Most people have heard of César Chávez and Dolores Huerta, but not many remember that it was Fred Ross Sr. who discovered both César and Dolores and helped them become the great leaders who dared to dream beyond the moon.
Fred Ross began his organizing work in the labor camps so vividly described by author John Steinbeck. Later, the renowned community organizer Saul Alinsky asked him to go to California to organize the growing Mexican-American population.
When Ross moved to San Jose, California, he met a tough new barrio leader named César Chávez. That night, in his agenda, he wrote, “I think I just met the right man” for the organizing work they would undertake with the Community Service Organization (CSO). Soon, Fred met Dolores Huerta and convinced her to join their team in organizing the CSO office. They focused on citizenship and voter registration.
In 1962, Chávez and Huerta both left the CSO to begin organizing a farmworkers’ union with no money—only a dream fueled by the financial and spiritual need of farmworkers seeking a better future for their children.
However, it was the Filipino workers, led by Larry Itliong, who first went on strike in Delano in 1965, prompting the new organization, led by César, to join them.
The Filipino workers’ community was well organized, and in the early days, union meetings and events took place in the Filipino Hall in Delano.
By then, Fred Ross had developed a house meeting model for educating and organizing workers. In those early years, the union paid organizers $5 a week and provided $10 for food. It was an incredibly exciting time.
I did not join the union until 1970, and at first, I did not understand what Ross, this elder white man, had to offer. Later, my fellow organizers and I learned from him—he understood our work, the obstacles we faced, and how we could do it better. Like many unions at the time, the UFW was male-led and male-oriented, but it was fortunate to have Dolores, who helped open many doors for women—not just in labor, but beyond.
Today, the UFW is led by another strong woman, Teresa Romero.
Spending mornings in Delano in 1971 with Fred, César, and Dolores was like a post-graduate course in community organizing and building power. Dolores Huerta, who turns 95 this year, left the UFW in 2002 to start the Dolores Huerta Foundation, which continues to use Fred’s house meeting format to organize people. Dolores will not stop working until she is called to that special house meeting in the sky.
César passed away in 1993, and in 1994, I rejoined the movement as the Founding Director of the César E. Chávez Foundation. By then, wages had doubled to $10 a week. I went back because the union had helped me leave behind drugs and violence, and it had taught me how to work with the poor.
At this time of year, we celebrate César’s birthday on March 31st and Dolores’ on April 10th. In honoring these dates, we should also celebrate all the women and men who dedicate their lives to making our world a better place.
History will remember César, Dolores, and all those who supported the grape and lettuce boycotts. And given the politics of today, Dolores reminds us: WE GOT THE POWER! The power of the people.
La Ley de Agua Potable Segura (SDWA), promulgada en 1974 bajo la presidencia de Gerald Ford, estableció el primer marco integral para regular y proteger el suministro de agua potable de Estados Unidos. Esta ley garantizaba que el agua que llegaba a nuestros hogares estuviera libre de contaminantes nocivos y fuera segura para el consumo. También otorgaba a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) la autoridad para regular los contaminantes del agua potable y permitir a los estados asumir el papel principal en la aplicación de la SDWA. Sin embargo, a pesar de las disposiciones de la SDWA, muchas comunidades de EE. UU. se enfrentan a dificultades para mantener un agua potable segura. Los problemas de aplicación y los nuevos contaminantes han contribuido a los problemas actuales de calidad del agua en estos municipios.
La SDWA, a pesar de sus éxitos, ha tenido dificultades para seguir el ritmo de los desafíos cambiantes. La responsabilidad de hacer cumplir la SDWA recae en los gobiernos estatales, que han planteado grandes preocupaciones sobre la justicia ambiental. Los estudios indican que los factores raciales, étnicos y socioeconómicos influyen en la aplicación de la ley, y las comunidades minoritarias con pocos recursos se enfrentan a mayores desafíos para mantener el cumplimiento de las normas de la SDWA. Estas disparidades se ven agravadas por el acceso limitado a programas ambientales estatales y federales como la SDWA, lo que deja a las poblaciones vulnerables afectadas por el agua potable contaminada. «En las comunidades de bajos ingresos, en las comunidades negras y en las comunidades tribales, están más preocupados por el agua que la mayoría de la gente», dice Julian González, asesor legislativo principal del grupo ecologista Earthjustice.
El aumento de los contaminantes en el agua potable también plantea desafíos. Los investigadores llevaron a cabo un estudio para evaluar la calidad del agua de los pozos privados en Maryland, y el análisis reveló que casi la mitad de los pozos analizados incumplían las normas federales de salud para el agua potable. Dado que casi 44,5 millones de personas en Estados Unidos dependen de pozos privados, el análisis del agua y el mantenimiento de los pozos podrían ser necesarios para la seguridad de la salud pública. Además, estudios realizados en Pensilvania, Virginia y Wisconsin informaron de que alrededor de la mitad de sus pozos privados superaban los estándares de contaminantes de la SDWA. Para que los municipios empiecen a garantizar un agua más segura para sus ciudadanos, es necesario un control regular de los pozos privados y evaluaciones de la calidad del agua.
Hoy en día, es importante apoyar políticas que prioricen regulaciones más estrictas de la SDWA y participar en esfuerzos para proteger nuestros recursos hídricos naturales de la contaminación. Las personas pueden participar en esfuerzos para reducir la contaminación mediante la eliminación adecuada de residuos peligrosos y la conservación del agua. «Simplemente ha habido un gran progreso real en términos de requisitos, estándares mínimos, monitoreo requerido, recolección de datos… Simplemente sabemos mucho más sobre nuestras fuentes de agua, de dónde obtenemos nuestra agua», afirma Gonzales.
