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Verificando cinco mitos sobre los latinos y Medicaid

(Foto: Ilustrativa/Pexels)

Los recortes de gastos, la inmigración y Medicaid están bien arriba en la lista de prioridades en la agenda de Washington. Este clima político ofrece un terreno fértil para que la desinformación y los mitos se multipliquen en las redes sociales. Algunos de los más comunes se enfocan en los inmigrantes, los latinos y Medicaid.

En las plataformas circulan posts afirmando que los latinos beneficiarios de Medicaid —el programa de salud federal gerenciado por los estados para personas de bajos ingresos o con discapacidades —, “no trabajan” y exageraciones sobre el porcentaje de personas con Medicaid que son latinas.

El 25 de febrero, la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó por un estrecho margen a favor de un plan presupuestario que podría llevar a recortes de Medicaid de hasta $880 mil millones a lo largo de una década.

Medicaid y el Programa de Seguro de Salud Infantil (CHIP) son parte de la red de seguridad nacional, que cubre a unas 80 millones de personas. La inscripción a Medicaid aumentó bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) y después del inicio de la pandemia de covid-19, pero luego comenzó a caer durante los dos últimos años de la administración Biden.

El impacto de los inmigrantes en el sistema de atención médica nacional puede exagerarse en medio de la retórica política acalorada. El actual vicepresidente JD Vance dijo durante la campaña electoral de 2024 que “estamos llevando a la quiebra a muchos hospitales al obligarlos a ofrecer atención a personas que no tienen el derecho legal de estar en nuestro país”. PolitiFact calificó esa declaración como “falsa”.

KFF Health News, en alianza con Factchequeado, recopiló cinco mitos que circulan en las redes sociales y los analizó con expertos.

1. ¿Trabajan los latinos que reciben Medicaid?

La mayoría sí. Un análisis de los datos de Medicaid realizado por KFF reveló que el 67% de los latinos que reciben Medicaid trabajan, “lo que representa la proporción mayor de adultos que reciben Medicaid que trabajan en comparación con otros grupos raciales y étnicos”, dijo Jennifer Tolbert, subdirectora del Programa de Medicaid y Personas sin Seguro de KFF.

“Para muchas personas de bajos ingresos, el mito es que no están trabajando, aunque sabemos por muchos datos recopilados que muchas personas trabajan pero no tienen acceso a un seguro asequible patrocinado a través del empleador”, dijo Timothy McBride, codirector del Centro para el Avance de los Servicios de Salud, Políticas e Investigación Económica, parte del Instituto de Salud Pública de la Universidad de Washington en St. Louis.

Ni la Oficina de Salud de las Minorías del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) ni los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) respondieron a las solicitudes de comentarios.

2. ¿Son los latinos el grupo más grande inscrito en Medicaid?

No. Los blancos no hispanos son el grupo demográfico más grande en Medicaid.

La inscripción en los programas es de un 42% de blancos no hispanos, un 28% de latinos y un 18% de negros no hispanos, con pequeños porcentajes de otras minorías, según indica un documento de los CMS.

La proporción de latinos en la inscripción total de Medicaid “se ha mantenido bastante estable durante muchos años, entre el 26 y el 30% desde al menos 2008”, dijo Gideon Lukens, director de investigación y análisis de datos del equipo de políticas de salud del Center on Budget and Policy Priorities.

En una publicación en un blog del 18 de febrero, Alex Nowrasteh y Jerome Famularo, del libertario Cato Institute, escribieron: “El mayor mito en el debate sobre el uso de la asistencia social por parte de los inmigrantes es que los no ciudadanos, que incluyen a los inmigrantes ilegales y a los que se encuentran legalmente en el país con diversas visas temporales y tarjetas de residencia, utilizan desproporcionadamente la asistencia social. Ese no es el caso”. Incluyeron Medicaid en el término “asistencia social”.

Aunque los latinos no son el grupo más grande en Medicaid, son el grupo demográfico con el mayor porcentaje de personas que reciben Medicaid. Hay alrededor de 65,2 millones de hispanos en el país, lo que representa el 19,5% de la población total de Estados Unidos.

Y aproximadamente el 31% de esa población está inscrita en Medicaid, en parte porque los latinos empleados a menudo tienen trabajos que no ofrecen beneficios como un seguro de salud.

La elegibilidad para Medicaid se basa en factores como los ingresos, la edad y el estatus de embarazo o discapacidad, y varía de un estado a otro, dijo Kelly Whitener, profesora asociada de Prácticas en el Centro para Niños y Familias de la Escuela de Políticas Públicas McCourt de la Universidad de Georgetown.

“La elegibilidad para Medicaid no se basa en la raza o la etnia”, agregó Whitener.

3. ¿La mayoría de los latinos indocumentados utilizan Medicaid?

No. Según la ley federal, los inmigrantes que carecen de estatus legal no son elegibles para los beneficios federales de Medicaid.

A enero, 14 estados y el Distrito de Columbia habían utilizado sus propios fondos para ampliar la cobertura a los niños en el país sin importar su estatus migratorio. De ellos, siete estados y el Distrito de Columbia expandieron la cobertura a algunos adultos sin importar su estatus migratorio.

Los estados cubren en su totalidad el costo de ofrecer atención médica a estos beneficiarios. El gobierno federal no pone ni un centavo.

