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«Héroe» que salvó de tiroteo a congresista se postula para escaño del fallecido Grijalva

Fotografía de campaña donde aparece el ex legislador estatal Daniel Hernández, quien anunció este lunes su candidatura para ocupar el escaño en Washington que dejó el demócrata Raúl Grijalva, quien falleció el pasado 13 de marzo. EFE/Daniel Hernandez for Congress /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO

Tucson (AZ).- El exlegislador estatal Daniel Hernández, conocido por salvarle la vida a una congresista durante un tiroteo en 2011, anunció este lunes su candidatura para ocupar el escaño en Washington que dejó el demócrata Raúl Grijalva, quien falleció el pasado 13 de marzo.

Hernández acaparó la atención a nivel nacional en 2011 cuando fue calificado como un «héroe» por haber ayudado a salvar la vida de la entonces congresista demócrata Gaby Giffords durante un ataque a tiros en su contra que la dejó malherida.

«Estados Unidos está en problemas, necesitamos líderes que hagan todo lo que sea necesario para proteger a las familias trabajadoras y programas como el Seguro Social y el Medicaid», dijo este lunes Hernández en un mensaje en su cuenta de X.

El demócrata busca llenar la vacante que dejó Grijalva, hijo de un brasero mexicano, fallecido la semana pasada víctima de complicaciones de cáncer.

El congresista demócrata, reconocido por su lucha en favor de los latino, la comunidad inmigrante y el medio ambiente, representó el Distrito 7 de Arizona por más de dos décadas.

Hijo de inmigrantes mexicanos, Hernández ha luchado por los derechos reproductivos de las mujeres y el control de armas.

Hernández previamente se postuló para representar el distrito congresional 5, pero fracasó en su intento.

La lucha por ocupar el puesto de Grijalva podría enfrentar a varios candidatos hispanos en las urnas.

El secretario de Estado de Arizona, Adrian Fontes, anunció que se analiza una posible candidatura, al igual que se anticipa que Adelita Grijalva, hija del finado congresista también se postule después de los funerales de su padre programados para este miércoles.

La elección primaria en Arizona será el próximo 15 de julio y la elección especial para elegir al sucesor de Grijalva será el 23 de septiembre. Por el momento ningún candidato republicano se ha postulado.

El fallecimiento de Grijalva dejó una composición de 218 republicanos y 213 demócratas en la Cámara de Representantes de un total de 435 escaños, de los cuales ahora hay cuatro vacantes.

Las otras tres vacantes corresponden a dos distritos de Florida, para reemplazar a los republicanos Matt Gaetz y Mike Waltz, ahora asesor de Seguridad Nacional, y uno de Rhode Island, para reemplazar al demócrata David Cicilline, que también deberán realizar elecciones especiales.

Por ahora, las elecciones especiales de Florida están programadas para el 1 de abril.

Trump impone aranceles del 25 % a los países que compren petróleo o gas de Venezuela

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Fotografía de archivo donde se observa un buque carguero de petróleo en el lago de Maracaibo (Venezuela). (Foto: EFE/Henry Chirinos)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes la imposición de aranceles del 25 % a los países que compren petróleo o gas de Venezuela.

Estos aranceles entrarán en vigor el próximo 2 de abril.

«Cualquier nación que compre petróleo y/o gas a Venezuela deberá pagar un arancel del 25 % a Estados Unidos sobre cualquier transacción comercial que realice con nuestro país», anunció en un comunicado publicado en su red social, Truth Social.

Este «arancel secundario» responde, según Trump, a que Venezuela ha enviado a Estados Unidos «a decenas de miles de criminales de alto nivel y otros delincuentes» de manera «intencionada y fraudulenta».

«Entre las bandas que han enviado a Estados Unidos se encuentra el Tren de Aragua, que ha sido designada como ‘Organización Terrorista Extranjera’. Estamos en el proceso de devolverlos a Venezuela. ¡Es una tarea enorme!», añadió.

Además, Trump citó que Venezuela «ha mostrado una actitud muy hostil hacia Estados Unidos y las libertades» que, según el presidente, representa su país.

Bufete de abogados que atacó Trump pudo haber quedado ‘destruido’, explica su presidente

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El presidente Donald Trump asiste a las finales colegiales de lucha, el sábado 22 de marzo de 2025, en Filadelfia. (Foto: AP/Matt Rourke)

El presidente de un destacado bufete de abogados que la semana pasada llegó a un acuerdo con el mandatario Donald Trump para evitar las consecuencias de una orden ejecutiva de la Casa Blanca, explicó el domingo en un correo electrónico dirigido a sus colegas que concretó un pacto porque la orden “fácilmente pudo haber destruido a nuestro despacho”.