Manifestantes protestan contra el director general de Tesla, Elon Musk, frente a una tienda de Tesla en San Francisco el sábado 29 de marzo de 2025. (AP foto/Noah Berger)
Las multitudes que protestan contra la purga emprendida por el multimillonario Elon Musk durante la presidencia de Donald Trump empezaron a congregarse este sábado frente a los concesionarios de Tesla en todo Estados Unidos y en algunas ciudades de Europa. Se trata del más reciente intento de mermar la fortuna del hombre más rico del mundo.
Los manifestantes están tratando de intensificar un movimiento que apunta a los concesionarios y vehículos de Tesla en oposición al papel de Musk como jefe del recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental, o DOGE, donde ha obtenido acceso a datos sensibles y ha cerrado agencias enteras en su afán por recortar el gasto público. La mayor parte de la fortuna estimada de Musk, de 340.000 millones de dólares, consiste en sus acciones en la compañía de vehículos eléctricos, que sigue operando mientras también colabora con Trump.
Tras manifestaciones previas que fueron algo esporádicas, el sábado se produjo el primer intento de rodear las 277 salas de exposición y centros de servicio del fabricante de automóviles en Estados Unidos con la esperanza de ahondar en un reciente descenso de las ventas de la empresa.
Para la tarde, multitudes que iban desde unas pocas docenas hasta cientos de manifestantes se habían congregado en instalaciones de Tesla en Nueva Jersey, Massachusetts, Connecticut, Nueva York, Maryland, Minnesota y el estado natal del fabricante de automóviles, Texas. Imágenes publicadas en redes sociales mostraban a manifestantes con carteles que decían: «Toca la bocina si odias a Elon» y «Lucha contra la broligarquía de los multimillonarios».
A medida que avanzaba el día, las protestas se extendieron por el país frente a instalaciones de Tesla en ciudades importantes como Washington, Chicago, Indianápolis, Cincinnati y Seattle, así como en pueblos de Virginia, Pensilvania y Colorado. También aparecieron pequeños grupos de contramanifestantes en algunos sitios.
“¡Hey, hey, ho, ho, Elon Musk tiene que irse!”, coreaban varias docenas de personas frente a un salón de exhibición en Dublín, California, a unos 35 kilómetros (60 millas) al este de San Francisco, mientras un grupo más pequeño de simpatizantes de Trump ondeaba banderas estadounidenses al otro lado de la calle.
Un grupo de personas mucho más grande rodeó otro salón de exhibición en la cercana Berkeley, coreando consignas al ritmo de tambores.
«Estamos viviendo en un estado fascista», dijo Dennis Fagaly, un profesor de secundaria jubilado de la vecina Oakland, «y necesitamos detener esto o perderemos todo nuestro país y todo lo bueno de Estados Unidos».
El sentimiento anti-Musk se extiende más allá de Estados Unidos
El movimiento Tesla Takedown también esperaba reunir manifestantes en más de 230 ubicaciones en otras partes del mundo. Aunque las convocatorias en Europa no fueron tan grandes, el sentimiento anti-Musk fue similar.
Unas dos docenas de personas sostenían pancartas que criticaban al multimillonario frente a un concesionario en Londres mientras los autos y camiones que pasaban tocaban bocinas en señal de apoyo.
Una pancarta mostraba a Musk junto a una imagen de Adolf Hitler haciendo el saludo nazi, un gesto que Musk ha sido acusado de repetir poco después de la toma de posesión de Trump el 20 de enero. Una persona disfrazada de Tyrannosaurus rex sostenía otro cartel con una imagen del gesto de brazo extendido de Musk que decía: «Pensabas que los nazis estaban extintos. No compres un Swasticar».
«Solo queremos hacer ruido, hacer que la gente sea consciente de los problemas que enfrentamos», dijo Cam Whitten, un estadounidense que asistió a la protesta en Londres.
Tesla Takedown fue organizado por un grupo de simpatizantes que incluía a propietarios desilusionados de vehículos del fabricante de automóviles, celebridades como el actor John Cusack y al menos una legisladora del Partido Demócrata, la representante Jasmine Crockett de Dallas.
«Voy a seguir gritando en los pasillos del Congreso. Solo necesito que todos ustedes se aseguren de seguir gritando en las calles», dijo Crockett durante una convocatoria organizativa este mes
Otra legisladora demócrata, la representante Pramila Jaypal, asistió a una protesta en Seattle, que ella representa en el Congreso.
La reacción contra Musk ha incluido algunos actos de vandalismo
Algunas personas han ido más allá de la protesta, incendiando vehículos de Tesla o cometiendo otros actos de vandalismo que la secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, ha calificado como terrorismo doméstico. En una reunión de la compañía el 20 de marzo, Musk indicó que estaba desconcertado por los ataques y dijo que los vándalos deberían «dejar de actuar como locos».
Crockett y otros simpatizantes de Tesla Takedown han estado enfatizando la importancia de que las protestas del sábado se mantengan pacíficas.
Pero la policía estaba investigando un incendio que destruyó siete Teslas en el noroeste de Alemania en la madrugada. No estaba claro aún si el incendio, que fue extinguido por los bomberos, estaba relacionado con las protestas.
