millones por 30 años, pero miembros de la comunidad local dicen que es insuficiente.
El concejal Mark Squilla, quien presentó la legislación que autoriza el proyecto del estadio, dijo que el piso del Consejo sería de $60 millones los miembros dieron la aprobación.
Según el The Inquirer, Johnson dijo que: «Me encantaría que los Sixers subieran más de $60 [millones], pero al final del día fue más de $50”
Los grupos piden a los desarrolladores que aumenten los fondos del CBA para el estadio Sixers a un mínimo de $300 millones, ya que consideran inaceptable que los 76ers y sus propietarios multimillonarios, piensen que las comunidades valgan solo $60 millones en 30 años cuando recientemente le dieron a un solo atleta $193 millones en 3 años.
Las enmiendas al paquete de proyectos de ley indican que estos 60 millones de dólares en fondos de la CBA se distribuirían de la siguiente manera: 33 millones de dólares se destinarían a iniciativas en el barrio de Chinatown y sus alrededores, como el desarrollo de un plan maestro para la comunidad y la concesión de 2 millones de dólares en subvenciones para pequeñas empresas.
Los 27 millones de dólares restantes se distribuirían a otras iniciativas en toda la ciudad, incluidos 7 millones de dólares para la ampliación del día escolar y del año escolar y 3 millones de dólares para el transporte público en el estadio.
Según la alcaldesa Cherelle Parker y el Consejo, ese dinero beneficiaría a toda la ciudad.
Rioters storm the West Front of the U.S. Capitol, Jan. 6, 2021, in Washington. (Photo: AP/John Minchillo/File)
The FBI should have done more to gather intelligence before the Capitol riot, according to a watchdog report Thursday that also said no undercover FBI employees were on the scene Jan. 6, 2021, and none of the bureau’s informants was authorized to participate.
The report from the Justice Department inspector general’s office knocks down a fringe conspiracy theory advanced by some Republicans in Congress that the FBI played a role in instigating the events that day, when rioters determined to overturn Republican Donald Trump’s 2020 election loss to Democrat Joe Biden stormed the building in a violent clash with police.
The review, released nearly four years after a dark chapter in history that shook the bedrock of American democracy, was narrow in scope, but aimed to shed light on gnawing questions that have dominated public discourse, including whether major intelligence failures preceded the riot and whether the FBI in some way provoked the violence. It’s the latest major investigation about a day unlike any other in U.S. history, one that has already yielded congressional inquiries and federal and state indictments.
The report offers a mixed assessment of the FBI’s performance in the run-up to the riot, crediting the bureau for preparing for the possibility of violence and for trying to identify known “domestic terrorism subjects” who planned to come to Washington that day.
But it said the FBI, in an action the now-deputy director described as a “basic step that was missed,” failed to canvas informants across all 56 of its field offices for any relevant intelligence. That was a step, the report concluded, “that could have helped the FBI and its law enforcement partners with their preparations in advance of January 6.”
Rioters loyal to President Donald Trump rally at the U.S. Capitol in Washington, Jan. 6, 2021. (Photo: AP/Jose Luis Magana/File)
In addition, the watchdog found that 26 FBI informants were in Washington for election-related protests on Jan. 6, and though three entered either the Capitol or a restricted area outside, none had been authorized to do so by the bureau or to break the law or encourage others to do so. Many of the 26 informants did provide the FBI with information before the riot, but it “was no more specific than, and was consistent with, other sources of information” that the FBI had acquired from other sources.
The FBI said in a letter responding to the report that it accepts the inspection general’s recommendation “regarding potential process improvements for future events.”
The lengthy review was launched days after the riot as the FBI faced questions over whether it had missed warnings signs or had adequately disseminated intelligence it had received, including a Jan. 5, 2021, bulletin prepared by the FBI’s Norfolk, Virginia, field office that warned of the potential for “war” at the Capitol. The inspector general found that the information in that bulletin was broadly shared.
Separately, the report said the FBI’s New Orleans field office was told by a source between November 2020 and early January 2021 that protesters were planning to station a “quick reaction force” in northern Virginia “in order to be armed and prepared to respond to violence that day in DC, if necessary.»
That information was shared with the FBI’s Washington Field Office, members of intelligence agencies and some federal law enforcement agencies the day before the riot, the inspector general found. But there was no indication the FBI told northern Virginia police about the information, the report said. An FBI official told the inspector general there was “nothing actionable or immediately concerning about it.»
An cache of weapons at a Virginia hotel as part of a “quick reaction force” was a central piece of the Justice Department’s seditious conspiracy case against Oath Keeper leader Stewart Rhodes and other members of the far-right extremist group
FBI Director Chris Wray, who announced this week his plans to resign at the end President Joe Biden’s term in January, has defended his agency’s handing of the intelligence report. He told lawmakers in 2021 that the report was disseminated though the joint terrorism task force, discussed at a command post in Washington and posted on an internet portal available to other law enforcement agencies.