El gobierno federal sí paga el llamado Medicaid de Emergencia, que reembolsa a los hospitales por la atención de emergencias médicas para personas que, debido a su estatus migratorio u otros factores, normalmente no califican para el programa.

El Medicaid de Emergencia comenzó en 1986 bajo el Emergency Medical Treatment and Labor Act, firmado por el presidente republicano Ronald Reagan.

En 2023, el Medicaid de Emergencia representó el 0,4% del gasto total de Medicaid.

Algunos legisladores conservadores dicen que los inmigrantes que están en el país sin papeles no deberían recibir ningún beneficio de Medicaid.

“Medicaid está destinado a los ciudadanos estadounidenses que más lo necesitan: personas mayores, niños, mujeres embarazadas y discapacitados”, dijo Dan Crenshaw, representante republicano por Texas, en las redes sociales. “Pero los estados liberales están encontrando formas de jugar con el sistema y hacer que los contribuyentes cubran la atención médica de los inmigrantes ilegales”.

4. ¿Los latinos permanecen en Medicaid por décadas?

Expertos dicen que no hay un análisis por raza o etnia del tiempo que las personas usan el programa.

“Las personas que permanecen en Medicaid por más tiempo son aquellas que tienen Medicaid debido a una discapacidad y que viven con una situación médica que no cambia”, dijo Tolbert.

Los beneficiarios que usan los servicios de apoyo de Medicaid a largo plazo representan el 6% del número total de personas en el programa.

Muchos beneficiarios están en el programa temporalmente, dijo McBride. “Algunos estudios indican que hasta la mitad de las personas en Medicaid lo abandonan en un corto período de tiempo”, dijo, como en un año.

5. ¿Son los latinos en Medicaid el grupo que más usa los servicios médicos?

Los latinos no usan significativamente más servicios de Medicaid que otros, dicen expertos. Reciben servicios preventivos (como mamografías, pruebas de Papanicolaou y colonoscopías), atención primaria y atención de salud mental menos que otros grupos, según documentos de los CMS y la Comisión de Pago y Acceso a Medicaid y CHIP, una organización no partidista que proporciona análisis de políticas y datos.

Los latinos sí utilizan más los servicios de parto y alumbramiento de Medicaid. Las familias latinas y las familias blancas no hispanas representan cada una alrededor del 35% de los nacimientos de Medicaid, aunque los blancos no hispanos constituyen una proporción mayor de la población general.

Si bien los latinos conforman el 28% de todos los inscritos en Medicaid, representan el 37% de los miembros con beneficios limitados, que cubren solo servicios específicos.

“En realidad, utilizan los servicios de atención médica menos que otros grupos, debido a barreras sistémicas como el dominio limitado del inglés y la dificultad para navegar por el sistema”, dijo Arturo Vargas Bustamante, profesor de la Escuela Fielding de Salud Pública de UCLA y director de investigación en el Latino Policy and Politics Institute de la universidad.

Los latinos también evitan utilizar los servicios por temor a la regla de “carga pública” y otras políticas, apuntó Vargas Bustamante. El presidente Donald Trump amplió la política de carga pública y la aplicó con firmeza durante su primer mandato, aunque se suavizó bajo el presidente Joe Biden. La regla tenía como objetivo dificultar que los inmigrantes que utilizan Medicaid o programas de asistencia social obtuvieran la residencia permanente o se convirtieran en ciudadanos estadounidenses.

“El efecto amedrentador de la carga pública persiste, pero órdenes recientes como la deportación masiva o la eliminación de la ciudadanía por nacimiento han generado sus propios efectos aterradores”, agregó Vargas Bustamante.

Esta historia es producto de una colaboración entre Factchequeado y KFF Health News.

KFF Health News_ is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.

Latinos a favor de las relaciones saludables

Marzo es el Mes de la Historia de la Mujer y nos centraremos en cómo la violencia doméstica afecta a las mujeres inmigrantes.

Dejar una relación abusiva puede ser muy difícil, especialmente para quienes no son ciudadanos estadounidenses. Algunos de los desafíos que enfrentan las personas incluyen el miedo a ser deportadas o a sufrir daño por parte de su pareja si intentan buscar ayuda; la separación de sus hijos nacidos en EE. UU.; y la falta de recursos en su idioma materno.

Debido a estos temores, algunas personas permanecen en situaciones inseguras en lugar de buscar ayuda.

Además, las víctimas de violencia doméstica a menudo se ven aisladas de familiares o amigos que pueden apoyarlas. Las mujeres migrantes, residentes temporales o inmigrantes pueden tener miedo de contarles a otros sobre su situación por temor a la deportación o a ser denunciadas ante las autoridades de inmigración. Puede que no sepan en quién confiar.

Las recientes órdenes ejecutivas del Gobierno federal han generado aún más confusión. Pero es importante saber que, si eres indocumentado, aún tienes derechos y opciones para liberarte de la violencia doméstica.

Recursos útiles:

• HIAS Pensilvania cuenta con una guía «Conoce tus derechos» con videos e información en diferentes idiomas: Guía Conoce tus derechos.

• El Centro de Recursos Legales para Inmigrantes ofrece «Tarjetas Rojas» para ayudar a las personas a comprender sus derechos bajo la Constitución de los Estados Unidos. Estas tarjetas muestran lo que puedes hacer, como no abrirle la puerta a un oficial de inmigración: Tarjetas Rojas.