En Watertown, Massachusetts, la policía local informó que el espejo lateral de una camioneta negra golpeó a dos personas en una protesta frente a un centro de servicio de Tesla, según el Boston Herald. El sospechoso fue identificado rápidamente por la policía en el lugar, quienes dijeron que no hubo lesiones graves.
Musk afirma que el futuro de la empresa sigue siendo prometedor
Un número creciente de consumidores que compraron vehículos Tesla antes de que Musk asumiera el control de DOGE han estado buscando venderlos o intercambiarlos, mientras que otros han colocado calcomanías en los parachoques para distanciarse de él.
Pero Musk no parecía preocupado por una caída prolongada en las nuevas ventas en la reunión de marzo, durante la cual aseguró a los trabajadores que el Model Y de la compañía seguiría siendo «el automóvil más vendido del mundo nuevamente este año». También predijo que Tesla habrá vendido más de diez millones de autos en todo el mundo para el próximo año, frente a los aproximadamente siete millones actuales.
«Hay veces en que hay momentos difíciles, en que hay clima inestable, pero lo que estoy aquí para decirles es que el futuro es increíblemente brillante y emocionante», dijo Musk.
Después de que Trump fue elegido en noviembre pasado, los inversores inicialmente vieron la alianza de Musk con el presidente como un desarrollo positivo para Tesla y sus esfuerzos de larga data para lanzar una red de autos autónomos.
Ese optimismo ayudó a elevar las acciones de Tesla en un 70% entre la elección y la toma de posesión de Trump el 20 de enero, creando una riqueza adicional de 560.000 millones de dólares para los accionistas. Pero prácticamente todas esas ganancias se han evaporado en medio de preocupaciones de los inversores sobre la reacción negativa, las ventas rezagadas en Estados Unidos, Europa y China, y el tiempo que Musk dedica a supervisar DOGE.
«Este sigue siendo el momento de la verdad para que Musk navegue en este momento de crisis tan tornadizo para la marca y llegue al otro lado de este oscuro capítulo para Tesla», dijo el analista de Wedbush Securities, Dan Ives, en una nota de investigación reciente.
Un letrero con el logotipo de la empresa Tesla luce afuera de una tienda de estos vehículos eléctricos en el centro comercial Cherry Creek, el 9 de febrero de 2019, en Denver, Colorado. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el martes 28 de febrero de 2023 que Tesla instalará una planta en el norte de México. El gobernador de Nuevo León, donde llegará la inversión, dijo el 3 de marzo de 2023 que la decisión de la automotriz atrajo a la zona a decenas de proveedores de insumos. (Foto: AP/David Zalubowski/Archivo)
Los periodistas de The Associated Press Terry Chea en Berkeley, California, Mustakim Hasnath en Londres y Stefanie Dazio en Alemania, contribuyeron.
La directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard (I), el director de la CIA, John Ratcliffe (C) y el director de la Agencia de Inteligencia de Defensa, Jeffrey Kruse (D), testifican ante una audiencia del Comité Selecto de Inteligencia del Senado sobre 'amenazas globales' en el Edificio de Oficinas del Senado Dirksen en Washington, DC, EE. UU., 25 de marzo de 2025. Los legisladores interrogaron a los directores sobre las implicaciones de que los funcionarios de seguridad nacional enviaran por mensaje de texto planes de guerra en la aplicación de mensajería Signal.
EFE/EPA/JIM LO SCALZO
El presidente estadounidense Donald Trump hizo el sábado su compromiso más claro de no despedir a nadie por una filtración accidental y embarazosa de los planes de su gobierno para un ataque aéreo contra los hutíes en Yemen.
“No despido a personas por noticias falsas y por cacerías de brujas”, afirmó Trump en una entrevista con Kristen Welker de NBC News.
También expresó que tenía confianza en Mike Waltz, su asesor de seguridad nacional, y en Pete Hegseth, su jefe del Pentágono.
Trump está ansioso por evitar repetir algunos de los cambios que caracterizaron su primer mandato. Mike Flynn, su primer asesor de seguridad nacional, fue expulsado después de sólo unas semanas durante la fase inicial de la investigación sobre Rusia. También ha mostrado resistencia a ceder ante presiones externas, especialmente si provienen de los medios de comunicación.
Al ser cuestionado si hubo conversaciones sobre despedir a Waltz, Trump insistió: “Nunca he escuchado eso. Y nadie más toma esa decisión excepto yo, y nunca lo he escuchado”.
El caso «Signalgate», en el que el Gabinete estadounidense usó un entorno digital abierto para intercambiar información de un ataque militar, ha supuesto el episodio más sonrojante hasta la fecha para el segundo Gobierno de Donald Trump y servido para atacar a dos de sus figuras clave, el asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.
Waltz y Hegseth, junto a figuras como el vicepresidente, JD Vance, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, o el director de la CIA, John Ratcliffe, optaron a mediados de marzo por emplear la aplicación Signal para hablar de los preparativos y el desarrollo de una ofensiva sobre rebeldes hutíes en Yemen en vez de hacerlo con dispositivos con «air gap» (no conectados a internet), un estándar para cargos con acceso a material sensible en EE.UU.
Lo acontecido pone de relieve la costumbre extendida entre funcionarios en Washington de coordinarse por apps de mensajería (o mediante el uso de teléfonos particulares) y plantea preguntas sobre si este comportamiento se ha repetido anteriormente y si, por tanto, países como Rusia o China han podido espiar regularmente este tipo de conversación, o sobre si el uso de Signal -que destruye los mensajes pasado un tiempo- viola leyes federales.