En su correo electrónico, Brad Karp ofrece la explicación pública más detallada hasta la fecha sobre su decisión de hacer significativas concesiones a la Casa Blanca luego de que se emitió una orden ejecutiva dirigida contra su bufete, Paul, Weiss, Rifkind, Garrison & Wharton.

La orden —la más reciente en una serie de acciones en contra de los despachos cuyos abogados han llevado a cabo labores jurídicas con las que Trump discrepa— amenazaba con suspender los permisos de seguridad para los abogados del bufete, así como con poner fin a cualquier contrato federal en el que la firma estuviera involucrada. Mencionó como explicación el hecho de que un exabogado de la compañía, Mark Pomerantz, fue parte central de una investigación que emprendió la fiscalía del distrito de Manhattan en torno a las finanzas de Trump antes de que asumiera la presidencia.

Sin embargo, Trump anunció el jueves que había rescindido la orden después de reunirse con Karp en la Casa Blanca. La presidencia informó que el despacho había accedido a brindar 40 millones de dólares en servicios legales gratuitos para impulsar la agenda del gobierno federal, incluida la lucha contra el antisemitismo; no tomar en cuenta elementos de diversidad, igualdad e inclusión en sus prácticas de contratación; y aceptar a clientes sin importar su afiliación política.

La resolución provocó una intensa reacción dentro de la comunidad jurídica. Algunos abogados criticaron al despacho por doblegarse ante Trump en lugar de enfrentarlo, particularmente en un momento en que el mandatario usa el poder de su presidencia para poner en riesgo el sustento de abogados y empresas que considera que lo han traicionado. El acuerdo también expuso el reciente éxito que ha tenido Trump al momento de obtener concesiones de una amplia gama de objetivos, tanto en el ámbito académico como en la industria privada, que han optado por ceder en lugar de luchar.

En el correo electrónico dirigido a los empleados de Paul Weiss al que The Associated Press tuvo acceso, Karp describió la orden como una «crisis existencial» para el bufete. Añadió que era muy probable que la firma no hubiera sido capaz de sobrevivir a una disputa prolongada con el gobierno de Trump.

«La orden ejecutiva fácilmente pudo haber destruido a nuestro despacho», escribió Karp. «Puso todo el peso del gobierno sobre nuestro bufete, nuestra gente y nuestros clientes. En particular, amenazaba a nuestros clientes con la pérdida de sus contratos gubernamentales y la pérdida de acceso al gobierno si seguían empleando al despacho. Y en un obvio intento por atacarlos a todos ustedes, así como al bufete, planteó la posibilidad de que el gobierno no contrataría a nuestros empleados».

Karp escribió que, en un principio, la firma estaba preparada para impugnar la orden ejecutiva en los tribunales, tal como lo hizo otro bufete de abogados que fue objeto de una orden ejecutiva de Trump, Perkins Coie. Incluso mientras un equipo de abogados preparaba una demanda, dijo, «se volvió evidente que, incluso si en un principio hubiéramos logrado suspender la orden ejecutiva mediante un litigio, eso no habría resuelto el problema fundamental, que era que los clientes percibieran a nuestro bufete como persona non grata para el gobierno».

También dijo que nunca se materializó el apoyo que esperaba recibir de otros despachos jurídicos.

«Lamentablemente, lejos de recibir apoyo, nos enteramos de que ciertos otros despachos buscaban explotar nuestras vulnerabilidades al ir agresivamente por nuestros clientes y reclutando a nuestros abogados», escribió.

En ese contexto, cuando el bufete se enteró de que el gobierno podría estar dispuesto a llegar a un acuerdo, buscó y negoció uno en «cuestión de días.»

«Entiendo que muchos de ustedes se sientan incómodos con el hecho de que hayamos llegado a algún tipo de resolución. Eso es completamente comprensible», escribió Karp a sus colegas, añadiendo que “no había una respuesta correcta al dilema en el que nos encontrábamos”.

Añadió: “Es muy fácil para los analistas juzgar nuestras acciones desde la barrera. Pero no hay nadie en el mundo exterior pueda entender lo estresante que es enfrentar una orden ejecutiva como esta hasta que se es objeto de una”.

El despacho jurídico es uno de los numerosos objetivos de Trump que han llegado a un acuerdo reciente con el gobierno en lugar de seguir provocando la ira del mandatario.

Por ejemplo, la Universidad de Columbia acordó el viernes poner su departamento de estudios sobre Oriente Medio bajo nueva supervisión y reformar sus medidas en lo referente a protestas y disciplina estudiantil, cediendo a un ultimátum del gobierno de Trump para implementar esos cambios o correr el riesgo de perder miles de millones de dólares en financiamiento federal.