“We did communicate that information in a timely fashion to the Capitol Police and (Metropolitan Police Department) in not one, not two, but three different ways,” Wray said at the time.
FBI Director Christopher Wray speaks during a hearing of the Senate Intelligence Committee on Capitol Hill, March 11, 2024, in Washington. (Photo: AP/Mark Schiefelbein/File)
The conspiracy theory that federal law enforcement officers entrapped members of the mob has been spread in conservative circles, including by some Republican lawmakers. Rep. Clay Higgins, R-La., recently suggested on a podcast that agents pretending to be Trump supporters were responsible for instigating the violence.
And former Rep. Matt Gaetz, R-Fla., who withdrew as Trump’s pick as attorney general amid scrutiny over sex trafficking allegations, sent a letter to Wray in 2021 asking how many informants were at the Capitol on Jan. 6 and if they were “merely passive informants or active instigators.”
It wasn’t previously clear how many FBI informants were in the crowd that day. Wray refused to say during a congressional hearing last year how many of the people who entered the Capitol and surrounding area on Jan. 6 were either FBI employees or people with whom the FBI had made contact. But Wray said the “notion that somehow the violence at the Capitol on January 6 was part of some operation orchestrated by FBI sources and agents is ludicrous.”
One FBI informant testified last year at the trial of former Proud Boys leader Enrique Tarrio about marching to the Capitol with his fellow extremist group members, and described communicating with his handler as the mob of Trump supporters swarmed the building. But the informant wasn’t in any of the Telegram chats the Proud Boys were accused of using to plot violence in the days leading up to Jan. 6.
Kari Lake, Republican candidate for Senate in Arizona, speaks to supporters at a campaign event, Sept. 4, 2024, in Mesa, Ariz. (AP Photo/Ross D. Franklin, File)
WASHINGTON— President-elect Donald Trump said that he’s picking Kari Lake as director of Voice of America, installing a staunch loyalist who ran unsuccessfully for Arizona governor and a Senate seat to head the congressionally funded broadcaster that provides independent news reporting around the world.
Lake, an immigration hard-liner, was a television news anchor in Phoenix for nearly three decades until she left in 2021 after making a series of controversial statements on social media, including sharing COVID-19 misinformation during the pandemic.
Telegenic, engaging and adept at communicating, Lake launched her political career a short time later, quickly building a loyal following and national profile as she sparred with journalists and echoed Trump in her sharp criticism of what she called the “fake news.”
In a statement, Trump said Lake would be ultimately be appointed by and work closely with the head of the U.S. Agency for Global Media for his incoming administration, “who I will announce soon.”
He said Lake will “ensure that the American values of Freedom and Liberty are broadcast around the World FAIRLY and ACCURATELY, unlike the lies spread by the Fake News Media.”
The president-elect has in the past been a fierce critic of Voice of America, including saying in 2020 that “things they say are disgusting toward our country.”
The broadcaster drew additional criticism during Trump’s first term for its coverage of the early days of the coronavirus pandemic, with a White House publication, the «1600 Daily” email summary of news and events, accusing it of using taxpayer money “to speak for authoritarian regimes.” That was after VOA covered the lifting of lockdowns in the Chinese city of Wuhan, where the virus first emerged.
VOA was founded during World War II, and its congressional charter requires it to present independent news and information to international audiences. It responded to Trump’s criticism by defending its coverage.
Upon taking office in January 2021, President Joe Biden’s administration swiftly removed a number of senior officials aligned with Trump from VOA and positions affiliated with it.
Lake endeared herself to Trump through her dogmatic commitment to the falsehood that both she and Trump were the victims of election fraud. She has never acknowledged losing the gubernatorial race and called herself the “lawful governor” in her 2023 book, “Unafraid: Just Getting Started.”
Lake continued her unsuccessful fight in court to overturn it even after beginning her run for Senate — which she lost by an even higher margin last month, after trying to moderate her tone during her tone but struggling to keep a consistent message on thorny topics, including election fraud and abortion.
Trump nonetheless considered her for his vice presidential running mate before deciding on JD Vance.
Also, Trump announced Leandro Rizzuto as his choice to be the U.S. ambassador to the Washington-based Organization of American States, and said he wanted Florida personal injury attorney Dan Newlin to be his administration’s ambassador to Colombia.
He also picked Peter Lamelas, a physician and the founder of one of Florida’s largest urgent care companies, to be the U.S. ambassador to Argentina. Lamelas is also a large donor to the past campaigns of Trump and other top Republicans.