También deja especialmente en mal lugar a Hegseth por la información que compartió en abierto y por el hecho de que un secretario de Defensa suele contar, allá donde va, con personal a su disposición para que le fabrique al momento lo que se conoce como un SCIF (siglas en inglés de instalación compartimentada de información sensible).
Un SCIF (es-kif) es un habitáculo con unos estándares de seguridad tan estrictos que resulta prácticamente impenetrable y en el que está terminantemente prohibido meter un teléfono celular, vulnerable a escuchas.
El error de Waltz
Waltz, es el responsable de que el mundo haya podido leer como él y el resto del grupo debatían sobre los detalles del ataque y sus implicaciones políticas, sacando a relucir de paso el enorme recelo de Vance o Hegseth por «rescatar a Europa de nuevo».
Todo porque el asesor de Seguridad Nacional invitó -se cree que por error- al director editorial de la revista liberal ‘The Atlantic’, Jeffrey Goldberg, a la sala de chat, donde el periodista permaneció desapercibido durante cuatro días leyendo todos los intercambios.
Trump ha defendido a Waltz, diciendo que «va a seguir haciendo un buen trabajo», pese a que medios estadounidense han revelado que algunos miembros del equipo de Trump están molestos por su error.
Con Waltz surge ante todo la pregunta sobre por qué tenía en agenda a Goldberg, al que Trump ve como un periodista hostil y al que Waltz ha llamado «basura» y con el que se suponía que no tenía relación, algo que intentó aclarar sin mucho éxito en una entrevista con la conservadora Laura Ingraham en Fox News esta semana.
Las confusas respuestas de Waltz, que dijo que está investigando si fue Golberg el que se metió «deliberadamente» en el chat, «que todo el mundo ha tenido un contacto (telefónico) que indica una persona y luego un número de teléfono diferente» y que nunca ha conocido al periodista ni se ha comunicado con él, no han despejado dudas.
Detalles sobre el ataque
Hegseth, por su parte, reveló en el chat información sensible, incluyendo objetivos, activos militares desplegados y, con dos horas de antelación, el cronograma del ataque, lo que pudo haber puesto en riesgo a personal estadounidense.
Imagen de archivo. EFE/EPA/WILL OLIVER
«Nadie está enviando mensajes de texto con planes de guerra, y eso es todo lo que tengo que decir al respecto», zanjó con rabia Hegseth, que ya estaba bajo la lupa por ser el secretario de Defensa con menos experiencia militar de la historia reciente, por ser ratificado por el Congreso in extremis o por las repetidas alegaciones de que abusa del alcohol.
«Cuando hay emojis de puñetazos y de fuego, es falta de sobriedad. No lo digo literalmente», dijo con sorna el jueves en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes el demócrata Jim Himes.
El «Signalgate» ha convertido a Waltz y Hegseth en objeto de burla, desatando especulaciones sobre su futuro. Tal y como señalaban esta semana fuentes cercanas a Trump en The New York Times, si hay algo que el presidente detesta es que su equipo se convierta en el hazmerreír del mundo.
President Donald Trump, left, greets justices of the Supreme Court, from left, Elena Kagan, Brett Kavanaugh and Amy Coney Barrett, before addressing a joint session of Congress at the Capitol in Washington, March 4, 2025. (Photo: AP/J. Scott Applewhite/File)
As losses mount in lower federal courts, President Donald Trump has returned to a tactic that he employed at the Supreme Court with remarkable success in his first term.
Three times in the past week, and six since Trump took office a little more than two months ago, the Justice Department has asked the conservative-majority high court to step into cases much earlier than usual.
The administration’s use of the emergency appeals, or shadow docket, comes as it faces more than 130 lawsuits over the Republican president’s flurry of executive orders. Many of the lawsuits have been filed in liberal-leaning parts of the country as the court system becomes ground zero for pushback to his policies.
Federal judges have ruled against the administration more than 40 times, issuing temporary restraining orders and preliminary injunctions, the Justice Department said Friday in a Supreme Court filing. The issues include birthright citizenship changes, federal spending, transgender rights and deportations under a rarely used 18th-century law.
The administration is increasingly asking the Supreme Court, which Trump helped shape by nominating three justices, to step in, not only to rule in its favor but also to send a message to federal judges, who Trump and his allies claim are overstepping their authority.
“Only this Court can stop rule-by-TRO from further upending the separation of powers — the sooner, the better,” acting Solicitor General Sarah Harris wrote Friday in the deportations case, referring to the temporary restraining orders.
Stephen Vladeck, the Georgetown University law professor who chronicled the rise of emergency appeals in his book, “The Shadow Docket,” wrote on the Substack platform that «these cases, especially together, reflect the inevitable reckoning — just how much is the Supreme Court going to stand up to Trump?”
In the first Trump administration, the Justice Department made emergency appeals to the Supreme Court 41 times and won all or part of what it wanted in 28 cases, Vladeck found.
Before that, the Obama and George W. Bush administrations asked the court for emergency relief in just eight cases over 16 years.
Supreme Court cases generally unfold over many months. Emergency action more often occurs over weeks, or even a few days, with truncated briefing and decisions that are usually issued without the elaborate legal reasoning that typically accompanies high court rulings.
So far this year, the justices have effectively sidestepped the administration’s requests. But that could get harder as the number of appeals increase, including in high-profile deportation cases where an extraordinary call from the president to impeach a judge prompted a rare rebuke from Chief Justice John Roberts.
