Una dividida Corte Suprema dictaminó el jueves que los estados pueden impedir que el mayor proveedor de abortos del país, Planned Parenthood, reciba dinero de Medicaid para servicios de salud como anticoncepción y exámenes de detección de cáncer.
La opinión de 6-3, redactada por el juez Neil Gorsuch y respaldada por el resto de los conservadores de la Corte, no trataba directamente sobre el aborto, pero se produce mientras los republicanos apoyan un impulso más amplio en todo el país para desfinanciar a la organización. También cierra el principal camino judicial de Planned Parenthood para mantener la financiación de Medicaid: las demandas de los pacientes.
Aunque la ley de Medicaid permite que las personas elijan su propio proveedor, los jueces determinaron que eso no constituye un derecho exigible en los tribunales.
En general, el dinero público para la atención médica no puede usarse para pagar abortos, pero los pacientes de Medicaid acuden a Planned Parenthood por otras necesidades, en parte, porque puede ser difícil hallar un médico que acepte el seguro financiado públicamente, ha dicho la organización.
El gobernador republicano de Carolina del Sur dice que la organización no debería recibir ningún dinero de los contribuyentes. El proyecto de ley presupuestaria, respaldado por el presidente Donald Trump en el Congreso, también recortaría la financiación de Medicaid para Planned Parenthood. Eso podría obligar a cerrar unos 200 centros, la mayoría de ellos en estados donde el aborto es legal, ha dicho la organización.
El gobernador Henry McMaster intentó cortar la financiación de Medicaid para Planned Parenthood por primera vez en 2018, pero fue bloqueado en los tribunales tras una demanda de una paciente llamada Julie Edwards. Edwards quería seguir acudiendo allí para obtener anticonceptivos debido a que su diabetes hace que el embarazo sea potencialmente peligroso, por lo que demandó sobre una disposición en la ley de Medicaid que permite que los pacientes elijan su propio proveedor calificado.
Sin embargo, Carolina del Sur argumentó que los pacientes no deberían poder presentar esas demandas. El estado señaló a tribunales inferiores que han sido influenciados por argumentos similares y han permitido que estados como Texas bloqueen la financiación de Medicaid para Planned Parenthood.
La mayoría del máximo tribunal estuvo de acuerdo. “Decidir si se debe permitir la aplicación privada plantea delicadas cuestiones de política que involucran costos y beneficios en competencia: decisiones para representantes electos, no jueces”, escribió Gorsuch. Los pacientes pueden apelar a través de otros procesos administrativos si se les niega la cobertura, señaló.
McMaster aplaudió el fallo del alto tribunal. “Hace siete años, asumimos una postura para proteger la santidad de la vida y defender la autoridad y los valores de Carolina del Sur, y hoy, finalmente, salimos victoriosos”, dijo en un comunicado.
En un disenso al que se unieron sus colegas liberales, la jueza Ketanji Brown Jackson dijo que el fallo “probablemente provocaría un daño tangible a personas reales”.
“Privará a esos habitantes de Carolina del Sur, y a innumerables beneficiarios más de Medicaid en todo el país, de una libertad profundamente personal: la ‘capacidad de decidir quién nos trata en nuestros momentos más vulnerables’”, escribió.
Otros estados podrían ahora seguir el ejemplo de Carolina del Sur y excluir a Planned Parenthood de los programas públicos, dijo Destiny Lopez, directora ejecutiva y copresidenta del Instituto Guttmacher, una organización de investigación que apoya los derechos al aborto.
“Esta es una destrucción sistemática del acceso a la atención de la salud reproductiva y un indicativo de lo que puede venir”, dijo.
Grupos de salud pública como la Sociedad Americana del Cáncer han dicho en documentos judiciales que las demandas son la única forma real en que los pacientes de Medicaid han podido ejercer su capacidad de elegir a su propio médico. Perder esa capacidad reduciría el acceso a la atención médica para las personas que participan en el programa, que, según cálculos, incluye a una cuarta parte de todos los habitantes del país. Las áreas rurales podrían verse especialmente afectadas, dijeron los defensores en documentos judiciales.
En Carolina del Sur, 90.000 dólares en financiación de Medicaid van a Planned Parenthood cada año, una pequeña fracción del gasto total de Medicaid del estado. Éste prohibió el aborto alrededor de las seis semanas de gestación después de que el máximo tribunal lo revocara como un derecho nacional en 2022. El estado dice que otros proveedores pueden llenar el vacío de atención médica dejado por el retiro de Planned Parenthood de Medicaid.