Meta y ABC resolvieron demandas presentadas por Trump y realizaron pagos de liquidación para la futura biblioteca presidencial de Trump. Otras empresas tecnológicas y financieras han revertido públicamente programas de diversidad, igualdad e inclusión para apegarse a las directrices políticas del mandatario.

Venezolanos y haitianos piden a juez de EE. UU. suspender la orden de Trump de acabar el TPS

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(Foto: EFE/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/Archivo)

Beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Venezuela y Haití solicitaron este lunes a un juez federal en California suspender la orden de la Casa Blanca que pone fin al amparo migratorio en los próximos meses y los expone a la deportación.

En la audiencia realizada en una corte de San Francisco (California), los demandantes solicitaron a la corte que bloquee la orden de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, de finalizar las protecciones para unos 350.000 venezolanos y cerca de 500.000 haitianos beneficiados con el TPS, mientras se desarrolla el litigio.

La demanda argumenta que el fin del TPS para los inmigrantes de estas dos naciones están motivadas por «racismo» y que la secretaria Noem carece de autoridad, ya que la Administración de Joe Biden (2021-2025) había otorgado una extensión al amparo de 18 meses.

La Alianza Nacional del TPS, liderada por decenas de miles de beneficiarios del TPS y organizaciones, es la principal demandante en el caso.

«La cancelación del TPS para las comunidades venezolana y haitiana no solo es ilegal, sino también profundamente perjudicial para las familias que han buscado refugio ante un peligro inimaginable», dijo en un comunicado José Palma, coordinador de la Alianza Nacional de TPS.

La querella busca proteger a más de un millón de beneficiarios del TPS haitianos y venezolanos. «Me sentí conmocionado y devastado cuando supe que nos iban a retirar el TPS en tan solo una semana. El TPS nos ha dado seguridad. No podemos regresar a Venezuela con seguridad», manifestó un demandante venezolano, que se identifica como E.R. y perdería su protección el próximo 2 de abril si la corte no interviene.

La Alianza TPS se formó tras el primer intento de Trump en 2018 de finalizar este amparo para por lo menos seis países, el cual fue derrotado en un tribunal federal.

Los demandantes están representados por la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) del Norte y el Sur de California, el Centro de Derecho y Políticas de Inmigración de la Facultad de Derecho de la Universidad de California Los Ángeles y la Alianza Puente Haitiana.

Emi MacLean, abogada de la ACLU del Norte de California, reiteró que la secretaria Noem «no tiene la facultad de eliminar las protecciones del TPS ni socavar la integridad de un programa autorizado por ley».

A falta de agentes migratorios, EE. UU. recurre a un polémico pacto con policías locales

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Fotografía de archivo fechada el 30 de enero de 2023 que muestra agentes de la policía de la ciudad de Nueva York patrullando frente al Hotel Watson para monitorear los movimientos de migrantes en Nueva York (EE. UU.). (Foto: EFE/SARAH YENESEL)

El controvertido programa 287(g) que facilita la cooperación de policías locales con inmigración supone la mejor oportunidad del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para poder cumplir con una de las principales promesas de campaña del presidente Donald Trump: las deportaciones masivas.

La  Casa Blanca ha mostrado una creciente frustración con ICE por el lento ritmo de deportaciones. El descontento es tal que a finales de febrero esto le costó el puesto a su director interino, Caleb Vitello, e importantes cargos, todos ellos fichas del Gobierno Trump.

Las expulsiones de inmigrantes no han podido llegar a los niveles de la Administración de Joe BIden (2021-2025), a pesar de que las cárceles de ICE tienen a más de 46.000 extranjeros en custodia.

La agencia migratoria ha tenido que lidiar con la falta de agentes y de presupuesto para elevar su capacidad de arresto y, por eso, ha buscado refrendar el 287(g), que permite la colaboración de la policía con ICE.

El llamamiento a la multiplicación de las fuerzas locales con objetivos migratorios ha tenido eco con gobiernos republicanos. Por ejemplo, el  gobernador  de Georgia, Brian P. Kemp, solicitó la semana pasada que ICE capacitara a 1.100 oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Georgia (DPS) para ayudar a identificar y detener a indocumentados que representan un riesgo para la seguridad pública en el estado, según dijo.

«Si se encuentra en nuestro país ilegalmente y comete delitos, no tiene cabida en Georgia», advirtió Kemp.

El Departamento Correccional de Georgia (GDC) también reforzará su partición en este programa. Actualmente tiene asignado específicamente a esta labor a un sargento y tres oficiales.

Bajo este acuerdo se han logrado identificar a 1.730 personas con órdenes de detención de ICE que se encuentran en las cárceles de ese estado.

En esa misma línea, la Asociación de Alguaciles de Florida (FSA) anunció recientemente que las oficina de alguaciles de los 67 condados de Florida han firmado un acuerdo para garantizar el cumplimiento de los requisitos del programa 287(g).