Here’s a look at the appeals on the court’s emergency docket:
Trump’s deportation order will be a critical test
Immigration and the promise of mass deportations were at the center of Trump’s winning presidential campaign, and earlier this month, he took the rare step of invoking an 18th-century wartime law to speed deportations of Venezuelan migrants accused of belonging to the Tren de Aragua gang.
Lawyers for the migrants, several of whom say they are not gang members, sued to block the deportations without due process.
U.S. District Judge James E. Boasberg, the chief judge at the federal courthouse in Washington, agreed. He ordered deportation flights to be temporarily halted and planes already making their way to a prison in El Salvador be turned around.
Two planes still landed, and a court fight over whether the administration defied his order continued to play out even as the administration unsuccessfully asked the appeals court in the nation’s capital to lift his order.
In an appeal to the Supreme Court filed Friday, the Justice Department argued that the deportations should be allowed to resume and that the migrants should make their case in a federal court in Texas, where they are being detained.
Mass firings of federal workers have generated lawsuits
Thousands of federal workers have been let go as the Trump administration seeks to dramatically downsize the federal government.
The firings of probationary workers, who usually have less time on the job and fewer protections, have drawn multiple lawsuits.
Two judges have found the administration broke federal laws in its handling of the layoffs and ordered workers reinstated. The government went to the Supreme Court after a California-based judge said some 16,000 workers must be restored to their positions.
The judge said it appeared the administration had lied in its reasons for firing the workers. The administration said he overstepped his authority by trying to force hiring and firing decisions on the executive branch.
Anti-DEI teacher training cuts have been blocked, at least temporarily
Eight Democratic-led states argued in a lawsuit that the push was at the root of a decision to cut hundreds of millions of dollars for teacher training.
A federal judge in Boston has temporarily blocked the cuts, finding they were already affecting training programs aimed at addressing a nationwide teacher shortage. After an appeals court kept that order in place, the Justice Department went to the Supreme Court.
The administration argues that judges can’t force it to keep paying out money that it has decided to cancel.
Trump wanted to end birthright citizenship. So far, courts have disagreed
On Inauguration Day, Trump signed an executive order that, going forward, would deny citizenship to babies born to parents in the country illegally.
The order restricting the right enshrined in the Constitution was quickly blocked nationwide. Three appeals court also rejected pleas to let it go into effect while lawsuits play out.
The Justice Department didn’t appeal to the Supreme Court to overturn those rulings right away, but instead asked the justices to narrow the court orders to only the people who filed the lawsuits.
The government argued that individual judges lack the power to give nationwide effect to their rulings, touching on a legal issue that’s concerned some justices before.
Esta fotografía de archivo del 22 de marzo de 2013 muestra el exterior del edificio del Servicio Interno de Impuestos en Washington. (Foto: AP/Susan Walsh/ Archivo)
Si sabe o sospecha que no puede pagar los impuestos que debe en esta temporada de presentación de declaraciones fiscales en Estados Unidos, de todas formas debería presentar una con esa información o solicitar una prórroga. Ese es el principal consejo que los profesionales de impuestos quieren que sepa.
“El IRS quiere trabajar con usted”, declaró Tom O’Saben, director de contenido fiscal y relaciones gubernamentales en la Asociación Nacional de Profesionales de Impuestos, refiriéndose al Servicio Interno de Impuestos por sus siglas en inglés. «Pero si está pidiendo ayuda al IRS, ellos tienen que saber algo sobre usted. Así que lo primero es presentar esa declaración. La principal conclusión es que deber dinero no es una razón para no presentar la declaración».
Si no presenta una declaración ni solicita una prórroga, entonces los intereses y las multas comienzan a acumularse de inmediato. Esos costos son en gran medida evitables si comparte la información sobre sus circunstancias con el IRS de manera oportuna. Presentar una declaración sin pagar los impuestos adeudados en su totalidad es preferible a no presentar nada.
Para ser claro, si usted no paga todos los impuestos que debe antes de que venza el plazo de presentación de declaraciones el 15 de abril, los intereses se acumularán incluso si se le ha concedido una prórroga hasta octubre, pero esos intereses serán más manejables que los cargos que se acumulan cuando no paga impuestos en absoluto.
“El peor escenario es que usted no presente la declaración y tenga que responder para pagar multas más adelante”, comentó Emily DiVito, asesora principal de política económica en la organización sin fines de lucro Groundwork Collaborative y ex asesora del Tesoro de Estados Unidos. «Eso no es bueno para nadie. Pero hay oportunidades para solicitar prórrogas y entrar en planes de pago».
Esto es lo que debe saber:
¿Qué pasa si no pago mis impuestos?
Además de acumular intereses y multas, a la larga el IRS puede embargar su salario, colocar un gravamen sobre su propiedad o incluso retener su pasaporte. Pero si solicita una prórroga, o si presenta su declaración con su información financiera, puede evitar estas consecuencias. Incluso si no tiene el dinero para pagar en su totalidad lo que debe para el 15 de abril, pague sólo una pequeña parte cuando presente la declaración.
¿Existen herramientas gratuitas para ayudarme a gestionar la solicitud de una prórroga o hacer un plan de pago?
Sí. Los sitios de Asistencia Voluntaria de Impuestos sobre la Renta (VITA, por sus siglas en inglés) en todo el país cuentan con voluntarios que lo ayudarán a presentar una declaración o a organizar una prórroga de forma gratuita. Estos voluntarios pueden ayudarlo a establecer un plan de pago a plazos de hasta 72 meses para pagar cualquier impuesto adeudado. El programa Direct File (Presentación Directa) del IRS también es gratuito.