Si sufres abuso, hay ayuda disponible

Puedes buscar ayuda para casos de violencia doméstica, sin importar tu estatus migratorio. Si llamas a la Línea Directa de Violencia Doméstica de Filadelfia, los consejeros no te preguntarán sobre tu estatus migratorio y todo lo que compartas se mantendrá en privado.

Mujeres Contra el Abuso ofrece refugio de emergencia y un equipo legal con abogados con experiencia que también pueden ayudarte a solicitar una visa U, destinada a víctimas de delitos. Un gestor de casos te ayudará a encontrar servicios adicionales para los que puedas calificar.

La Línea Directa de Violencia Doméstica está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. Puedes llamar al 1-866-723-3014. Todas las llamadas son confidenciales y contamos con personal bilingüe y servicios de traducción.

* Esto forma parte de una serie mensual del Congreso de Latinos Unidos, Lutheran Settlement House, Mujeres Contra el Abuso y Mujeres en Transición, que comparte información sobre la violencia doméstica, los recursos locales disponibles y cómo promover relaciones saludables.

Latinos for healthy relationships

March is Women’s History Month, and we’re focusing on how domestic violence affects immigrant women.

Leaving an abusive relationship can be very difficult, especially for people who are not U.S. citizens. Some of the challenges people experience include the fear of being deported or hurt by their partner if they try to get help; being separated from their children born in the U.S.; and lack of resources in their primary language.

Because of these fears, some people stay in unsafe situations instead of seeking help.

Also, domestic violence victims are often cut off from family or friends who can support them. Women who are migrants, temporary residents, or immigrants may be afraid to tell others about their situation because they fear deportation or being reported to immigration officials. They may not know who they can trust.

The federal government’s recent Executive Orders have made things even more confusing. But it’s important to know that if you are undocumented, you still have rights and options to break free from domestic violence.

Helpful Resources:

  • HIAS Pennsylvania has a «Know Your Rights» guide with videos and information in different languages: Know Your Rights Guide
  • The Immigrant Legal Resource Center offers «Red Cards» to help people understand their rights under the U.S. Constitution. These cards show what you can do, like not answering the door to an immigration officer: Red Cards

If you’re being abused, help is available

You can reach out for help for domestic violence, no matter your immigration status. If you call the Philadelphia Domestic Violence Hotline, the counselors won’t ask about your immigration status, and everything you share is kept private.

Women Against Abuse offers emergency shelter and a legal team with experienced attorneys who can also help you apply for a U-visa, which is for victims of crime. A case manager will work with you to find additional services you may qualify for.

The Domestic Violence Hotline is available 24/7. You can call at 1-866-723-3014. All calls are confidential, and bilingual staff and translation services are available.

*This is part of a monthly series by Congreso de Latinos Unidos, Lutheran Settlement House, Women Against Abuse and Women in Transition that will share information about domestic violence, the available local resources, and how to be an advocate for healthy relationships.

Encuentro entre muralistas de ayer y hoy: José Clemente Orozco y César Viveros Herrera

José Clemente Orozco
De izq, a der. Zafka Christensen, César Viveros Herrera y Anjoli Santiago. (Foto: Leticia Roa Nixon)

El Centro de Arte Esperanza ha venido colaborando con WHYY para realizar eventos con la proyección de documentales de artistas latinos internacionales y, conectarlos mediante una conversación entre panelistas, y artistas locales de Filadelfia. En el pasado mes de febrero se presentó una parte del documental de PBS del renombrado muralista mexicano José Clemente Orozco (1883-1949).

Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, iniciaron el movimiento que más tarde se expandiría a nivel internacional, con el renombrado muralismo mexicano.

El muralista jalisciense, afligido por la brutalidad de la Revolución Mexicana, creó obras de arte público que desafiaron las normas sociales y convenciones acerca de la raza y nacionalidad. Una de sus obras, “El Hombre de Fuego”, pintada nada en la bóveda del Hospicio Cabañas, en la capital del estado mexicano de Jalisco, originó el nombre del documental “Jose Clemente Orozco: Man of Fire”.

Tras la proyección del filme, Anjoli Santiago facilitó un conversatorio con el muralista mexicano César Viveros Herrera y la artista visual y educadora en Esperanza, Zafka Christensen. En la opinión de Esperanza, José Clemente Orozco realmente infundió emoción en el mundo del arte mural, donde muchos de sus contemporáneos pintaban temas históricos y narrativos.

2. Anjoli Santiago, facilitadora de eventos en Esperanza. (Foto: Leticia Roa Nixon)

César, oriundo del estado mexicano de Veracruz ha pintado más de 40 murales en el Programa de Artes Murales de Filadelfia, con el que ha colaborado desde el año 2000. “Es un hecho que crecimos mirando murales en muchas ciudades de México que influyó en nuestras vidas”, comentó.

César Viveros Herrera tiene más de 25 años en el arte mural. (Foto: Leticia Roa Nixon)

Con más de 25 años de experiencia creando arte público en Estados Unidos y México, su trabajo púbico es inspirado mayoritariamente por las comunidades con las que trabaja. César interpreta visualmente su particular ideología, enfocándose en trabajo documental que le ayuda a traducir, a través de estas historias para ser expuestas a un público más amplio.