Al menos 360 agencias policiales en todo el país colaboran bajo el programa 287(g), según los últimos datos del ICE, y otros se están moviendo en esta dirección, como el alguacil del condado de Carroll, Jim DeWees, que ha estado abogando por la implementación del programa en esta zona de Maryland dominada por los demócratas.

Una medida controvertida y costosa

Incluida en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) de 1996, la disposición 287(g) permite capacitar a los agentes locales  -policía, alguaciles y guardias carcelarios- para interrogar a inmigrantes bajo su custodia, determinar si están en el país de forma indocumentada y entregarlos a las autoridades de Inmigración.

Sin embargo, su implementación ha generado amplios debates sobre la posible discriminación racial y el daño a la confianza de las comunidades inmigrantes en la policía.

 «La realidad es que la cooperación con el ICE no solo hace que nuestras comunidades sean menos acogedoras para los inmigrantes, sino que también nos hace a todos menos seguros», opinó Tim Muth de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles en Wisconsin,  tras la decisión de dos departamentos del alguacil de ese estado de adoptar la 287(g).

El número de acuerdos disminuyó significativamente hacia el final de la Administración del presidente Barack Obama (2009-2017), que afrontó críticas por su implementación.  

En el primer mandato de Trump (2017-2021) recuperó en un 300 % los acuerdos. Sin embargo, su política alentó a que estados como California, Oregon, Washington e Illinois impulsaran leyes estatales, muchas de ellas llamadas santuario, que impiden la colaboración de la policía con las autoridades migratorias.

Pero ICE se enfrenta a un problema de falta de fondos para sacar adelante más acuerdos. Las mismas localidades han advertido de que la implementación eleva sus apretados presupuestos.

 «Esto podría ser otro problema presupuestario», dijo al Comité de Asuntos Estatales del Senado de Texas el alguacil del condado de Chambers, Brian Hawthorne, quien también preside la Asociación de Alguaciles de Texas, sobre una propuesta de ley que haría obligatorio adoptar el acuerdo, según información citada por The Texas Tribune.

Para organizaciones como ACLU y Texas Civil Rights Project, esta medida es un desperdicio de dinero y una pendiente hacia la discriminación.

¿Sirve el bótox para controlar la sudoración en axilas y manos?

(Foto: Ilustrativa/freepik)

Muchas personas se han sentido abochornadas en público porque, en situaciones estresantes, les sudan las axilas o las manos. Este trastorno se conoce como hiperhidrosis.

Esto se debe a una hiperactividad de las glándulas sudoríparas, que responden de manera exagerada a estímulos nerviosos, generando una producción de sudor mayor a la necesaria para la regulación térmica del cuerpo.

La condición, además de ser incómoda, genera dificultades en la vida social, afectando la confianza y el bienestar emocional. También puede causar irritaciones cutáneas, eccemas y otras molestias derivadas de la humedad constante en la piel.

Uno de los métodos más eficaces y menos invasivos para controlar la hiperhidrosis, y que he estudiado en mi práctica, es el uso de la toxina botulínica, más conocida como bótox. Eso sí, siempre bajo la supervisión de un profesional con licencia y experiencia probada dentro de la medicina estética.

El tratamiento consiste en la aplicación de microinyecciones en las áreas afectadas, bloqueando la señal nerviosa que estimula la producción de sudor. El procedimiento es rápido, mínimamente invasivo y, bajo la supervisión de un especialista, seguro para el paciente.

Existen cinco tipos de toxinas, y todas funcionan para este tipo de procedimiento. La toxina prácticamente cambia a la persona, no solamente debajo de los brazos, sino también en manos y pies. En las manos es un poco más difícil, debemos hacerlo con cuidado y no podemos poner tanta cantidad para no comprometer la función del movimiento.

Hay quienes tienen una sudoración de un 70%, y se puede tratar en una sola sesión. Hay personas que necesitan una segunda. La inyección en este tratamiento es superficial. Además, el procedimiento se realiza tras colocar anestesia en esa zona. Normalmente, la toxina toma 15 días para ver el cambio, el resultado final.

Los resultados duran de tres a seis meses, pero si se hace un tratamiento cada seis meses, puede durar después hasta un año. Mientras más lo vayas haciendo, menos sudoración vas teniendo.

Un dato curioso: a diferencia del rostro, mientras más te pones, la sudoración se reduce por mucho más tiempo.

El bótox tiene muchas utilidades más allá de la estética. Hace poco atendí a una mujer a la que operaron de la mandíbula. Venía con mucho dolor, y el bótox le sirvió para aliviar los músculos, los maceteros. La toxina también ayuda con el bruxismo y a aliviar las migrañas.