“Aunque el signo de interrogación cuando va a hacer clic en el botón para pagar puede ser intimidante, queremos asegurarnos de que los contribuyentes también reciban el dinero que se les debe”, expresó DiVito. «La mayoría de los contribuyentes —ciertamente la mayoría de los contribuyentes que trabajan— reciben dinero de vuelta. Pero la forma en que funcionan muchos de los créditos fiscales, usted sólo obtiene ese reembolso si presenta sus impuestos en primer lugar».
¿Existen otros posibles desenlaces?
Si ha experimentado dificultades inusuales, y comparte eso con el IRS, a veces el servicio fiscal puede poner su cuenta en estado de «actualmente no cobrable». Para hacer eso, usted comparte información sobre sus ingresos y gastos diarios, y el IRS determina si cumple los requisitos para ello.
“Digamos que ha estado enfermo, perdió su trabajo debido a la enfermedad y tiene facturas médicas (por pagar) por cantidades considerables. Ha tenido toda la mala suerte, y las cosas sucedieron fuera de su control, y necesita un respiro”, explicó O’Saben. «Entonces el IRS puede colocarlo en estado de no cobrable. Pero todo esto requiere diálogo y comunicación. Nadie quiere admitir que tiene problemas económicos, pero el IRS trabajará con usted si lo hace».
Hay también circunstancias inusuales en las que el IRS liquidará su deuda tributaria por menos de la cantidad adeudada, llamado «oferta de acuerdo». Los profesionales de impuestos de VITA también pueden ayudarlo a ver si es elegible, o puede usar una herramienta gratuita del IRS en línea.
No presenté mis impuestos el año pasado. ¿Y ahora qué?
Está bien. Comience ahora.
«He estado en el área de impuestos durante más de 35 años», señaló O’Saben. «La razón número uno por la que las personas no presentan su declaración fiscal es que tienen una sensación de que podrían deber —lo cual podría estar equivocado— y no quieren enfrentarlo. Pero no es un problema que vaya a desaparecer. Así que dígale al IRS la verdad de la situación. Y ellos trabajarán con usted».
Miklos Ringbauer, contador público y profesional de impuestos en California, coincidió con esto.
«Es perfectamente comprensible», observó. «El IRS trata con cada contribuyente. Ya han tratado con cosas así. No hay nada que no hayan visto».
La promesa de deportaciones masivas del presidente Donald Trump sigue enfrentando obstáculos judiciales luego de que dos jueces paralizaran los intentos de su Gobierno para continuar deteniendo inmigrantes y expulsándolos rápidamente fuera de Estados Unidos.
El juez James Boasberg, del tribunal de primera instancia de Washington, ordenó el viernes ampliar hasta el 12 de abril un bloqueo temporal que dictó el 15 de marzo y que impide al Gobierno utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a inmigrantes que supuestamente son miembros de la pandilla Tren de Aragua, de Venezuela.
El magistrado federal, con el que Trump mantiene una controversia por esa decisión, amplió ese bloqueo que iba a expirar este sábado y fijó en el 8 de abril una audiencia para tratar el posible endurecimiento de la medida.
La Administración Trump hizo una solicitud de emergencia al Tribunal Supremo para que le permita aplicar esa ley, de 1789, para deportar a venezolanos sin el debido proceso, tal y como hizo a mediados de mes cuando envió a cerca de 200 ciudadanos del país caribeño a una prisión en El Salvador.
El argumento ante el máximo foro judicial del país es que se trata de una cuestión de seguridad nacional demasiado urgente como para ser resuelta en tribunales de menor instancia.
Aparte de eso, el Gobierno de Trump sufrió otro revés en un tribunal de Boston, donde otro juez federal emitió otra orden nacional que le impide deportar inmigrantes a países con los que EE.UU. no mantiene una relación sin darles la posibilidad de que acudan a un tribunal para impugnar la decisión.
La orden del juez Brian Murphy es resultado de una demanda de un grupo de inmigrantes contra una política adoptada recientemente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con miras a acelerar las deportaciones de aquellos que habían sido previamente liberados de los centros de detención.
Esa orden permanecerá vigente hasta que el juez resuelva la petición de los demandantes para una medida cautelar de mayor duración, y escuchará sus argumentos en una audiencia el 10 de abril.
Philadelphia. –The Free Library of Philadelphia is offering Federal Employee Transition Workshops to assist federal workers who are in career transitions. These workshops will provide best practices for resumes from human resource professionals, career search tips, leveraging LinkedIn, and networking opportunities.
“The Free Library is committed to supporting our communities in times of change and showing that we are here to help,” said Kelly Richards, President and Director, Free Library of Philadelphia. “These workshops are designed to help displaced federal employees with the resources, skills, and confidently navigate their job search.”
The informational workshops are led by volunteers and take place during the first two weeks of April, spreading across four locations of the Free Library System. The dates, times, and locations of the workshops are
Tuesday, April 1, 2025 at 5:00 p.m. at the Joseph E. Coleman Northwest Regional Library
Wednesday, April 2, 2025 at 5:00 p.m. at the Business Resource and Innovation Center at Parkway Central Library
Monday, April 7, 2025 at 5:00 p.m. at the South Philadelphia Library
Tuesday, April 8, 2025 at 5:00 p.m. at the Northeast Regional Library
More resources from the Free Library of Philadelphia for displaced federal workers and job seekers, including free online workshops, can be found on our website at freelibrary.org.