Viveros, muralista mexicano, tiene una larga trayectoria en Filadelfia (Foto: Leticia Roa Nixon)

“Desde enero, ahora más que nunca es necesario plasmar las imágenes de personas de las minorías como nosotros”, afirmó.

En referencia a los subsidios al arte público, puntualizó que como artista hay que hacer lo que uno desea sin temor a no contar con los fondos necesarios. En este sentido, hay un paralelo del muralista con José Clemente Orozco, cuya obra representó al ser humano en la lucha contra el destino, contra el ambiente que lo amenaza y contra la sociedad opresora.

Venezolanos fueron catalogados como pandilleros y deportados por tatuajes comunes, dicen abogados

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Un médico utiliza un láser para eliminar tatuajes de un antiguo pandillero deportados de Los Ángeles, en una clínica de El Salvador, el miércoles 6 de junio de 2007. (AP Foto/Luis Romero, Archivo)

Una corona sobre un balón de fútbol. Un globo ocular que «se veía genial». Y flores.

Esos son algunos de los tatuajes cotidianos que, según los abogados de la defensa, contribuyeron a la repentina deportación de aproximadamente 200 venezolanos el fin de semana pasado, quienes fueron acusados de ser miembros de la despiadada pandilla Tren de Aragua.

El presidente Donald Trump ordenó que los hombres fueran expulsados de Estados Unidos y enviados a una notoria prisión salvadoreña bajo una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII que permite deportar a no ciudadanos sin el debido proceso.

La proclamación emitida por Trump argumentó que la ley de tiempos de guerra podía implementarse porque la pandilla está «llevando a cabo una invasión» en Estados Unidos.

La mayoría de los abogados han desestimado ese argumento y señalaron que el gobierno no ha presentado pruebas para demostrar que los hombres son miembros de dicha pandilla. Los hombres fueron deportados del país antes de que pudieran reunirse con sus abogados.

Los tatuajes son señales de pertenencia en algunas pandillas latinoamericanas, y los tatuajes faciales del grupo salvadoreño MS-13 quizás son los más conocidos. Sin embargo, los expertos dicen que los tatuajes no son centrales para el Tren de Aragua. También señalan que los tatuajes, que son muy populares en todo el mundo, a menudo no son más que arte corporal.

En cuanto al tatuaje de una corona, algunos agentes del orden público señalan que puede representar que la persona es miembro del Tren de Aragua o de la pandilla estadounidense Latin Kings. Pero una búsqueda en internet enviará a sitios web que ofrecen cientos de diseños de coronas, y un sitio incluso pone que “le añaden un toque de elegancia a cualquier diseño”. La situación es similar para las estrellas y los relojes, que son tatuajes comunes que generalmente son catalogados como símbolos de pandillas por parte de las autoridades del orden público.

A menudo no significan nada, comentó Karla Ostolaza, directora general de la organización neoyorquina de defensa pública sin fines de lucro, The Bronx Defenders. Ostolaza ha defendido a varios inmigrantes latinoamericanos que fueron señalados por cualquier cosa, desde tatuajes hasta camisetas de Michael Jordan.

Los tatuajes no suscitan ninguna inquietud en un gimnasio de los suburbios de Estados Unidos, pero si son “llevados por alguien de esa nacionalidad se convierten en un símbolo de delincuencia, peligro y pertenencia a una pandilla”, señaló.

Funcionarios de Estados Unidos han dicho que los agentes no se basaron «únicamente en los tatuajes» para señalar a los pandilleros antes de los vuelos del fin de semana. Pero los abogados y familiares dijeron que los tatuajes se usaron repetidamente para argumentar que los hombres pertenecían al Tren de Aragua.

Tomemos por ejemplo la historia de un venezolano identificado por documentos jurídicos únicamente como J.G.G., quien contó que le dijeron que sus tatuajes mostraban que pertenecía a una pandilla.

“Le dijo a los agentes que los encontró en una búsqueda de Google, y pensó que un diseño de globo ocular ‘se veía genial’”, de acuerdo con un documento presentado por sus abogados.

O también está el caso de Jerce Reyes Barrios, de 36 años, cuyo abogado dijo en una declaración jurada que las autoridades lo catalogaron como pandillero en parte debido a un tatuaje de una corona sobre un balón de fútbol y la palabra «Dios».

Sin embargo, Reyes Barrios había sido un jugador de fútbol profesional y eligió ese tatuaje porque la corona se parecía a la insignia de su equipo favorito, el club de fútbol español Real Madrid, dijo su abogada, Linette Tobin, en el documento.

Una fotografía del tatuaje incluida en el documento muestra el tatuaje y la corona, y ésta se parece mucho a la insignia del Real Madrid.

Trump ordena plan para desmantelar Departamento de Educación, pero mantiene algunas funciones clave

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El presidente estadounidense Donald Trump sostiene una orden ejecutiva en la Sala Este de la Casa Blanca, en Washington, el jueves 20 de marzo de 2025. (Foto: AP/Jose Luis Magana)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el jueves una orden ejecutiva en la que pide el desmantelamiento del Departamento de Educación, una acción con la que pretende avanzar en una promesa de campaña para desmantelar una agencia que desde hace tiempo ha sido un objetivo de los conservadores.