A las personas que están considerando un tratamiento para la sudoración excesiva, mi consejo es que estudien y visiten al especialista adecuado.

* Bajo el principio de “Belleza total de pies a cabeza”, Dailyn González (APRN) se especializa en medicina estética como nurse practitioner (enfermera practicante) al frente del medspa Chinitas by Dailyn. Instagram: @chinitasbydailyn

City Receives $600,000 to update climate resilience plan and advance resilience initiatives

resilience

Philadelphia.– The City’s Office of Sustainability (OOS), in partnership with the Philadelphia City Fund, received a $600,000 grant from the William Penn Foundation to develop a comprehensive and equitable Climate Resilience Plan with input from residents and stakeholders across the city. The grant will support the City’s launch of an inclusive and equitable public engagement process, ensuring residents and local organizations play an important role in planning for and building resilience to climate change.

«Philadelphians are already feeling the impacts of climate change, with communities like Eastwick and Hunting Park on the frontlines of increased extreme heat and flooding events,» said Sinceré Harris, Chief Deputy Mayor, Intergovernmental Affairs, Sustainability and Engagement. «Updating the climate resilience plan marks a significant step forward in the City’s preparedness for emergency events and chronic stressors caused by climate change. This plan will provide crucial guidance to build Philadelphia’s resilience, protecting residents, communities, businesses and infrastructure.»

OOS has been working across departments to lay the groundwork for an updated Climate Resilience Plan that looks at climate risk and vulnerabilities throughout Philadelphia and identifies climate solutions and actions to increase resilience. The plan will address citywide impacts to vulnerable populations, neighborhoods, assets, infrastructure and municipal services. In the next phase, OOS will lead a public engagement process to gather input from stakeholders across the city.

With support from the grant from the William Penn Foundation, OOS:

  • Hired a two-year Climate Resilience Planning and Engagement Specialist position to lead community engagement.
  • Will launch a resident steering committee and Resilience Ambassador program to increase public involvement.
  • Will conduct citywide inclusive and equitable engagement using a variety of engagement strategies, including in-person meetings, trainings and workshops, virtual engagements, community build days, and arts-centered activities.
  • Will issue a Request for Proposal seeking additional support for the Climate Resilience Plan update and implementation of the citywide engagement process.

In addition, OOS has launched a public survey to gather information about climate vulnerabilities, knowledge gaps, and short-term and long-term needs and actions.

Visit the blog to learn about the Climate Resilience Plan process and how to get involved.

“We invite residents and local organizations citywide to help shape the updated climate resilience plan to ensure it reflects their community’s needs and experiences with climate impacts,» said Liz Lankenau, Director, Office of Sustainability. «When we prioritize residents’ voices through an inclusive public engagement process and innovative programs like the Resilience Ambassador program, we can develop a plan that is both comprehensive and equitable.»

The City’s first resilience plan, released in 2015, focused on identifying municipal vulnerabilities to climate change and strategies for departments to build resilience.

“An update to the climate resilience plan is long overdue and we are thrilled to now have the resources to partner with community members and stakeholders on this planning process,” said Abby Sullivan, Chief Resilience Officer, Office of Sustainability. “Within city government we are doing a lot to prepare for climate change, but Philadelphia will be its best and be most resilient if we elevate the voices of those most impacted by climate change and leverage the incredible work already happening at the community-level and across sectors. We need imagination and resourcefulness and better coordination to tackle this unprecedented challenge — we invite everyone to participate!”

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About the City’s Office of Sustainability
The Office of Sustainability (OOS) works with partners around the city to improve quality of life in all Philadelphia neighborhoods, through advancing environmental justice, progressing Philadelphia’s climate and energy goals, and preparing the city for a hotter and wetter future. For more information, visit phila.gov/sustainability

About the Philadelphia City Fund
The Philadelphia City Fund is an independent charitable organization which serves as the dedicated fiscal sponsor for the City of Philadelphia and leverages public-private partnerships in collaboration with the City, the philanthropic community, and the residents of Philadelphia.

About William Penn Foundation 
The William Penn Foundation, founded in 1945 by Otto and Phoebe Haas, is committed to expanding access to resources and opportunities that promote a more vital and just city and region for all. We do this through funding programs in the Philadelphia region in arts and culture, children and families, democracy and civic initiatives, environment and public space, and workforce training and services. Learn more at www.williampennfoundation.org

Philadelphia man found guilty of conspiring to distribute cocaine

sentenced
(Foto: Ilustrativa/Pexels)

CAMDEN, N.J. – A Philadelphia, Pennsylvania, man was found guilty of conspiring to distribute cocaine, U.S. Attorney John Giordano announced.