About the Free Library of Philadelphia
The Free Library of Philadelphia system, with 54 locations advances literacy, guides learning, and inspires curiosity with millions of digital and physical materials; 22,000 yearly programs and workshops; free public computers and extensive Wi-Fi; and rich special collections, including those at the Parkway Central Library. With more than 5 million in-person visits and 5 million more online annually, the Free Library is one of the largest public library systems in the United States.
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Fotografía cedida por la Presidencia de México de la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum (d) conversando con la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem (i), durante una reunión privada este viernes en el Palacio Nacional en Ciudad de México (México). EFE/Presidencia de México.
La mandataria mexicana Sheinbaum y la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, tuvieron un encuentro privado de una duración aproximada de dos horas con treinta minutos, en la cual también llegaron a participar la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de seguridad federal, Omar García Harfuch, y el canciller Juan Ramón de la Fuente, según confirmó la misma mandataria.
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, afirmó el viernes tras su encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum que México ha llevado a cabo acciones positivas en temas de seguridad y migración pero que “todavía hay mucho trabajo por hacer para detener el flujo de drogas y de migrantes ilegales” en su país.
La funcionaria estadounidense cerró el viernes en Ciudad de México su gira por tres países latinoamericanos, en su primer viaje por la región para hablar de inmigración, delincuencia y deportaciones
En un mensaje trasmitido a través de su cuenta de X, antes Twitter, la funcionaria estadounidense consideró insuficiente lo hecho por México, aunque dijo que “el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en la frontera y la aceptación de vuelos de deportación es un paso positivo”.
“Nuestra colaboración contribuirá a que Estados Unidos y la región centroamericana vuelvan a ser seguras”, agregó, aunque México es un país norteamericano.
Por la misma red social, Sheinbaum se limitó a indicar que la reunión fue “provechosa” y que ambos países mantienen una “buena relación en el marco de respeto a las soberanías”.
Fotografía cedida por la Presidencia de México de la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum (d) conversando con la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem (i), durante una reunión privada este viernes en el Palacio Nacional en Ciudad de México (México). EFE/Presidencia de México.
Este viaje se produce en un momento en el que la región adquiere cada vez más importancia para la administración de Donald Trump, que intenta aumentar las deportaciones a la vez que intensifica sus mensajes amenazantes para frenar la llegada de migrantes a Estados Unidos.
Mientras Noem visitaba El Salvador y Colombia, el secretario de Estado, Marco Rubio, estaba en Guyana para reunirse con varios líderes caribeños.
La secretaria estadounidense fue recibida en el aeropuerto del norte de Ciudad de México por el canciller Juan Ramón de la Fuente y mantuvo una reunión con Sheinbaum, y los titulares del gabinete de seguridad.
La visita tiene lugar cuando el gobierno mexicano intenta lograr un «trato preferente» en los aranceles impuestos por Trump que según todos los pronósticos podrían llevar al país a la recesión económica.
Para ello, México envió 10.000 soldados a la frontera norte, multiplicó sus acciones para desmantelar laboratorios de drogas sintéticas y trasladó a Estados Unidos a 29 altos capos encarcelados en el país que eran algunos de los narcotraficantes más buscados por la justicia estadounidense.
Eso no evitó, sin embargo, que a principios de esta semana Trump anunciara la imposición de aranceles de un 25% al sector automotriz, un área clave en las relaciones comerciales entre los dos países.
Sheinbaum dijo el viernes que su conversación con Noem se centraría en seguridad y migración y agregó que enfatizaría la necesidad de respetar la soberanía de México.
“Más que informar, (vamos) a compartir con ella lo que se está haciendo y también el trabajo de coordinación y colaboración que se ha establecido con Estados Unidos en el marco de la defensa”, dijo Sheinbaum durante su conferencia matutina previa al encuentro. “Va a ser una reunión cordial y de coordinación”.
Mientras otros líderes han adoptado una estrategia de confrontación con Trump y han impuesto aranceles recíprocos, Sheinbaum ha intentado hacer equilibrios entre la firmeza y la colaboración con el estadounidense para intentar reducir el impacto económico de los gravámenes.
La forma en la que la mexicana está gestionando la relación con Trump ha sido recibida con agrado en México.
Fotografía cedida por la Presidencia de México de la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum (c), durante una reunión con la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem (ci) y funcionarios de ambos países, este viernes en el Palacio Nacional en Ciudad de México (México). EFE/Presidencia de México.
Para pausar los aranceles dos veces, México desplegó 10.000 elementos de la Guardia Nacional para combatir el tráfico de migrantes y drogas, en particular el fentanilo; y desde entonces ha destacado el decomiso de casi 24 toneladas de droga, incluyendo cerca de 130 kilos de fentanilo.
Desde su llegada a la Casa Blanca en enero, Trump ha tomado medidas como la designación de varios carteles del narcotráfico como organizaciones terroristas, lo que abre la puerta a sanciones económicas, y ha acusado directamente a México de no hacer lo suficiente para combatir la llegada del fentanilo, un opioide responsable de miles de muertos por sobredosis en EE.UU..
Conscientes de la importancia de la relación económica y comercial, las autoridades mexicanas han redoblado los esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado.
A finales de febrero, el Gobierno mexicano, en una operación «sin precedentes», aprobó la extradición a Estados Unidos de Rafael Caro Quintero, capo del Cartel de Guadalajara, así como dos líderes de Los Zetas, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales.