Trump ha ridiculizado al Departamento de Educación por derrochador y por estar contaminado por la ideología liberal. Sin embargo, completar su desmantelamiento es probablemente imposible sin una ley por parte del Congreso, que creó el departamento en 1979. Los republicanos dijeron que presentarán un proyecto de ley para lograrlo.

Sin embargo, el departamento no cerrará completamente. La Casa Blanca dijo que mantendrá ciertas funciones críticas.

Trump afirmó que su gobierno cerrará el departamento más allá de sus “necesidades básicas”, preservando sus responsabilidades en relación con la financiación del Título I para escuelas de bajos ingresos, las becas Pell y el dinero para niños con discapacidades. Anteriormente, la Casa Blanca había dicho que también continuará gestionando los préstamos estudiantiles federales.

El presidente culpó al departamento por el bajo rendimiento académico de Estados Unidos y señaló que los estados harán un mejor trabajo.

“No nos está haciendo ningún bien”, afirmó durante una ceremonia en la Casa Blanca.

El gobierno republicano de Trump ya ha empezado a desmantelar la agencia. Su fuerza laboral se está reduciendo a la mitad, y ha habido recortes profundos en la Oficina de Derechos Civiles y el Instituto de Ciencias de la Educación, que recopila datos sobre el progreso académico de la nación.

Los defensores de las escuelas públicas dijeron que eliminar el departamento dejará atrás a los niños en un sistema educativo estadounidense que es fundamentalmente desigual.

“Este es un día triste para los millones de niños estadounidenses que dependen de la financiación federal para recibir una educación de calidad, incluidos aquellos en comunidades pobres y rurales cuyos padres votaron por Trump”, señaló Derrick Johnson, presidente de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés).

Los demócratas dijeron que la orden será impugnada en los tribunales y en el Congreso, e instaron a los republicanos a unirse a ellos en oposición.

La orden de Trump es “peligrosa e ilegal” y perjudicará desproporcionadamente a los estudiantes de bajos ingresos, a los estudiantes de color y a aquellos con discapacidades, precisó el representante Bobby Scott, el principal demócrata en la Comisión de Educación y Trabajo de la Cámara de Representantes.

El departamento “fue fundado en parte para garantizar la aplicación de los derechos civiles de los estudiantes”, dijo Scott. “Los defensores de la segregación en las escuelas públicas se opusieron y hicieron campaña por un regreso a los ‘derechos de los estados’”.

Los partidarios de la visión de Trump para la educación acogieron la orden.

“No más burocracia inflada dictando lo que los niños aprenden o sofocando la innovación con trámites”, dijo Tiffany Justice, cofundadora de Moms for Liberty, en las redes sociales. “Los estados, las comunidades y los padres pueden tomar las riendas, adaptando la educación a lo que realmente funciona para sus hijos”.

La Casa Blanca no ha especificado formalmente qué funciones del departamento podrían ser transferidas a otras dependencias o eliminadas por completo.

El departamento envía miles de millones de dólares al año a las escuelas y supervisa 1,6 billones de dólares en préstamos estudiantiles federales.

Actualmente, gran parte del trabajo de la agencia gira en torno a la gestión del dinero, tanto de su extensa cartera de préstamos estudiantiles como de una variedad de programas de ayuda para universidades y distritos escolares, además de las comidas escolares y el apoyo a estudiantes sin hogar. La agencia también es clave en la supervisión de la implementación de los derechos civiles.

Los estados y distritos ya controlan las escuelas locales, incluido el programa de estudios, pero algunos conservadores han presionado para eliminar las condiciones asociadas al dinero federal y proporcionarlo a los estados como “subvenciones bloque” que se utilizarían a su discreción. La concesión de subvenciones bloque ha suscitado preguntas sobre fuentes de financiación vitales, incluido el Título I, la mayor fuente de dinero federal para las escuelas que abarcan desde el kínder hasta el 12do grado de Estados Unidos. Las familias de niños con discapacidades han desesperado por lo que podría resultar del trabajo del departamento federal en la protección de sus derechos.

La financiación federal representa una porción relativamente pequeña de los presupuestos de las escuelas públicas, aproximadamente el 14%. El dinero a menudo apoya programas suplementarios para estudiantes vulnerables, como el programa McKinney-Vento para estudiantes sin hogar o el Título I para escuelas de bajos ingresos.

Las universidades dependen más del dinero de Washington, a través de subvenciones de investigación junto con la ayuda financiera federal que ayuda a los estudiantes a pagar su matrícula.

Los republicanos han hablado sobre cerrar el Departamento de Educación durante décadas, diciendo que desperdicia el dinero de los contribuyentes y pone al gobierno federal a cargo de tomar decisiones que deberían corresponder a los estados y las escuelas. La idea ha ganado popularidad recientemente a medida que los grupos de padres conservadores exigen más autoridad sobre la educación de sus hijos.

En su plataforma, Trump prometió cerrar el departamento “y devolverlo a los estados, donde pertenece”. Trump ha presentado al departamento como un nido de “radicales, fanáticos y marxistas” que extienden su alcance a través de orientaciones y regulaciones.

Incluso mientras Trump avanza para desmantelar el departamento, ha confiado en él para promover elementos de su agenda. Ha utilizado los poderes de investigación de la Oficina de Derechos Civiles y la amenaza de retirar el dinero federal de educación para apuntar a escuelas y universidades que infrinjan sus órdenes sobre atletas transgénero participando en deportes femeninos, activismo propalestino y programas de diversidad.