Marvin Murphy, 48, of Camden, New Jersey, was convicted on March 18, 2025 after a two-day bench trial before Chief U.S. District Judge Renée Marie Bumb. Murphy was remanded into custody after the verdict.

According to documents filed in this case and evidence at trial:

From June 2021 through July 13, 2021, Murphy conspired with Carl Lee Holloway, Lavinston Lamar, and others to distribute and to possess with intent to distribute cocaine. On June 23, 2021, Holloway traveled to San Diego, California, to meet with an undercover agent posing as a drug dealer. Holloway and the undercover agent discussed arranging a drug deal in New Jersey during which the undercover agent would deliver at least 10 kilograms of cocaine for Holloway and his associates. During the meeting, Holloway called Murphy, and the two proceeded to communicate about the drug deal during the subsequent weeks.

On July 13, 2021, Holloway, Murphy, and Lamar separately arrived at a hotel in Mount Laurel, New Jersey, each with bags containing U.S. currency collectively totaling over $340,000. They met with undercover agents inside a hotel room at the hotel. They briefly inspected one of the kilograms of cocaine previously brought into the room by undercover agents, after which agents entered the room and arrested Holloway, Lamar, and Murphy.

Chief Judge Bumb previously sentenced Holloway to 120 months in prison after Holloway pleaded guilty to his involvement in the same conspiracy. Chief Judge Bumb also previously sentenced Lamar to 114 months in prison, which was later reduced to 100 months, after Lamar pleaded guilty to his involvement in the same conspiracy and to violating the conditions of his supervised release from a prior conviction for conspiring to distribute cocaine.

The count of conspiracy to distribute cocaine carries a maximum penalty of twenty years in prison and a fine of up to $1,000,000. Sentencing is scheduled for July 17, 2025.

U.S. Attorney Giordano credited special agents with the Department of Homeland Security, Homeland Security Investigations, under the direction of Special Agent in Charge Ricky J. Patel in Newark and Special Agent in Charge Shawn S. Gibson in San Diego; and the Mount Laurel Police, under the direction of Chief Timothy Hudnall, with the investigation leading to today’s conviction.

The government is represented by Assistant U.S. Attorney Jeffrey Bender and Special Assistant U.S. Attorney Katelyn Waegener of the U.S. Attorney’s Office in Camden.

Nueva Encuesta: la confianza en que Trump reduzca costos se desploma

Trump

El desplome de confianza en Trump podría ser aún más pronunciado entre los latinos, uno de los grupos más afectados por los costos de energía, el precio de la gasolina y la posible reducción de empleos emergentes bien remunerados en energía limpia.

Según una nueva encuesta de Hart Research, realizada para Climate Power, el índice de aprobación del presidente Trump se encuentra en un punto bajo, ya que los estadounidenses están perdiendo la confianza en su capacidad para reducir los costos. De diciembre a la fecha, la confianza en la capacidad de Trump para lidiar con los costos de energía ha caído 9 puntos.

Mientras los demócratas presentan sus argumentos a los estadounidenses, deben volver a centrar sus argumentos en los costos y la economía. A medida que la realidad de las políticas de Trump se hace evidente, a los estadounidenses no les gusta lo que están viendo. La constante presión puede definir los próximos dos o cuatro años. También deben afrontar un riesgo: en este momento, los estadounidenses tampoco sienten que los demócratas estén haciendo lo suficiente por los consumidores. Los demócratas deben mostrar su trabajo mientras luchan contra las acciones destructivas de la administración Trump.

PUNTOS CLAVE:

Los efectos negativos de las políticas y acciones de Trump se están haciendo notar. El 55% de los encuestados, incluido el 64% de los independientes, desaprueba la gestión de Donald Trump como presidente. Cuando se preguntó por qué, las principales respuestas fueron el aumento de los precios y el mal manejo de la economía.

La opinión sobre Elon Musk también se está volviendo claramente negativa a medida que los estadounidenses comienzan a sentir el impacto de sus acciones, que están desmantelando los servicios de los que ellos dependen. En marzo, el 54% de los estadounidenses tenía una opinión negativa de Musk, en comparación con sólo el 44% en febrero.

Los estadounidenses están perdiendo la confianza en la capacidad de Trump para reducir los precios, y la están perdiendo rápidamente. La confianza de los estadounidenses en la capacidad de Trump para resolver los asuntos que les importan ha caído en picada en comparación con poco antes de que asumiera el cargo.

  • El 55% afirma no confiar en la capacidad de Trump para resolver los costos de energía, en comparación con sólo el 46% que dijo lo mismo en diciembre.
  • El 57% no confía en la capacidad de Trump para resolver la inflación y el costo de vida.
  • El 53% no confía en la capacidad de Trump para reducir los precios de la gasolina, en comparación con un 41% en diciembre. 
  • El 52% dijo que no confía en la capacidad de Trump para crear empleos bien remunerados, un aumento de 10 puntos desde diciembre.