Otro de los grandes temas de preocupación en Washington es el flujo migratorio irregular, con México como última parada antes de pasar a Estados Unidos.
Sheinbaum ha reforzado los controles migratorios, particularmente en el sur del país, y ha mostrado su disposición a acoger a los mexicanos retornados desde Estados Unidos como consecuencia de las políticas restrictivas en esa materia por parte de Trump, así como a facilitar la deportación a terceros países de extranjeros que llegan a México desde el vecino del norte.
Bangkok.- Un terremoto de magnitud 7,7 que sacudió este viernes el centro-norte de Birmania (Myanmar) dejó centenares de muertos y heridos en el país, donde el gobierno militar declaró el estado de emergencia e hizo una inusual petición de ayuda internacional, y también causó víctimas en la vecina Tailandia.
El temblor se registró este viernes a las 12:50 hora local (6:20 GMT), a 10 kilómetros de profundidad y con el epicentro a unos 17 kilómetros de Mandalay, la segunda mayor ciudad de Birmania, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
«Todos los edificios están completamente destrozados (…) Ha sido el caos», dijo a EFE una mujer de 40 años desde Naipyidó, la capital birmana, una de las zonas afectadas por el terremoto.
«Ha sido espantoso. Me quedé atrapada en casa unos minutos», añadió a través del servicio de mensajes de Facebook.
Las fuerzas armadas birmanas, que detentan el poder en Birmania desde el golpe de Estado de 2021, que sumió al país en la semianarquía y el conflicto, han declarado el estado de emergencia en seis zonas: Sagaing, Mandalay, Magway, Shan, Naipyidó y Bago.
El portavoz de la junta, Zaw Min Tun, informó a EFE por mensajería móvil de que hay al menos 200 muertos y 730 heridos en el país, donde las telecomunicaciones y la infraestructura se han visto severamente afectadas, lo que ha dificultado el recuento de víctimas y su rescate.
El jefe de la junta, Min Aung Hlaing, dijo por su parte en una intervención retransmitida en la televisión estatal que hay al menos 144 fallecidos.
«Se espera que la cifra de muertos y heridos aumente», señaló.
El terremoto, añadió el general, dejó 96 muertos en Naipyidó, 18 en la región central de Sagaing, y 30 en Kyaukse (en la región de Mandalay).
Fuentes sobre el terreno dijeron a EFE que el Ejército también informó a organizaciones internacionales de otros 39 muertos en el estado de Shan, fronterizo con China.
Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos, que mide la actividad sísmica en todo el mundo, declaró la alerta naranja -la segunda más grave- y apuntó que la cifra de fallecidos puede estar entre 100 y 1.000 personas.
Las mediciones del centro tomando en cuenta el epicentro del temblor señalan que 7.000 personas han estado expuestas «a sacudidas violentas»; 2,8 millones a «sacudidas profundas», y más de 10 millones a «sacudidas fuertes o muy fuertes».
«El desastre podría ser generalizado. Las alertas naranja anteriores han requerido una respuesta a nivel regional o nacional», anotó en un comunicado.
En este sentido, la junta militar hizo este viernes un inusual llamamiento de ayuda internacional tras decretar el estado de emergencia, según confirmó a EFE el portavoz militar.
La petición de ahora contrasta con la reacción ante otros desastres, en los que se ha denunciado la obstrucción del régimen a la ayuda internacional.
En 2008, tras el impacto del ciclón Nargis en 2008, las autoridades castrenses de entonces tardaron en pedir asistencia, lo que perjudicó a las víctimas de un desastre que causó al menos 138.000 muertos.
Un trabajador de un equipo de rescate de Mandalay dijo hoy a EFE que no cuentan con las herramientas necesarias para buscar entre los escombros, y que de momento se limitan a «transportar pacientes y cuerpos» de fallecidos.
Imágenes de EFE muestran a trabajadores sacando a supervivientes de entre los escombros de edificios derruidos en Naipyidó, con los vecinos ayudando en las tareas.
Edificios colapsados en Bangkok
El sismo también se sintió en países vecinos como Tailandia, donde la primera ministra, Paetongtarn Shinawatra, declaró el estado de emergencia en la capital, con al menos diez personas fallecidas, 16 heridas y más de 100 desaparecidas por el colapso de tres edificios en construcción.
En Bangkok, a unos 1.000 kilómetros del epicentro, el temblor se sintió por toda la urbe, en la que se evacuaron edificios durante el día, mientras continúan las tareas de rescate en la construcción más afectada, ubicada cerca del popular mercado de Chatuchak, en la que hay decenas de desaparecidos y donde fallecieron al menos ocho personas.
Los equipos de emergencia, según pudo observar EFE, utilizan drones desde la zona del siniestro para acelerar la búsqueda de más supervivientes.
El terremoto también se sintió con intensidad en varias ciudades de la provincia china de Yunnan (sur), limítrofe con Birmania, aunque por el momento los daños reportados han sido menores.
El terremoto de Birmania podría ser el más grande en la zona en tres cuartos de siglo, y una combinación de tamaño y poca profundidad maximizará las posibilidades de daño, según diversos expertos, que llamaron la atención sobre el riesgo de la calidad de las construcciones.
Birmania se encuentra sumida en una espiral de crisis económica y conflicto desde la asonada, con enfrentamientos en gran parte del país entre el Ejército y guerrillas civiles y prodemocráticas.
«Este terremoto no podría haber llegado en peor momento para Birmania», señaló en un comunicado el experto en Birmania de Amnistía Internacional (AI), Joe Freeman.