La senadora Patty Murray, demócrata en la Comisión de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado, desestimó la afirmación de Trump de que está devolviendo la educación a los estados. Señaló que en realidad está “tratando de ejercer cada vez más control sobre las escuelas locales y dictar lo que pueden y no pueden enseñar”.

Incluso algunos de los aliados de Trump han cuestionado su poder para cerrar la agencia sin una acción del Congreso, y hay dudas sobre su popularidad política. La Cámara de Representantes consideró una enmienda para cerrar la agencia en 2023, pero 60 republicanos se unieron a los demócratas para oponerse a la medida.

Durante el primer mandato de Trump, la secretaria de Educación, Betsy DeVos, buscó reducir drásticamente el presupuesto de la agencia y pidió al Congreso que agrupara toda la financiación de las escuelas primarias y secundarias en subvenciones bloque que otorguen a los estados más flexibilidad en cómo gastan el dinero federal. Ese movimiento fue rechazado, con resistencia de algunos republicanos.

Leavitt es uno de los tres funcionarios del gobierno federal nombrados en una demanda presentada por The Associated Press por motivos de la Primera y Quinta Enmienda. La AP dice que los tres están castigando a la agencia de noticias por decisiones editoriales que ellos se oponen. La Casa Blanca dice que la AP no está siguiendo una orden ejecutiva para referirse al Golfo de México como el Golfo de Estados Unidos.

Juez ve «insuficientes» las explicaciones del Gobierno de Trump sobre vuelos a El Salvador

El Salvador
(Foto: EFE/Esteban Biba)

El juez estadounidense James Boasberg, a cargo del caso de los vuelos de deportación a El Salvador, consideró este jueves que las explicaciones que le ha entregado el Gobierno de Donald Trump son «insuficientes».

El miércoles, Boasberg dio 24 horas más al Gobierno para entregar detalles sobre los vuelos con los que el sábado deportó a cerca de 200 venezolanos, ahora encarcelados en El Salvador.

Los vuelos aterrizaron en el país centroamericano pese a la orden del propio Boasberg para que lo aviones regresaran a Estados Unidos con los migrantes.

En un escrito publicado este jueves, el juez dijo que el Gobierno «nuevamente eludió sus obligaciones» entregando «poco después de la hora límite» un documento de seis párrafos con «la misma información general sobre los vuelos».

«Esto es lamentablemente insuficiente», afirmó Boasberg.

En este escrito, el juez ordenó al Gobierno que explique para el martes por qué considera que sus funcionarios no desobedecieron su orden el sábado cuando permitieron que los vuelos llegasen a El Salvador.

Varias personas que sostienen fotografías de parientes migrantes en una manifestación el 18 de marzo de 2025, para protestar por la deportación de presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, que fueron transferidos a una cárcel en El Salvador. (Foto: AP/Ariana Cubillos)

El juez podría declarar en desacato al Gobierno o a funcionarios si siguen sin entregar la información solicitada.

Trump invocó el viernes una la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 utilizada en tiempos de guerra para deportar a cientos de venezolanos a los que señala de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua.

Boasberg bloqueó la aplicación de la ley cuando dos aviones iban rumbo a Centroamérica el sábado con los migrantes y ordenó el regreso de esos vuelos.

Prueba de sangre no detecta el cáncer de ovario en algunas pacientes, según estudio

cáncer
El edificio James Shannon de los Institutos Nacionales de Salud de EEUU (NIH) en el campus de la agencia en Bethesda, Maryland, el viernes 24 de octubre de 2014. (AP Foto/Pablo Martínez Monsiváis, Archivo)

Un análisis de sangre común puede no detectar el cáncer de ovario en algunas pacientes negras y nativas estadounidenses, retrasando su tratamiento, según un nuevo estudio en Estados Unidos. Es el ejemplo más reciente de pruebas médicas que contribuyen a las disparidades en la atención médica.

Los investigadores están trabajando para descubrir este tipo de sesgos en la medicina. Recientemente, las acciones de la administración Trump contra las políticas de diversidad, equidad e inclusión han puesto en peligro dicha investigación, ya que las universidades reaccionan a la presión política y las agencias federales revisan las subvenciones buscando proyectos que violen las órdenes del presidente.

Las mujeres nativas estadounidenses tienen la tasa más alta de cáncer de ovario. Las mujeres negras con cáncer de ovario tienen tasas de supervivencia más bajas en comparación con las mujeres blancas. Detectar el cáncer de ovario con anticipación puede llevar a mejores posibilidades de supervivencia.

El nuevo estudio, apoyado por subvenciones del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos y publicado el jueves en JAMA Network Open, examinó una prueba llamada CA-125. La prueba mide un marcador tumoral en la sangre, y los médicos la utilizan para determinar si una mujer con un bulto sospechoso debe ser referida a un especialista en cáncer.

Los médicos dependen de la prueba durante las evaluaciones iniciales, por lo que entender lo que significan los resultados para personas de diferentes razas y etnias es crucial, dijo la doctora Shannon Westin del Centro de Cáncer MD Anderson en Houston, quien no participó en la investigación.