Los estadounidenses culpan cada vez más a Trump por el aumento de los costos. El 46% cree que Donald Trump está empeorando los precios de energía para los consumidores, un aumento de 11 puntos porcentuales desde diciembre de 2024.

  • Solo un tercio de los estadounidenses cree que Donald Trump está cumpliendo su promesa de reducir los costos. El 47% de los independientes afirmó que Donald Trump NO está cumpliendo su promesa de reducir los costos.
  • Si bien una mayoría relativa (44%) de los estadounidenses creía en diciembre que las políticas de Trump reducirían los precios de la gasolina, esta opinión ha cambiado y ahora una mayoría relativa (45%) cree que las políticas de Trump provocarán un aumento de los precios de la gasolina.
  • Una mayoría relativa (48%) de los estadounidenses, incluyendo el 56% de los independientes e incluso el 18% de los republicanos, cree que Donald Trump está aumentando sus facturas de electricidad.
     

EL CAMINO A SEGUIR:

Trump tiene una verdadera vulnerabilidad en cuanto a los costos y la economía. Pero ninguna de estas tendencias está garantizada a persistir por sí sola y, en este momento, el público estadounidense tampoco cree que los demócratas estén haciendo lo suficiente. Hoy, el 45% de los encuestados afirma que los demócratas, en realidad, están empeorando la situación del consumidor estadounidense. Esto significa que, aunque los demócratas definan aún más a Trump por los mayores costos que ha impuesto al público estadounidense, aún necesitan consolidar el apoyo para su propia agenda.

Desde cientos de familias en Alabama, un estado profundamente republicano, que vieron un aumento de $100 en sus facturas mensuales de servicios públicos hasta el aumento de los precios en el supermercado, los estadounidenses están sintiendo la presión y culpan a la administración Trump. Los demócratas tienen una oportunidad crucial para definir los primeros meses del segundo mandato de Trump como aquellos que llevaron al país a una senda de aumento de costos, mayor inflación y una recesión inminente.

Acerca de esta Encuesta:
Esta encuesta en línea fue realizada por Hart Research del 10 al 16 de marzo y entrevistó a 1.007 Votantes Registrados de todo el país. Las respuestas se han validado mediante la comparación de los archivos de votantes. La encuesta tiene un margen de error general de +/- 3,3 puntos porcentuales.

Los veteranos militares se convierten en el rostro de los despidos de Trump

El legislador Chuck Edwards en una asamblea pública en Asheville, Carolina del Norte, el 13 de marzo de 2025. (Foto: AP/Makiya Seminera/Archivo)

Mientras los legisladores del Congreso estadounidense se apresuran a responder a los recortes del gobierno federal ordenados por el presidente Donald Trump, un grupo ya está tomando un papel central: los veteranos militares.

Desde despidos en el Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) hasta una purga en el Pentágono de archivos que documentaban la diversidad en el Ejército, los veteranos se han visto agudamente afectados por las acciones de Trump. Y con el presidente republicano decidido a continuar recortando el gobierno federal, la carga solo aumentará para los veteranos, que constituyen aproximadamente el 30% de la fuerza laboral federal y a menudo recurren a los beneficios gubernamentales que ganaron con su servicio militar.

«En un momento de crisis para todos nuestros veteranos, el sistema de atención médica y beneficios del VA ha sido desastrosa y vergonzosamente puesto en la picota por la administración Trump», afirmó el senador Richard Blumenthal, el principal demócrata en el Comité de Asuntos de Veteranos del Senado, en una conferencia de prensa la semana pasada.

La mayoría de los veteranos votaron por Trump el año pasado: casi 6 de cada 10, según AP Votecast, una encuesta nacional de más de 120.000 votantes. Sin embargo, los republicanos en el Congreso están apoyando los objetivos de Trump incluso cuando enfrentan una fuerte oposición en sus distritos de origen. En una serie de asambleas públicas esta semana, los veteranos confrontaron airadamente a los miembros republicanos mientras defendían los recortes ejecutados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) dirigido por el asesor de Trump, Elon Musk.

«¡Hagan su trabajo!», le gritó Jay Carey, un veterano militar, al legislador republicano Chuck Edwards en una asamblea pública en Carolina del Norte.

«Soy un oficial militar retirado», dijo un asistente en otro foro en Wyoming al representante republicano Harriet Hageman antes de cuestionar si DOGE realmente había descubierto algún «fraude».

Aunque el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, aconsejó a sus miembros que se saltaran las asambleas públicas y afirmó que estaban llenas de manifestantes pagados, algunos republicanos aún las estaban llevando a cabo y tratando de responder a las críticas.