A reward poster hangs on a light pole outside the Hilton Hotel in midtown Manhattan where Brian Thompson, the CEO of UnitedHealthcare, was fatally shot ,Wednesday, Dec. 4, 2024, in New York. (Photo: AP/Stefan Jeremiah)
PHILADELPHIA. — More than 400 tips were called into the New York Police Department’s Crime Stoppers tip line during the five-day search for a masked gunman who ambushed and fatally shot UnitedHealthcare CEO Brian Thompson last week.
NYPD officials said about 30 of those tips were useful as information about the gunman’s movements before and after the Dec. 4 shooting began to take shape. But it wasn’t until a 911 call came in from a McDonald’s employee in Altoona, Pennsylvania, on Monday that police zeroed in on their suspect.
Up to $60,000 in rewards from the FBI and the Crime Stoppers program had been offered to anyone calling in a tip leading to a break in the case. But although police and prosecutors moved quickly to arrest and charge 26-year-old Luigi Mangione, any rewards may take significantly more time to be released and might be less than the full amount after taxes and consideration of the role the tips played.
Exactly who will get a reward or a share of one is still being determined, officials said. In fact, the federal and local rewards programs operate with different rules, but both have leeway built in to offer multiple rewards of varying amounts based on the outcome of those tips.
Suspect Luigi Mangione is taken into the Blair County Courthouse on Tuesday, Dec. 10, 2024, in Hollidaysburg, Pa. (Photo: AP/Janet Klingbeil)
How does someone become eligible for a reward?
The FBI reward program, which offered a reward of up to $50,000 in this case, requires that a tip or information lead to an arrest and conviction.
Phone calls and emails to the FBI press office seeking details of the specific reward program’s process were not returned, but websites for various rewards offered by the agency outline similar processes. A person giving a tip must be nominated, usually by a federal investigating agency. Then a board considers the tip and its role in the investigation, and decides whether to award up to the full amount.
For the NYPD Crime Stoppers award, funded by the New York City Police Foundation and the NYPD’s Detective Bureau, the tip line usually offers up to $3,500 for information that leads to an arrest and indictment. The Detective Bureau increased that amount to $10,000 in this case, and for its portion a conviction is required.
“The public’s help is essential to solving crimes and keeping our communities safe,» the Police Foundation board said in a statement Wednesday. “The individual in Pennsylvania, who called in a tip, is eligible to receive the reward.”
The McDonald’s employee called 911, which records a number and usually a name. A tipster calling the Crime Stoppers line remains anonymous. The program promises to never trace cellphone numbers or record information about the callers, instead giving them a unique identifier number that they can use to check back about the status of the case and the potential for a reward.
NYPD Chief of Detectives Joseph Kenny will assess which tip or tips were instrumental in cracking the case when determining how Detective Bureau reward funds should be allocated, police officials said Wednesday.
This image release by Pennsylvania State Police shows a video image of Luigi Mangione, a suspect in the fatal shooting of UnitedHealthcare CEO Brian Thompson, at a McDonald’s in Altoona, Pa., Monday, Dec. 9, 2024. (Photo: AP/Pennsylvania State Police)
When might money be awarded?
Most rewards require a conviction. Given the nature of the murder charges and the multiple jurisdictions involved, it could be a year or more before a trial happens.
For the $3,500 from Crime Stoppers, the board could decide to issue reward money after the indictment is complete. Both the FBI and Crime Stoppers have boards that review the tips, talk to detectives or other law enforcement involved in the investigation, and determine which tips served a substantial role in the case. The boards have some leeway to decide the amounts each tip would merit.
The Crime Stoppers board has the leeway to split a reward between tips or to consider each for the maximum amount on a case-by-case basis.
NYPD officials did not specify how any of the 30 tips helped the case, but it’s unlikely each tipster would receive the highest amount offered.
A law enforcement officer walks into the Altoona Police Department, where suspect in the UnitedHealthcare CEO shooting, 26-year old Luigi Mangione is being held Monday, Dec. 9, 2024, Altoona, Pa. (Photo: AP/Benjamin B. Braun/Pittsburgh Post-Gazette)
How has money been awarded in the past?
The police foundation and the FBI don’t discuss individual cases or reveal how much money individual tipsters were awarded.
For some programs such as the Rewards for Justice program, the FBI notes that it has awarded millions of dollars over the last two decades. For that program, the FBI sometimes announces the amount of the reward but does not identify the tipsters. Most often, the agency provides a confidential report to Congress detailing the tips and the rewards.
The same principles apply to Crime Stoppers The program doesn’t release details in an effort to protect the anonymity promised to tipsters. It does tout notable cases on its website in which the tips helped solve cases, including an April 2022 mass shooting on the where tips helped lead officials to the arrest and eventual guilty plea of Frank James.
Mikael Makonnen, de 18 años, estudiante de la American University, posa para una foto en Washington, D.C, el 2 de marzo del 2024. (AP foto/Almaz Abedje)
Casi la mitad de los adolescentes estadounidenses dicen estar en línea “constantemente” a pesar de las preocupaciones sobre los efectos de las redes sociales y los smartphones en su salud mental, según un nuevo informe publicado el jueves por el Centro de Investigaciones Pew.