“Este es un ejemplo perfecto de trabajo que absolutamente necesitaba ser estratificado según la raza y la etnicidad”, afirmó Westin. Los hallazgos alertan a los médicos de que no deben sentirse totalmente tranquilos con un resultado normal de la prueba, expresó.

Hasta ahora, se desconoce por qué la prueba no funciona de manera uniforme en todos los grupos. Los investigadores sospechan que tiene algo que ver con una variación genética inofensiva que es más común en personas de ascendencia africana, caribeña, del Oriente Medio y de las Indias Occidentales.

Los estudios iniciales de la prueba, publicados en la década de 1980, no registraron las razas de las personas, pero se realizaron principalmente en poblaciones blancas.

La prueba tampoco es perfecta para las mujeres blancas, dijo la autora principal, la doctora Anna Jo Smith de la escuela de medicina de la Universidad de Pensilvania.

“Pero si tenemos un peor rendimiento en ciertos grupos, entonces podríamos estar contribuyendo aún más a las disparidades en la derivación, disparidades en el tratamiento, y en última instancia podríamos estar contribuyendo a la menor supervivencia en mujeres negras con cáncer de ovario”, comentó Smith.

Los investigadores analizaron datos de más de 200.000 mujeres con cáncer de ovario desde 2004 hasta 2020 que se habían realizado una prueba de sangre CA-125.

Las pacientes negras y nativas estadounidenses tenían un 23% menos de probabilidades de tener un nivel elevado de CA-125 al diagnóstico de cáncer de ovario en comparación con las pacientes blancas, lo que sugiere que los umbrales actuales están establecidos demasiado altos.

Los investigadores también encontraron que las pacientes con resultados falsos negativos comenzaron la quimioterapia en promedio nueve días más tarde que aquellas con niveles elevados. Eso podría marcar la diferencia para algunas pacientes, señaló Smith.

La semana pasada, Smith y sus colegas presentaron un trabajo en una reunión de la Sociedad de Oncología Ginecológica proponiendo un nuevo umbral más bajo para la prueba de sangre que funcionaría mejor en todas las poblaciones. El trabajo podría llevar a cambios en las directrices.

“Los nuevos umbrales para la derivación asegurarán que todas las pacientes reciban atención rápida cuando se sospeche cáncer de ovario”, afirmó Smith.

Archivos de JFK recién divulgados revelaron datos personales; se prevén acciones legales

El presidente John F. Kennedy en el automóvil en Dallas, Texas, el 22 de noviembre de 1963, poco antes de ser asesinado. (Foto: AP/Jim Altgens)

Información personal sensible, incluidos números de Seguro Social, fue revelada en los documentos recientemente desclasificados del asesinato de John F. Kennedy publicados esta semana, y eso no ha sido bien recibido por las personas afectadas.

Joseph diGenova, un exabogado de campaña del presidente Donald Trump, fue uno de aquellos cuya información personal fue divulgada. Él manifestó que planea demandar a los Archivos Nacionales y Administración de Documentos de Estados Unidos (NARA) por violar las leyes de privacidad y está preocupado por el robo de identidad.

“Esto no debió suceder”, expresó diGenova en una entrevista telefónica el jueves. “Creo que es el resultado de personas incompetentes haciendo la revisión. No creo que tenga nada que ver con apresurar el proceso. Las personas que revisaron estos documentos no hicieron su trabajo”.

Su información personal estaba en documentos relacionados con su trabajo para un comité selecto del Senado de Estados Unidos que investigó abusos de poder por parte de funcionarios del gobierno en la década de 1970, incluyendo la vigilancia de ciudadanos estadounidenses.

Funcionarios de la Casa Blanca dijeron el jueves que se había implementado un plan para ayudar a aquellos cuya información personal fue divulgada, incluyendo la oferta de monitoreo de crédito por parte de los Archivos Nacionales y una revisión de los registros que comenzó el miércoles para identificar todos los números de Seguro Social que fueron revelados. Los funcionarios también dijeron que se emitirán nuevos números de Seguro Social a los afectados.

 Parte de un documento, fechado el 24 de noviembre de 1963, en el que se cita al director del FBI J. Edgar Hoover hablando sobre la muerte de Lee Harvey Oswald, fotografiado en Washington el 26 de octubre de 2017. (Foto: AP/Jon Elswick/Archivo)

La Casa Blanca no respondió a preguntas sobre por qué la información personal no fue censurada.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó en un comunicado: “El presidente Trump cumplió su promesa de máxima transparencia al liberar completamente los archivos relacionados con el asesinato del presidente John F. Kennedy. A solicitud de la Casa Blanca, los Archivos Nacionales y la Administración del Seguro Social elaboraron de inmediato un plan de acción para ayudar proactivamente a las personas cuya información personal fue divulgada en los archivos”.

Los Archivos Nacionales no respondieron de inmediato a un correo electrónico solicitando comentarios.

Trump ordenó la liberación de los archivos clasificados restantes relacionados con el asesinato de 1963 poco después de asumir el cargo en enero. Aproximadamente 2.200 archivos que consisten en más de 63.000 páginas fueron publicados en el sitio web de los Archivos Nacionales el martes por la noche. Muchas de esas páginas revelaron lo que antes estaba censurado.

La gran mayoría de las más de 6 millones de páginas de registros, fotografías, películas, grabaciones de sonido y artefactos relacionados con el asesinato de los Archivos Nacionales ya habían sido difundidos.