«Se ve radical, pero no lo es. Yo lo llamo administración, en mi opinión», dijo el representante republicano Gus Bilirakis de Florida en una asamblea telefónica. «Creo que están haciendo lo correcto por el contribuyente estadounidense. Y apoyo ese principio de DOGE».

Aun así, algunos republicanos han expresado inquietud por los despidos aparentemente indiscriminados de veteranos militares, especialmente cuando no han sido informados sobre los planes de la administración. En una asamblea pública el viernes, el legislador republicano de Texas, Dan Crenshaw, dijo a la audiencia: «Estamos aprendiendo sobre esto a la velocidad de la luz, al igual que ustedes. Creo que se han cometido algunos errores, pero todavía estamos recopilando información al respecto».

Crenshaw, quien fue SEAL de la Marina, agregó: «Si estás haciendo un trabajo que necesitamos que hagas, lo estás haciendo bien, sí, tenemos que luchar por ti».

El presidente de la Comisión de Asuntos de Veteranos de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Bost, aseguró a los oyentes en una asamblea telefónica la semana pasada que él y el secretario de Asuntos de Veteranos, Doug Collins, hablaban con frecuencia. A medida que el VA implementa planes para recortar aproximadamente 80.000 empleos, Bost ha dicho que está observando el proceso de cerca, pero ha expresado su apoyo y ha hecho eco de las garantías de Collins de que la atención médica y los beneficios de los veteranos no serán recortados.

«Han recortado mucho, pero entiendan esto: no se están recortando trabajos esenciales», aseguró Bost, pero luego agregó que su oficina estaba ayudando a alertar al VA cuando personas con trabajos esenciales habían sido despedidas.

Dos jueces federales ordenaron este mes a la administración Trump que recontratara a los empleados en período de prueba que fueron despedidos en los despidos masivos. En el VA, algunos de esos empleados ahora están en licencia administrativa, pero un sentido de temor y confusión aún persiste en gran parte de la fuerza laboral federal.

«Todos nos estamos preguntando qué sigue», dijo Dan Foster, un veterano militar del estado de Washington que perdió su trabajo cuando el Departamento de Asuntos de Veteranos canceló un contrato que apoyaba un programa que educa a los miembros del servicio sobre cómo acceder a sus beneficios y programas del VA.

Otros están enojados porque han sido retratados como peso muerto y despedidos de trabajos que sentían desempeñaban un papel directo en ayudar a los veteranos a obtener atención médica.

«Que alguien salga en las noticias y diga que somos incompetentes o perezosos, eso es simplemente falso», dijo Future Zhou, una veterana que trabajaba gestionando inventarios de suministros médicos para quirófanos en la instalación del VA en Puget Sound, Washington, antes de ser despedida en febrero.

Mientras los demócratas buscan su posición política y un punto de unión para unificarlos, se han centrado en la causa de proteger a los veteranos. Tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, los demócratas han presentado legislación que protegería a los veteranos de los despidos masivos. Y cuando Trump habló ante el Congreso este mes, muchos legisladores invitaron a veteranos como sus invitados.

«Están indignados», dijo la senadora Tammy Duckworth, una demócrata de Illinois que es veterana de la guerra de Irak y fue subsecretaria del VA. «Dijeron que Donald Trump prometió velar por ellos. Y lo primero que hace es despedirlos».

Los demócratas ya están presionando a sus colegas republicanos para que muestren su apoyo a los veteranos. En las negociaciones para permitir la aprobación de un proyecto de ley de financiamiento gubernamental respaldado por los republicanos este mes, los demócratas aseguraron un voto para enmendar el paquete e incluir un lenguaje que protegería a los veteranos de los despidos federales. Pero fracasó en líneas partidistas en parte porque el cambio de última hora habría asegurado que el Congreso no cumpliera con el plazo para evitar un cierre.

Con la vista puesta en las elecciones de mitad de período, VoteVets, un grupo de defensa de veteranos de tendencia izquierdista, ya está lanzando anuncios en video que presentan a veteranos compartiendo sus historias al ser despedidos y acusando a los miembros del Congreso de no hacer «absolutamente nada». Los anuncios están dirigidos a cinco distritos potencialmente disputados en manos de republicanos que son veteranos ellos mismos.

El senador Ruben Gallego, un demócrata de Arizona que también es veterano, dijo que no estaba seguro de si los veteranos cambiarían su lealtad política.

Pero señaló que al menos está claro que los veteranos están «enojados».

Gallego agregó que hay una oportunidad para que los demócratas refuercen el mensaje de que «Elon Musk y sus amigos preferirían simplemente lidiar con el resultado final e intentar ahorrar miles de millones de dólares para poder tener más recortes de impuestos a expensas de los veteranos».