Como en años anteriores, YouTube fue la plataforma más popular que utilizaron los adolescentes: el 90% dijo que veía videos en el sitio, ligeramente menos que el 95% en 2022. Casi tres cuartos dijeron que visitan YouTube todos los días.
Hubo una ligera tendencia a la baja en varias aplicaciones populares que los adolescentes usaban. Por ejemplo, el 63% de los adolescentes dijo que usaba TikTok, bajando del 67%, y Snapchat cayó al 55% desde el 59%. Este pequeño declive podría deberse a la relajación de las restricciones de la era de la pandemia y a que los niños tienen más tiempo para ver amigos en persona, pero no es suficiente para ser verdaderamente significativo.
X vio la mayor disminución entre los usuarios adolescentes. Solo el 17% de los adolescentes dijo que usan X, comparado con 23% en 2022, el año en que Elon Musk compró la plataforma. Reddit se mantuvo estable en el 14%. Alrededor del 6% de los adolescentes dijo que usan Threads, la respuesta de Meta a X que se lanzó en 2023.
El servicio de mensajería de Meta, WhatsApp, fue una rara excepción en que vio aumentar el número de usuarios adolescentes de 17 % a 23% en 2022.
Pew también preguntó a los niños con qué frecuencia usan varias plataformas en línea. Un número pequeño pero significativo dijo que están en ellas “casi constantemente”. Para YouTube, el 15% informó uso constante, para TikTok, el 16% y para Snapchat, el 13%.
Como en encuestas anteriores, las chicas tenían más probabilidades de usar TikTok casi constantemente mientras que los chicos se inclinaban hacia YouTube. No hubo diferencias significativas de género en el uso de Snapchat, Instagram y Facebook.
Aproximadamente un cuarto de los adolescentes negros e hispanos dijeron que visitan TikTok casi constantemente, en comparación con solo el 8% de los adolescentes blancos.
El informe se basó en una encuesta a 1.391 adolescentes estadounidenses de 13 a 17 años realizada del 18 de septiembre al 10 de octubre de 2024.
Bosquejo en la sala del tribunal de Alexander Smirnov ex informante del FBI acusado de lanzar acusaciones falsas contra el presidente estadounidense Joe Biden y su hijo Hunter, en los Ángeles el 26 de febrero del 2024. (Foto: AP/William T. Robles)
Un exinformante del FBI acusado de afirmar falsamente que el presidente Joe Biden y su hijo Hunter aceptaron sobornos ha acordado declararse culpable de cargos federales, según documentos judiciales presentados el jueves.
Como parte del acuerdo de declaración con el fiscal especial del Departamento de Justicia, David Weiss, Alexander Smirnov admitirá que inventó la historia que se convirtió en central para la investigación de juicio político en el Congreso.
El acuerdo de declaración llega solo semanas después de que los fiscales presentaran nuevos cargos de evasión fiscal contra Smirnov. Ambas partes recomendarán una sentencia de al menos dos años de prisión y no más de seis años, según el acuerdo.
Los abogados de Smirnov no respondieron de inmediato a un correo electrónico solicitando comentarios el jueves.
Smirnov fue arrestado en febrero por alegaciones de que informó falsamente al FBI en junio de 2020 que ejecutivos asociados con la compañía energética ucraniana Burisma pagaron a Hunter Biden y Joe Biden 5 millones de dólares a cada uno en 2015 o 2016. Smirnov le dijo a su manejador que un ejecutivo afirmó haber contratado a Hunter Biden para “protegernos, a través de su padre, de todo tipo de problemas”, según documentos judiciales.
Los fiscales dijeron que Smirnov tuvo contacto con ejecutivos de Burisma, pero fue rutinario y en realidad ocurrió en 2017, después de que el presidente Barack Obama y Biden, su vicepresidente, habían dejado el cargo, cuando Biden no habría tenido capacidad para influir en la política de Estados Unidos. Los fiscales dijeron que hizo las acusaciones de soborno después de que “expresó sesgo” contra Biden mientras era candidato presidencial.
Repitió algunas de las afirmaciones falsas cuando fue entrevistado por agentes del FBI en septiembre de 2023 y cambió su historia sobre otras y “promovió una nueva narrativa falsa después de que dijo que se reunió con funcionarios rusos”, dijeron los fiscales.
Smirnov ha acordado declararse culpable de cargos de evasión fiscal y causar un registro falso del FBI, según documentos judiciales.
Smirnov está siendo procesado por el mismo fiscal especial que presentó cargos federales de armas y fiscales contra Hunter Biden. Hunter iba a ser sentenciado este mes por sus condenas en esos casos, pero fue indultado por su padre.