Los Archivos Nacionales publicaron evaluaciones de los documentos recién liberados en su sitio web, pero señalaron que no hubo suficiente tiempo hasta el miércoles para revisar más que una pequeña fracción de ellos. Los documentos publicados esta semana proporcionaron más detalles sobre operaciones encubiertas de Estados Unidos en otras naciones durante la Guerra Fría, pero inicialmente no dieron credibilidad a las teorías de conspiración sobre quién mató a Kennedy.

En esta imagen, tomada el 22 de noviembre de 1963, la limusina en la que viaja John F. Kennedy se dirige al hospital segundos después de que el presidente de Estados Unidos recibiese un disparo en Dallas. (Foto: AP/Justin Newman/Archivo)

Uno de los documentos recientemente desclasificados, por ejemplo, revela los números de Seguro Social de más de dos docenas de personas que buscaban autorizaciones de seguridad en la década de 1990 para revisar documentos relacionados con JFK para la Junta de Revisión de Registros del Asesinato.

Los Archivos Nacionales comenzaron a revisar los documentos el miércoles para identificar todos los números de Seguro Social en los registros del asesinato, según la Casa Blanca.

Los Archivos Nacionales compartirán esos números con la Administración del Seguro Social, que identificará a las personas que están vivas y les emitirá nuevos números, según la Casa Blanca. Los Archivos Nacionales también ofrecerán servicios de monitoreo de crédito para las personas afectadas hasta que reciban sus nuevos números de Seguro Social, dijeron los funcionarios.

Kennedy fue asesinado el 22 de noviembre de 1963 durante una visita a Dallas. Mientras la caravana en que viajaba se aproximaba al fin de la ruta de un desfile por el centro de la ciudad, se escucharon disparos desde el edificio del Depósito de Libros Escolares de Texas. La policía arrestó a Lee Harvey Oswald, de 24 años, quien se había posicionado como francotirador en el sexto piso. Dos días después, el propietario de un club nocturno, Jack Ruby, mató a disparos a Oswald durante su traslado a la cárcel, mientras se trasmitía en vivo por televisión.

DeSantis advierte que podría suspender a funcionarios locales que no cooperen con ICE

DeSantis
El gobernador de Florida Ron DeSantis en Tallahassee, Florida, el 5 de marzo del 2025. (Foto: AP/Rebecca Blackwell)

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, afirmó el jueves que su oficina cuenta con herramientas, incluyendo la suspensión de funcionarios, para obligar a los gobiernos locales a cooperar con las autoridades federales de inmigración para efectuar detenciones y deportaciones.

Los comentarios del gobernador se produjeron apenas dos días después de que el fiscal general de Florida, James Uthmeier, advirtiera a los funcionarios de la ciudad de Fort Myers que su falta de aprobación de un acuerdo de inmigración con las autoridades federales podría tener graves consecuencias.

“Si estos gobiernos locales no están siendo parte de la solución, tenemos muchas herramientas, incluida la suspensión del cargo, que podemos utilizar ahora”, advirtió DeSantis en un foro sobre inmigración en New College en Sarasota junto al zar de la frontera de la administración Trump, Tom Homan. “Hemos estado haciendo mucho en Florida, pero verán mucho más en las próximas semanas y meses”.

El concejo municipal de Fort Myers no aprobó el lunes un acuerdo que habría permitido a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas capacitar a los oficiales de la ley locales para interrogar a los inmigrantes bajo su custodia y detenerlos para una posible deportación. Varios miembros del concejo expresaron su preocupación de que esto llevaría a detenciones por estereotipo racista y perjudicaría a la comunidad.

Los defensores de los inmigrantes afirman que los acuerdos colocan a los oficiales de la ley locales en la aplicación de la inmigración.

El martes, Uthmeier envió una carta a la ciudad diciendo que Fort Myers podría estar violando la ley estatal que prohíbe las “ciudades santuario”, un nombre que a menudo se le da a los municipios que limitan la cooperación con la aplicación de la inmigración.

“Las políticas de santuario no son toleradas ni legales en Florida”, escribió Uthmeier. “Se requiere una acción correctiva inmediata”.

Un oficial de información pública de la ciudad no respondió de inmediato a una consulta por correo electrónico el jueves.

DeSantis tiene un historial de destituir a funcionarios locales con los que ha estado en desacuerdo, en lo que algunos consideran medidas motivadas políticamente. A principios de esta década, el gobernador republicano destituyó a Monique Worrell, la fiscal estatal demócrata del área de Orlando, diciendo que no había logrado procesar delitos cometidos por menores y no buscó sentencias mínimas obligatorias para delitos con armas. Worrell, quien disputó esa afirmación, fue reelegida el año pasado.

Otro fiscal estatal demócrata, Andrew Warren, cuyo distrito abarcaba el área de Tampa, también fue destituido por DeSantis debido a su firma de compromisos de que no perseguiría cargos criminales contra solicitantes o proveedores de tratamientos de aborto o de transición de género, así como por sus políticas de no presentar cargos por ciertos delitos menores. Warren perdió un intento el año pasado por regresar al cargo.

El mes pasado, DeSantis anunció que varias agencias de la ley de Florida habían llegado a un acuerdo con ICE para interrogar, arrestar y detener a inmigrantes sospechosos de estar en el país ilegalmente y entregarlos a las autoridades federales.